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Sin personal ni formación operan las instituciones de justicia, dice Tlachinollan del caso de Yndira


La agresión sexual que denunció la activista Yndira Sandoval Sánchez por una mujer policía de Tlapa, “mostró la precariedad con que trabajan las instituciones que imparten justicia, falta personal y no tienen una formación con perspectiva de género y de derechos humanos”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Neil Arias mencionó que la organización intervino para que Sandoval Sánchez pusiera su denuncia formal cuando sufrió la agresión, ya que los hechos fueron el fin de semana y falta personal en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pues sólo está la titular Osbelia Blanco Martínez, quien ese día estaba en una diligencia en Atlamajalcingo del Monte, y es la responsable de atender los 19 municipios de La Montaña.
Barrera Hernández dijo que eso mostraba la precariedad con que se trabaja en la región, porque faltan peritos, médicos legistas e infraestructura, no hay perspectiva de género y se revictimiza a las mujeres.
Comentó que los policías trabajan de forma opaca, no se sabe cuántos están acreditados, con qué controles internos se manejan, no hay registros ni control de detenidos, o si aplican protocolos en una detención que garantice el debido proceso, “es una improvisación total”.
Dijo que eso lleva a que haya actuaciones desproporcionadas en el uso de la fuerza, no distinguen entre un delito y falta administrativa, para ellos todo es detención y eso lleva al abuso de poder de todo el aparato local y estatal.
Mencionó que se han documentado casos en que hay deficiencias en la integración de las carpetas de investigación, donde se revictimiza a las mujeres que denuncian a sus parejas por violencia y son criminalizadas.
Arias Vitinio dijo que hay dificultades estructurales para acceder a la justicia y en el caso de Yndira, quien conoce sus derechos y es defensora, se tardaron dos días en atenderla, recurrió a medidas cautelares ante el hostigamiento y fue custodiada a la ciudad de Puebla por policías estatales.
Agregó que con el nuevo sistema de justicia se pretende que sea eficaz, expedita y gratuita, pero no ocurre así.
Dijo que el delito en contra de Yndira es muy grave y si se contará con personal adecuado y capacitado se debió vincular a proceso porque acudió al Ministerio Público a denunciar la violación y podía pasar como flagrancia, pero como hay impunidad no se integró la carpeta.
Lamentó que ahora se pretendan desvirtuar los hechos y la quieren hacer pasar por una alcohólica mediante la publicación de videos.
Mencionó los casos de Valentina e Inés, violadas por militares, que derivó en la implementación de protocolos para atender a las víctimas y pidió que se apeguen a esos estándares.

Las acusaciones son falsas, responde la policía

En su perfil de Facebook la policía municipal Claudia Juárez Gómez posteó que en un programa de radio Yndira Sandoval, “me acusó de manera falsa e injusta de haberla violado, esta acusación tan grave es una total mentira”.
“Lo único que hice fue protegerla pues se encontraba en total estado de ebriedad, se había quitado su ropa interior, se negaba a pagar un servicio en una clínica y alteraba el orden público, alegando que es muy importante y muy influyente”, afirma.
Dice que tiene tres hijas, dos de seis años y una de cuatro, que es incapaz de hacer lo que se le acusa y que está dispuesta a encarar la verdad “y a la señorita”.
Remarca que ella no es importante ni preparada, pero “no soy una violadora”, y pide a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) que también la defienda a ella.

El caso está en manos de las autoridades competentes, expone el alcalde

El presidente municipal priista, Jesús Noé Abundiz García manifestó que desde el momento en que se enteraron del hecho y fueron notificados por la Codehum y la Fiscalía, han brindado la información que les han solicitado, y de igual forma atenderán a la notificación que llegó hace unos días de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Manifestó que esperan agilidad en las investigaciones para que se determinen los culpables y las sanciones, en caso de que haya responsabilidad de los policías.
Manifestó que no podía dar más información porque el caso está en las instancias judiciales.

Difunden videos de la activista en redes sociales

Este lunes después del mediodía empezaron se difundieron dos videos de Sandoval Sánchez, al parecer grabados por policías, en uno se observa  alcoholizada y le dicen que se suba a la patrulla, ella dice que no es delito tomar, y se identifica como activista de derechos humanos.
En el otro está en la Dirección de Seguridad Pública y los policías le piden que firme y entregue sus pertenencias, ella dice que no firma hasta que le digan para qué, pero entrega pulseras y dice que le incomoda a los policías que una ciudadana sepa sus derechos.

Marcharán para exigir justicia

La vocera de la activista, Rosalinda Pimentel informó que el próximo miércoles marcharán por Yndira en un amplio respaldo nacional e internacional para exigir justicia en Guerrero y Tlapa.
Dijo que ya tienen cinco estados confirmados en los que marcharán y otros aún están por definir las acciones, pero se manifestarán y en breve darán más información sobre el caso.

