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Presionan a Angélica para que retire cargos a cambio de volver a su pueblo: Tlachinollan

Este lunes en la Casa de Justicia de Espino Blanco municipio de Malinaltepec al término de una reunión donde se concentraron los coordinadores regionales de la CRAC-PC, Rodrigo Santiago Porfirio, Victorino García Ricardo, Jesús Cesario Sánchez, Celestino Espíndola Castro, Silvestre Castro Agustín y Plácido Dolores Foto: Antonia Ramírez Marcelino / archivo

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechis Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó las descalificaciones que hicieron contra el organismo coordinadores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) durante la asamblea del domingo en Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, en la que se trató el caso de Angélica, la niña que fue sometida a matrimonio forzado en Joya Real, municipio de Cochoapa.
En la asamblea del domingo, coordinares de la CRAC señalaron que Tlachinollan “busca hacer negocio con el caso de Angélica y que retuvo a la familia de la menor para que no declarara. Además que su director Abel Barrera “habló de dinero” por lo que consideran que la organización “no da un paso sin huarache”.
Ayer, por teléfono, el defensor de derechos humanos reconoció a la CRAC como una instancia legítima y valiosa para el sistema de justicia comunitaria.
“Respetamos a la CRAC, su autonomía y su sistema, nunca vamos a tomar una postura que haga daño a la CRAC, lo que más queremos es que haya unidad, que no se desapeguen del reglamento interno y que, obviamente, reactiven las asambleas comunitarias y regionales que es el núcleo que nutre la vida de la CRAC”, pero dijo que lamenta las descalificaciones de algunos coordinadores contra Tlachinollan.
Explicó que el caso de Angélica se sigue en dos rutas: una mediante las pláticas de la familia de la menor con la CRAC por la detención de los dos coordinadores de Dos Ríos acusados de la detención de Angélica y su madre que ya fueron liberados, y la otra por el proceso judicial contra Agripino, el suegro de Angélica.
Explicó que en el primer caso Tlachinollan no interviene, pero que sigue representado y acompañado a la familia en el asunto de la detención de Agripino; “ahí sí no hay reversa porque es un caso grave y se acreditaron los hechos y las pruebas, el proceso se mantiene firme”.
Sin embargo dijo que desconoce si los padres de Angélica ya no quieren seguir adelante con la denuncia por las presiones que han tenido de los abogados; “de eso no hemos podido hablar, simplemente seguimos con la representación jurídica”, declaró Barrera Hernández.
Al respecto, explicó que un abogado externo que buscó la CRAC para la defensa de los coordinadores de Dos Ríos, Carlos Martínez Cano y Daniel Alberto Jacinto, quienes fueron detenidos por violar el reglamento interno con la detención de Angélica y su madre, están condicionado el regreso de Angélica y su familia a Joya Real sin represalias a cambio de que se cancelen todas las cuestiones legales, incluso la de Agripino.
Pero insistió que en cuanto al proceso que se sigue al suegro de Angélica no se ha movido nada, “ese es un asunto delicado, aquí tendrá que ser la familia de Angélica la que determine si hay un cambio en cuanto a la situación legal, pero sabemos que es una situación grave y que no es sencilla como para cambiar de opinión”.
Argumentó que se supone que este es un hecho que está probado por las autoridades y por lo mismo hay una determinación judicial, “y nosotros decimos que se tiene que respetar la determinación judicial”.
Informó que Angélica y su mamá no han regresado a su comunidad porque no hay las condiciones para ello y siguen viendo en qué lugar pueden estar, aunque admitió que hay acercamientos con la gente y las autoridades de las comunidades pero todavía no retornan.
Dijo que por parte de Tlachinollan mantiene el apoyo para que se mantengan en el lugar que les asegure tranquilidad.
Insistió en que de parte de Tlachinollan ven que no hay condiciones para su retorno porque las medidas que dictó la Fiscalía son insuficientes y deficientes y la familia no se siente segura para regresar precisamente porque sabe que están condicionado su retorno.
“Más bien ellas están buscando refugio en otros lugares en donde se sienten más seguras”, declaró Barrera Hernández, quien informó que actualmente están en otra región.
Aclaró que el hecho de que no se encuentren en la Montaña hace difícil para Tlachinollan continuar con el apoyo que les han venido dando, “pero seguimos con la representación legal y con el seguimiento aunque haya factores que están influyendo para dividir a la familia, para impresionarla y como vemos que hay otros elementos no queremos ser un factor que genere conflicto en la decisión que vayan a tomar”, dijo en referencia al abogado que las presiona para que se desistan de los procesos legales a cambio de que regresen sin sufrir represalias a su pueblo.
Barrera Hernández, aclaró que en el acompañamiento que ha dado a la familia, Tlachinollan no ha pedido recursos ni para la familia de Angélica ni para Tlachinollan, como dijeron los coordinadores de la CRAC en la asamblea del domingo.
“Nosotros tenemos proyectos con agencias internacionales para el trabajo institucional. Cuando se han hecho campañas ha sido para poder garantizar apoyos extraordinarios a las víctimas. Somos un organismo no lucrativo y tenemos nuestros propios fondos a partir de proyectos que nos financian agencias de cooperación internacional”, explicó.
“En todo momento hemos apoyado a decenas de familias, tanto en casos de feminicidios, como de matrimonios forzados, violencia contra las mujeres y en casos de desastres”.
Informó que Tlachinollan brindó apoyo alimentario, por ejemplo, para más de 100 familias a víctimas de feminicidio y a víctimas de violencia, así como a familias que tienen personas desaparecidas.
“Es al revés, hemos brindado apoyo, no lo publicitamos porque con eso se pierde la esencia de nuestro trabajo solidario. El apoyo no es para cuestiones mediáticas ni para hacer publicidad como lo hacen las autoridades, simplemente es un apoyo solidario que respeta a las víctimas”, argumentó.
Recordó que Tlachinollan ha vivido desde hace 28 años con proyectos que obtiene a partir de su trabajo de agencias de cooperación internacional.
“Somos un organismo no gubernamental y no recibimos apoyo del gobierno ni de las instancias públicas, todo es apoyo solidario”, explicó Barrera Hernández.
Añadió que en el caso de Angélica y su familia, al contrario, Tlachinollan le garantizó que tuviera recursos para su hospedaje, para sus traslados, para alimentación y para gastos generales que han realizado.
En cambio recriminó que no ve que haya apoyo concreto, ni efectivo, tanto de la autoridad municipal de Cochoapa ni de las instancias estatales.
“No ha habido apoyo efectivo, más bien es acompañamiento, pero una cosa es el acompañamiento en términos mediáticos y solidarios y otra cosa es el apoyo en efectivo y Tlachinollan ha dado el apoyo en efectivo”.
Con respecto al señalamiento de que Tlachinollan trató de evitar que Angélica y su madre declararan ante la CRAC y resolver el caso de los coordinadores detenidos, Barrera Hernández, dijo que el organismo pretendió proteger los derechos de la niñez que garantizan tanto las leyes nacionales como las de los pueblos indígenas.
Explicó que los coordinadores de la CRAC que se encontraban detenidos, “de manera contradictoria” al sistema de justicia comunitario, contrataron a un abogado para que se encargara de liberarlos.
“El abogado fue el que se encargó de presionar a la familia de Angélica para que fuera a declarar a la CRAC, mientras que la postura de Tlachinollan fue que la decisión que tomó la CRAC para detener a los coordinadores fue porque decían que se violó el reglamento interno y no era competencia de la familia.
Sin embargo, añadió que el abogado particular y la CRAC llegaron al acuerdo de que tendría que ir a declarar la familia de Angélica para poder conocer los hechos y deslindar de responsabilidades a los coordinadores.
“El abogado particular llevó por su cuenta el caso y quería que fuera a declarar la niña Angélica y nosotros les dijimos en su momento a los coordinadores que la niña no tenía por qué ir a declarar debido a que era menor de edad y no podía ser tratada como una persona que estuviera sujeta a proceso penal porque las leyes tanto nacionales como de los pueblos indígenas la protegen”.
Barrera Hernández añadió que finalmente lo hicieron y que desconoce cuál fue el acuerdo que tomaron con la familia “entiendo que liberaron a los detenidos, pero a nosotros lo que nos preocupaba era proteger los derechos de Angélica y su familia para su retorno seguro a la comunidad”.
Insistió que eso no fue posible porque se condicionó su retorno a cambio de que se liberara tanto a los coordinadores de la CRAC como a Agripino, el suegro de Angélica.

