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Se unen sindicalizados de Sedatu y el RAN a protesta nacional; exigen mejoras laborales

Trabajadores del Registro Agrario Nacional protestan afuera de sus instalaciones como parte del paro nacional para exigir la revisión de sus contratos Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y del Registro Agrario Nacional (RAN) de Guerrero, se sumaron ayer a la “huelga de brazos caídos” que desde hace 15 días inició la dirigencia nacional de su sindicato.
Los empleados de las dos dependencias del gobierno federal piden la revisión de las condiciones generales de trabajo que no se ha hecho desde hace seis años.
Después de 15 días de que inició la “huelga de brazos caídos” en las oficinas centrales y en varios estados del país, ayer unos 20 trabajadores se sumaron el movimiento e instalaron un plantón afuera de las oficinas del RAN, en la calle Valerio Trujano en el Zócalo de Chilpancingo.
Otra de las demandas que piden es el incremento salarial que no han recibido, de acuerdo a los trabajadores, desde hace dos años.
Uno de los trabajadores en paro, informó que no participaban en el movimiento para no afectar las actividades de las dependencias, pero que han visto cerrazón de parte de los titulares al no resolver las peticiones de su dirigencia nacional.
Informó que la dirigencia sindical de las oficinas centrales están en asamblea permanente y en “huelga de brazos caídos” desde hace 15 días debido a que desde el 2017 las autoridades de las oficinas centrales, no quieren realizar la revisión de las condiciones generales de trabajo.
Dijo que en el 2020 correspondía nuevamente la revisión y no se hizo, según argumentaron por la pandemia, “pero ya son seis años que llevamos esperando”.
Los trabajadores se instalaron en plantón afuera del RAN después de las nueve de la mañana y se mantuvieron durante el horario laboral.

 

Se reúnen vecinos de Chiepetepec con Iván Hernández; gestionará un Banco del Bienestar

Representantes de la comunidad de Chiepetepec en la reunión con el delegado Iván Hernández Díaz y el subsecretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán, ayer en Chilpancingo Foto:?El Sur

