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Propusieron un plan contra la roya y no les hicieron caso, denuncian caficultores

 

El asesor de la organización de caficultores de la unión de ejidos La Luz de La Montaña, Sabás Aburto Espinobarros, dijo que desde hace cuatro años la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) propuso un plan nacional de acciones contra la plaga de la roya y la broca, pero las autoridades federales y del estado hicieron caso omiso.
El martes pasado productores de café de la Costa Chica-Montaña mostraron un panorama desolador, y dijeron que en este año están cosechando el 10 por ciento del café que obtenían antes, a causa de la plaga de la roya.
En los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec, hay 10 mil 500 productores que trabajan alrededor de 9 mil hectáreas de plantas de café, en donde hace tres años eran cosechados entre 50 y 65 mil quintales, cada quintal pesa 92 kilos de café seco y molido.
En la cosecha de 2015 los productores sólo produjeron 25 mil quintales. Los productores venden el café seco y molido alrededor de 19.50 pesos.
El asesor indicó que la plaga de la roya y las lluvias fuera de temporada de finales del año pasado complicaron la cosecha de la semilla y al igual que los productores del municipio de Atoyac, en la región de la Costa Chica y Montaña hay riesgo de hambruna.
Indicó que desde hace cuatro años la CNOC que aglutina a más de 50 organizaciones de caficultores del país, entregó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un plan de acciones de combate de la plaga, pero la dependencia hizo caso omiso.
Explicó que la siembra de café para las comunidades ubicadas a unos mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar representa lo mismo que cultivar maíz, grano que compran con el dinero obtenido de la venta del café, y calificó de grave la situación de los campesinos de los municipios considerados de alta pobreza.
En declaraciones, Aburto Espinobarros dijo que desde 1984 los productores han sabido lidiar con las plagas de la roya, pero la plaga de la broca también mantiene preocupados a los caficultores de la región. La broca es un coleóptero curculiónido, un gorgojo, que mide de .7 a 2.2 milímetros de largo y corroe las semilla del café.
El 80 por ciento de los cultivos de café de la región, que es la más afectada por la plaga de la roya, se ubican por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, el 20 por ciento está por arriba de esa altura, y no fue tan afectada por la plaga; sin embargo, la pronta maduración de la semilla y las lluvias atípicas acabaron por tirar la producción.
Llamó a las autoridades federales y del estado a realmente atender el problema que enfrentan los caficultores en la región de la Costa Chica y Montaña, así como de los productores de las otras regiones, y entregar los apoyos económicos a las familias que viven de la cosecha del café, porque su situación de pobreza podría empeorar.
Se unió a la exigencia de la declaratoria de emergencia para recuperar sus sembradíos.

Exigen autoridades de Tlacoapa que intervenga el gobernador en un conflicto que tienen con Ocoapa

Autoridades de los Bienes Comunales de Tlacoapa exigieron la intervención del gobernador Héctor Astudillo Flores en el conflicto agrario que tienen con los comuneros de Ocoapa, municipio de Copanatoyac.
En conferencia en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa en Chilpancingo, el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Hilario Vicario Mejica dijo que han solicitado mediante oficios al gobierno estatal que atienda el conflicto agrario, pero no han tenido respuesta.
“Se cumplen 30 días desde que solicitamos una audiencia y no hacen caso, porque los comuneros de Ocoapa no respetan un acuerdo de 2008, de que el predio no lo tocarían ninguna de las partes, pero ellos talan los bosques que nosotros cuidamos”, declaró.
Dijo que han sido intimidados por los comuneros de Ocoapa, los han amenazado con secuestrarlos, violar a sus mujeres y sacar las armas para tener un enfrentamiento.
Informó que están en disputa 456 hectáreas, ubicada al norte de Tlacoapa, y en 2005 acudieron al gobierno del estado, pero no han tenido solución.
Dijo que el 18 de noviembre acudieron a la subsecretaria de Asuntos Agrarios del gobierno del estado pero la audiencia se canceló.
Advirtió que en caso de no tener una solución a sus peticiones realizarán movilizaciones en la capital.
El 17 de junio de 2007 ocurrió un enfrentamiento que dejó tres indígenas muertos de la comunidad de Moyotepec, y según las investigaciones policiacas, quienes iniciaron las agresiones fueron los pobladores de Tlacoapa, ambos pueblos se disputan 456 hectáreas desde 1986.
El 26 de febrero hombres armados de Tlacoapa invadieron los Bienes Comunales y detuvieron a seis comuneros de Ocoapa, municipio de Copanatoyac, lo que puso fin a seis años de tregua por el conflicto agrario.
A la conferencia de prensa asistió también el secretario general del núcleo agrario, Pedro Juárez.