 

El énfasis debe ponerse en el regreso paulatino de los militares a los cuarteles, plantea Tlachinollan

 

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que el matiz que gobernadores están dando a la Guardia Nacional, para que sus mandos sean civiles, es un avance.
Subrayó no obstante que el énfasis debe ponerse en regresar paulatinamente a los militares a sus cuarteles y fortalecer a las corporaciones policiacas –como recomiendan la ONU y al CIDH–, pues con el nuevo cuerpo se afianza a los soldados en las tareas de seguridad.
Lamentó que en el debate sobre la Guardia Nacional que promovió la Cámara de Diputados, se hayan excluido a los organismos civiles de derechos humanos.
Este martes 8 de enero, varios gobernadores, entre ellos Héctor Astudillo Flores de Guerrero, participaron en la primera audiencia en la Cámara de Diputados sobre la Guardia Nacional, para apoyar su integración con soldados, marinos y policías federales, con la condición de que el mando sea civil y recaiga en la Secretaría de Seguridad Pública y no en la de Defensa Nacional como propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
También rechazaron que la Guardia Nacional propuesta tenga facultades de investigación, como plantea la iniciativa presidencial, pues ésta es una tarea que corresponde al Ministerio Público.
En consulta telefónica, Barrera Hernández, ratificó que legalizar la Guardia Nacional deja la puerta abierta a la permanencia de los militares en los cuerpos de seguridad pública.
Señaló que se habla de que van a crear nuevos grupos de seguridad “desde una perspectiva militar, y creemos que en términos del modelo de seguridad, no cumple con estándares internacionales que señala Naciones Unidas y varios organismos internacionales”.
Recordó que los organismos de derechos humanos han reiterado que en gobiernos democráticos “el ejército no puede por ningún motivo suplantar a cuerpos policiales, sino, no tendrían razón de ser las corporaciones policiacas ni su función de prevenir el delito, proteger el patrimonio de las personas, su integridad física y garantizar el orden”.
Mientras los policías son agentes de atención y proximidad a la población, la formación de los soldados encuadra en la lógica de la guerra, de combatir al enemigo. En este contexto comparó el uso de soldados en actividades de seguridad pública, como un médico que atiende no sólo personas, sino a todo ser viviente, “aquí es como torcer mucho la figura de una Guardia Nacional que se quiere decir civil, con militares”.
Insistió en que con la Guardia Nacional se quiere imponer una mezcolanza, particularmente en Guerrero, donde los militares han asumido antes tareas de seguridad con una visión de contrainsurgencia, que ve a los ciudadanos organizados como rivales o enemigos, “es una visión maquiavélica de que quien actúa críticamente es un peligro para la estabilidad social”.
Advirtió que esa línea dura de usar las leyes para castigar a luchadores sociales y defensores de derechos humanos, que llevó a la cárcel a la ex comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, actual senadora por Morena, Nestora García a la cárcel, tiene como punto de quiebre la participación del Ejército en tareas de seguridad.