Dedica Abel Barrera el premio Amalia Solórzano a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández fue enfático al recibir a título personal y en nombre de la organización que representa el premio Amalia Solórzano: “la violencia es el nuevo coloniaje neoliberal con el que se imponen las autoridades estatales, cómplices de los grupos criminales… no difiere de la violencia caciquil que nos ha sumido en el atraso”.
Dedicó este premio dado por el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, con el que se reconoce su labor y la de Tlachinollan en la defensa y promoción de los derechos humanos en el estado, a las madres y padres de los 43 que en su opinión: “han irrumpido en la escena nacional para desenmascarar el pacto de impunidad que existe entre las altas esferas del poder y las organizaciones criminales”.
Barrera dijo en su mensaje en el Palacio de Minería, que “las madres y padres a más de tres años son el reservorio moral de un país de muertos y desaparecidos, un país que nos duele, donde los rostros de los 43 se han transformado en los emblemas de nuestra esperanza. Son una luz en esta noche turbulenta marcada por la catástrofe y la devastación política. Su inquebrantable búsqueda por la verdad ha desbaratado la verdad histórica”
El Premio Amalia Solórzano de Cárdenas es entregado anualmente desde 2011 como reconocimiento a personas o instituciones que se hayan distinguido por su trabajo y actividad en favor de la independencia nacional, la defensa de la soberanía de los pueblos, el mejoramiento de los pueblos indígenas, la paz, los derechos humanos y la educación.
Los premiados desde 2011 han sido el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el escritor Eduardo Galeano y la feminista Marta Lamas, el ex presidente de Uruguay José Mujica, el dirigente del movimiento estudiantil de 1968 Raúl Álvarez Garín, el historiador Miguel León Portilla y el Instituto Politécnico Nacional.
En su participación el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas, presidente del Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano reconoció la labor de Tlachinollan, que trabaja mayormente en los pueblos de la Montaña de Guerrero, donde se concentran los cuatro pueblos indígenas del estado: na savi, me’phaa, nauas y ñomnda.
“Tlachinollan ha sido denunciante y defensor de innumerables casos de violaciones, asesinatos, desapariciones, en diversas ocasiones el único, y desde el 26 de septiembre de 2014 ninguna institución como este centro, ha luchado porque se haga justicia y se esclarezca la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, dijo.
Del caso de los 43, el más emblemático de los últimos años en México, Cárdenas refirió: “en ningún caso puede o debe culparse a instituciones por los delitos cometidos. El o los responsables de cualquier hecho que se trate, son siempre individuos con nombres y apellidos… en casos como el de los normalistas de Ayotzinapa se brinda impunidad”.
Seguido de Cárdenas el historiador Adolfo Gilly exaltó la labor de Tlachinollan. Con voz potente y pausada el argentino naturalizado mexicano, integrante del consejo del premio dijo a los presentes que Amalia Solórzano estaría orgullosa de que este premio haya sido entregado a un hombre honesto y leal, y junto con él a la organización que dirige “al abogado a Vidulfo Rosales entre ellos, que se juegan la vida cada día, serenos y silenciosos en su tarea de defensa de la vida”.
Equiparó la labor de Tlachinollan y Abel Barrera a la de Rosario Ibarra de Piedra, precursora en la exigencia de la presentación con vida de los desaparecidos, como su hijo Jesús Ibarra Piedra.
Dijo que “Abel Barrera ha desarrollado su riesgosa e ininterrumpida actividad en casos grandes e individuales, que parecen más pequeños y en realidad son tan graves y grandes como cualquier otro crimen de violación de derechos en la República mexicana y en cualquier nación”.
Mencionó que Tlachinollan defiende casos como el de El Coacoyul, una comunidad de Cochoapa El Grande donde carecen de maestros, lo mismo que las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo violadas por militares y a quien el Estado mexicano tuvo que darles disculpas públicas.
Hizo alusión al caso de los 43 estudiantes desaparecidos, “nada, salvo repeticiones elusivas ha podido responder el gobierno federal y sus dependencias a este informe (del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), nada, nada, no diré más de este caso histórico en sí mismo, lo que una vez sucedió ningún tiempo después puede borrar”.
“Con su tenacidad, los colegas y amigos de Tlachinollan y todas las organizaciones de derechos humanos nos protegen a todos… así Abel Barrera, la comuna de Ayotzinapa proviene de la cultura comunitaria de comunidades pequeñas que viven del maíz y tienen adentro el corazón de la comunidad, la tienen adentro de su corazón”, parafraseó uno de los discursos del director de Tlachinollan al recibir otros reconocimientos en su defensa de los derechos humanos.
Abel Barrera vistió un traje negro y corbata del mismo color al recibir la medalla, dedicó el reconocimiento a todos sus defendidos y al coraje de los pueblos indígenas.
Reconoció la lucha de comunidades como San Miguel El Progreso contra la Ley Minera y resaltó la tenacidad de esa gente, que en muchas ocasiones sin saber escribir la palabra justicia ha luchado por ella en las calles y en los tribunales. “Los pueblos indios de La Montaña nos han enseñado que la gesta por los derechos humanos no es en vano, más bien significa reciedumbre, sacrificio y mucho valor, sin evocar este término han dado lecciones al país de lo que representa defender el territorio y la vida con la propia vida, sin aspavientos, avanzan sin retroceder, desde los caminos agrestes de la montaña y desde la penumbra del olvido”, subrayó.
Abel Barrera ha recibido reconocimientos como la Presea del Mérito Civil Nicolás Bravo del gobierno de Guerrero en 2001, el Premio por Instituciones Creativas y Efectivas de la Fundación MacArthur en 2007, la Distinción de Derechos Humanos de la Washington Office on Latin America (WOLA) en 2009, el Premio Robert F. Kennedy de Amnistía Internacional en 2010, en 2011 la rama alemana de Amnistía Internacional le otorgó su Sexto Premio Anual de Derechos Humanos por sus luchas “en gran riesgo personal por los derechos de la población indígena en el estado de Guerrero”, y en 2016 recibió el Reconocimiento por la Igualdad y la no Discriminación 2015 del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
Al término de su mensaje, Barrera gritó: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, el cual corearon los presentes. Allí estaba parte del equipo de Tlachinollan que se trasladó desde Tlapa, donde están las oficinas de la organización, en el corazón de la Montaña guerrerense.

Respaldan víctimas, damnificados, ONG y la ONU a Tlachinollan en su 23 aniversario en Tlapa

