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Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.

Los reportes de la vigilancia

Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército

De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los reportes de la vigilancia

En Guerrero no se van a permitir más ni persecución
política ni represión, promete Evelyn

Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

Datos sobre pobreza en Guerrero revelan el fracaso de programas sociales: Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) que indican que en Guerrero el 66.4% de la población está en situación de pobreza y el 25.5 por ciento en pobreza extrema, se reflejan en el incremento de la migración en los últimos años en la Montaña y muestran que los programas sociales no han dado los resultados como se quisiera, declaró el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que por la falta de ingresos se ha incrementado mucho el número de familias que emigran a los campos agrícolas; “se ha jornalerizado mas la vida comunitaria porque la gente de las comunidades no encuentran una actividad económica que les permita sobrevivir durante todo el año en sus”, explicó el defensor de derechos humanos.
Afirmó que lo que producen no les alcanza porque en esa región, la mayoría son pequeños agricultores que no rebasan los tres cuartos de hectáreas para sembrar maíz, y cosechan 300 o 400 kilos, lo que es insuficiente para una familia de seis o siete miembros.
Además, explicó que no solamente tienen que consumir maíz y frijol, sino que tienen que consumir otros productos, por lo menos arroz, o algo de chile “y para eso tienen que acceder al mercado, pero los precios de la canasta básica se han duplicado y ya no les alcanza para comprar otros alimentos”, dijo.
Añadió que por ello, “necesariamente”, casi todas las familias se concierten en jornaleras porque ya no pueden completar sus gastos estando en sus comunidades.
Dijo que, sobre todo, porque ahora hay una nueva generación de matrimonios jóvenes que ya no tienen tierra para sembrar, y no aspiran a tener parcelas para sembrar dentro de su comunidad y únicamente les queda emigrar como jornaleros.

Jóvenes familias emigran a Nueva York

“Regularmente los jóvenes están buscando como conseguir 200 mil pesos para emigrar a Nueva York”, dijo el director de Tlachinollan, quien da acompañamiento a las comunidades indígenas de la Montaña.
Agregó que hay más de 15 mil jóvenes hombres y mujeres que están trabajando en Nueva York, o Nueva Jersey ya sea en el campo o en la ciudad como meseros o cocineros en los restaurantes “y son los que mandan regularmente cinco mil pesos al mes y ayudan a sostener a sus familias para la compra de medicinas, alimentos, ropa y gastos varios que tienen sus mamás y papas”.
Dijo que esto pasa porque los programas federales no están resolviendo el problema de la pobreza y que el que más les apoya es el de Sembrando Vida pero no todos están inclusos en ese programa porque necesitan ciertos requisitos, uno de ellos el número de hectáreas que deben tener para reforestar.
Explicó que en tanto que los programas más pequeños, como el de apoyo a la producción no rebasa los dos mil pesos al mes, tampoco son la panacea como se ha querido ver.
“Esto da pie a que aparezcan estas estadísticas (del Coneval) que muestran la radiografía y que indican que la pobreza no ha podido ser abatida como se quisiera”, que, más bien, la gente en la Montaña prefiere irse como jornaleros
Detalló que es la causa del incremento, pues Tlachinollan ha registrado hasta 22 mil personas que emigran cada año, cuando antes la cifra era de 10 mil, lo que indica que las cifras se han duplicado.
En verdad, en la Montaña los programas sociales no están siendo un espacio para encontrar mejores condiciones de vida, “al contrario, están convirtiendo un territorio donde la gente está siendo expulsada por falta de opciones productivas”.
Añadió que los programas federales a muchas familias no les llegan en la Montaña porque no están registradas, debido a que seis meses del año están fuera de su tierra y no los encuentran para incluirlos a las listas de beneficiarios.