No hay policía corrupto, si no que hay político corrupto

De los altos índices de violencia, que parecen incrementarse todos los días, y la corrupción de las corporaciones policiacas que argumentaron para mantener a soldados en la calles durante dos sexenios, el defensor aclaró eso es negar que la figura del policía sí se puede profesionalizar.
Aclaró que la fecha no hay un programa que verdaderamente apueste al fortalecimiento de las corporaciones policíacas, “el punto más corroído del sistema de seguridad”, sin embargo, añadió que “no hay policía corrupto, sino hay político corrupto”.
Estimó que no se puede colocar en el banquillo de los acusados sólo a policías, que sí forman parte del engranaje de la corrupción, mientras no rindan cuentas los mandos de corporaciones policías como los funcionarios de gobierno.
El defensor insistió en una reforma que devuelva la confianza a los ciudadanos en los policías.
Por otro lado, confirmó que la vía de los hechos Guardia Nacional ya está operando en Guerrero. Indicó el Ejercito comenzó a tener control de la información de seguridad, porque todos los alcaldes de la región Montaña están entregando informes diarios en el 98 batallón de Tlapa, y se reúnen semanalmente con los responsables de la seguridad municipales.
Confirmó que los organismos están excluidos del análisis de la seguridad en el nuevo gobierno “porque sabemos que es una perspectiva que  debilita gravemente al sistema de seguridad estatal, federal y va en detrimento del fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, que son parte de nuestro sistema democrático”.

 

Los 43 en el Palacio Nacional

Con el dolor a cuestas por el asesinato de su hijo Julio César Ramírez Nava, en la trágica noche de Iguala, don Tomás Ramírez libró una descomunal batalla contra la enfermedad
y el olvido gubernamental. Se fue en el amanecer de este sexenio exigiendo justicia y castigo a los responsables por este crimen abominable. Doña Bertha, la madre aguerrida de Julio César, en medio de tantas precariedades y sufrimientos es un ejemplo de dignidad y reciedumbre.

Este lunes 3 de diciembre será una fecha memorable para el país, por el encuentro histórico que protagonizarán las madres y padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional.
Este momento es de suma trascendencia, no sólo por la carga simbólica que conlleva el movimiento de los 43 padres y madres que cimbraron las estructuras de un poder presidencial omnipotente y arrogante, sino porque es un giro total en la nueva forma de ejercer el poder público tendiendo la mano a quienes han luchado con toda su fuerza para exigir a las autoridades que cumplan su responsabilidad de investigar estos hechos atroces y dar con el paradero de sus hijos. Es muy significativo que el nuevo presidente coloque como primera acción de su gobierno la firma del decreto presidencial para alcanzar la verdad y acceder a la justicia sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Las madres y padres de familia tuvieron que padecer 50 meses para establecer un acuerdo con el titular del Poder Ejecutivo que de cara a la nación se compromete a investigar estos deleznables hechos. También tuvieron que dar la batalla en diferentes frentes: en el plano internacional solicitaron la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la valiosa contribución del Equipo Argentino de Antropología fForense para dilucidar la inconsistencia de la “verdad histórica” y el apoyo invaluable de la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Fue determinante su acuerpamiento como un colectivo ejemplar que logró conformar la comuna de Ayotzinapa entre los padres y madres de familia y el apoyo incondicional de los estudiantes. En estos cuatro años han logrado constituir un referente nacional de las luchas más emblemáticas de los últimas cinco décadas. El movimiento que generaron en torno a esta causa fue inédito porque lograron romper ese muro infranqueable impuesto por una figura presidencial intocable, blindada por el aparato represivo del Estado y por la parafernalia mediática que con un discurso hueco propalaban una imagen falsa de las autoridades federales.
Como país nunca hubiéramos imaginado que 43 padres dedicados al trabajo del campo y 43 madres entregadas a las labores domésticas y a la atención de sus hijos lograran irrumpir en la escena nacional como actores con gran autoridad moral cuyas acciones de protesta y sus denuncias públicas emitidas con un lenguaje sencillo y punzante lograron convocar a un gran número de organizaciones sociales y civiles a lo largo y ancho del país.
Se transformaron en el emblema de la protesta social; en el número que condensa el quiebre de un sistema corrupto y en el punto de coincidencia de una abigarrada fuerza social cuyas luchas han sido forjadas a lo largo de los años, con el costo de muchas vidas peleando incansablemente desde las trincheras de la resistencia.
Desde el momento en que las madres y padres decidieron emplazar a los candidatos a la Presidencia de la República para que públicamente fijaran su postura sobre el caso Ayotzinapa, optaron por colocar en la agenda de los candidatos el caso de los 43. Fue en Iguala donde el entonces candidato de Morena, compartió la tribuna con una amplia delegación de madres y padres de familia, quienes le pidieron que fijara su posición sobre el tema. Desde esa fecha López Obrador asumió el compromiso de investigar a fondo el paradero de los 43 estudiantes. Este compromiso lo ratificó el 26 de septiembre, cuando se cumplía el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. El candidato electo instruyó al hoy subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que se conformara un equipo de trabajo con los representantes legales de las madres y padres de familia para trazar las principales líneas del decreto presidencial que se fue afinando a lo largo de dos meses para que hoy culmine este esfuerzo con la firma del mismo.