Antonia Ramírez Marcelino

Chiepetepec, Tlapa

Pobladores nahuas de la comunidad de Chiepetepec y Tres Caminos, municipio de Tlapa que mantienen cerrada la carretra a Chilapa para exigir la construcción del Banco del Bienestar se reunieron ayer con autoridades en Chilpancingo con quien acordaron gestionar la obra a cambio de abrir la vía federal, aunque hasta ayer por la noche esto no ocurría.
Una comisión de vecinos viajaron ala capital y tuvieron una mesa de diálogo con funcionarios de la Secretaría de Bienestar federal, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la Secretaría de Gobernación federal.
De acuerdo con información oficial en la reunión las autoridades ofrecieron gestionar una ampliación del pograma que se abrió para construir sucursales del Banco del Bienestar a cambio de que los pobladores abrieran la carretera Tlapa-Chilapa, pero al cierre de la edición la vía seguía cerrada.
El 20 de febrero, los pobladores bloquearon la carretera federal en Chiepetepec con piedras y una cuerda que atravesaron en donde colgaron pancartas en las que escribieron sus peticiones; también colocaron lonas para protegerse del sol y para preparar su alimentos. Ahí había algunas mujeres que tejían sombreros de palma o bordaban servilletas.
El sábado una comisión integrada por el subsecretario para el Desarrollo Integral de los pueblos Indígenas y Afromexicanos Guerrero, Pánfilo Sánchez Almazán y el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce acudieron al bloqueo para ofrecer una reunión en Chilpancingo con el delegado de los programas del Bienestar, Iván Hernández Díaz, pero no aceptaron y pidieron empatía para atenderlos ya que nunca abandonaron los trámites para la construcción de la sucursal bancaria, además de que la inversión estaba aprobada y avalada para la comunidad y no debieron moverlo a otro sitio.
Sin embargo, este domingo fuentes oficiales confirmaron que una comisión de pobladores se reunió al mediodía en la sala de juntas de la delegación de la Secretaría de Bienestar con Iván Hernández; la representante de la Sedatu en Guerrero, Santa Cruz Martínez García, y Juan Carlos Barrios Curti de la Secretaría de Gobernación federal.
De los inconformes acudieron el comisariado de Bienes Comunales, Abel de la Cruz Portillo; los principales Valerio Baltazar Avilés, Celerina Avilés López, así como los delegados Faustino Villa Vargas, de Cruz Grande; Francisca Bautista Pacheco, segunda delegada de Zacamatlapa, Juan Pacheco Gaspar de San Martin; Marcos Trinidad Crescencio, de Reyes; Salvador Martínez Diego de Tenexteyo y agrarias; la suplente del comisariado, Nieves Baltazar Enrique y el ex comisariado, Olivan Pacheco de la Cruz.
Según las fuentes consultadas, tras escuchar los planteamientos determinaron que el puente de comunicación entre las autoridades comunitarias y agrarias de Chiepetepec y el gobierno federal será a la delegación de programas para el Bienestar en Guerrero.
Dijeron que ésta dependencia se comprometió a consultar al gobierno federal la posibilidad de ampliar el programa de construcción de los Bancos de Bienestar y acordaron darles una respuesta a más tardar el 6 de marzo.
Pactaron también que el 26 de marzo tendrán una reunión de seguimiento para informar los avances y se comprometió el delegado federal Iván Hernández que gestionará una audiencia con la autoridades correspondientes, lo más pronto posible y en donde estará una comisión de la comunidad de Chiepetepec.
Las autoridades comunitarias de Chiepetepec se comprometieron a mantener el diálogo como instrumento de solución y a liberar la carretera federal ayer domingo.
Según las fuentes la reunión terminó a las 5 de la tarde y los integrantes de la comisión de autoridades comunitarias informarían a la gente del bloqueo los acuerdos pero al cierre de la edición aún no llegaban por lo que se mantenía cerrada la vía.
En entrevistas anteriores, el comisariado de Bienes Comunales de Chiepetepec, Abel De la Cruz Portillo defendió la exigencia de la comunidad porque dijo que entregaron a tiempo el acta de donación del predio para la construcción de la sucursal bancaria, que además los trámites seguían su curso y sólo esperaban la obra.
Reitero que la misma delegación del Bienestar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría Agraria, la Sedatu, Gobernación federal y el Ayuntamiento de Tlapa les confirmaron que la inversión estaba programada para la construcción de la obra e incluso fue publicada la información en el Diario Oficial de la Federación.
Dijo De la Cruz Portillo que como pueblo no solicitaron el Banco del Bienestar, pero al enterarse dieron las facilidades de los predios y la última fue de dos en que uno no cumplía y el otro debía retajarse por lo que el pueblo se cooperó para pagar la maquinaria y hacer un muro de contención.
Aseguró De la Cruz Portillo que debido al trabajo que hizo la comunidad no aceptaron la respuesta de delegado regional de Bienestar, Julio Lázaro Bazán de que el dinero fue destinado a otro pueblo.
De la Cruz Portillo indicó que reclaman la sucursal porque Chipetepec tiene seis anexos: Tres Caminos, Tenexteyo, San Marcos Xocotepec, Tehuichicoloya, Chicahuastepec, Atempa y 10 colonias como: Los Pinos, San Martin, Los Reyes, Zacamatlapa, San Miguel, Buena Vista, Tres de Mayo, Cruz Grande, Vicente Guerrero, Mirador que pertenecen al núcleo agrario y las comunidades que acuden al lugar para sus trámites de los programas sociales son Ayotzinapa, Aquilpa, Axoxuca, Petlacala y Coachimalco.