La inflación diluye apoyos

Además, insistió que los resultados (de los programas sociales) son insuficientes, porque así como llega el apoyo para adultos mayores, por ejemplo, las medicinas, el huevo y todos los productos de la canasta básica se encarecen, “es decir, a pesar de que llega el apoyo, la gente sigue teniendo un déficit de sus ingresos, no les alcanza, porque se han duplicado los precios de la canasta básica”, por ejemplo, agregó que ahora el precio del huevo es ya inalcanzable para algunas familias.
Igual los precios de las medicinas “están incontrolables, diariamente suben, y lo que reciben los adultos mayores, por ejemplo, solo les alcanza para comprar su medicina, porque nadie les garantiza medicina gratuita, aquí, en la Montaña, el gran negocio de estos programas son para los consultaros médicos y las cadenas de farmacias porque la verdad son los que mejor venden, además de las tiendas Chedraui, ahí se va todo el dinero y no le alcanza para la gente”.
Detalló que al recibir los recursos de los programas, la gente ya no produce ni comercializa, “se conforman con el subsidio que les dan, pero este no le alcanza, es insuficiente porque todos los precios están caros y esto hace que el circulo de la pobreza siga reproduciendo más familias pobres y los hijos tengan que necesariamente buscar opciones y estas son, o la migración jornalera o la migración internacional.
“La gente está resolviendo el problema económico vía migración y son pocas gentes que dicen que con lo que llega de su pensión de adulto mayor, les alcanza siempre y cuando sea uno solo, “pero si tienes a la esposa o hijos, eso no alcanza”.
Insistió que ese es el problema, y que a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que se han incrementado los apoyos para los adultos, “hay una carrera con los precios y están ganando estos porque subieron el doble lo que hace que sean insuficientes los ingresos que llegan vía subsidios gubernamentales.
“Los programas sociales se han presentado como una panacea, pero en los hechos, para las familias no están siendo una solución al problema de la pobreza”.
Indicó que la prueba esta en las miles de familias que se van de jornaleras o de migrantes a Estados Unidos, y no dicen: “mejor me quedo a recibir el programa, porque saben que no les alcanza y mejor se van porque allá por lo menos les pagan un poquito más.

Quienes se quedan, sólo esperan remesas

Explicó que las familias que se quedan son las que de algún modo tienen asegurado el apoyo que les mandan sus hijos o familiares de Estados Unidos; “las que de algún modo tienen la remesa segura que son cinco o seis mil pesos que les llega mensualmente, con lo que más o menos la pasan”.
Agregó que otros que se quedan son los que trabajan como maestros, o los que tienen tienditas producto de los apoyos de la migración, o que tienen huertas de café e ingresos complementarios, “pero no estamos hablando de que viven desahogadamente, sino que apenas cruzan la raya de la sobrevivencia”.
Siguió: “Después de eso no hay más, porque el bosque o los bienes naturales son comunales y cuando llegan a vender madera, no pueden hacerlo individual, sino con las autoridades agrarias, que son las que hacen estas operaciones”.
Con respecto a los caminos artesanales, dijo que tampoco son una opción y hay quienes dicen que 200 pesos que les pagan al día no les resuelve el problema de la canasta básica, y que lo hacen más por compromiso comunitario, para tener un camino, pero no porque sea una opción para tener un ingreso adecuado.
Agregó que otro problema que vino a complicar la situación económica fue la disminución del precio de la amapola, que antes era un ingreso más pero ahora que ya no tiene precio, vino a generar una mayor crisis en los ingresos locales.