Piden damnificados de La Montaña a la federación casas, granos y que repare los daños de Manuel

Integrantes del Consejo de Damnificados de La Montaña pidieron en una reunión a funcionarios federales y estatales que cumplan la entrega de viviendas y granos básicos, y la reconstrucción de la infraestructura dañada por la tormenta Manuel en septiembre de 2013.
El integrante del Consejo de Tlacoapa, Vitaliano Navarro Mosso dijo que las viviendas están en mal estado y que en varias comunidades ni se empezaron a construir, que la construcción de casas que les prometieron “quedó tirada” y que “fueron abandonadas las obras” en las escuelas.
Denunció que no se enteraron de la visita del gobernador Héctor Astudillo Flores y de la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, quienes acudieron a la región “casi a escondidas”.
De la comunidad de Huehuetepec, municipio de Atlamajalcingo del Monte, Antonio García Benito pidió que les dijeran qué pasa con las comunidades en riesgo o que fueron desplazadas, porque no tienen ningún documento de riesgos.
El delegado de la Sedatu, Alfredo Fernández Peri reconoció que hubo deficiencias en los censos y que se iban a revisar los casos, ya que en las administraciones pasadas no tuvieron apoyo, pero que en esta nueva había disponibilidad para hacer los estudios técnicos, y que “prácticamente en dos años no hubo administración estatal”, por lo que varios quedaron fuera y había sub censos.
Dijo que estaban revisando la lista de las empresas contratadas y que se estaban rescindiendo contratos con las que no cumplieron para que asuman su responsabilidad, y también se estaba viendo quién entraría a cumplir con los trabajos; le recordaron que entregara el listado de empresas que trabajaban en las comunidades, porque al momento de exigir no sabían a quién, y que se presentaran ante las autoridades municipales porque “entran muchos desconocidos”.
El representante de la comunidad de Yahuitepec, Zeferino Anzurez pidió que atiendan, porque no hay viviendas y constantemente los ventarrones se llevan sus techos.
La plática se desarrolló en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), donde estuvieron el delegado estatal de la dependencia, Julio César Licona, el de la Sedesol, José Manuel Armenta Tello; del gobierno estatal, el secretario de Asuntos Indígenas, Gilberto Solano Arriaga, y el subsecretario de gobierno para Asuntos Políticos, José Martín Maldonado, quienes se comprometieron a atender las deficiencias y peticiones de los damnificados.
A los asistentes a la reunión les pidieron que compartan la responsabilidad de las acciones para atender a la población, como el caso de Malinaltepec, uno de los más afectados, y acordaron un recorrido para verificar las afectaciones a las viviendas.
Los presidentes municipales que estuvieron presentes fueron, de Malinaltepec Sebastián Ramírez, de Acatepec Jerónimo Mora y de Cochoapa el Grande Rosa Lorenzo; también acudieron representantes de Zapotitlán Tablas, entre otros.
Hubo comisarios, delegados y representantes del Consejo, y del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, su director, Abel Barrera, y la asesora jurídica, Martha Ramírez, quien pidió que los promotores de la Cdi no se comporten prepotentes y que no exijan cosas que no se toman en los acuerdos de las mesas, como las firmas de tarjetas para darles maíz, frijol, arroz y sal a vecino de las comunidades; también que el Consejo fue el que envió su padrón de las comunidades y sus peticiones, y que no podían ser exclusivos ya que había familia de presidentes municipales como beneficiarios.
Pidió que se respete la entrega de las remesas de granos que faltan, que se entregue el padrón de empresas que trabajan en la región y los dictámenes de Protección Civil de la Sedatu, ya que la única dependencia que lo hizo fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Barrera Hernández dijo que se replantearía el programa de granos básicos como permanente, porque tendrá una reunión en la ciudad de México con el de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Enrique Miranda para que este no se termine con la última entrega, y que se seguirá revisando la calendarización para atender las viviendas.
Esta reunión duró unas dos horas, de las 3 a las 5 de la tarde; los funcionarios federales se retiraron en helicóptero tras comprometerse a revisar periódicamente el cumplimiento de las demandas.

