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Marcha en Huamuxtitlán la Policía Ciudadana y Popular; exige se reconozca su sistema

Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular  (CRSJ-PCP)  de la cabecera municipal de Huamuxtitlán marcharon para exigir el respeto a los  derechos de los pueblos indígenas amparados en la Ley 701 y que se incorpore en ella  el reconocimiento de su  sistema de seguridad y se manifestaron en contra del gasolinazo.
La marcha comenzó  como a las 10 de la mañana y fue desde la gasolinera  al Ayuntamiento, en su recorrido los participantes gritaron consignas y desde un carro de sonido explicaban el motivo de su  movilización.
Al llegar al Ayuntamiento se colocaron frente a la fachada con sus mantas y pancartas.
Ahí se leyó el manifiesto del sistema de seguridad  surgido en la comunidad nahua de Temalacatzingo, Olinalá, que se ha instaurado en colonias del municipio de Tlapa y  localidades del municipio de Malinaltepec y  Cualac y dijeron que de manera conjunta estuvieron en Olinalá.
Los manifestantes exigieron la solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que tienen años sin atenderse y están plasmadas en los pliegos petitorios específicos, además de un alto a la violencia institucional y jurídica que se ejerce contra los militantes de la CRSJ-PCP.
También exigieron al juez décimo de distrito del estado que dé una resolución definitiva y que absuelva de los delitos falsos que la organización priista Antorcha Campesina en complicidad con el Ministerio Público (MP) de  Olinalá y funcionarios del Ayuntamiento en el periodo del priista, Eusebio González  Rodríguez, fabricaron  a integrantes de la PCP, quienes fueron designados en asamblea  como guardianes de la seguridad del pueblo.
Exigieron al Estado mexicano, el Tribunal de Justicia del Estado, el juez del Juzgado Décimo de Distrito, respeten la Ley 701 y el artículo 2  de la Constitución, así como un alto a la represión y presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a todos los presos políticos del país, esclarecimiento a los asesinatos de activistas, luchadores sociales, profesores y mujeres.
Y que el  gobierno del estado dé cumplimiento a la demanda de los pueblos sobre la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG).
Pidieron que el Ayuntamiento se manifieste  ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Congreso para que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos  y comunidades indígenas del estado no sea reformada y se afecten los derechos elementales de los pueblos y se respete la autónoma y la libre determinación.
Y que si el Congreso hace modificaciones  debería consultar el contenido con los pueblos y no sólo a pequeños grupos de acarreados y manipulados  ya que “toda ley que se impone de facto es ilegítima y genera violencia”.
Pidieron a los integrantes del Cabildo, al presidente, síndicos y regidores que se pronuncien contra la reforma energética, laboral, educativa, hacendaria y de salud que en su conjunto generan discriminación, exclusión y pobreza, como ejemplo pusieron el alza a los costos de la gasolina, los impuestos y aumento de los precios de los productos de la canasta básica.
Los manifestantes se quejaron de la inseguridad y las cifras de marginación y pobreza en el estado que limitan el desarrollo de las comunidades. También de que  la Ley 701 contempla varios derechos pero sólo en el papel y que en la realidad no se cumplen, por lo que exigieron que sean acciones reales  no sólo de esta ley específica para indígenas  sino de todas las que amparan a los ciudadanos.
Unos guardias entraron al Ayuntamiento a dejar un documento con las demandas específicas que tiene la PCP en este municipio y fueron recibidos por la secretaria del presidente, al tomar la fotografía del hecho policías municipales que cuidaban la puerta cerraron el paso a esta reportera diciendo que no se podía hacer eso y  llamaron a mujeres policías para intimidar y sacar del edificio porque no “estaba permitido tomar fotos”.
Los guardias de la PCP cumplieron con el protocolo de dejar el documento porque el edil estaba en otra actividad, salieron a informar a sus compañeros y se retiraron del lugar para finalizar su actividad que dijeron fue simultánea en las comunidades donde tienen presencia.

No respeta el gobierno estatal proyectos indígenas, dice gestor de una comunidad de Metlatónoc

 