 

Toman la Sedatu en la capital damnificados de Papagayo para que terminen de construir sus casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid de la comunidad de Papagayo, Juan R. Escudero (Tierra Colorada), tomaron la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en Chilpancingo, para exigir la entrega de las ocho casas faltantes en la reconstrucción.
A las 8:45 de la mañana, unos 30 inconformes cerraron las instalaciones, portando pancartas en las que se leían sus exigencias, como medida de presión para que las autoridades solucionen el problema.
Los manifestantes informaron que se cumplirán cinco años de que salieron afectados y ocho familias aún no tienen sus casas. Indicaron que ante la falta de solución tuvieron que regresar a sus viviendas, pese a los riesgos que presentan.
En el lugar, el comisario del Papagayo Pantaleón Mesino Flores dijo que tomaron la Sedatu para que las autoridades solucionen el problema de sus viviendas, “ya casi se cumplen cinco años de Manuel e Ingrid, y las autoridades no han solucionado totalmente”.
Precisó que en total son 34 damnificados, y falta construir las casas de ocho, el resto está en obra negra, hacen falta muebles de baño, electricidad y servicios públicos.
Mesino Flores dijo que, ante la falta de apoyo de las autoridades estatales y federales, las ocho familias tuvieron que regresar a la zona de alto riesgo y construyeron casas de lámina porque son de escasos recursos económicos.
Aseguró que cuando la Sedatu les entregue las casas a las ocho familias faltantes desalojarán la zona de alto riesgo, pero que también las autoridades se comprometan a terminarlas en su totalidad.
Al lugar acudió la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez, acompañada de trabajadores de una de las dos empresas que construyeron las casas en el Papagayo.
La delegada les aseguró a los manifestantes que la empresa se comprometió a comenzar la construcción de las cinco casas que a ellos les hace falta a partir de este martes, y que si no cumplía procedería legalmente.
Sobre el resto de las casas a las que les faltan baños, electricidad y servicios públicos, además de las otras tres faltantes, se comprometió a solicitarlas a la oficialía mayor de la Sedatu, pero que tenían que liberar las instalaciones para comenzar a hacer los trámites.
Los damnificados no aceptaron porque están “cansados de promesas” y no les dan solución a sus demandas, dijeron, y se quedaron en el edificio, mientras que la delegada comenzó a hacer las gestiones vía telefónica.
Alma Aurora Jiménez indicó que “es un problema muy antiguo que traemos con ellos (los damnificados)”, dijo que la oficialía mayor de la Sedatu se comprometió a construir y concluir las viviendas que no se han terminado, “estamos esperando que nos den respuesta”, apuntó.
Dijo que llevan seis meses insistiendo en que los trabajos de la construcción están parados, para que se reanuden, y hace tres meses le aseguraron que reanudarían, pero incumplieron.
Además, hay otras cinco viviendas que tiene que ejecutar un constructor local, “que también ya sabe que si mañana (hoy) no inicia con los trabajos será denunciado legalmente”.
A las 4 de la tarde, los inconformes se retiraron del lugar luego de acordar con la encargada de Sedatu que la construcción de las cinco casas comenzará hoy, y que iniciarán el próximo lunes la instalación de los servicios que hacen falta. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Comienza la demolición de 32 viviendas de El Mirador construidas en zona de riesgo en la capital

 