Es preocupante que Guerrero sea segundo lugar en deportaciones de indígenas, dice Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El encargado del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes, dijo que los organismos locales carecen de datos que indiquen que Guerrero es el segundo lugar a nivel nacional en cuanto a migrantes indígenas deportados de Estados Unidos.
Sin embargo, consideró que es preocupante la cifra que dio a conocer el miércoles la Secretaría de Gobernación (Segob).
Recordó que los datos que dio a conocer la Secretaría de Migrantes y Asuntos Internacionales de Guerrero en noviembre pasado, ubicaron a la entidad como el primer lugar en cuanto a la deportación de migrantes en general.
En un reporte de la Secretaría de Gobernación informó el miércoles que entre el 2015 y 2019 se deportaron de Estados Unidos a México al menos 92 mil 851 migrantes indígenas y que Guerrero ocupa el segundo lugar con el 18.56 por ciento, después de Oaxaca.
Rodríguez Reyes reconoció que el organismo al que pertenece no cuenta con datos que confirmen esos datos pero recordó que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Migrantes de la entidad que dio a conocer en noviembre pasado la subsecretaria de Migrantes, Alondra García Lucatero, Guerrero ocupa el primer lugar a nivel nacional en deportaciones de migrantes y que sólo de enero a junio del año pasado se registraron 13 mil 851 personas deportadas, mientras que en el 2021 se registraron 24 mil 313 guerrerenses devueltas.
Pero reconoció que “nosotros no tenemos datos, lo que tenemos son solamente los asuntos que atendemos o recibimos directamente en la oficina y es un número muy menor”.
Dijo que son las dependencias del gobierno federal y estatal las que tienen los número precisos de las personas migrantes que han sido deportadas porque los datos se registran de manera oficial y los que son devueltos del país vecino no se reportan ante los organismos civiles.

Reconoce Tlachinollan a la CRAC por prohibir matrimonios forzados; urge al gobierno a actuar

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reconoció el avance en el reglamento del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la CRAC que prohíbe los matrimonios forzados, pero advirtió que el problema no está resuelto sin una voluntad política de los gobiernos locales y de la Fiscalía del estado.
Señaló particularmente a Cochoapa el Grande y Metlatonoc, donde es frecuente este fenómeno, avalado por autoridades municipales, pese a los compromisos contraídos con el gobierno del estado.
Denunció que agentes del Ministerio Público de Tlapa intervienen como mediadores para el cobro de dote de mujeres entregadas en uniones matrimoniales, después de que ellas huyen de la violencia que padecen.
Informó que tienen identificados tres expedientes, pero estima que podrían más, clasificados como trata de personas para fines domésticos.
En consulta telefónica, la defensora subrayó que la actualización del reglamento de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria (CRAC-PC) es un buen avance para abordar esta problemática contra mujeres y niñas, que atentan contra la dignidad de todas.
“Vemos que las consejeras, consejeros, los mismos coordinadores y coordinadoras de la CRAC tienen esa preocupación para poder prevenir estos casos de violencia”.
Sin embargo, aclaró que es complicado erradicar esta práctica cultural compleja y antagónica de los derechos humanos, mientras no haya voluntad política de los municipios, principalmente.
Aseguró que siguen encontrando en los recorridos en Montaña mujeres detenidas por abandonar a la pareja de una unión acordada.
Si bien, el reglamento de la CRAC ya establece procesos de reeducación a padres de ambos contrayentes que sean denunciados en el sistema, está regla aplica sólo en las comunidades incorporadas a las Casas de Justicia y Comités de Enlace.
Destacó que en la discusión de esta medida, se estableció que las Casa de Justicia y de Comités no pueden intervenir en asuntos de localidades que no están integradas al sistema.
“En el caso del Comité de Enlace de Dos Ríos, en Cochoapa el Grande, donde estaban abordando el tema de matrimonios forzados de comunidades no incorporadas al sistema”.
Un caso sonado, fue el de la niña Angélica, que juntaron cuando tenía 11 años con un niño de 12, y la familia de ella recibió 120 mil pesos de los papás del novio, que durante cuatro años la llevaron a trabajar como jornalera a Michoacán y ellos cobraban el salario.
Fue encarcelada en octubre de 2021 por la Policía Comunitaria de Dos Ríos para obligar a su familia a devolver el dinero, hasta su rescate por la policía estatal, municipal y Comisión Estatal de Derechos Humanos. La CRAC también sancionó a consejeros que intervinieron.
Estimó que de unas 140 comunidades de Cochoapa El Grande, donde la mayoría pactan uniones matrimoniales, apenas diez participan en el sistema comunitario, además de comunidades de Metlatónoc.
Aunque las autoridades municipales públicamente dicen que darán atención para erradicar estas formas violencia, aseguró que “internamente hay un problema grave, los operadores, servidores públicos de los ayuntamientos no tienen este conocimiento básico del respeto a los derechos humanos con perspectiva de género. Si no están preparadas las autoridades municipales, menos los delegados que pertenecen a estos municipios”.
En las conversaciones con las síndicas de estos ayuntamientos, les dicen que son asesoradas por hombres abogados que deberían orientarlas. En su lugar apoyan las prácticas antagónicas, que están obligadas a detener.
Aseguró que siguen cobrando las actas de acuerdo matrimonial como parte de los usos y costumbres, igual que hace 20 y 30 años.