En la presentación del informe del 23 aniversario del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, Guerrero: Mar de luchas, montaña de ilusiones se refrendó el apoyo a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos.
En esta ciudad el representante de la oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab dijo que el trabajo de los defensores es un riesgo y parecen una amenaza al gobierno, por lo que expresó su apoyo y admiración a Tlachinollan en sus 23 años.
Dijo que el informe resumía el trabajo valiente ante los peligros, su trabajo profesional al mostrar varios casos de impunidad, violencia y en defensa de los derechos al agua y la vivienda, e informa de manera sistemática lo que ocurre en la región y el estado.
Miguel Nieva del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), quien participó en el peritaje en el basurero de Cocula que desacreditó científicamente la versión del gobierno federal de que los jóvenes fueron incinerados ahí, agradeció a los padres de los 43 estudiantes por darles la confianza para que ellos trabajaran en el caso.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández presentó el informe a los asistentes y dijo que la organización no se concebía sin la lucha de los 43, a los padres les afirmó que no eran nada sin ellos, ante el deseo de justicia a sus hijos, y que denunciaba las tropelías de un gobierno mentiroso.
Expuso que los padres del surco enviaron a sus hijos a las aulas para que fueran profesores, y volvieran a las comunidades a escribir en el pizarrón justicia y verdad, “que trajeran igualdad y respeto a los derechos”.
Agregó que no llegaban profesores a La Montaña porque el gobierno los desaparecía y los mataba, como a los 43 en 2014 y a los dos la Autopista del Sol en Chilpancingo en 2011.
Agregó que los padres y madres querían hijos profesores, pero ellos se convirtieron en los profesores que enseñaban el ABC de la justicia y los derechos humanos con el emblema en el pecho de sus hijos, encarando al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la Procuraduría General de la República, y hasta en la búsqueda de asistencia internacional para que llegara a México.
Dijo que el gobierno “inventó verdades para que se vea que hay un caos, persigue a los inocentes y a la delincuencia la protege porque son los mismos”, y que se tiene que romper la telaraña delincuencial.
El informe contiene memorias de lucha y dignidad, reclamos de los pueblos “donde hay historias grandes, luminosas, que se deben enseñar en las escuelas al ser La Montaña donde se forjan la esperanza y las ilusiones”.
Mencionó las luchas de San Miguel el Progreso, municipio de Malinaltepec, contra las mineras y el gobierno depredador.
Mencinó a los niños y padres na savi de la comunidad El Coyul del municipio de Cochoapa por la falta de profesores, donde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del estado emitió una recomendación para que llegaran, sin que les cumplan.
Habló en náhuatl la madre de un estudiante de Ayotzinapa, Cristina Bautista Salvador quien, lloró al recordar que llevan años esperando que sus hijos regresen vivos, y dijo que continuarán en la lucha por conocer la verdad.
Un padre se quejó de la falta de apoyo y respuesta del gobierno estatal respecto de la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos.
La me’phaa Inés Fernández Ortega quien fue violada por soldados del Ejército, dijo que sigue en pie de lucha porque la sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se cumpla por el gobierno federal.
Se declaró en apoyo a los padres y madres de los 43 desaparecidos porque “yo sufro como ustedes, a mi familia, a mis hijos nos amenazaron para callarnos, por eso no crean en el gobierno que intenta dividir buscando comprar”.
El presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, Valerio Mauro Amado Solano habló de la lucha que emprendieron para ampararse contra las empresas mineras que pretenden explotar su territorio, y que han defendido mediante la integración del Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio.
El poeta me’phaa Hubert Matiúwáa leyó poemas sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Antonio Vivar y la amenaza de las mineras.
Estuvieron representaciones de organizaciones como el Frente Popular de Tlapa (FPT), el Consejo de Comunidades Damnificadas, el Consejo de Jornaleros Indígenas, la Organización de Pueblos Indígenas de Guerrero (OPIG, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), los padres y madres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos así como estudiantes de esa Normal Rural.
La actividad fue en el salón Marisol donde llegaron más de 700 personas a escuchar el informe.

Termina foro sobre desaparición forzada; acuerdan impulsar una agenda común

A pesar de que viven en contextos distintos y tienen diferentes procesos de lucha, familiares de personas desaparecidas de varios estados de la República establecieron acuerdos para empujar una agenda común, ayer en el segundo día del foro sobre desaparición forzada Contra el dolor y el odio, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Luego de participar en tres mesas temáticas en la Casa Diocesana Villa Lucerna, los representantes de organizaciones de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Querétaro coincidieron en que los familiares deben buscar prioritariamente vivos a los desaparecidos, sin dejar la búsqueda en fosas o a través de las instituciones como cárceles, servicios médicos forenses o centros de rehabilitación.
Además ser la punta de lanza para presionar a las autoridades a darles resultados, y tomar en cuenta que existe el terrorismo de Estado, por lo tanto los buscadores deben cuidarse y respetar los códigos de seguridad en su vida cotidiana, “nos guste o no”.
De las búsquedas, los de mayor experiencia recomendaron entender el contexto de los distintos escenarios, pues no son las mismas condiciones en la costa, la montaña o el desierto, y para la articulación de los movimientos del norte, el centro y el sur del país, considerar todas las medidas al alcance que puedan aprovechar.
Concluyeron que es necesario conocer las leyes y sus derechos como familiares para hacerlos valer y dar acompañamiento, ser conscientes de los derechos no es el fin sino una herramienta, y no permitir más discriminación, que no ha sido es exclusiva de las familias indígenas y de la montaña, aclaró una activista de Sinaloa.
De las características de cada entidad, identificaron que hay un trato diferente de algunas autoridades en estados del norte con los movimientos de desaparecidos, respecto a los del centro y el sur del país.
Señalaron que mientras en el norte los movimientos han tenido más apoyo, asesoría de las instituciones “tal vez por su lucha”, en el sur los colectivos están relegados, hay negligencia de atención jurídicas y de servicio social, no hay respeto a su dolor.
Propusieron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo, como ocurrió en este foro, para compartir y cubrir espacios donde sus brazos y sus pies no alcanzan, incursionar en redes sociales para mantener la comunicación, para que la población se dé cuenta que están trabajando y de las dificultades que enfrentan.
Del Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, Blanca Martínez, precisó que si en su estado lograron sentar al gobernador con el movimiento de personas desaparecidos, se debió a la presión que ejercieron los familiares, pero mañana nada les garantiza que sigan en la misma mesa.
Otra de las activistas agregó que recibir apoyo del Estado no implica que van a dejar la movilización, al contrario, siguen haciendo plantones en el Palacio de Gobierno y en la Fiscalía cuando es necesario.
Del colectivo de Chilpancingo, Padres y madres de desaparecidos asesinados y secuestrados de Guerrero y del país, se insistió en analizar que los apoyos no sean compromisos con las autoridades.
En general insistieron en la necesidad de priorizar siempre la búsqueda en vida, en que las autoridades tienen responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y que los familiares deben comprender los contextos de cada estado, incluso de los grupos del crimen organizado.
Una mujer guerrerense opinó que las autoridades en todos los estados de la República son apáticas, pero aquí “la violencia se va haciendo tan normal que a nosotros los guerrerenses no nos importa si nos avientan un muerto ahí, somos indiferentes en el sur, y el gobierno no mete las manos por nadie, y cuando el gobierno habla con los líderes los centavea”.
Una adulta mayor del colectivo Siempre Vivos de Chilapa señaló que “es tiempo de armarnos de valor y ponerle interés al trabajo y a la lucha, tenemos que ir dando los pasitos. Nos tenemos que ir organizando y ver que todos somos importantes en el colectivo. No tenemos los avances que en el norte, pero creo que podemos hacerlo”.
Enseguida, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera mencionó que en esta búsqueda de familiares desaparecidos “el piso es disparejo, y en este piso ¿cómo podemos tener una plataforma común de lucha desde nuestros diferentes espacios, rincones?, y ¿cómo enlazarnos en la medida que dan nuestras fuerzas?”.
Otro activista confirmó que hay muchas diferencias entre el norte y el sur, “la ventaja que tenemos (en Coahuila) es que es el único estado en que nos apoya el gobernador, por eso hemos abierto muchísimas puertas, recomiendo a las colectivos que recurran a organismos de la ONU y al señor que se prestó a venir ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el presidente Luis Raúl Gonzalez), ellos pueden tener influencia con senadores y diputados, y todas aquellas autoridades que pudieran ayudar a que se vea la gran cantidad de personas desaparecidas”.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La consigna que dio aliento a las participaciones del foro fue retomada por la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, María de Jesús en su mensaje.
Dijo que las autoridades primero dijeron que sus hijos estaban en una fosa, luego que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos los había matado y quemado en un basurero, y cuando la versión del basurero fue desechada por expertos independientes, en las calles, muchas personas les dijeron “sus hijos ya están muertos, por qué los andan buscando, ustedes ya recibieron dinero del gobierno, ¿quieren más?”.
Aclaró que no recibieron nada y seguirán buscando a sus hijos con vida, porque desde el principio saben que “policías del narcogobierno” los agredieron y se los llevaron.
“Nos dimos cuenta cómo fueron perseguidos, balaceados cobardemente, supimos cómo les echaron gas lacrimógenos a los que iban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, cómo los bajaron, cómo los golpearon. De 15 a 20 jóvenes que tenían bocabajo sin playera porque los estaban golpeando, ¿y todavía el gobierno criminaliza a nuestros hijos?”.
Al menos este grupo fue llevado rumbo a Huitzuco con El Patrón, un personaje que no ha sido identificado en tres años de investigación, porque el Estado no tiene voluntad de esclarecerlo, mencionó.
“Cuando gritamos la consigna donde quiera que vamos es un grito de indignación, de preocupación, para que todo el mundo escuche y nuestros hijos sepan que seguimos en pie de lucha”, expuso.
Una joven mujer del colectivo Siempre Vivos de familias nahuas de Chilapa y Zitlala tomó el micrófono para decir que sí tienen miedo, porque en la zona donde viven hay grupos delictivos operando, “y sí sabemos quienes son”.
Dijo que de inicio pensó que el gobierno los iba a ayudar, y al tiempo comprendió que son las organizaciones las que empujan la demanda de presentación y búsqueda de los desaparecidos, “no debemos andar solitos, lo vamos a lograr en colectivo, me lo llevo muy claro, y me llevo (el ejemplo) de las compañeras de Coahuila que están buscando en fosas clandestinas. Desconocía (ese tipo de búsqueda), tengo una esperanza de que los vamos a buscar vivos, primordialmente, pero en México están apareciendo muchas fosas y podría estar del otro lado también”.
“Sé que hay muchas familias que piden justicia, que queremos a nuestros desaparecidos vivos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.

Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa

Una activista de colectivo Rastreadores del Fuerte y zona norte de Mochis, Sinaloa, informó que tienen una oficina de gestoría, y acaban de concluir una campaña para recopilar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, “muchos padres no se acercan a dar el ADN por miedo a amenazas”.
Aclaró que ellos tienen camionetas de resguardo y el acompañamiento de la prensa, “me da pena escuchar que ellos no tienen apoyo por acá, son sentimientos encontrados, pero ahí estamos para compartir cómo nos podemos apoyar”.
Una joven de Querétaro señaló que el dolor es el mismo, y en su estado de los de menor incidencia delictiva están desapareciendo personas.
Destacó que “los padres de los 43 alumnos desaparecidos lograron que a nivel internacional se reconociera la desaparición forzada en México”, lo que les dio ánimo para comenzar su propio camino.
Ahora todas las familias buscan de todas las formas, en vida, en fosas, en papeles, “y las instituciones no deben quedarse fuera, eso hizo el norte, reconciliarse con los gobernantes en el trabajo. No somos amigos, pero tenemos que ser colaboradores para la búsqueda”.
En un pronunciamiento final firmado por 25 organizaciones y colectivos exigieron la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, pues reconocen en ella las contribuciones de los familiares, sienta las bases para alcanzar la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, develar la verdad, obtener reparación integral y evitar más desapariciones.
Pese al dolor refrendaron “la voluntad firme de vencer el muro de la impunidad, transformar el momento trágico que enfrenta el país, hacer posible la construcción de un México en que nadie padezca el sufrimiento que hoy nos aqueja y conservar viva la llama de la esperanza”.

 

Urgen la ONU y CNDH la Ley General sobre Desaparición Forzada ante la alta impunidad

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (ONU-DH), Jan Jarab señaló que el problema más evidente en la desaparición de particulares y desaparición forzada (por funcionarios de gobierno) es que la impunidad es muy alta, en el foro Contra el dolor y el miedo, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en esta ciudad.
Señaló que es particularmente preocupante porque las cifras oficiales refieren cerca de 30 mil desaparecidos, incluso en casos emblemáticos como Ayotzinapa que está por cumplir tres años sin que se sepa del paradero de los estudiantes.
Con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, coincidió en que la Cámara de Diputados debe de aprobar ya en su siguiente periodo de sesiones, la Ley General sobre Desaparición Forzada, aún con las debilidades que han señalado expertos en la materia, y que el Estado admita la competencia del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas en México, para recibir comunicaciones de casos individuales.
A la actividad conmemorativa del próximo aniversario de Tlachinollan acudieron representantes de organizaciones de familiares de desaparecidos de Acapulco, Chilpancingo y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, representantes de Coahuila, Querétaro, Tamaulipas, además de activistas y defensores de derechos humanos del estado y de distintos lugares del país.
En su ponencia Los retos de México a la luz de los compromisos internacionales en materia de desaparición forzada, Jan Jarad señaló que Guerrero ha experimentado la desaparición forzada en dos momentos, en el contexto de la denominada guerra sucia, y el actual.
Expuso que el Estado se abrió al escrutinio internacional, “pero esta apertura debe permitir la venida a México del Comité de la ONU de desaparición forzada. México debería sumarse al grupo de países que aceptan la competencia del Comité de la ONU para enfrentar los retos en materia de desapariciones”.
De las recomendaciones de los organismos internacionales añadió que las instituciones aún deben reconocer la dimensión del problema, “indispensable para la solución”, pues en su opinión las autoridades siguen usando excusas para explicar los números que no corresponden a la realidad.
Por ejemplo dijo que atribuyen la desaparición de personas a que salieron de su casa con la novia, y cuando se verifica el hecho todo se vincula a la delincuencia organizada, “sabemos que sí hay desaparición forzada propiamente dicha, pero no podemos decir (más) porque hace falta investigación”.
Para terminar con el ciclo de impunidad, señaló que es necesario el acceso efectivo de la justicia, favoreciendo la búsqueda en vida de los desaparecidos, “porque en el mayor universo de casos sabemos que las propias familias siguen liderando las búsquedas”.
Destacó que el Poder judicial federal y de las entidades han dado pasos iniciales para transformaciones institucionales, “faltan acciones concretas y traspasar el ámbito de informar”.
Se refirió también a la discusión de la Ley General de Desapariciones en el Congreso de la Unión que, “aún con imperfecciones”, va a potenciar la capacidad del Estado en dar respuestas a las víctimas.

