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Protestan damnificados de Papagayo en la Sedatu para que agilice la construcción de 34 casas

Damnificados de las tormentas Manuel e Ingrid en la comunidad de Papagayo, municipio de Juan R. Escudero (Tierra Colorada), protestaron unas dos horas afuera de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para exigir que se agilice la construcción de 34 casas, que debieron terminarse en junio.
En la protesta afuera de la dependencia, se quejaron de que en marzo el delegado, José Manuel Armenta Tello les dijo que todas las casas se terminarían de construir en tres meses, pero incumplió, porque sólo se construyen 12 y no están terminadas.
El propósito de los manifestantes era tomar la Delegación, pero la encontraron cerrada, ya que trabajadores del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) mantienen tomada la delegación desde agosto para que les paguen cinco meses de salarios devengados, por lo que los damnificados sólo expusieron su demanda.
Alrededor de las 11 de la mañana se plantaron afuera de la Sedatu, donde portaron pancartas en las que se leía, “Exigimos a José Armenta, delegado de Sedatu, la construcción de las 34 viviendas de los afectados en la comunidad de Papagayo”, “Basta de mentiras Pepe Armenta”, “Ya pasaron 4 años cuántos más pasarán” y “Exigimos solución a las viviendas”.
El comisario municipal de Papagayo, Pantaleón Mesino Flores precisó que el motivo de que acudieran a protestar en la delegación es exigir la construcción de 34 casas, porque ya son cuatro años y la edificación va lenta.
“Empezaron el 21 de marzo, y hasta la fecha apenas contamos con 12 viviendas; son 34 viviendas, entonces lo que queremos es una entrevista con el delegado, no está, se encuentra en la Ciudad de México, es la situación que nos trae aquí. Aparte, nos sale otro problema, cuando se hizo la compra del terreno hicieron un contrato con el dueño y se le debe un dinero, y el señor quiere expropiarnos el terreno”, denunció.
Lamentó que en una cláusula del documento de la compra del terreno dice que si en tres meses no se pagaba el terreno, el dueño recuperaba ese espacio, y que eso no les conviene, porque aunque lento, hay un avance con la construcción de algunas viviendas.
Exigió a la dependencia federal que avance la construcción y recordó que el delegado, en marzo acudió al terreno y ahí se comprometió que en tres meses las viviendas estarían construidas.
El comisario habló por teléfono con Armenta Tello, quien les prometió que este martes acudiría al terreno para hablar sobre este problema.
En El Papagayo, una empresa contratada por Sedatu construyó un fraccionamiento con casas sobre pilotes de madera que fue clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) porque estaban en un terreno inestable y no apto para vivir, y un incendio consumió 25 de 29 casas construidas.

Protestan vecinos de Cruz Grande en la Cdmx para exigir al Fonhapo que construya 50 casas

Pobladores del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), en la Costa Chica, protestaron en las instalaciones del Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo), para exigir la construcción de 50 casas del programa Vivienda Digna que debieron entregarles en la administración pasada, pero que fueron vendidas por el ex alcalde, Ociel Hugar García Trujillo, que actualmente es diputado perredista.
La dirigente de los inconformes, Silvia Gallardo Gatica acusó que desde 2015 piden a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que devuelva el dinero para la construcción de casas de más de 300 beneficiarios, pero nadie les ha hecho caso, y advirtió que seguirán en la ciudad hasta que tenga respuesta.
Silvia Gallardo recordó que desde inicios de agosto interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el diputado local, Ociel Hugar García Trujillo, a quien culpan de un presunto fraude y usurpación de funciones, cuando fue presidente municipal. La dirigente aseguró que el diputado vendió las 50 casas y que aún hay beneficiarios que están a la espera de una vivienda.
Dijo que son 50 vecinos que durante su administración, 2012-2015, fueron beneficiados del programa Vivienda Digna del Fonhapo, un programa de aplicación tripartita, en el que la federación aporta la mayor parte del dinero. Estas casas nunca, según denunció, se entregaron a los solicitantes.
“Seis meses y no nos han podido liberar la vivienda, no nos dan nada, por eso estamos aquí. En Guerrero no nos hacen caso, porque José Manuel Armenta Tello (el delgado de Sedatu) tiene tomada la delegación. El apoyo debió salir en enero, desde hace tres años se firmaron minutas y no hay resultados”, lamentó.
Una comisión de inconformes llegó a la dependencia, donde la atendieron secretarios particulares de funcionarios, pero no les dijeron nada en concreto.
Silvia Gallardo Gatica explicó que este programa social es de vivienda rural, “estamos tristes; el gobernador Héctor Astudillo, sólo va y se toma las fotos en las zonas más inundadas, es todo lo que sabe hacer, salir en la televisión en este año, el peor de todos los años; en el 2015 estuvo feo pero ahorita estuvo peor”.
Lamentó que el diputado, de quien dice tener pruebas de que vendió las casas, que correspondían a vecinos de escasos recursos, a otros de su partido, el PRD, siga en la impunidad.
La dirigente comentó que los quejosos viajaron a la Ciudad de México con sus propios recursos porque pusieron dinero para sus casas, aunque una mínima parte.