Llama la SRA a Tlacoapa y Ocoapa a ponerse de acuerdo en una línea divisoria

 

Ante el intercambio de amenazas entre comuneros de Tlacoapa y Ococapa –que se disputan 456 hectáreas desde hace 120 años–, sobre un posible enfrentamiento, el delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), Natividad Salas Estrada, llamó ayer a ambos pueblos a “ponerse de acuerdo sobre una línea (divisoria) consensuada”, para dar fin a esa disputa y evitar de ese modo consecuencias graves.
Señaló enseguida que será hasta la próxima semana cuando la SRA y el gobierno del estado a través de la subsecretaría para Asuntos Agrarios, efectuarán una “ronda de reuniones” con los representantes agrarios.
El pasado miércoles en conferencia de prensa el presidente de los Bienes de Comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto denunció que sus vecinos de Moyotepec –que pertenece a Ocoapa– entraron armados a El Capulín y tomaron 200 hectáreas sobre las que comenzaron a sembrar; advirtió que por ese hecho emprenderían acciones para recuperar las tierras.
La versión fue confirmada un día después por el representante agrario de Ocoapa, Natalio Solano González, pero aseguró que se trata de una actividad “normal”, e incluso adelantó que continuarían con esa acción y ante la advertencia de los comuneros de Tlacoapa, señaló que defenderían las hectáreas que habían tomado.
Consultado a ese respecto, Salas señaló que ante esa situación “estamos agilizando una ronda de reuniones para la próxima semana; estamos tratando como siempre que ese asunto no se nos vaya de las manos, estamos trabajando en eso”, dijo.
Dicho encuentro serán hasta ese tiempo, porque “esperamos que el INEGI ya tenga lista los datos que iba a tomar, porque nos iba a prestar sus servicios profesionales para determinar la zona de conflicto. Lo otro sería esperar el juicio que se sigue ante el tribunal”.
Indicó que por información que dio el mismo Natalio Solano a los medios “tengo conocimiento de que se están sembrando las tierras, pero no tengo reporte de que haya conflictos ahorita, el presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa ha confirmado incluso que no entraron armados”.
Sin embargo, llamó a las autoridades agrarias de ambos pueblos a que se pongan de acuerdo “sobre una línea (divisoria) consensada, la Reforma Agraria está hemos tratado de influir en la negociación, pero esto depende de que haya arreglos, que establezcan una línea en que los dos estén de acuerdo, porque no es un asunto de Natividad Salas”.
Con relación a las advertencias que hace Tlacoapa en el sentido de que las acciones para recuperar sus tierras pueden repercutir en el proceso electoral y Ocoapa por su parte afirma que no permitirá la instalación de casillas en esa zona, Salas mencionó que no tiene registrado ningún documento oficial por parte de las autoridades agrarias en donde formalicen esa postura.