La desaparición atenta contra la víctima, su familia y la sociedad: CNDH

Luego, el presidente de la CNDH señaló que la desaparición de particulares y la desaparición forzada, siendo su naturaleza de lo más graves, atenta no sólo contra la víctima, sino contra su familia y la sociedad en su conjunto, “no basta con detener a los responsables, lo prioritario es conocer el paradero”.
Señaló que México aún debe reducir la brecha entre las normas y el respeto en la cotidianidad de estos derechos, y debe retirar las reservas para que el Comité de Desapariciones pueda recibir comunicaciones individuales en la materia, “sería signo de voluntad política y una muestra de asumir el desafío en el tema de desapariciones”.
Señaló que se han llevado mucho tiempo en la discusión de la Ley General de Desapariciones, “aún con algunas debilidades que pueda tener la ley, es necesario que la Cámara de Diputados lo apruebe en el próximo periodo de sesiones”.
Raúl González habló de acciones de la CNDH desde la recomendación 27/2001 sobre los sucesos y desapariciones de la guerra sucia en la década de 1970, a la creación de la Oficina sobre el caso Iguala, para dar atención prioritaria a la investigación de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 a los normalistas.
Aclaró que la recomendación 27/2001 no ha sido atendida, y se han establecido pláticas con la Comisión de Atención a Víctimas para retomarlas, y para el caso Ayotzinapa hay 57 propuestas, de las cuales sólo ocho han sido totalmente cumplidas por la Procuraduría General de la República (PGR).

El proyecto de ley niega el derecho a la búsqueda: activista de Coahuila

En el panel Blanca Martínez Bustos del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, de Coahuila, denunció el sub registro de personas desaparecidas que oficialmente asciende a 30 mil, dado que la asociación donde colabora documentó 568 casos, y sólo 25 por ciento aparecen en el registro nacional, y aseguró que en ese mismo rango se encuentra Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) de Nuevo León, de las pioneras en el país en este tema.
De la experiencia trágica de familiares de desaparecidos rescató la valentía y dignidad de las mujeres empoderadas en la búsqueda, y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, que en marzo de 2011 se realizó la primera búsqueda en terreno, y al hallar restos óseos surgió la necesidad de tener certeza de que realmente corresponden a su familiar.
Añadió que las mujeres cambiaron el sentido de la maternidad, ya no sólo buscan a sus hijos, buscan a todos.
De la negociación de la iniciativa de desaparición forzada -donde participaron organizaciones de diferentes estados-, denunció que reveló la perversidad del sistema, porque les negó lo fundamental, el derecho de los familiares a buscar a sus desaparecidos.
Informó que con otras organizaciones recurrieron a la Corte Penal Internacional para denunciar esta situación, y que el organismo ponga una lupa no sólo sobre Coahuila, sino en todo México, porque el Estado no es capaz de garantizar justicia, “le apuesta a la impunidad”.
Consideró que si un mecanismo internacional se involucra en la investigación y en la construcción de posibilidades de justicia, habría avances.

Holgazanas, las cámaras en los estados: Sergio Corcuera

El ex miembro y presidente del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Sergio Corcuera informó que fue parte del proceso de la negociación de la Ley de Desapariciones en la Cámara de Senadores.
Planteó el cambio del lenguaje, en lugar de hablar de búsqueda que en la legislación se incluyeran comisiones de hallazgo efectivas, y que no se mencione más la presunción de muerte, sino la presunción de vida, sin que sea obstáculo para que la familia puede disponer de los bienes de la víctima, necesarios en los momentos de crisis.
Básicamente dijo que la discusión fue tirante, y aún valorará ir o no a la discusión que está pendiente en la Cámara de Diputados.
Opinó que el problema es que “las legislaturas estatales son holgazanas”, pues de 2013 a la fecha sólo cuatro entidades han legislado en la materia.
En este sentido señaló que “con mucha dificultad” logró convencer a los senadores para que en el proyecto se incluyera un artículo transitorio para que, si en un año con seis meses las entidades no han homologado la legislación, los jueces de los estados aplicarán la ley federal. El Ejército no evita las desapariciones forzadas: Ariel Dulitzky