En Tlapa, presionan con juicios para recuperar dote

En cuanto a la Fiscalía del estado, Arias Vitinio informó que el MP de Tlapa está citando a mujeres, a fin de que la familia de la novia devuelva el dinero que recibió por este tipo de acuerdos, aunque la conciliación no es de su competencia. Hoy los medios alternativos de conciliación los resuelve el Poder Judicial.
“¡Lejos de que señale que son conductas que se castigan, las fomentan! ¿Cómo vamos a bajar el nivel (de la práctica), si eso no se radica? Ahora inician carpetas por el delito de trata de personas con propósito de servidumbre, para generar temor en las familias de que les manden citatorios”, recriminó.
En el Código penal del estado también se incluyó el delito de cohabitación forzada y otras conductas similares para sancionar los acuerdos matrimoniales y la venta de niñas.
La abogada detalló que en estos casos, el delito de trata de personas se entiende como una responsabilidad compartida de las familias y autoridades que intervienen, pero recae en los papás de las novias
Indicó que una carpeta de investigación documentada con esta figura, es de la niña Anayeli, que se rescató de Joya Real, de Cochoapa El Grande, el 25 de noviembre de 2021, y la mamá, una trabajadora de campos agrícolas, va a tener que enfrentar un proceso jurídico.
“Al rato tiene que comparecer en un proceso judicial, y la Fiscalía no considera los gastos de traslado que debe pagar”.

Pendientes con la FGE

La abogada de Tlachinollan denunció que hay muchos rezagos en casos pendientes de la Fiscalía que la asociación civil ha presentado en mesas de trabajo, como órdenes de aprehensión por feminicidios cometidos desde 2015.
Recordó que la Mesa se instaló mediante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres (Conavim) en la administración estatal anterior, que no tuvo continuidad.
“Las mismas carpetas ahí siguen, lentas porque han cambiado los titulares del MP, y nos dicen que esperemos a que conozcan los expedientes. La Conavim también envió oficios a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), para registrarlas en las listas de fondos de apoyo. Desde octubre la titular de CEAV dice que va a venir. Primero dijo no podía por la carga de trabajo. Ahora dice que va a pedir más presupuesto para atender a las víctimas de procesos que llevan años Solamente hemos registrado 6 o 7 personas entre los beneficiarios, de 72 víctimas”.
La asociación civil también ha buscado pláticas con la Comisión Nacional de Búsqueda, a través de Conavim, y los condicionaron a reunirse sólo tres o cuatro ocasiones, y nada más, denunció.

Es necesario que el Ejército colabore y que la FGR hable con las familias de los 43: Centro Prodh

El pasado 15 de noviembre padres de los 43 escuchan la conferencia de prensa de las integrantes del Mecanismo Especial para el Asunto Ayotzinapa de la CIDH en la normal Foto: Jessica Torres Barrera