Hay muchas expectativas de que se pueda emprender con el nuevo gobierno una ruta de trabajo que tome en cuenta la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito Judicial, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia sobre el caso de Iguala. Tanto los dos informes del GIEI, como el último informe elaborado por el Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH y el exhaustivo informe que recientemente presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abonan para que el nuevo diseño de la Comisión de Investigación pueda profundizar en las diferentes líneas, tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas, así como sus representantes legales y la misma CNDH.
Será determinante la asistencia y cooperación de la CIDH y la oficina de la ONU en México, así como el apoyo de los expertos internacionales para que coadyuven en el esclarecimiento del caso. El mismo subsecretario Alejandro Encinas ha manifestado su compromiso de dar cumplimiento al mandato presidencial de atender el caso de Ayotzinapa con el fin de dar con el paradero de los 43 estudiantes. En diferentes foros ha dicho que no va estar de “florero”, ni se va a prestar para componendas. Impulsará las líneas de investigación trazadas por el GIEI y estará muy atento a las propuestas y opiniones que emitan los familiares de los estudiantes.
Las madres y padres han sido muy claros y contundentes, reconocen en primer lugar la apertura, el compromiso y la sensibilidad del nuevo presidente de la República. Se han sentidos escuchados y valorados. Ellas y ellos han manifestado que por primera vez sienten que se les reconoce y respeta como personas con dignidad, sin embargo, han subrayado que la confianza se va a ganar en la medida que se avance en las investigaciones y haya resultados tangibles y científicos. Han reiterado que no se van a poner obstáculos, ni proteger a funcionarios, mucho menos limitar espacios o lugares para indagar el paradero de sus hijos. Estarán muy atentos en este nuevo proceso de investigación, serán partícipes y cooperadores con el Ministerio Público, por lo mismo estarán vigilantes de todas sus actuaciones. Sabrán respetar su investidura y autonomía, pero siempre y cuando vele por el derecho de las víctimas. El discurso d el presidente Andrés Manuel López Obrador en su toma de posesión, centrado en lo que definió como un cambio de régimen político y que lo sintetiza como la Cuarta Transformación, tiene en el caso de Ayotzinapa la prueba de fuego. Su proclama de “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México” es un compromiso muy profundo en el que la mayoría de los mexicanos y mexicanas ponen sus esperanzas para que acabe la corrupción y la impunidad que son la causa principal de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y de la violencia que padecemos.
Para las y los guerrerenses, este mensaje presidencial conlleva la transformación de estructuras gubernamentales que están ancladas en la corrupción y coludidas con organizaciones delincuenciales y por lo mismo tiene que haber cambios sustantivos en las instituciones del estado. No podemos quedarnos con la mera retórica y las autoridades locales deben entender que no pueden continuar con las mismas prácticas que reproducen la corrupción y que protegen intereses ilícitos dentro del aparato gubernamental. No podemos aceptar que los ciudadanos y ciudadanas sigamos relegados de los derechos básicos y sobre todo resignarnos a padecer el flagelo de la violencia a causa de la incapacidad de las autoridades y la complicidad que existe con grupos de poder fáctico, al no querer desmantelarlos y por el contrario permitir que se asuman como amos y señores en varias regiones del estado.
Las autoridades están obligadas a rendir cuentas y a terminar con el maridaje que se ha reproducido a lo largo de los años entre la clase política y las élites económicas. Tiene que haber una depuración a fondo de las corporaciones policiales y de la misma Fiscalía General del Estado. No podemos seguir arrastrando vicios y tolerando abusos y acciones ilícitas de las autoridades. Los colectivos de las víctimas de la violencia tienen que ser atendidos y escuchados con la misma presteza y compromiso como lo está haciendo el nuevo presidente de la República. El electorado de Guerrero votó por un cambio que por la vía de los hechos es un mandato del pueblo para que las autoridades se alineen a este clamor y coloquen en el centro de su acción política el respeto irrestricto a los derechos humanos. Los familiares de las víctimas de la violencia no sólo han perdido a sus seres queridos, sino que también perdieron la confianza en las autoridades del estado que las han estigmatizado e ignorado, y a pesar de ello siguen en la primera línea dando la pelea, poniendo en riesgo sus vidas, con el único fin de que haya verdad y justicia y se acabe este sistema corrupto. El gobierno de Guerrero tampoco tiene derecho a fallarle al pueblo.