En su participación el ex integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, Ariel Dulitzky señaló que el Ejército no sirve para evitar las desapariciones forzadas, y mencionó como ejemplo el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Explicó que la falta de una ley no es la causa de la desaparición forzada, ni de la falta de respuesta, de la justicia para que haya garantías de no repetición, que son muchas, entre otras la falta de reconocimiento de la realidad del problema.
Señaló el patrón crónico de impunidad en las desapariciones forzadas, en las violaciones de derechos humanos y en general para los delitos, “sabemos que las desapariciones son una técnica de terror para ocultar la verdad”.
Además de la falta de coordinación entre la federación y los estados, la falta de capacitación para atender el problema, incluso en el Poder Judicial, señaló fundamentalmente “la falta absoluta de sensibilidad a las necesidades de las víctimas por una gran parte de servidores públicos”.
Se declaró convencido de que la Ley General va a contribuir a superar la falta de respuestas a las desapariciones forzadas, porque más allá del resultado final de la ley, buena o regular, el proceso de difusión ya es un triunfo para familiares y el movimiento social.
Destacó que la propuesta coloca a la víctima como respuesta de la deficiencia estatal, “los familiares tienen que ser tratados con dignidad. La búsqueda debe tener un sentido humanitario, no subordinada a la detención de los responsables de una desaparición”.
La ley crea un sistema nacional, un banco de datos genéticos, tipifica mucho mejor el delito de desaparición forzada y de particulares, incluye la declaración de ausencia que coloca a los familiares en un limbo jurídico con muchísimas dificultades socioeconómicas y avanza para evitar temas de impunidad, informó
No obstante las observaciones a la ley, el presidente del Colectivo de Familiares de Personas Desaparecidas de Acapulco, Ciro Fuentes y del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez, coincidieron que aún cuando aprueben la ley no hay voluntad política de las autoridades para resolver los casos.
Después de escuchar testimonios de una madre y una esposa de la asociación de desaparecidos de Tamaulipas, el presidente del colectivo Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro denunció que ellos sí saben cuándo, cómo y quiénes se llevaron a sus familiares.
Acusó de las desapariciones a Celso Ortega, líder de la banda de narcotraficantes Los Ardillos, y hermano del ex presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, el perredista Bernado Ortega.
Señaló que argumentando la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena fomentó la creación de un grupo criminal armado denominado Policías Comunitarios por la Paz y la Justicia que tomó la cabecera municipal de Chilapa y opera en ese municipio y en el de Zitlala, y pidió que los ayuden a desarmar a esa organización.
En el panel vespertino, Miguel Nieva, consultor e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se refirió a las nuevas tecnologías de búsqueda, y señaló que los patrones identificados en campo permiten determinar el modos operandi de los agresores.
La información de los restos o los objetos hallados en fosas es elemental para la investigación y se puede capitalizar, “muchas veces nosotros cuando vamos a una escena del crimen estamos levantando cuerpos y objetos que son información”, explicó.
La recopilación permite la creación de bases de datos que pueden estar relacionados a nivel regional, después a nivel país.
Afirmó que la información permitiría profundizar en las investigaciones, que generalmente se aboca a la identificación de responsables, no en los desparecidos.
El director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez Gándara resumió las coincidencias y propuestas en conclusiones, “hoy podemos asumir a los 43 y a los 30 mil como parte de una problemática común nacional e internacional, la revaloración de la vida nos dice que ni el dolor, ni la desaparición ni aún la muerte, son contrarios a la vida, y el grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, es un salto cualitativo enorme, y ese paso se lo debemos a las mujeres que han dado los rasgos característicos de esta lucha”.
“Las víctimas caminan más sólidas, más fortalecidas, más articuladas y hay nuevas maneras de entender esta vinculación”, cerró.
Asistieron el obispo de la diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, el presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero, Ramón Navarrete, la vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en México (Afadem), Tita Radilla.
Además integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), y el Centro contra la Tortura y la Impunidad.

Termina el ciclo escolar y la SEG no envió seis maestros que faltan para los niños de El Coyul

Está por culminar el ciclo del preescolar 30 de Abril y la primaria bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande y los niños no tuvieron los seis maestros que necesitan.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con la recomendación 022/2017 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para garantizar en estas escuelas el derecho a la educación con personal e infraestructura necesaria.
“Que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) se entere de que el secretario (de Educación) José Luis González de la Vega Otero no está cumpliendo con esta recomendación, y que más bien ni siquiera la tiene dentro de su agenda prioritaria, para darle respuesta a una demanda legítima, que en justicia están planteando los papás, los maestros y los mismos niños”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica, el director lamentó que no se haya cumplido la recomendación de la Codehum.
El 2 de mayo, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la SEG había pedido una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa para cumplir con la recomendación, y dijo que ya estaba por vencerse.
Abel Barrera abundó que no se ha recibido ninguna respuesta formal de la SEG, y dijo que entendía que todo quedó por parte de la dependencia estatal en un mero trámite burocrático, que para las autoridades no les representa ninguna prioridad, ningún interés, ni mucho menos les preocupa que los niños y niñas estén cerrando este ciclo escolar sin haber contado con los maestros y maestras que recomendó la Codehum.
“Tampoco sabemos formalmente cuál es la postura en términos de cómo dar cumplimiento a la recomendación, lo que sí hemos percibido de la autoridades es que no tienen pues el dato así muy claro, muy preciso de lo que significa esta recomendación, de lo que implica en términos de atender un planteamiento de una comisión pública de derechos humanos. Eso es clave porque está muy distante el sentir de la gente, el sentir de los niños y pues la manera en cómo está atendiendo y entendiendo la autoridad educativa del estado esta urgencia”, detalló el director.
Contó que el miércoles estará en El Coyul en las clausuras de las escuelas, porque el organismo será el padrino, y que aprovechará para decirles que tiene que redoblar esfuerzos, porque la autoridad educativa hasta el momento no ha dicho cuándo va a mandar a los docentes.
Resaltó que el llamado que hace a González de la Vega Otero es que la mejor forma de mostrar compromiso es asignar personal docente para este nuevo ciclo escolar, porque también le debe quedar claro que van a entrar nuevos niños y que esto implica que se requerirán más docentes, y lamentó que eso no se estaba previendo.
Recordó que el preescolar mínimo necesita dos maestros y en la primaria cuatro.
Barrera Hernández indicó que se ve una dilación y desinterés de las autoridades por atender hasta las mínimas recomendaciones públicas de derechos humanos, que serían precisamente unos planteamientos que hay que darle solución, que son para niños indígenas que ya llevan años sin tener maestros.
Dijo que se ve que no se está viendo cómo ir resolviendo estas necesidades urgentes en las regiones más olvidadas, que es algo grave, que habla del trato discriminatorio que se le da a estos niños.
“Vamos a seguir buscando los recursos jurídicos que están a nuestro alcance para hacer valer este derecho, porque no podemos continuar con esa indolencia de las autoridades, ser cómplices de este trato desigual y discriminatorio”, sostuvo.

Situación de otras escuelas en la Montaña

El director de Tlachinollan manifestó que hay problemas como en El Coyul en otras escuelas de la región, en términos de quejas no se han formalizado, que en la mayoría de las escuelas han apelado más a la movilización social, a la presión pública y a los plantones.
Dijo que así está sucediendo con las escuelas de Atlixtac, de Acatepec, que ya llevan tres años movilizándose para ir desahogando sus demandas, y que hasta la fecha todavía no han sido satisfactoriamente cumplidas.
Dijo que igual pasa en Tlapa, que son varias escuelas, que también ha sido por la manifestación por donde han encontrado solución.
“Hemos planteado la necesidad de documentar los casos, hay maestros que sí la han solicitado, pero el procedimiento que es lento, que es burocrático y que pues al final concluyen con una recomendación como pasó con las de El Coyul, que es en verdad reconocer que se está violentando el derechos a los niños a la educación, sin embargo para las autoridades esta recomendación es letra muerta”, indicó.
Agregó que eso pasa porque no son vinculantes, no se les obliga por ley a que cumplan las recomendaciones, sino que son recomendaciones de índole moral.
La autoridad no hace caso a estos planteamientos, por eso es lamentable que la gente deje de creer en los recursos jurídicos y en las mismas instituciones, porque las mismas autoridades se encargan de denostarlas, de ignorarlas, de no cumplir con el mandato que tienen y de hacer ver al ciudadano que de nada sirve que hagan el procedimiento, recalcó.