Guillermo Rivera

El Sur / Ciudad de México

En la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es necesario que el Ejército colabore con la entrega de información requerida, que la cabeza de la Fiscalía General de la República (FGR) abra el diálogo con las familias y que, de manera oficial, se informe por qué se cancelaron órdenes de aprehensión –la mayoría contra militares– emitidas por la fiscalía especial del caso.
Estas son sólo una parte de las acciones que deberían realizarse a nivel federal para redireccionar el caso, en una etapa en que la confianza de las familias “está trastocada”, dice en entrevista María Luisa Aguilar, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una de las organizaciones que acompaña y representa legalmente a madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con las organizaciones de defensa de los derechos humanos (Serapaz) y el Centro de Análisis e Investigación (Fundar) en Ciudad de México, además del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), en Guerrero.
Para Aguilar, lo más importante en este “momento convulso” es el impacto en las familias a partir de los hechos que comenzaron el 18 de agosto pasado, cuando se presentó el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) a las familias, a las organizaciones representantes, al Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y, horas después, a la sociedad.
Lo relevante de ese informe, considera, además del reconocimiento de que hubo participación de autoridades de distintos niveles del Estado mexicano, fue que mencionó “los obstáculos a los que se está enfrentando la investigación”.
El presidente de la Covaj y titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez se refirió concretamente a la FGR y al Ejército.
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió el martes pasado, que los avances en las investigaciones del caso se encuentran “en riesgo” por “las intromisiones” de agentes externos en el trabajo de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA).

Obstáculos de las Autoridades

Cuando Encinas presentó su informe, continúa Aguilar, se mencionó que la “verdad histórica” es resultado de la injerencia política “del más alto nivel del Estado” con la que se había intentado cerrar el caso.
“Una parte novedosa se enfocaba en qué había sucedido después de la detención de los estudiantes, a partir de capturas de pantalla de distintas conversaciones”, agregó.
“Lo primero que dijeron los familiares tras ver el informe de la Covaj es que lo tenía que revisar el GIEI”. Es importante para ellos, argumenta, “tener a una tercera parte independiente, que pueda ser fiel de la balanza, con una base técnica-profesional”.
Ese informe de la Covaj, enfatiza, no formó parte de la investigación penal y coincidió con la detención del exprocurador general Jesús Murillo Karam y la presentación de órdenes de aprehensión en contra de 83 personas.
“Poco después 21 de esas órdenes, de forma inusual, se cancelaron, y 16 de ellas eran contra elementos del Ejército. Hasta el día de hoy no se ha dado una explicación formal de la base legal de esa cancelación. Eso llevó a renunciar al fiscal del caso (Omar Gómez Trejo), pues fue una decisión no consultada con él. Además se desplazó a su equipo en la fiscalía especial” del caso, resume Aguilar como parte de las irregularidades del caso.
El siguiente paso, agrega la integrante del Centro Prodh, fue el nombramiento de un nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra, que “no tiene experiencia en casos de violaciones a derechos humanos cercano al secretario de Gobernación, pero que no conoce el caso. Eso fue duro para las familias, porque en un proceso de construcción como el que se había dado en los últimos años, con mucho diálogo, es un mensaje de que se estaban cerrando los espacios”.

“Las familias no se
equivocaron”

Del más reciente informe del GIEI presentado el 31 de octubre pasado en Ayotzinapa, Guerrero, Aguilar comenta algunos puntos nodales:
Uno es que a los expertos internacionales les fue imposible verificar el origen de las capturas de pantalla que presentó la Covaj y, por lo mismo, no pueden ser utilizadas en una investigación penal.
“Fueron claros al decir que las cancelaciones de 21 órdenes de aprehensión eran graves y que tenía que darse una explicación oficial de por qué. Además, el GIEI valoró que lo sucedido en estos meses fue grave y eso había trastocado la confianza construida en estos años. Por lo mismo, decidieron que dos de ellos ya no iban a continuar en el grupo”.
Los otros dos integrantes se quedaron en el grupo a intentar generar un mecanismo de seguimiento “para garantizar esa asistencia técnica que se ha tratado de buscar todo este tiempo por medio de la CIDH, (pero) mencionaron que habría condiciones mínimas para ese seguimiento”.
Asimismo, los integrantes del GIEI resaltaron que el Ejército sigue obstaculizando las investigaciones, dice Aguilar y recuerda que solicitaron reconducir la investigación porque hay pruebas no sólidas, así como garantizar acciones penales en contra de distintas personas.