 

Abren en la capital un centro de atención a víctimas

En la inauguración del Centro Minerva Bello, que defenderá los derechos de las víctimas de la violencia, familiares y defensores de los derechos humanos exigieron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que no haya perdón ni olvido para los agresores y señalaron que el gobernador Héctor Astudillo criminaliza a las víctimas. En la gráfica, el presídium de la ceremonia con Tita Radilla, Sandra Luz Román, María Guadalupe Rodríguez, Martha Obezo, el obispo Salvador Rangel y Clemente Rodríguez Moreno, padre de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos Foto: Jessica Torres Barrera

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

En la inauguración del Cnetro Minerva Bello el obispo Salvador Rangel dijo que el nuevo gobierno federal da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.

 

Exigen familiares y defensores a AMLO que no haya perdón ni olvido y señalan que Astudillo criminaliza a víctimas

Entre exigencias al próximo gobierno federal para que no haya perdón ni olvido, y reproches al gobernador Héctor Astudillo por su señalamiento de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y el obispo Salvador Rangel, participaron en la inauguraron del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello).
El nuevo Centro de Derechos Humanos lleva el nombre de la madre del estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014. Minerva Bello falleció en febrero pasado en Omeapa, municipio de Tixtla, sin haber encontrado a su hijo.
El Centro Minerva Bello fue inaugurado a las 6 de la tarde de ayer y se encuentra ubicado en la avenida Gobernadores 15, del fraccionamiento Villas Adame en la capital.
El obispo Salvador Rangel celebró la apertura porque denunció que en Guerrero se ha violentado y pecado mucho contra la vida, “a pesar de que es un derecho fundamental que tenemos como personas”, y agregó que es esa vida la que se tiene que proteger y defender en los centros de derechos de las víctimas como éste.
Agregó que por eso le da gusto que se abra esta casa y el movimiento en favor de los derechos humanos. Recordó que en abril los obispos publicaron un proyecto que establece su compromiso para estar con las causas sociales y a favor de la paz.
Explicó que por eso él se ha comprometido en trabajar por la paz, con las víctimas y con los victimarios, porque agregó que “si sabemos de dónde viene la fuente de la violencia, tenemos que ir a pararla”, dijo en referencia a sus constantes reuniones con los grupos delictivos que generan la violencia en el estado.
En su intervención, el prelado anunció que en breve se abrirán otros dos centros de atención a víctimas, uno en Iguala y otro en Chilapa, “porque estamos con ustedes y queremos caminar con ustedes”, dijo a víctimas de la violencia, representantes de colectivos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.
Añadió que la Iglesia quiere comprometerse más con los derechos humanos, con las víctimas de la violencia, y con la gente, pues criticó que en vez de que las heridas de la violencia vayan secando, las muertes diarias, los levantones y secuestros las reavivan. Informó que en los últimos días ha tenido que intervenir para resolver los casos de tres secuestros.
Frente al problema de la violencia en la entidad, el prelado convocó a las víctimas y a defensores a empoderar a la sociedad y a “sacudirnos el miedo” y luego dijo que el nuevo gobierno federal le da mucha confianza y esperanza a los ciudadanos.
Durante la inauguración, a la que asistieron unas 200 personas, familiares de víctimas de desaparecidos colocaron pancartas atrás de la mesa del presídium con fuertes críticas al gobernador por el señalamiento que hizo en Acapulco la semana pasada en el sentido de que muchos jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales.
“Los jóvenes desaparecidos eran estudiantes, trabajadores, empresarios, hijos. No eran delincuentes”, se leyó en una de ellas. Otra más decía: “Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, eres maldito por criminalizar a nuestros hijos”.
El director del Centro Minerva Bello, José Filiberto Velázquez Florencio, explicó que aun cuando el organismo surgió con “inspiración cristiana”, está abierto para creyentes o no creyentes porque agregó que las injusticias del mundo no tienen credo.
Explicó que trabajarán en tres ejes: la sanación, que será la atención sicológica y espiritual; la atención médica y la defensoría legal. Anunció que trabajaran en coordinación con organismos como el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinollan y el Centro Regional de Derechos Humanos, José María Morelos y Pavón (Centro Morelos).
Asistieron a la inauguración el director de Tlachinollan, Abel Barrera; el director del Centro Morelos, Manuel Olivares; la presidenta del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla; la representante de Madres Iguatecas de Desaparecidos, Sandra Luz Román; la viuda del diputado Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso.
Asimismo, la representante de Familiares de Desaparecidos Indígenas de Chilapa, Reyna Hernández; el representante de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, Clemente Rodríguez; una comisión de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Mactumatzá, Chiapas; el presidente del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz.
La presidenta del colectivo Chilpancingo, lamentó que para enfrentar al Estado y exigir sus derechos como víctimas hayan tenido que unir fuerzas en colectivos y en centros de derechos humanos como éstos, “porque el Estado no quiere saber nada de las víctimas”.
A su vez, Clemente Rodríguez criticó que el gobernador Héctor Astudillo haya asistido a Tixtla “con todo cinismo” a presidir el desfile el 9 de agosto por el natalicio de Vicente Guerrero, cuando apenas había señalado que algunos jóvenes están desaparecidos por sus actividades delincuenciales y cuando todavía el gobierno no ha dado resultados de las investigaciones.
Abel Barrera también celebró la apertura del Centro Minerva Bello porque dijo que en un estado violento y en donde reina la impunidad como Guerrero estos esfuerzos son importantes y significativos.
El defensor de los derechos humanos añadió que el Centro Minerva Bello nace desde la raíz del dolor y la indignación de las víctimas que no han encontrado eco a sus reclamos de justicia, y añadió que ante ello es necesario romper y resquebrajar el muro de la impunidad, y denunció que la pequeñez, mezquindad y colusión de las autoridades con el crimen organizado hace que la injusticia siga acorazada.
El director del Centro Morelos cuestionó que el gobernador haya dicho que los jóvenes están desaparecidos por su participación en acciones delincuenciales, y también criticó la postura del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que “no debe haber olvido pero sí perdón” a los victimarios de la violencia. Olivares dijo que no, que las víctimas reclaman ni perdón ni olvido.
Tita Radilla lamentó que actualmente todavía se siga luchando en contra de la impunidad, como desde la guerra sucia en la que los victimarios, que fueron los militares, que también eran delincuentes y que si se hubieran castigado en su tiempo, hoy no habría impunidad.
La viuda del diputado perredista Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso, denunció que actualmente se sigue criminalizando a las víctimas de la violencia como ocurrió con su esposo, “después de muerto, viene la criminalización, el lodo, la difamación”.

 

 

La sentencia de la Coidh por el caso de Valentina no se ha cumplido totalmente, dice Tlachinollan