Este lunes comenzó la demolición de 32 departamentos de la manzana 2B del fraccionamiento El Mirador, construido para familias damnificadas de las tormentas Ingrid y Manuel en 2013.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, porque tenían cuarteaduras y fisuras, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de colapso.
A las 12:47 del día comenzó la demolición, la zona no se acordonó ni se colocó protección, tampoco se habilitó el refugio temporal para las familias que están en la manzana 1B, como prometieron la encargada de la delegación de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretario de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos.
Niños, adultos mayores, mujeres, hombres y adolescentes, desde los balcones de sus casas, de la calle y desde el transporte público miraban con asombro la demolición, que esperaban desde 2017.
“Ya era hora que los demolieran, no podíamos ni dormir porque pensábamos que los edificios se nos vendrían encima”, decía el integrante de una familia de la manzana 1B.
En el lugar también había personal de la Procuraduría General de la República (PGR), porque las empresas constructoras están demandabas ya que entregaron las casas de mala calidad y se negaron a demolerlas, de lo que se encargó la Comisión de Infraestructura, Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG).
La PGR acudió al fraccionamiento para recabar información de las casas y tomar fotografías para continuar las investigaciones de la demanda que enfrenta la empresa que ejecutó mal las obras.
El ex delegado, José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR, para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso, que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan los departamentos aledaños.
A las 12:47 de la tarde comenzó la demolición, la zona no fue acordonada, tampoco se habilitó el refugio temporal donde estarían las familias mientras se hacen los trabajos de demolición, para que no estuvieran dentro de sus viviendas y evitar algún percance.
Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil estatal no estuvo cuando se iniciaron los trabajos pese a que, de acuerdo con los encargados de la demolición, les avisaron desde el viernes que iniciarían este lunes.
Los vecinos de la manzana 1B preocupados porque los trabajos habían iniciado sin la protección, llamaron al director de Protección Civil estatal para que acudiera a la zona; una hora después llegaron los socorristas a acordonar el área y comenzaron la construcción del refugio temporal, en el puente del fraccionamiento.
En el lugar, el representante de El Mirador, Noé Guzmán Barragán dijo que “estamos preocupados porque Protección Civil estatal no se ha acercado para brindar la seguridad”.
Recriminó que las autoridades estatales y federales se comprometieron a proporcionarles toldos para que las familias de la manzana 1B estuvieran refugiadas en el transcurso del día, mientras ocurría la demolición, pero no se instalaron a tiempo.
Guzmán Barragán manifestó que, en total son 40 familias que habitan en la manzana 1B, quienes estaban preocupadas que la manzana 2B fuera a colapsar ya que los trabajos se prolongaron.
Cuando inició la demolición de la primera casa, en la calle donde estaban la mayoría de los vecinos, se sentía el movimiento del suelo; en las viviendas de la manzana 1B y 3B las ventanas vibraban a causa de la demolición, ya que la zona es inestable.
De acuerdo con autoridades de la Sedatu, cada casa estaba valuada en unos 120 mil pesos, es decir que las 32 costaron más de 3 millones 840 mil pesos.
El espacio donde se demuelen las viviendas será un parque, porque la zona es inhabitable.
“Mira mamá la maquina tiro rápida la casa, es decir que así están de frágiles todas”, cuestionó un niño a su madre, mientras los demás damnificados continuaban gravando video y tomando fotografías.

 

Se compromete la Sedatu a construir tras la elección casas para damnificados de Papagayo, informan

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se comprometió con damnificados de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorado), a comenzar la reconstrucción de ocho viviendas después de las elecciones, pero, a partir de enero, les ha dado dos fechas para reiniciar y no ha cumplido.
Los damnificados de Papagayo cumplirán cinco años sin poder mudarse al fraccionamiento donde sólo hay algunas viviendas construidas para reubicarlos, además de que no tiene servicios públicos; los damnificados han rechazado las viviendas, alegando que necesitan todas y con los servicios completos.
Los damnificados necesitan 34 viviendas, pero sólo se han construido 26, es decir que faltan ocho casas.
En una llamada a la redacción, el comisario Pantaleón Mesino manifestó que funcionarios de la Sedatu fueron a delimitar el terreno y hacer la documentación legal del sitio.
Agregó que les dijeron que esperaran a que pasen las elecciones, cuando iniciarán la edificación de las ocho viviendas que faltan.
Sin embargo, dado que no es la primera vez que les dan una fecha para iniciar la reconstrucción, advirtió que los damnificados acordaron que si vuelven a incumplir van a protestar, porque es la única forma que les hacen caso.
Indicó que estarán pendientes y continuarán viviendo en las casas dañados en septiembre el 2013, porque no les queda otra opción.