Marchan damnificados en Chilpancingo para exigir que se reubique la comunidad San Vicente

 

Integrantes de la Dirección Colectiva de Organización Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del estado de Guerrero marcharon al Ayuntamiento capitalino para exigir la reubicación de la comunidad de San Vicente, municipio de Chilpancingo.
Asimismo, acudieron a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum), para interponer una queja ante el incumplimiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que no reubican a más de mil familias damnificadas de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, en septiembre de 2013.
A las 2 de la tarde, unas 40 inconformes salieron en marcha de la Alameda hacia el Ayuntamiento para exigir una reunión con el alcalde priista de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena.
Antes de la marcha, los integrantes de la Dirección Colectiva, principalmente habitantes de las comunidades de San Vicente y Coapango, se reunieron en el teatro hundido de la Alameda capitalina.
Ahí, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame informó que acudirían al Ayuntamiento, para exigir la reubicación de más de mil familias, de las comunidades San Vicente, Coapango, El Aguejito y Huacalapa.
Indicó que acordó con las autoridades comunitarias de las localidades que ahora solicitarán que se haga un recorrido con el delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Guerrero, José Manuel Armenta Tello, para ver el lugar donde serán reubicadas las familias.
Ante el incumplimiento de los tres órdenes de gobierno a su demanda, acudieron a la Codehum a interponer una queja para que quede un antecedente, y para que se les exija a las autoridades el cumplimiento de las obras de reubicación, además de que se revise el caso de El Mirador, ubicado al sur de la ciudad, para que reconstruyan varias viviendas que ya presentan fracturas, y son un riesgo para las familias que las habitan.
Nicolás Chávez Adame informó que el presupuesto que estaba destinado para las comunidades de la sierra que fueron afectadas por la tormenta Manuel fue de 160 millones de pesos, “dinero que no se ejerció”.
Al finalizar la reunión con autoridades municipales, Nicolás Chávez Adame informó que se acordó un recorrido con Sedatu y el alcalde, para que vean las afectaciones de la tormenta Manuel y el huracán Ingrid, y gestionen el tramo carretero Chilpancingo-Amojileca, obras de aulas en Huacalapa y otras comunidades, la revisión de las casas de El Mirador, y la conclusión del puente, que se incluyeron en una minuta de acuerdos que fue firmada por las autoridades.
Después de la reunión acudieron a la Codehum a interponer la queja, ahí las autoridades pidieron que este jueves, a las 11 de la mañana se forme una comisión autorizada por los pueblos, comisarios y los damnificados de El Mirador, para que cada quien externen su inconformidad mediante otra queja.

Impide el dueño del predio la construcción del puente de El Mirador en Chilpancingo ante incumplimientos del alcalde