En vísperas de que un juzgado civil federal emita la sentencia en contra de los soldados acusados de la violación sexual de la indígena Valentina Rosendo Cantú, en acatamiento a la sentencia que emitió el 31 de agosto del 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan reclamó que la sentencia no se ha cumplido total ni cabalmente.
El 24 de mayo organizaciones del Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México informaron que en los próximos días una jueza federal en México podría emitir la sentencia en el juicio penal en contra de dos soldados acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo.
Ayer Tlachinollan, organismo que brindó acompañamiento a la víctima en la presentación de la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), dio a conocer una ficha técnica en la que establece el estado actual de la sentencia, que revela sólo el cumplimiento parcial a 8 años de que se emitió.
Por ejemplo, de acuerdo a esta sentencia el Estado debería adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con lo establecido en el párrafo 222 de la sentencia.
Sin embargo en los últimos años se han aprobado reformas que son un retroceso y desconocen el objetivo intrínseco de las resoluciones emitidas por la Corte, “es decir, compatibilizar estándares internacionales y la necesidad que sean tribunales ordinarios los que investiguen y juzguen casos de esta naturaleza”.
Una de estas leyes, citó, es la Ley de Seguridad Interior que se aprobó en diciembre pasado que “que extrapola las facultades de las Fuerzas Armadas, lo que va en contrasentido de esta medida de reparación”.
Uno de los puntos que sí ha cumplido el Estado mexicano es el que se refiere al acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación con los hechos que se llevó a cabo con la participación de Valentina Rosendo, “y en los términos señalados por la sentencia” el 15 de diciembre de 2011.
Sin embargo, Tlachinollan cuestiona que en la sentencia se pidió al Estado mexicano realizar las publicaciones dispuestas, de conformidad con lo establecido en el párrafo 229, pero menciona que la sentencia se publicó en diarios de circulación nacional, así como en el Diario Oficial de la Federación en idioma español, y que “en relación al idioma me’phaa y su emisión en radiodifusoras locales no se cumplió totalmente”.
También que el Estado deberá continuar la estandarización de un protocolo de actuación para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 242 de la sentencia.
Dijo que si bien el Estado mexicano ha adoptado ciertos documentos relacionados con el problema y se ha avanzado con el diseño de protocolos y guías en la materia, no incluyen criterios relevantes a la luz de las sentencias respecto de la perspectiva de etnicidad.
En los párrafos 245 y 246 de la sentencia se ordena al Estado mexicano continuar implementando programas y cursos permanentes de capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero.
En la ficha técnica Tlachinollan reprocha que los cursos reportados por el Estado mexicano tienen como temática principal la perspectiva de género y existe un programa en línea de Protocolos de Investigación Ministerial, Policial y Ministerial con Perspectiva de Género.
“No obstante de ellos no puede desprenderse que incluyan perspectiva de etnicidad. Tampoco que el cumplimiento se haya realizado plenamente, ya que es mínima la cantidad de servidores públicos del estado de Guerrero que toman estas capacitaciones”, expone.
Dice que el Estado continuamente enlista una serie de programas de formación, talleres y actividades dirigidos por la Fiscalía General de Guerrero y la Secretaría de la Mujer en el estado, así como por Inmujeres a nivel federal, “sin embargo, ninguno de estos atiende las problemáticas planteadas”.
En la sentencia la Coidh ordena al Estado mexicano a continuar acciones desarrolladas en materia de capacitación en derechos humanos de integrantes de las Fuerzas Armadas, “y deberá implementar, en un plazo razonable, un programa o curso permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas”.
El organismo asegura que el Estado mexicano ha presentado una lista de talleres y capacitaciones que no son de carácter permanente ni se han diseñado como resultado de la implementación de esta medida de reparación.
“Además sin aportar información adicional que permita conocer las medidas realizadas para implementar el programa o curso permanente y obligatorio de capacitación que incluya, entre otros temas, los límites en la interacción entre el personal militar y la población civil, género y derechos indígenas, dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas en todos los niveles jerárquicos”, señala.
Tlachinollan denuncia también que a pesar de que en la sentencia se obliga al Estado mexicano a brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, en varias ocasiones no se cumple aun cuando Valentina cuenta con una atención especial hacia su salud, pues tiene que “intermediar ante las instancias de gobierno reiterándoles la calidad de ambas y el deber prioritario de atenderlas”.
Destaca que el sistema por el cual se les proporciona servicio médico es el Seguro Popular con enlaces de salud, “el cual no ha logrado cumplir lo que se esperaba”.
En el párrafo 260 de la sentencia se ordena al gobierno de México continuar brindando servicios de tratamiento a mujeres víctimas de violencia sexual por medio del centro de salud de Caxitepec, el cual deberá ser fortalecido a través de la provisión de recursos materiales y personales.
“Esta medida se encuentra totalmente incumplida. Si bien el Estado ha señalado que el Centro de Salud Caxitepec cuenta con médicas pasantes que laboran tres semanas de medio tiempo, esto no es suficiente ni establece cómo estos médicos o médicas se han visto fortalecidas para atender a víctimas de violencia sexual. Además, el centro de salud no cuenta con abastecimiento continuo de medicamentos”, expone el organismo de derechos humanos.

 

Resolverá un juzgado civil la violación de soldados a Valentina, informa Tlachinollan

A 16 años de la violación de la indígena me’ phaa Valentina Rosendo Cantú y a ocho de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) contra el Estado mexicano, el juzgado Séptimo de Distrito del estado resolverá el primer caso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Mediante un comunicado el organismo de derechos humanos anunció que en los próximos días la jueza del juzgado Séptimo de Distrito, Iliana Fabricia Contreras Perales emitirá una sentencia de primera instancia sobre la presunta responsabilidad de dos militares por la tortura sexual contra Valentina Rosendo Cantú.
Antes del fallo de la Coidh sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, en noviembre de 2009, los casos en donde estaban involucrados militares los resolvía el Consejo de Justicia Militar (CJM), el Ejército juzgaba a sus elementos y las resoluciones no se hacían públicas o no se sabía si se cumplían.
El ataque a Valentina Rosendo Cantú ocurrió el 16 de febrero de 2002 en la localidad de Barranca Bejuco, en el municipio de Acatepec en la Montaña alta de Guerrero y la Coidh dictó la sentencia del caso el 21 de agosto de 2010.
Tlachinollan mencionó que por la omisión de los tribunales nacionales la Corte fue la primera en dictar sentencia en el caso, así como en el de Inés Fernández Ortega, dos mujeres indígenas que en diferentes lugares y circunstancias fueron torturadas sexualmente por militares el mismo año.
Subrayó que dado que la agresiones ocurrieron en un contexto de pobreza y discriminación, la Corte Interamericana creó la denominación “violencia institucional castrense.”
Destacó los casos paradigmáticos a nivel nacional e internacional porque sentaron precedentes para el desarrollo del término “tortura sexual” y “violencia institucional castrense”, y se convirtieron en un referente en la defensa de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y de la lucha contra la tortura sexual.
Asimismo indicó que tribunales de otros países toman como referente el caso de Valentina para exigir garantía a los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada y a la protección judicial para todas las mujeres.
En el escrito Tlachinollan confió en que la sentencia del la jueza federal permita materializar la larga búsqueda de justicia que Valentina mantiene desde hace 16 años, que ha enfrentado bajo amenazas, hostigamiento y agresiones que impactaron su vida personal, familiar y comunitaria.
Destacó la oportunidad histórica del caso, porque se está a punto de resolver en el fuero civil el primer proceso de tortura sexual cometida por soldados del Ejército, y de aplicar los estándares emitidos por la propia Coidh sobre cómo juzgar estos casos con perspectiva de género y etnicidad, estableciendo un precedente nacional.
Consideró que la resolución del proceso judicial por las violaciones graves de derechos humanos cometidas en contra de Valentina Rosendo, “llega en un momento clave en el que se discute la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la participación de los elementos del Ejército en actividades de seguridad pública, regulada en la Ley de Seguridad Interior”.
Mencionó que la Ley de Seguridad Interior es cuestionada por diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, y contradice el sentido de la sentencia de la Corte que solicitó al Estado mexicano reformas legislativas con el fin último de proteger y garantizar justicia a la población por violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército.
Como representante legal de Valentina Rosendo Cantú, Tlachinollan aclaró que hasta que no cuenten con sentencias firmes, con reparación en materia de justicia, la sentencia de la Corte no se considerará cumplida.