Fraccionamiento “desafortunado”

Recientemente, la encargada de despacho de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad de Papagayo era un asunto desafortunado, porque fue una empresa que trajeron de la Ciudad de México y dejó los trabajos abandonados.
Además, la empresa hace unos meses inició los trabajos, pero no están concluidos, ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procedería legalmente.
En Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera, que luego fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir; luego, un incendio consumió 25 de las 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno.
En enero, los damnificados tomaron la delegación federal, donde les prometieron que irían a la localidad para acordar la fecha de inicio de los trabajos, el 20 de enero, pero no cumplieron.
Luego, funcionarios de la dependencia que fueron al terreno donde los reubicarían, les dijeron que el 21 de mayo iniciarían la construcción de las viviendas, pero volvieron a incumplir.
Posteriormente, a los damnificados les dijeron que no había dinero para reiniciar los trabajos y que esperarían a recibir recursos. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Aplazan para el viernes la demolición de una manzana inhabilitada en El Mirador

Damnificados del 2013 de las tormentas Ingrid y Manuel que fueron reubicados en El Mirador se reunieron con autoridades de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Protección Civil estatal y de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), para determinar las medidas de precaución que van a tomar, pues a más tardar el viernes llega la maquinaria que demolerá una manzana del lugar que es inhabitable por riesgo de colapso.
El lunes, la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; y el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, también se reunieron con los habitantes de la manzana 1B, quienes se encuentran enfrente de un edificio que se prohibió que se habitara porque está latente el riesgo de colapsarse, donde hay 32 departamentos.
Ese día se anunció que la demolición comenzaría este martes, pero no fue así. En la reunión de ayer, la encargada de Sedatu, personal de CICAEG y de Protección Civil precisaron que será hasta el jueves o viernes cuando comience a llegar la maquinaria que demolerá los edificios.
El Mirador está a las afueras de la capital, a un lado de la Autopista del Sol hacia Acapulco, ahí viven familias damnificadas en septiembre de 2013 por las tormentas tropicales Manuel e Ingrid.
En declaraciones, el ex delegado José Manuel Armenta Tello, en reiteradas ocasiones declaró que la responsabilidad es de la empresa Casaflex, que hizo la obra, y que enfrentaba una demanda en la PGR para que asuma su responsabilidad de la demolición del edificio y el arreglo de las viviendas que tienen fisuras, cuarteaduras y filtraciones.
Sin embargo, debido al proceso que es largo, los funcionarios estatales y federales asumieron la responsabilidad de demoler las viviendas, que representan un riesgo para las familias que habitan en los departamentos aledaños.
El espacio donde se demolerán las viviendas será un parque.
Los funcionarios se reunieron en la casa de salud que habilitaron los vecinos junto con una médica, y ahí decidieron hacer un recorrido por la manzana 2B que es la que será demolida, para determinar el procedimiento que llevará este hecho.
El edificio 2B ha sido vandalizado debido a que no está habitado, las paredes están ralladas con aerosol, los vidrios de las ventanas están quebrados, también ha sido utilizado como basurero y como baño, por lo que tiene un olor pestilente. También se robaron parte de las instalaciones, como fregaderos y tazas de baño. La mayoría de los departamentos están abiertos.
Al término del recorrido, nuevamente se reunieron en la casa de salud, donde los funcionarios informaron a los vecinos.
El representante de la CICAEG, Diego Alvarado Castro, expuso que se tiene que poner protección a los vecinos cercanos a la manzana a demoler para prevenir afectaciones; también se hará una rampa para llevar el equipo que necesitará, porque es un trabajo laborioso.
Todo el procedimiento tardará de 15 a 20 días, a partir de que la maquinaria esté en el lugar, que será, a más tardar, el viernes.
Los vecinos solicitaron desensamblar un departamento completo para hacer una capilla, pero les dijeron que no se puede porque son pesadas, ya están fracturadas y son ensamblados. Por ello, los vecinos decidieron que les dejaran escombro para ponerlo en el camino.
Por su parte, el representante de Protección Civil estatal, Rafael Durán, aclaró que es estimado el tiempo de 15 a 20 días para hacer los trabajos, pero puede haber complicaciones y tardar un poco.
“El proceso de demolición no lo hace la empresa que construye, entonces ellos se van a encontrar con puntos ciegos que no conocen y eso puede llevar un poco más de tiempo”, por lo que les pidieron que fueran pacientes, indicó.
La información que les dieron a los vecinos es que el procedimiento para que se salgan de sus casas y se instalen en las carpas que se colocarán, va a ser desde la hora que se comience con los trabajos hasta la hora que se termine, con el fin de prevenir un accidente.
Durante las horas de demolición, las familias deberán permanecer en las carpas, y una vez que terminen el día, Protección Civil hará una revisión rápida para ver el estado en el que se encuentran las viviendas, y entonces les indicarán que pueden entrar a sus casas.
En consulta, la encargada de Sedatu indicó que el curso de las investigaciones en la PGR contra la empresa constructora continúa, pero no se pudieron esperar los resultados porque pueden pasar tres años y no debe continuar el edificio ahí.
Sin embargo para reparar el resto de viviendas habitadas pero que también presentan daños, dijo que ahí si se tendrán que esperar los resultados de las investigaciones, pues serán las empresas las que hagan la reparación de daños.
Además, aseguró que las viviendas que se van a demoler no estaban asignadas a ningún damnificado, y tampoco hay damnificados de Ingrid y Manuel en espera.
Comunicó que ya no hay ningún predio de reconstrucción clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En el fraccionamiento se construyeron 598 viviendas, pero 32 de ellas son inhabitables. A los vecinos les entregaron la llave de su casa el 23 diciembre de 2015 pero la usaron sólo hasta el 5 de enero de 2016, y desde que las habitaron denunciaron que tienen cuarteaduras y fisuras que provocan humedades y filtraciones.