Desde marzo pasado, el propietario del predio en donde la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) construye el puente para el fraccionamiento de damnificados El Mirador, al sur de la capital, suspendió la obra debido a que el Ayuntamiento incumplió con el convenio que firmaron hace un año.
La construcción del puente que servirá de acceso a los habitantes de El Mirador, a donde fueron reubicadas las familias damnificadas de la tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, quedó en un 70 por ciento de avance, y el presupuesto para la obra es de 24 millones de pesos, según datos de la propia dependencia federal.
Entrevistado vía telefónica, el propietario del terreno, quien aceptó conversar a condición de que no se revelara su identidad, “porque yo soy de Chilpancingo, de una familia conocida, el presidente municipal también es de Chilpancingo y pues la verdad no me gustan los problemas”, denunció que el alcalde ahora se le esconde para no cumplir.
Dijo que ha solicitado varias veces al alcalde Marco Antonio Leyva Mena que cumpla los términos del convenio, pero se quejó de que, recientemente, se niega hasta a recibirle las llamadas telefónicas.
El dueño del predio donde se construye una parte del puente vehicular, dijo que a cambio de donar el área, el alcalde Leyva Mena se comprometió a pavimentar un acceso y a autorizar un trámite administrativo (sin precisar qué trámite), y denunció que el alcalde no ha cumplido, por lo que desde marzo impide que continúen los trabajos en su terreno.
Contó que, entre septiembre y octubre lo buscaron del Ayuntamiento y de la Sedatu para que donara parte de su predio, en donde se construiría parte de la obra, “les urgía la inversión para que el recurso del año pasado no se fuera a otra parte y se pudiera construir ese puente”.
Sin embargo, a más de seis messe de que comenzó la construcción, el alcalde Leyva Mena no ha cumplido con los términos del convenio.
“El convenio se firmó de buena fe, pero el presidente municipal hasta la fecha no ha cumplido ningún acuerdo”, reiteró.
Informó que por eso, como dueño del predio, ha pedido que se suspenda la obra en la parte de su terreno “y no voy a permitir que se comiencen los trabajos hasta que cumpla el presidente municipal”.
Denunció que ha buscado al alcalde Leyva Mena y que lo ha citado en el predio, “le he llamado por teléfono y ya me cansé de andarlo buscando”. Informó que lo han atendido funcionarios de otras áreas, pero que nadie le ha resuelto el problema.
Advirtió que además de que mantiene suspendida la obra, podría recurrir a acciones legales, “es un convenio, y cuando no se respetan las partes, como en todo convenio puede tener salida legal”.
Dijo que no lo ha hecho porque el acuerdo fue de buena fe, “no me gustan los problemas”, recalcó, pero insistió que la obra continuará parada si el alcalde no cumple lo que le prometió.

 

Afectará a 30 mil familias de Antorcha Campesina el recorte presupuestal, denuncia

Integrantes de Antorcha Campesinas denunciaron que este año sólo recibirán el 50 por ciento de los apoyos de programas de dependencias estatales y federales que les dan, y se desatenderá a 30 mil familias de la organización en el estado, debido a los recortes presupuestales.
En conferencia de prensa, el representante estatal de la organización, Juan José Bautista Hernández reprochó el recorte al presupuesto en las dependencias estatales y federales del gobierno priista, dijo que en los montos globales hay un aumento, pero destinado a pagar deudas en el caso del estado, deudas que dejaron los gobernadores pasados. Agregó que a nivel federal se está destinando el presupuesto para el pago de la deuda externa.
“Lo que los ejecutivos están destinando (para pagos de deudas, son) para atender la problemática de los ciudadanos, con dependencias que tienen que ver con el desarrollo social”, comentó.
Aseguró que entre las dependencias que dejarán de atender a unas 30 mil familias a las que pertenece Antorcha Campesina son la c (SCT), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
Además, Bautista Hernández anunció que el 19 de marzo celebrarán 33 años de Antorcha Campesina en Acapulco, a la que asistirán todas sus integrantes en Guerrero.

Culpa el alcalde de Zumpango a la Sedatu de que no se pague a los municipios por la minería

 