 

Expone Tlachinollan en foro de la ONU el caso de Arturo Campos de la CRAC que estuvo cuatro años preso

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, expuso el caso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en Guerrero, y en particular, la detención del consejero Arturo Campos Herrera, en la consulta Criminalización y ataques contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos: propuestas de acción para la prevención y protección, de este lunes y martes en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra.
En un boletín informó que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz convocó a Tlachinollan, entre otros actores de la sociedad civil, a representantes de pueblos indígenas y mecanismos internacionales de derechos humanos a participar en la consulta.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera habló de la formación de la CRAC-PC para brindar seguridad a las comunidades indígenas de la microrregión Costa Chica- Montaña, en el ejercicio de sus derechos a la libre determinación de los pueblos y de sus sistemas normativos.
En mesas de trabajo explicó cómo a través de los años, la CRAC-PC se convirtió en elemento de organización fundamental de varios procesos de la lucha indígena, como en San Miguel del Progreso, donde los pobladores emprendieron una lucha legal contra una concesión minera en sus tierras comunales, y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, ejidatarios opositores al proyecto hidroeléctrico La Parota también se unieron por la seguridad.
Señaló que “la criminalización de los integrantes de la CRAC-PC por autoridades estatales y federales ha sido un claro mensaje en contra de las comunidades indígenas que han logrado organizarse contra la delincuencia, y que han encontrado formas de articulación que les permiten defender sus derechos”.
Barrera Hernández se refirió al encarcelamiento del consejero de la CRAC-PC y defensor comunitario del pueblo na’ savi, Arturo Campos Herrera, como un caso paradigmático de la criminalización en el estado.
Planteó que “su permanencia por más de cuatro años en prisión preventiva por un delito que no cometió, mostró la saña del gobierno en su contra y la prevalencia de un sistema de justicia incapaz de incorporar en su operación la interculturalidad, los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos”.
Denunció los actos de violencia y violaciones graves a los derechos humanos en una operación de más de 200 elementos de las fuerzas de seguridad en la comunidad de comunidad de La Concepción, en los Bienes Comunales de Cacahuatepec.
Indicó que hay 25 personas en proceso judicial, 13 policías comunitarios del homicidio de seis personas armadas durante un enfrentamiento producto de la división intracomunitaria, que fomentaron los gobiernos estatal y federal para implementar el proyecto hidroeléctrico de la presa La Parota.
Destacó que existen otras formas de prevención y protección de sus derechos, desarrolladas por las comunidades indígenas de Guerrero, como la reelaboración de sus estatutos comunales, la creación de un Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CAADT), y la reactivación de las asambleas agrarias como la máxima autoridad de toma de decisiones por usos y costumbres que mantiene a las comunidades en diálogo y acuerdo para estar unificadas.
Opinó que en este contexto de organización es necesario que existan mecanismos de protección colectiva para las personas defensoras de origen indígena y sus comunidades, que no se incluyen en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además se informó que en septiembre de este año la relatora Victoria Tauli-Corpuz presentará un informe temático en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que incluye el reporte sobre su visita a México de noviembre de 2017, que consideró La Montaña de Guerrero.
Reconoció que los informes de las y los relatores de la ONU hace años han contribuido al desarrollo de los estándares internacionales de derechos humanos.
Confió en que la participación de Tlachinollan “abonará al contenido de estos nuevos estándares, poniendo de relieve el impacto colectivo de la criminalización y la violencia en las comunidades indígenas y el respeto a medidas de que los propios pueblos indígenas han implementado para su prevención y protección”.

 

Toman normalistas y padres de los 43 la caseta de Paso Morelos; 200 policías federales los rodean