 

Hoy comienza la demolición de 32 casas que no están habitadas en El Mirador

Hoy inician los trabajos de demolición de 32 viviendas inservibles en el fraccionamiento Nuevo Mirador, que pagará el gobierno estatal, porque la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) no tiene presupuesto; las familias se reubicarán ahí mismo para evitar que delincuentes roben sus pertenencias.
Este lunes, en el fraccionamiento El Mirador, en una reunión de damnificados por las tormentas Manuel e Ingrid, con autoridades federales y estatales acordaron que hoy iniciarán la demolición de 32 casas inservibles que no estaban habitadas de la manzana 2B, que tenían que haber sido demolidas en marzo de 2017.
En la reunión estuvieron la encargada de la Sedatu, Alma Aurora Jiménez; el secretarito de Protección Civil estatal, Marco César Mayares Salvador; el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Mario Moreno Arcos, y colonos que serán reubicados en un refugio temporal.
Ahí, los funcionarios les informaron a los colonos que serían reubicados mientras se inicia la demolición, pero los damnificados pidieron carpas en el fraccionamiento para estar mientras terminan con los trabajos.
Los colonos dijeron que no pueden irse a algún albergue debido a que en el fraccionamiento no hay seguridad, y temen que los delincuentes roben sus muebles y electrodomésticos.
Los funcionarios manifestaron que no podían comprometerse a proporcionarles láminas y madera, porque no contaban con presupuesto, pero que verían la manera de que alguna dependencia les prestara toldos de plástico.
El secretario de Protección Civil estatal explicó que continuará el procedimiento para la demolición de las viviendas y las acciones preventivas para garantizar la seguridad de las personas por medio de los mecanismos de la demolición.
“Es algo preventivo que se hará en la zona, garantizar la seguridad y evitar que las personas se acerquen al lugar de la demolición para que no se provoque algún accidente”, indicó el funcionario, y detalló que cuando se terminen los trabajos se tomará alguna decisión para ver si se construye en el lugar o no, “con la demolición podemos determinar con los estudios necesarios qué acciones de mitigación se realizarán para ocupar el espacio”.
Por su parte, Mario Moreno dijo que, “la idea es que sientan el apoyo del gobierno estatal, los toldos que pueda conseguir se los haré llegar a Mayares Salvador para que los habiliten”.
La encargada de Sedatu manifestó que las familias serán trasladadas de manera momentánea a alguna zona del fraccionamiento por unas horas, en lo que se trabaja en la demolición de las 32 viviendas.
Informó que en el fraccionamiento serán demolidas las casas, y ya no se construirán más, sólo se dejará la protección para que el resto de las viviendas queden bien.
Alma Aurora Jiménez dijo que en las 32 viviendas no habitaban damnificados porque sabían que estaban mal construidas, y las personas que estarán en protección son las que están cerca de la zona, para que no ocurra algún percance.
Informó que la delegación no cuenta con dinero para hacer la demolición, por lo que el gobierno estatal los apoyará; la Sedatu realiza una gestión a nivel central para ver si les otorgan más de 2 millones 800 mil pesos que cuesta el trabajo.
En cuanto al puente que está en el fraccionamiento, dijo que está concluido por parte de la Sedatu, pero el problema por el que no ha avanzado es que el municipio no ha llegado a un acuerdo con el propietario del terreno, por lo que los damnificados aún no pueden salir.