Del fondo minero que se obtiene del cobro de los derechos especial y extraordinario sobre minería, Guerrero obtuvo 60.9 millones de pesos de la recaudación fiscal de 2014, que representa 2.9 por ciento del total que se distribuye en 25 estado de la República, y dos años después los siete municipios beneficiarios con extracción de metales han recibido sólo 30 por ciento del dinero que les corresponde.
El alcalde de Eduardo Neri (Zumpango), Pablo Higuera Fuentes denunció que el retraso es por el exigente proceso de comprobación que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que se ha modificado varias veces, y el delegado de la dependencia federal, José Manuel Armenta Tello, explicó que entregó anticipos del 30 por ciento, y el resto del financiamiento, conforme los alcaldes vayan entregando avances en la construcción de obras.
En el decreto del 23 de diciembre de 2013, se establece el cobro de los derechos a los titulares de concesiones y asignaciones mineras, considerando los ingresos obtenidos por la actividad extractiva y tomando en cuenta el posible impacto que podría ocasionar la medida en el sector minero.
Señala que el pago de los derechos especial y extraordinario sobre minería se harán en una exhibición, a fin de año, pero también habría facilidades para que las mineras “puedan efectuar pagos provisionales trimestrales a cuenta de los derechos anuales”, que “permitiría que los recursos se integren de manera eficaz al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros para su oportuna aplicación”.
Del total recaudado en 2014, la Sedatu informó que el fondo fue de 3 mil millones de pesos, de los cuales 20 por ciento tocan a la federación y 80 a los estados y municipios, y el financiamiento debe ser empleado “en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano positivo”, como escuelas, servicios públicos, al final rellenos sanitarios, reforestaciones y otras de impacto ambiental.
Según el boletín de la Sedatu del 21 de enero de 2016 se destinaron a los estados 2 mil 74 millones de pesos, de los cuales 2.97 por ciento corresponde a Guerrero. Aquí, ese fondo se divide en dos: 37.5 por ciento para el gobierno del estado, y 62.5 por ciento a los municipios.
De 38 millones destinados a municipios Zumpango tiene 65 por ciento, 24 millones 773 mil pesos, porque tiene la mayor extracción de minerales en su territorio. Arcelia 22 por ciento con 8.3 millones, Petatlán 7.9 por ciento que son 3 millones, La Unión 1.3 millones que representa el 3.5 por ciento, Atenango del Río en Coyuca de Catalán y Tetipac suman juntos 1.37 por ciento, que representan 552 mil 886 pesos.
De lo recaudado en 2015, que se distribuirá en 2017, especialistas estiman un incremento de la recaudación y este año, el Congreso de la Unión aprobó entregar a la Sedatu 2.5 del fondo minero para gastos de operación.

El retraso causa conflictos con las comunidades: Pablo Higuera

El alcalde de Zumpango explicó que antes del fondo minero las empresas negociaban con los ejidos y comunidades beneficios, a parte de la negociación por la renta de las tierras, pero era muy disparejo.
Zumpango, con mayor actividad minera, tiene asignados 24 millones de pesos, en agosto recibió 9 que terminó de comprobar a mediados de noviembre, porque “la democracia hace el proceso muy lento”, se quejó
denunció que reglas y procedimientos se cambian constantemente, “que siempre ponlo así, después: agrégale esto”.
A la fecha dijo que ya tiene lista la propuesta de obra pública del fondo minero de los impuestos recaudados en 2015, sin haber recibido la totalidad de 2014.
Por esta situación, aseguró que se están generando conflictos de los gobiernos con los pueblos, debido a que empresas mineras le dicen a los comisarios que ellos ya entregaron dinero para obras públicas a los municipios, y los comisarios les exigen a las autoridades que ejerzan un dinero que sigue detenido en la Sedatu.
Con los fondos del primer año de recaudación en 2014, dijo que comenzó la construcción de obras de drenaje y agua potable, y sólo ha podido pagar el anticipo a las empresas encargadas de las obras en Mezcala, Carrizalillo, Tepehuaje, Balsas Sr y alumbrado en todo el municipio. Con el de 2015, además de agua, drenaje, alumbrado, dijo que tienen previsto tecnificar la pesca, sin embargo, las obras son insuficientes para atender las necesidades de las familias afectadas por la actividad minera “donde se pierden cerros”, dijo de la devastación.
Por separado el delegado Armenta Tello explicó que 2016 se hizo la instalación del comité del fondo minero en el estado, con la participación de empresas mineras, del gobierno del estado, del gobierno federal y de los municipios. Ahí se aprueba la propuesta de obras para siete municipios.
Detalló que en las sesiones, los municipios exponen las obras que consideran prioritarias, el comité evalúa aspectos importantes que marcan reglas del programa, “eso tomó un tiempo”, y una vez aprobados se realiza una nueva reunión para la distribución de los recursos.
Aclaró que las obras que se construyen con el fondo minero son de infraestructura básica, no para resarcir el impacto ambiental, que toca evaluar a otras instancias de gobierno.
“La verdad es que fue bien recibido el programa, obviamente hay municipios que esperarían mayores ingresos por parte del fondo minero, al notar que (el municipio) Eduardo Neri tiene una cantidad importante de recursos, esperarían iguales condiciones para atenuar el malestar (social) que pudiera generar la minería, y todos esperan que en este proceso hubiese de alguna manera derrama económica que se traduce para beneficio colectivo”.