Presenta Tlachinollan el peritaje de un experto a un juzgado de Tlapa en defensa de la CRAC

Abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, presentaron ante el juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del distrito judicial de Morelos, el peritaje antropológico para demostrar que los policías comunitarios presos no son secuestradores, y que actuaron de acuerdo con sus sistemas normativos.
El abogado Rogelio Téliz García informó que este jueves entregó al juez Aurelio Gutiérrez Cruz la prueba pericial de que Arturo Campos Herrera, Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo actuaron de acuerdo con los usos y costumbres de su comunidad en la causa penal 196/2013-I que es en contra de Arturo Campos y otros por secuestro.
Detalló que la prueba pericial ilustra que los siete integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) pertenecen a un pueblo indígena con sus usos y costumbres que acredita que nacieron y viven en la región, y que cuentan con sistemas normativos para resolver lo que hacen dentro de su territorio.
Explicó que el artículo 2 de la Constitución Política del país, la ley 701 de derechos y cultura indígena, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre Pueblos Indígenas los respaldan.
Agregó que se muestra que no son delincuentes ni secuestradores como los pretende criminalizar el Estado, ya que prestan su servicio al pueblo luego de que éste les da el encargo en una asamblea, que es la autoridad máxima de una comunidad.
“Con eso se demuestra, una vez más, que no son secuestradores, que fueron nombrados por sus pueblos para que fungieran como coordinadores o policías comunitarios y esa es una prueba oficial, como los careos en que la gente ha negado conocer a Arturo Campos”, ejemplificó.
El dictamen en antropología social Héctor Ortiz Elizondo con estrategias metodologías como visitas a la comunidad de El Paraíso en el municipio de Ayutla, entrevistas con personas familiarizadas con la historia de justicia de la Policía Comunitaria en la región fue presentado a las 12 del día y ratificado por el profesionista en el juzgado que se encuentra en la localidad de Atlamajac de este municipio. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx; exigen que se investigue la desaparición de los jóvenes

Padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, marcharon con antorchas en la Ciudad de México, acompañados de organizaciones y activistas, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
A las 8 de la noche, unos 500 manifestantes se concentraron en el plantón que los padres mantienen en la Procuraduría General de la República (PGR), y desde ahí marcharon con antorchas al antimonumento a los 43, en el paseo de la Reforma, donde hicieron un mitin para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En declaraciones telefónicas, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, y representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra dijo que los padres exigen que el gobierno federal dé una respuesta respecto de la detención de los policías municipales de Huitzuco que presuntamente participaron en los ataques en Iguala.
Contó que los padres hicieron el recorrido acompañados de organizaciones sociales del país y activistas, quienes portaron antorchas y lonas con retratos de los 43 normalistas desaparecidos.
Dijo que, durante el mitin los padres exigieron que el gobierno federal siga las líneas de investigación que planteó el GIEI, como el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, y la participación de la Policía Federal y el Ejército, así como el envío de un grupo de normalistas a Huitzuco.
Informó que, a la fecha, el diálogo entre los padres y el gobierno federal no se ha retomado, por lo que es necesario que las autoridades den resultados respecto de la investigación del caso.
Dijo que durante la próxima semana, los padres de familia encabezarán diversas actividades político-culturales en el plantón que mantienen en la PGR, para exigir el esclarecimiento de los hechos y la presentación con vida de los jóvenes.

Viola la SEG el derecho a la educación de los niños na savi de El Coyul, Cochoapa, dice la Codehum

El Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan informó a los padres de familia, autoridades comunitarias y alumnos del nivel preescolar y primaria de la comunidad de El Coyul, del municipio de Cochoapa el Grande, que la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) emitió la recomendación contra la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) por violar el derecho a la educación y derecho a la petición.
La asesora jurídica de Tlachinollan, Dulce María Gatica Nava, explicó primero a los de educación preescolar que la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación 022/2017 a favor de la niñez na savi de El Coyul, por negarles profesores y no hacer caso a las solicitudes hechas para pedirlos.
Les dijo que la recomendación es contra la SEG, el director de Educación Indígena y el delegado regional de los Servicios Educativos Montaña alta.
La recomendación es resultado de la queja puesta por los padres de la comunidad, al no contar con profesores suficientes para atender a sus hijos en el preescolar indígena 30 de Abril y en la primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano desde 2013.
Recordó que la queja se interpuso el 16 de noviembre de 2016. El 29 de noviembre se brindaron las pruebas y el 8 de diciembre se hizo la inspección en ambos planteles por la Comisión de Derechos Humanos.
Mencionó que en ambos planteles había un déficit de profesores y sobrecupo de niños, pues en la primaria había 12 grupos atendidos por siete docentes, del cual uno era director y profesor de grupo, con 279 alumnos.
En el preescolar no se cubre el primer año porque sólo hay dos profesores y uno cumple también funciones de director y atienden a 120 niños.
Dijo que aunque la SEG no ha aceptado la recomendación por el periodo vacacional, se determinó que provea de forma permanente a los docentes de ambos planteles, para que no se vulnere el derecho de los niños.
Además de que el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, gire instrucciones y determine el procedimiento administrativo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en contra del delegado regional de Servicios Educativos de la Montaña alta.
Además de que deben dotar de infraestructura educativa para el buen desarrollo de los niños.
La información fue recibida por el comisario, Justo Comonfort de la Cruz, quien convocó a los padres de familia a los planteles para informarles que la queja fue favorable y esperarán el tiempo que marca la ley para que la SEG cumpla con el envío de profesores.
Pidieron que se concluyan los techados, porque desde hace años llegó una empresa que ofreció sus servicios para hacerlos, pero sólo colocó los metales y ya no volvió para concluir la obra, pagada con recursos de la SEG, y al acudir a reclamar les dijeron que estaba como obra concluida por lo que creen que hubo acuerdos entre autoridades y empresa.
Los padres pidieron que les envíen profesores de base y no de contrato, porque de ser así cuando se acabe el ciclo volverán a la dinámica de exigirlos nuevamente, lo que genera un desgaste en la población, porque al no ser atendidos en las supervisiones o sectores tienen que recurrir a Tlapa, lo que significa viajar más de cuatro horas si cuentan con un carro o esperar la única pasajera que llega a El Coyul.
Lo anterior es posible en temporada de secas, pero en lluvias se cierra la carretera Tlacoachistlahuca a Metlatónoc, así como las que comunican con esta cabecera y tienen que salir a pie.
La recomendación fue emitida el pasado 28 de marzo.
La traducción al tu’un savi fue realizada por el integrante de Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes.