No se entregará al 100 por ciento las casas a los damnificados de Ingrid y Manuel

La encargada informó que el reto es concluir la construcción de las casas en noviembre, consideró que, “estaremos en el 95 por ciento, porque será imposible cerrarla al 100 por ciento por las empresas que dejaron trabajos a medias”, e indicó que actualmente se tiene el 85 por ciento de la construcción.
Alma Aurora Jiménez dijo que la construcción de las casas de la comunidad El Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada) es un asunto “desafortunado”, porque fue una empresa que trajeron de México y dejó los trabajos abandonados, “ha sido una problemática para que reactivaran”.
Informó que la empresa hace unos meses inició con los trabajos, se construyeron 26 de las 29 viviendas que hacían falta, pero no están concluidas ni tampoco los servicios, por lo que la Sedatu procederá legalmente.
Destacó que en oficinas centrales de la Ciudad de México están haciendo trabajos extraordinarios para tener recursos económicos y concluir las viviendas que las empresas foráneas abandonaron.
Precisó que las empresas abandonaron la construcción de las casas en municipios de la Montaña, Chilpancingo y Acapulco.
La detención de las obras se debe a que son empresas que no cumplen, “son empresarios que no son de Guerrero y no tienen idea de lo que cuesta trabajar en el estado”. Además de que, a cuatro años el costo de la vivienda no es el mismo, y muchos “salen corriendo”, pero se llevan un problema legal.
Manifestó que hay comunidades, principalmente de Chilpancingo que se quedaron fuera de un censo, como fue el caso de San Vicente, y el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) no resuelve. Indicó que han buscado la solución a través de otros programas, pero tiene que a ver una participación del municipio o del estado.
La encargada de Sedatu dijo que a los presidentes municipales les toca atender los servicios públicos de las casas de los damnificados, pero en algunas ocasiones no tienen el dinero para otorgárselos.
Ejemplificó con el caso de Leonardo Bravo, donde los alcaldes no tienen dinero para acercar los servicios, “se entregaran las casas pero tal vez no tendrán servicios”, concluyó.

 

No reanuda la Sedatu las obras de 8 casas para damnificados en El Papagayo, dicen

El comisario de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), Pantaleón Mesino informó que la construcción de las casas para damnificados de 2013 está parada, y que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), les prometió que el lunes de la semana pasada reanudarían labores, pero esperaron toda la semana y nadie acudió.
En enero, luego de una protesta en la Sedatu, a los damnificados de las tormentas Ingrid y Manuel les prometieron que comenzaría la reconstrucción de ocho viviendas que faltan por hacer, pero no se cumplió.
En consulta telefónica, el comisario contó que se comunicó telefónicamente con la ahora encargada de la dependencia federal, Alma Aurora Jiménez, quien le afirmó que el lunes de la semana pasada acudirían trabajadores para reiniciar los trabajos, sin embargo fue a ver pero no llegó nadie y así el resto de la semana.
Agregó que se comunicaría nuevamente a Sedatu para saber qué sucedió con los trabajos de la obra.
Anteriormente, el comisario declaró que, aunque ya se construyeron 26 viviendas ninguna cuenta con servicios, por lo que los vecinos no han querido recibirlas.
Al principio, en El Papagayo, una empresa contratada por la Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas, por lo que se cambió de terreno. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Protestan campesinos en la Sedatu y la Cdi; piden dinero de programas de vivienda y agua