Hubo uso excesivo de la fuerza en el desalojo del predio El Mirador en la capital, denuncian

 

Vecinos de la manzana 5-A del predio El Mirador denunciaron que la operación del gobierno estatal para desalojar a las familias que habitaban ahí de manera irregular fue violento, y hubo uso excesivo de la fuerza de los policías.
Los colonos quienes omitieron su nombre por temor a represalias remarcaron que durante el desalojo, “los policías rompieron los vidrios de las casas y agredieron a la gente sacando a la calle sus cosas”, principalmente en la inspección a la manzana 6.
Expusieron que debido al abuso de autoridad, una mujer de 82 años fue trasladada al hospital a causa de la impresión que le provocó el ingreso de los policías a su vivienda sin motivo aparente.
Consultados en el predio El Mirador, los vecinos aclararon que fueron beneficiados con una vivienda a principios del año pasado luego de los meteoros Ingrid y Manuel de 2013, relataron que atestiguaron todo lo ocurrido durante el desalojo ya que en ese momento se encontraban en sus hogares.
Detallaron que los uniformados no llegaron de forma pacífica, quebraron los vidrios y desalojaron a las familias “invasoras” de manera violenta.
“Creímos que la acción era llegar a las casas para tocar y pedir los documentos legales, o bien solicitar de manera pacífica que desalojaran, sin embargo (los policías) llegaron a romper vidrios y abrir puertas para sacar las cosas de la gente a donde fuera. No se procedió como declararon”, expusieron.
Un vecino detalló que la operación no pudo haber sido de manera pacífica, “porque para empezar todos los policías venían armados”, y señaló que las principales afectaciones ocurrieron en la manzana 6-A, donde luego mediante un recorrido se comprobó que al menos 20 ventanas de las viviendas permanecen quebradas de las 70 que componen esa zona.
“Nosotros escuchamos que la gente gritaba y lloraba, pero en ningún momento logramos salir a ver qué ocurría porque los policías nos mantuvieron adentro de nuestras casas, no permitían que subiéramos a ver qué ocurría”, agregó.
Tras un recorrido en la manzana 6-A se observó que ninguna vivienda está habitada, mientras que la zona está acordonada y hay ropa y juguetes tirados en el suelo.
Una vecina de la manzana 5-A recordó adentro de su hogar durante la operación algunos brigadistas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) junto a policías estatales acudieron a verificar quién habitaba la vivienda.
Explicó que la beneficiaria real es su madre de 82 años, quien en la visita de la brigada mostró el folio que le asignó la Sedatu y el Ayuntamiento capitalino, y comprobó ser la propietaria legal de la casa, sin embargo, al cabo de unas horas los uniformados regresaron acompañados del delegado federal, José Manuel Armenta Tello para solicitar una nueva inspección.
“Ellos tocaron la puerta y pregunte qué era lo que querían, él (Armenta Tello) de manera prepotente me indicó que abriera la puerta, en ese momento mi mamá del susto se comenzó a sentir mal y estaba acostada, ¿usted se imagina el daño que estas personas ocasionaron?, el señor se paró aquí con los policías, eran 6, entraron a revisar un colchón y después fueron a otro cuarto a inspeccionar en otro colchón, nunca supimos qué buscaban, ¿mi mamá qué daño les podía hacer?”, expuso.
Añadió que debido a la impresión que le causó la presencia policiaca en su hogar, la señora de 82 años fue trasladada al hospital del Seguro Social, “mi madre sufre del corazón y en ese momento no había transporte, ¿cómo la trasladaba al médico?, casi nadie se enteró pero hubo muchas irregularidades en el desalojo”.
Reiteró que ningún vecino pudo salir afuera de las manzanas donde se encuentran sus viviendas, “los policías acordonaron y taparon todo, no dejaron salir a nadie, nunca quisieron dejarnos salir”.