Unos 40 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa tomaron durante dos horas la caseta de Paso Morelos, de la Autopista del Sol, en el municipio de Huitzuco, como parte de las acciones para difundir la realización de la Sexta Convención Nacional Popular, a celebrarse los días 17 y 18 de este mes.
Por separado, a través de un comunicado, el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que unos 200 policías federales realizaron un “encapsulamiento”, es decir rodearon, a alumnos y padres de los desaparecidos en la caseta de Paso Morelos, a quienes supuestamente amenazaban con agredir.
Fuentes de la Policía Federal reportaron que a las 11:40 de la mañana, unos 40 jóvenes, que se identificaron como alumnos de la normal de Ayotzinapa, llegaron a la caseta de peaje con el rostro cubierto y la tomaron; después desviaron las cámaras de seguridad, para evitar que los grabaran, y levantaron las plumas de metal, permitiendo el paso a los automovilistas, a quienes no les cobraban la cuota establecida por la caseta, pero sí les pedían cooperaciones económicas.
En la caseta colocaron una manta, en la que demandan un seguimiento urgente a las cuatro líneas de investigación sugeridas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
La investigación a policías municipales de Huitzuco, la participación de soldados del 27 batallón de infantería de Iguala en los ataques y desaparición de sus 43 compañeros; la telefonía celular de los normalistas después de su desaparición y el trasiego de droga en autobuses de la ruta Chicago-Iguala.
Las mismas fuentes policiacas reportaron que el grupo de normalistas terminó su protesta a la 1:55 de la tarde y después de esa hora regresaron, en el autobús que viajaban, con dirección a Chilpancingo, sin que reportaran algún incidente con los estudiante.
Cerca de las 2 de la tarde, a través de un comunicado difundido en redes sociales, el abogado de los padres de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció un “intento de agresión” por parte de unos 200 policías federales, en contra de los normalistas y una comisión de padres que los acompañaba.
“El día de hoy, a las 10 horas, un contingente de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y padres de los 43, arribaron a la caseta de Paso Morelos para realizar un mitin y difundir la realización de la Sexta Convención Nacional Popular, a celebrarse los días 17 y 18 de los corrientes”, dice el comunicado.
Agrega: “Sin embargo, en este momento más de 200 policías federales mantienen encapsulados a los que protestamos y amenazan con agredirnos”, dice en referencia de que los tenían rodeados.
De este hecho, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, hizo responsable a los gobiernos federal y estatal de lo que pudiera ocurrir, y advirtió que no darán ni un paso atrás en su protesta. “No les bastó desaparecer a nuestros 43 compañeros, se empeñan en seguirnos hostigando y negando la verdad y la justicia. Se empeñan en seguirnos reprimiendo. Hasta cuándo soportaremos este gobierno represor y corrupto”.
Más tarde, en un segundo comunicado de la normal de Ayotzinapa se informa que “el intento de agresión de la Policía Federal no pasó a mayores. Los padres, madres y estudiantes de Ayotzinapa realizamos la protesta pese al hostigamiento, y en estos momentos nos encontramos en las instalaciones de nuestra normal rural”.
Reiteraron su agradecimiento por las denuncias hechas y por estar pendientes de ellos, “sin duda alguna, el apoyo de ustedes fue decisivo para frenar a los policías corruptos”.

 

Marcha el Frente Popular de Tlapa; pide obras, justicia por Ayotzinapa y libertad a presos políticos

 

Integrantes y simpatizantes del Frente Popular de Tlapa (FPT) marcharon por su segundo aniversario y demandaron la construcción escuelas,  redes de agua potable y drenaje y  pavimentación de calles y carreteras  así como mayor apoyo al campo.
Además exigieron la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y justicia para Antonio Vivar Díaz quien fue asesinado en el 2015 en la jornada electoral por policías federales, la libertad de los presos políticos y la desaprobación a la Ley de Seguridad Interior (LSI).
En la marcha participaron cerca de mil 500 personas de las comunidades de Zacualpan, Tlacuiloya, Tlatzala, Tenango Tepexi,  Xalatzala, Coachimalco y colonias de Tlapa como la 5 de Mayo, Loma Bonita, El Dorado, la Lázaro Cárdenas, Tepeyac y Miguel Hidalgo.
La marcha inició cerca de las 10:30 de la mañana en el mercado Nuevo Horizonte para Guerrero y avanzó por las calles principales de Tlapa y terminó en un mitin frente al Ayuntamiento de esta ciudad donde  los asistentes colocaron sus mantas con las demandas de cada comunidad y otras poblaciones como la de Ocotequila del municipio de Copanatoyac que pidió la pavimentación de su carretera.
En el mitin participó el integrante de la Organización Popular  Independiente de Guerrero (OPIG), Israel Jiménez Martínez quien dijo que  el sexenio peñista ha dejado pobreza y marginación en las comunidades indígenas.
Se pronunció contra la LSI y dijo que sólo servirá para reprimir a los movimientos sociales y además dijo que las leyes energéticas sólo han generado el aumento del gas, la gasolina, la energía eléctrica y también que las mineras buscan despojar a los pueblos de su territorio.
Llamó a la organización de los pueblos para impulsar las leyes que permitan defender los derechos, como la ley general de consulta de los pueblos indígenas.
Además pidió justicia por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y libertad a los presos políticos.
También participó el integrante del a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias –Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Paraíso, en Ayutla, Arturo Campos Herrera quien pasó cuatro años en la cárcel y recientemente obtuvo su libertad tras acreditar su inocencia en los delitos que le imputaron, él pidió la libertad de sus compañeros Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Marco Antonio Suástegui y los más de 30 detenidos en la comunidad de La Concepción en Acapulco de quienes dijo su único delito fue organizarse para defender a su pueblo.
Llamó a la unidad de las luchas para enfrentar los embates del sistema.
Por separado, la integrante de la Organización de Comerciantes Ambulantes, Orquídea Aguilar Rodríguez lamentó la criminalización a su actividad en la ciudad la cual consideró que no era un delito ya que lo hacen para mantener a sus familias y se organizaban para exigir mejores aulas para sus hijos y no fueran de cartón y carrizos, se quejó de la falta de medicamentos y la atención de especialistas en los hospitales y falta de ambulancias.
Pidió seguridad para las mujeres y frenar los feminicidios porque tiene miedo de que sus hijas salgan a la calle y las maten.
También habló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan,  Abel Barrera Hernández  quien criticó a los políticos que ya  salieron de su madriguera a buscar los votos en este proceso electoral para seguir robando, pero no para buscar el bienestar de la gente.
Lamentó que los ayuntamientos estén vacíos y los presidentes, síndicos, regidores y trabajadores sólo se presenten a cobrar y no atiendan ni resuelvan las demandas de la población.
También el representante de la CETEG, Apolo Morán llamó a la unidad y a impulsar un gobierno popular porque hay políticos que no terminan su cargo y van para otro. Consideró que hay inseguridad en los pueblos y cuando éste se organiza para protegerse son reprimidos.