 

Integrantes de Antorcha Campesina protestaron en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi) para exigir la entrega de recursos de programas de vivienda y obras de agua potable.
Alrededor de las 9:30 de la mañana, unos 100 manifestantes provenientes de los municipios Zapotitlán, Quechultenango, Chilapa y Tlapa, llegaron a las oficinas de la Sedatu ubicadas en el fraccionamiento Santa Rosa, al norte de Chilpancingo, donde ondearon banderas rojas y exigieron los recursos del programa de construcción individual.
El integrante del Comité Estatal de Antorcha Campesina de la región Montaña, Macario Moreno de la Cruz dijo que las autoridades se excusan diciendo que no pueden entregar los recursos porque no tienen la lista de los 540 solicitantes del Programa Apoyo a la Vivienda del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) que son miembros de la organización.
Ante esto, los inconformes pidieron a la Sedatu que comience las gestiones para que 307 integrantes de Antorcha Campesina que cumplen todos los requisitos reciban los 25 mil pesos que les corresponden para construcción. Los beneficiarios son de este año.
Una comisión se reunió con representantes de las autoridades, que se comprometieron a hacer las gestiones pertinentes para que se resuelva la situación.
Después, los manifestantes acudieron a las instalaciones de la Cdi en la colonia Burócratas para solicitar obras de agua potable en Llano Pericón y El Sombrerito, municipio de Zapotitlán Tablas, ya que en la primera comunidad se colocarían tres bombas, según el proyecto, pero sólo se informó de dos; mientras que en la segunda se abrirá la licitación correspondiente.
También acudieron a solicitar recursos para la creación de 11 bandas de viento que reciben de 75 a 100 mil pesos mediante un programa cultural de la Cdi.
Consultado luego de la reunión con el delegado de la Comisión, Lenin Carbajal Cabrera, Moreno de la Cruz informó que las autoridades se comprometieron a iniciar las obras de agua potable el lunes 16 de abril, y que siete de las 11 bandas de viento recibirán los recursos, mientras que otras dos volverán a presentar la solicitud para que se analice si pueden obtener el apoyo.

 

Damnificados de Taxco hablan con Jaimes Ferrel para continuar trabajos de reubicación

Damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre en la colonia Martelas, de Taxco, se reunieron en privado con el subsecretario de Asuntos Agrarios de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Jaimes Ferrel.
La mañana de ayer, una comisión de nueve damnificados de Taxco acudió a Palacio de Gobierno a un encuentro privado en el edificio Norte, para continuar los trabajos de reubicación.
Tras el encuentro, uno de los damnificados, que no quiso dar su nombre, explicó que en la minuta de acuerdos que firmaron los damnificados, se establece que se requiere más información sobre los créditos con tasas de interés preferentes, por lo que se les informaría a la brevedad si existen convenios.
Durante el encuentro se planteó que la falta de un delegado en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la cual está acéfala desde hace dos semanas, afecta el proceso de gestión de los apoyos programados para los damnificados, y sólo cuando llegue el nuevo delegado federal se repartirán.
También se planteó que sólo a los damnificados foliados se les entregue el apoyo de la Sedesol federal.
En la reunión los damnificados propusieron los terrenos para la construcción de las viviendas, y se comprometieron a enviar un documento para explicar por qué rechazan la reubicación.
Se propuso indagar en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), si ya cuenta con el presupuesto para la reubicación de las familias que cuentan con el folio del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y que estarían a la espera de una revisión conjunta con el Ayuntamiento de Taxco sobre los predios donde se podrán reubicar. (Anarsis Pacheco Pólito/Chilpancingo).