Proponen predios para reubicar a damnificados por un deslizamiento de tierra en la capital

 

El secretario de Protección Civil estatal, Melquiades Olmedo Montes, y el presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena se reunieron con vecinos afectados por el deslizamiento de tierra de la colonia Héroes de Guerrero y presentaron cuatro propuestas de predios para reubicarlos.
En la reunión que se llevó a cabo en el comedor de Protección Civil estatal y que duró dos horas, un ingeniero de la dependencia informó que de acuerdo con el resultado del dictamen de la geóloga de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rosalba Pérez Gutiérrez, el retaje del cerro donde se ubica la colonia provocó el deslizamiento de tierra, lo que la hace inhabitable.
“Los problemas son multifactoriales, es el tipo de roca, la ladera y los cortes que hicieron del cerro, y las lluvias debilitaron la tierra”, declaró.
Dijo que el sismo del lunes en San Marcos provocó el desplazamiento de 40 centímetros de tierra y que es necesario realizar un estudió de mecánica de suelo para demoler las casas, “para saber el comportamiento del suelo”.
Los vecinos de la colonia Héroes de Guerrero no coincidieron con los resultados del dictamen, porque la causa del deslizamiento de tierra es que pasan por la calle principal la tubería de drenaje y la de agua potable que debilitaron el suelo.
Por su parte, el presidente de la colonia Héroes de Guerrero, Sigifredo Faustino Santiago Ruiz comentó que hace un año la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (Capaseg) instaló tubería de agua en la calle principal, y que una fuga provocó el deslizamiento de tierra en el asentamiento.
Santiago Ruiz comentó que lo mismo sucedió con el drenaje que no han atendido los de la Comisión de Agua de Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach).
Una de las vecinas afectadas dijo, “llegamos a la colonia a vivir y estaba firme la tierra, el gobierno han permitido que afecte los terrenos por realizar obras de mala calidad como la colocación de tuberías”.
Por su parte, Leyva Mena dijo que los tres niveles de gobierno atenderán las demandas de los afectados para coordinarse e su reubicación.
Las cuatro propuestas de predios de reubicación que presentaron en esta reunión son en la colonia El Polvorín, a lado de Petaquillas en el deshuesadero de carros, en el paso Valadez entre Petaquillas y la Autopista del Sol y en la colonia Villas del Sol.
De acuerdo con el censo, hay 28 viviendas afectadas y se necesitarán 3 mil 360 metros cuadrados de terreno para la reubicación de los afectados.
El edil priista reconoció que no cuenta con dinero el Ayuntamiento para adquirir el predio y que tocará las puertas de los gobiernos estatal y federal para comprar el terreno y construir las casas.
Asimismo, funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) buscarán una alternativa para beneficiar a los afectados con programas federales para la construcción de las viviendas.
En su intervención, el coordinador general de Protección Civil y Bomberos del municipio, Gustavo Vela Guevara informó que 14 casas se ubicaban en terrenos irregulares y otras 14 en regulares.
A la reunión asistieron el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humano (Codehum) del estado, Ramón Navarrete Magdaleno, y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y del Ayuntamiento de Chilpancingo.

Plantan funcionarios del Cenapred que evaluarían 140 casas a damnificados de Chilpancingo

Trabajadores del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) dejaron plantados a integrantes de la Coordinadora de Colonias y Comunidades Afectadas por el Río Huacapa y sus Afluentes (Cocohara), para evaluar sus viviendas.
Los damnificados de la Cocohara fueron notificados por medio de un oficio de la entrega de 140 viviendas, después de dos años de que la tormenta tropical Manuel los afectara.
Hace dos semanas se dio a conocer que el último requisito para la entrega de las 140 viviendas era el dictamen elaborado por el Cenapred, y este lunes 9 de noviembre se realizaría la visita al terreno El Mirador.
El líder de los damnificados, Gumaro Guerrero dijo que les notificaron, por medio de un oficio, que a las 12 del día los funcionarios estarían en el terreno El Mirador, pero hasta las 3 de la tarde los funcionarios no se habían presentado.
La evaluación del Cenapred es para descartar que las estructuras de las viviendas son peligrosas, ya que el ex secretario de Protección Civil estatal, Raúl Miliani Sabido dijo que hacen falta pilares en las casas.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) determinó que revisará las viviendas, para fijar una fecha de entrega.
Por su parte los damnificados criticaron la falta de solución y se reunirán el sábado para determinar acciones.