“Confianza trastocada”

Esta información, analiza Aguilar, fue muy dolorosa para las familias. “Se tiene que decir: se les presentó una versión de los hechos no verificada. Eso trastoca la confianza y genera un dolor completamente innecesario”.
Por otro lado, es tema central, dice, que este tipo de anuncios se habían hecho de manera conjunta entre Covaj, la fiscalía y el GIEI. “A eso se refiere el GIEI cuando anuncia algunas salidas. No se les tuvo la confianza para generar esos espacios de verificación”, explica.
El GIEI obtuvo la información a fines de septiembre y su peritaje estuvo listo para fines de octubre. “Es decir, esa información en un mes se pudo haber verificado con peritajes técnicos. El hecho de que esto no haya sucedido, sí trastocó la relación de diálogo que se había tenido entre las familias, el GIEI, la Covaj y la propia fiscalía (…) Es preocupante, trastoca cualquier tipo de confianza construida”.
–¿Cuál es el panorama actual?
–Nos encontramos en un momento crucial en que el Estado tiene que decidir si va a reconstruir, o si se va a estancar en una sola versión como lo hizo la administración pasada.

El opaco papel
de los militares

La reconducción de la investigación pasaría por tres situaciones, reitera Aguilar: uno, que el Ejército colabore en entregar información; dos, que la FGR dialogue con las familias o con el propio GIEI, “que señaló que el fiscal general no los ha recibido”; y tres, “que se dé información oficial de por qué se solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión que un juez había decidido”.
Añade que está pendiente la extradición de quien fue titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón. “Hay todavía una serie de acciones que tienen que ser priorizadas y son esenciales para que las familias reconozcan que hay intención de reconducir la investigación, y que los dos expertos del GIEI que se quedaron puedan tener elementos para continuar”.
–¿Cuál es la lectura respecto al papel del Ejército?
–En su rol de siempre de ser una institución opaca, que no le gusta colaborar con las instituciones civiles. No le gusta ser identificada como una institución que podría haber tenido involucramiento en estos casos. Ha provocado mucho daño a la investigación que no haya querido dar información por tantos años.
“Es importante reconocer que la información que se obtuvo por parte del Ejército vino, sí, del impulso que dio Encinas de poder abrir esos archivos. Que el GIEI entrara fue parte del trabajo de la Covaj. Pero está documentado por el GIEI que esta información no ha sido suficiente, que fue entregada a cuentagotas y sólo después de mucha insistencia. Incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó entregar la información”.
El GIEI tuvo acceso a documentos hasta 2021, enfatiza Aguilar. “Durante todo ese tiempo, (la Secretaría de la Defensa Nacional) entregó información desviada sobre que había un estudiante que pertenecía a las fuerzas armadas y que estaba en tareas de inteligencia en la normal de Ayotzinapa.
“De lo más importante que se ha logrado, es acceder a información de la investigación de la Administración de Control de Drogas? (DEA) en contra de Guerreros Unidos, en Chicago. Pudieron acceder a una serie de, esos sí, mensajes verificados, con extracción legal, con control judicial. Quedó claro que había una colusión entre el batallón 27 y 41 con Guerreros Unidos. Es la base de la acusación hoy en contra de elementos militares, hoy detenidos, por delincuencia organizada.
“La opacidad del Ejército, no querer ser investigado, sólo genera más dudas en un contexto donde se está profundizando su papel en tareas de seguridad, con un discurso de que las fuerza armadas son incorruptibles, que ayudarán a que la situación de seguridad mejore en México, cuando la información señala que existen pruebas de que están coludidos con la delincuencia organizada”.