El gestor de la comunidad de Chilixtlahuaca, del municipio de Metlatónoc, Francisco Mendoza de los Santos denunció que el gobierno de Héctor Astudillo Flores no respeta los proyectos que presentan las comunidades indígenas para mejorar su calidad de vida.
Por la mañana de este miércoles, funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Políticos recibieron a una comisión de 15 vecinos de Chilixtlahuaca, municipio de Metlatónoc, para atender su petición de crear un nuevo municipio, así como la pavimentación de la carretera y de calles de la comunidad.
La reunión duró más de tres horas, pero no se llegó a ningún acuerdo ni hubo avance en el proyecto de creación del nuevo municipio de la región de la Montaña, ya que no estuvo presente el subsecretario, José Martín Maldonado del Moral.
Al concluir la reunión, Mendoza de los Santos explicó que llevan 20 años tratando de crear el municipio que incluiría a 30 comunidades na savi que viven de la producción de café.
Detalló que el 29 de enero presentaron un oficio para una audiencia con el subsecretario Maldonado del Moral, y el 2 de febrero se les notificó que serian recibidos el día 10, a las 10 de la mañana, pero el funcionario no se presentó.
“La verdad, se ve mal, se ve que el gobierno no tiene voluntad de atender al pueblo indígena”, agregó el gestor.
Mendoza de los Santos sostenía en la mano derecha su carpeta llena de documentos y apretaba con la izquierda la correa de su morral de ixtle, mientras relataba las carencias a las que se enfrentan diariamente en sus comunidades.
“Desde lejos se ve que se trata de golpear al pueblo, por eso no nos quiere recibir, para que no haya avance con los indígenas”, señaló.
Para asistir a la reunión, los vecinos de Chilixtlahuaca viajaron más de ocho horas, y hasta las 2 de la tarde no habían almorzado, ya que estaban esperando que los recibiera el subsecretario.
Hasta la fecha, contando a Chilixtlahuaca, hay seis pueblos que buscan crear sus propios municipios, para obtener un presupuesto directo para obras públicas, de salud y de educación.
Entre estos municipios está Temalacatzingo, de Olinalá; San Nicolás, de Cuajinicuilapa; Santa Cruz del Rincón, de Malinaltepec; Las Vigas, San Marcos, y San Pedro Cuitlapan, de Tlacoachistlahuaca.
Durante la reunión hablaron de la construcción de una carretera de 105 kilómetros que uniría a la región de la Montaña con la Costa Chica; según Mendoza de los Santos, los recursos ya habías sido otorgado, pero no se avanzó en la construcción.
Explicó que en la reunión sólo se les informó que se enviarían máquinas para darle mantenimiento a la carretera, pero dijo que no se trata de darle mantenimiento, sino de pavimentarla para que sea segura en caso de emergencia.

Rechazan comuneros de Temalacatzingo, en Olinalá, el Procede por cuarta ocasión

Carmen González Benicio Tlapa

Unos 800 comuneros de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, rechazaron por cuarta ocasión que se aplique el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) en sus tierras comunales que desde el 27 de marzo de 2004 intenta realizar la representación de la Procuraduría Agraria (PA) en la región.

Después de ser plantados el 9 de abril por el residente de la PA, Miguel Ángel Bello Rivera, el subdelegado de asuntos jurídicos y Raymundo Santiago, jefe del departamento operativo del Procede, los campesinos convocaron a otra asamblea que se realizó el domingo 23 en esta comunidad nahua con la presencia de 800 comuneros.

En la reunión convocada por Juan Villa Hernández, presidente del Comisariado de Bienes Comunales se rechazó el Procede, después de la explicación que brindaron las autoridades agrarias sobre el mismo y al no dar respuestas concretas a los comuneros.

Las autoridades no especificaron que las mediciones son en línea recta, sólo que se harían vía satélite y los comuneros ubican sus tierras con mojoneras, explicó Gaudencio Aguilar, miembros del área jurídica de Tlachinollan.

Agregó que los de la PA respondieron a otro comunero que las tierras no se privatizarán y para seguridad los diputados iban a sacar nuevas leyes para protegerlos, lo que desalentó al comunero pues dijo que de nada servía si los diputados no informaban de lo que hacían y ni regresaban a sus comunidades.

En tanto, los comuneros manejan desde 1955 un padrón interno y eligen a sus autoridades mediante los usos y costumbres y sí hay comuneros, comentó Villa Hernández.

De este modo al rechazar el Procede los comuneros sólo buscarán que las autoridades agrarias reconozcan y entreguen las credenciales a las autoridades elegidas por usos y costumbres, porque existen otras alternativas y sin entrar al programa de certificación.

Ante esta decisión los comuneros de Temalacatzingo demandarán a la PA, SRA y al Tribunal Unitario Agrario (TUA) por incurrir en responsabilidades al no adjuntar el padrón de comuneros en la carpeta básica que les entregaron, comentó Gaudencio Aguilar.

Después de ser rechazado el programa y antes de retirarse de la Asamblea, que duro seis horas, los de la PA repartieron volantes con información del Procede, lo que se tomó como una ofensa para los comuneros, dijo Villa Hernández.

Abundó que las autoridades agrarias se contradicen al decir que no hay comuneros en ese núcleo agrario pero para implementar el Procede se necesita una Asamblea de Comuneros, entonces son o no, se preguntó.

Lamentó que no los apoyen para resolver los conflictos por invasión de tierras que están teniendo con los ejidatarios de su mismo municipio.

En el transcurso de la asamblea se leían pancartas que decían “la tierra era de quien la trabaja”.

Los comuneros pedirán que la comisión mixta formada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Conadepi), la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado (SAI), Tlachinollan, la PA y el Congreso local, busque la manera de que sean reconocidos y regularizados como tales porque para ellos el Procede es un caso cerrado y sí existen otras alternativas para ser reconocidos.

Los comuneros culparon a la PA de generar la división de los habitantes por su “necedad” de aplicar el Procede y de tratar de convencerlos de que era la única forma de tener el título de comuneros ya que no existe un padrón.

Señalaron a una persona de nombre Porfirio Quiroz Díaz, que promovía la introducción del Procede y les pedía dinero casa por casa para hacer las gestiones.