Gasea la PF a padres de los 43 que pedían audiencia con Osorio Chong en la Segob; hay cinco lesionados

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra reportó que tres padres y dos mamás de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos sufrieron lesiones provocadas por los gases lacrimógenos que les lanzaron policías federales en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Tras señalar que los actos de represión que se registraron este martes serán notificados al Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Rosales consideró que la acción policiaca “evidencia la ruta y la posición que respecto al caso mantiene el gobierno federal” de generar “condiciones de debilitamiento y cierre del caso”.
La protesta en la Segob fue anunciada con anticipación como parte de la jornada de lucha que comenzó con un plantón indefinido de los padres frente a la PGR, para exigir que se investigue la responsabilidad de militares del 27 Batallón de Iguala, que se consigne a los policías federales y municipales involucrados en la desaparición forzada de los estudiantes, y se profundice en la línea de investigación de trasiego de droga de Iguala a Chicago, que está sin avances desde que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue expulsado del país.
En entrevista con la Agencia Proceso, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos informó que los lesionados son: Hilda Legideño Vargas, Berta Nava, Mario César González, Hermenegildo Ortega Carlos y Bernabé Abraham, quienes sufren “complicaciones en los ojos y en el sistema digestivo” debido a los gases lacrimógenos.
Señaló que la represión policiaca ocurrió después de que los padres y madres solicitaran una audiencia con el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, antes de un mitin como parte de la jornada de actividades a 31 meses de la desaparición de los estudiantes.
“En lugar de que reciban a la comisión agreden a los padres de esta manera, eso complica mucho más las cosas y orilla a los padres a no caminar en la ruta del diálogo ni en la ruta de la institucionalidad, sino más bien que sea la protesta donde ellos expresen su exigencia por la presentación con vida de sus hijos”, dijo.
Agregó que después de la agresión familiares de los normalistas desaparecidos y estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon la avenida Reforma, en Bucareli, y agentes de la Dirección de Gobernación de la Ciudad de México se acercaron a buscar “un puente de diálogo con el gobierno federal”.
Los enviados dijeron que el subsecretario Roberto Campa Cifrián está dispuesto a recibir a una comisión de padres.
Al respecto, Vidulfo Rosales explicó: “rechazamos la oferta porque el subsecretario Campa ya no es interlocutor válido para los padres, porque ellos lo identifican como el que verbalizó la posición del gobierno en Washington. Estamos buscando hablar con Osorio Chong”.
En marzo en la audiencia en Washington en la sede de la CIDH, Campa llamó a los padres a considerar la “verdad histórica” de que sus hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, como una real posibilidad del destino final de los 43 estudiantes, expresiones con las que el funcionario federal intentó echar abajo las conclusiones de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de que esa hipótesis es científicamente imposible.
Tras señalar que la protesta de los padres y madres en las inmediaciones de la Segob “no ameritaba este tipo de intervención de la policía”, Rosales Sierra llamó al gobierno federal a que “rectifique, porque no porque se les reprima van a dejar de exigir la presentación con vida de sus hijos, a menos que detengan a todos los padres, pero no sé si eso resuelve el problema”.
En cuanto a la reciente detención de Walter Alonso Deloya Tomás, El Walter o La Medusa, presunto integrante de Guerreros Unidos e implicado en la desaparición de los normalistas, precisó que “fue detenido por otras causas penales distintas y ajenas a los 43, no está directamente relacionado”.
Reconoció que en el expediente se menciona a La Medusa porque “pertenece a Guerreros Unidos y trabajaba para (Alejandro) El Cholo Palacios, pero no hay un vínculo directo, no hay acción penal emanada del caso de los 43”.
Lo que toca ahora a la Oficina Especial para el Caso Iguala, agregó, es buscar “entrevistar al detenido para obtener alguna información adicional, respetando sus derechos procesales”.
Reporta la PF a tres personas con lesiones leves

La Policía Federal (PF) informó que tres personas sufrieron lesiones leves tras la agresión, con gases lacrimógenos, a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que se encontraban en las inmediaciones de la Segob.
En una tarjeta informativa la dependencia federal aseguró que dos de sus agentes y un trabajador de la Unidad de Gobierno de la Segob presentaron golpes por objetos lanzados por los manifestantes en la protesta de ayer.
Señala a 40 personas ajenas a los familiares de los estudiantes desaparecidos en Iguala, como los responsables de arrojar petardos y piedras a los uniformados.
Ante esta acción dispersaron a los manifestantes con un par de bombas de gases lacrimógenos.
“El gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, reafirma su voluntad y compromiso de mantener, como siempre lo ha realizado, un diálogo constante y abierto con los ciudadanos”.
“Padres y madres de los estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa dijeron haber tomado la decisión, por el momento, de no solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación debido a la presencia de grupos ajenos a su movimiento”, dice la PF.

Reprueba Amnistía Internacional el uso excesivo de la fuerza

Tania Reneaum, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México reprobó el uso excesivo de la fuerza utilizada por la Policía Federal para dispersar a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras se manifestaban afuera de la Secretaría de Gobernación.
“El gobierno de México debe recordar que es ilícito usar formas de control que, como los gases y otras sustancias químicas irritantes, afecten a personas que no tienen que ver con la manifestación o que participando de ella no hacen uso de la violencia”, expuso.
De acuerdo con Reneaum, el uso de la fuerza es una clara violación de los estándares internacionales de derechos humanos y una afrenta más a las familias y compañeros de los estudiantes desaparecidos hace más de dos años.
El de los 43 estudiantes desaparecidos, mencionó, es un caso que no ha sido debidamente investigado por las autoridades mexicanas, y hasta ahora se desconoce la suerte o paradero de las víctimas debido a que no se han esclarecido los hechos.
El desalojo fue cuando un reducido grupo de familiares de los 43 normalistas desparecidos y estudiantes de la Normal Rural pretendían hacer un mitin frente a la Segob para pedir una reunión con Osorio Chong.
El grupo nunca alcanzó su objetivo: en Bucareli, a media cuadra del Reloj Chino se toparon con un muro de hierro y luego con bombas de gases lacrimógenos. En el ataque resultaron lesionados cinco padres de los estudiantes desaparecidos.