El papel de la FGR

En el contexto de impunidad “tan grave” que hay en México, “preocupa que no haya una fiscalía general autónoma, independiente. Tenemos a un fiscal –Alejandro Gertz Manero– más involucrado en procesos de conflicto de interés, que en temas prioritarios que se viven en México en materia de seguridad e impunidad”, advierte Aguilar.
“Vemos que el tema de desaparecidos no es prioridad para la FGR”, lamenta. “Por una petición desde un alto nivel, se cancelan 21 órdenes de aprehensión. Por un lado, se está protegiendo al Ejército, porque buena parte, 16, iban en su contra. Eso es un obstáculo. Nadie ha informado a las familias por qué se tomó esa decisión, que dio cuenta de que el fiscal especial fue desplazado. De una forma coherente, renunció al cargo”.
–¿Cuál es la situación de las familias?
–El foco tiene que estar en que las familias de personas desaparecidas viven continuamente la incertidumbre, el dolor, por no conocer el paradero de sus seres queridos. Eso ha sido equiparado a una tortura permanente. Son ocho años de lucha. Es muy desgastante. Tiene implicaciones en su salud, en su economía.
–¿Qué podemos esperar?
–Ayotzinapa no es más o menos importante que otros casos de personas desaparecidas, sino que es un caso que ha podido documentar a todo lo que se enfrentan las familias de personas desaparecidas. Si en este caso en particular las autoridades no colaboran, no buscan generar el acceso a la justicia, lo que todos vemos es que eso se podría replicar en otros casos. Por eso es importante que se hagan las cosas de manera correcta, con una apertura de supervisión internacional.
“Eso es parte de lo que tiene que pasar, sí o sí. Los expertos del GIEI que se quedaron en México dijeron que deben tener condiciones para poder trabajar. Las familias tienen claro que es ahí donde hay garantías de una investigación objetiva, independiente, eficiente. Se requiere un diálogo directo y honesto con ellas, el conocimiento claro de la situación del caso y que no habrá más obstáculos de las instituciones”.

Es un mensaje de impunidad el del Adán Augusto en el Congreso local: Tlachinollan

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El aval de los congresos locales a la continuidad del Ejército en labores de seguridad pública hasta 2028 envía un mensaje de impunidad a los perpetradores de los crímenes, del pasado y el presente, sobre todo, preocupa que en esta coyuntura diputados ignoren a las víctimas para congraciarse con el presidente, denunció el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Se da un discurso falaz aquí (en Guerrero) de que el Ejército es diferente, cuando sabemos que hay mandos que cometieron graves violaciones a derechos humanos, que han sido condecorados y que siguen encubiertos, como ahora sucede con Ayotzinapa”, señaló Barrera.
Como referencia, señaló la cancelación por la Fiscalía General de la República (FGR) de 21 órdenes de aprehensión relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural, de las cuales 16 son contra militares.
Entrevistado vía telefónica, sobre la defensa del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a la reforma del Senado al artículo quinto transitorio constitucional, en materia de Guardia Nacional, en la tribuna del Congreso local y las posturas de las fracciones políticas, Barrera Hernández señaló que nadie puso en primer plano a las víctimas de desaparición forzada, de los crímenes del pasado, como de hechos más recientes.
Recordó el “papel lamentable” del Ejército en graves violaciones a los derechos humanos y que ahora las autoridades, a tabula rasa, hablan de un Ejército moderno, que no viola los derechos humanos, “como si fuera otra institución”.
Aclaró que la milicia no rinde cuentas a las autoridades civiles y tiene vetos en cuanto a los agentes de Ministerio Público, que no se atreven, regularmente, a investigar a militares, “es una estela de impunidad que persiste en Guerrero, desde los años cruentos de guerra sucia, y los años trágicos de la desaparición de los 43 normalistas”.
Asimismo, refirió las ejecuciones arbitrarias de 11 indígenas y actos de tortura en la comunidad mixteca de El Charco, hace dos décadas, “causó terror en las comunidades y no se investigó ni se encarceló a nadie. Las viudas siguen cargando con el estigma de que sus esposos eran guerrilleros, de que ellos estaban cometiendo delitos”.
Del acto político en el Congreso, enfatizó que nadie recordó los hechos atroces cometidos por militares, en un recinto donde los representantes populares deben proteger los derechos de la población más vulnerable.
“Los posicionamientos dejaron fuera a las víctimas. No hubo cuestionamiento sobre el proceder el Ejército en Guerrero, tampoco retomaron las recomendaciones de mecanismo de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en materia de seguridad pública). Más bien, el Congreso está flaco de conocimientos en jurisprudencia, que le den sustento a su quehacer como legisladores y legisladoras”.
Añadió: “Están carentes de una visión de Estado. Responden a intereses facciosos políticos para congraciarse con el poder, para mantenerse dentro del presupuesto, para aplaudir a quien en este momento tiene en sus manos el control de la seguridad interior (el presidente Andrés Manuel López Obrador)”.
Consideró que no están a la altura de los sentimientos de la nación, que proclamó José María Morelos. “Es en verdad lamentable esta comparecencia, porque pisoteó, se ignoró los sentimientos de las víctimas. Subieron a un pedestal a los militares, con una afirmación letal, para madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: que han quedado atrás noches oscuras, como la de Iguala”.
Además, lanza una bofetada a madres y padres, usurpó la función del juez que debe pronunciarse en el caso y de la misma Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj) para el caso Ayotzinapa, denunció.

GIEI dejará el caso Ayotzinapa ante falta de acuerdos con el gobierno, adelanta Tlachinollan

Jesús Guerrero / Agencia Reforma

Chilpancingo

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ya no continuará en las investigaciones sobre Ayotzinapa, advirtió el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a continuar con las investigaciones porque además de que no se han atendido sus informes, el gobierno federal no ha renovado el acuerdo internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pese a que así lo han solicitado los padres y madres de los 43 normalistas”, dijo.
El 6 de mayo de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmó un acuerdo internacional con el gobierno mexicano para la reinstalación del GIEI con el propósito de coadyuvar con las investigaciones para la búsqueda de los 43 normalistas.
En 2015, ene el gobierno de Enrique Peña Nieto, el GIEI inició sus investigaciones, en las que determinó que los 43 normalistas de Ayotzinapa no habían sido quemados en el basurero de Cocula, como lo había establecido en su “verdad histórica” el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, quien actualmente está preso por delitos derivados de este caso.
“Desde hace meses los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos han insistido con el gobierno federal para que renueve el convenio al GIEI, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta”, comentó Barrera.
Este jueves, el GIEI ofrecerá una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que dará a conocer un informe del caso Ayotzinapa.
“Todo apunta que el GIEI ya no va a poder continuar porque no hay condiciones y por las situaciones que hay sobre el Ejército que se ha empoderado más”, afirmó Barrera.
Mencionó que ahora la narrativa del Ejército es la de reivindicarse como defensores de los derechos humanos y colocar a quienes lo critican como adversarios.
“Eso en nada ayuda porque el Ejército ahora va a descalificar al GIEI, no dándole el respeto, y por eso vislumbramos que el grupo de expertos independientes van a iniciar la retirada de México”, aseguró.
El director de Tlachinollan estuvo en Chilpancingo para participar en un foro de las XII Jornadas con el tema Peritaje Antropológico, en donde habló del riesgo de que se desmantele la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa.
“Hay el riesgo de que se desmantele este proceso de justicia transicional que se creó en México a través del mecanismo de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa”, dijo el antropólogo en el auditorio de Cultura del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
Durante su intervención, Barrera Hernández aseguró que la renuncia del Fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, se debió a las presiones que hubo de parte del Ejército porque en las investigaciones que realizó de los hechos del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala se determinó la presunta responsabilidad de mandos militares.
“Desde hace tiempo hemos visto que en el gobierno federal no hay interés de renovar ese acuerdo de que permanezcan los integrantes del GIEI pese a que había ese compromiso”, reiteró.