Comuneros de Moyotepec armados toman tierras de El Capulín que no estaban en disputa, denuncian




Autoridades agrarias de Tlacoapa denunciaron ayer que ayer en la mañana unos 300 comuneros de Moyotepec –con quienes se disputan 456 hectáreas desde hace 120 años– tomaron con armas de alto poder 200 hectáreas de tierra que pertenecen a El Capulín y comenzaron a sembrar sobre éstas, a pesar de que esa área no está dentro de la zona de conflicto.
Adelantaron que el próximo miércoles 31, durante la asamblea general de comuneros determinarán las acciones que tomarán para rescatar las tierras e incluso dejaron entrever que éstas pudieran tener alguna repercusión en el proceso electoral del 2 de julio.
En conferencia de prensa, este martes, el presidente de los Bienes Comunales de Tlacoapa, Ismael Galeana Sixto, dijo que producto de la “incapacidad” del gobierno estatal y federal para dar respuesta al problema agrario que tiene con sus vecinos de Ocoapa –a donde pertenece Moyotepec–, éstos “no han respetado ninguno de los acuerdos pactados en ocasiones anteriores”.
La consecuencia de ello, según dijo es que ayer por la mañana “entraron los de Moyotepec a El Capulín y comenzaron a sembrar sobre 200 hectáreas que no están dentro de la zona en disputa. Lo hicieron delante de los policías y éstos no hicieron nada”.
Precisó que fueron unos 300 comuneros encabezados por el comisario de Moyotepec, Marcelino Ramírez, los que aproximadamente a las 7 de la mañana de este martes, se posesionaron de las tierras que junto con las 456 “que ya sembraron, ahora tiene en su poder más de 600 hectáreas de nosotros”.
Acompañado de los comisionados José Alejandro Silva e Hilario Mendoza, así como del asesor y dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, Galeana Sixto anunció que ante la actitud de sus vecinos, el próximo 31 de mayo se realizará una asamblea general de comuneros en Tlacoapa quienes determinarán las acciones a seguir para recuperar las tierras y responsabilizó al gobierno del estado “de lo que ahí pueda suceder”.
José Alejandro Silva, agregó en su intervención que “todas las acciones estarán enfocadas a rescatar las tierras, por estrategia no podemos revelar nada, pero ya es un hecho de que lo vamos a hacer, lo vamos a dejar en las manos de los comuneros; lo informamos para que el gobierno del estado sepa”. Insistió en que el acuerdo que tomen sus compañeros “será una decisión que traiga graves consecuencias”.
Al tomar la palabra Romero Sotelo reprochó que a pesar de que Tlacoapa estaba respetando “no sembrar sobre la zona de conflicto, los de Moyotepec entraron primero a la parte alta de El Capulín y ahora a la parte baja, pero ya no pueden estar entre la espada y la pared”.
“Yo hablé con el coordinador del grupo de atención a focos amarillos de la Secretaría de la Reforma Agraria, Francisco Ibarrola y él me dijo que no era cierto, pero eso sólo demuestra que ni siquiera saben qué está pasando en La Montaña alta. Por eso lanzamos un SOS, al gobierno estatal y federal, porque va a ser lamentable lo que va a pasar el 1º de junio”, apuntó.

Liberan a los comuneros de Tlacoapa; esperan castigo contra los de Moyotepec



Teresa de la Cruz Chilpancingo

La noche del sábado 29 fueron liberados por falta de elementos para enjuiciarlos, los cuatro campesinos de Tlacoapa que permanecían encarcelados en el penal de esta capital tras haber sido detenidos por sus vecinos de Moyotepec, acusados de sembrar amapola en la tierra que se disputan desde hace más de 120 años.
En una improvisada conferencia de prensa ese día, el abogado de los comuneros de Tlacoapa y dirigente de la CNC no oficial, Evencio Romero Sotelo, informó que la excarcelación de Higinio Lara Toledo, Pedro Olivares Herrera, Celerino Lara Toledo y Hermenegildo Vicario Herrera “demuestra claramente que las pruebas les fueron fabricadas”.
Los campesinos fueron detenidos el jueves 20 de abril –junto con el menor, Héctrod Lara Galeana– cuando, según versión del presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González se encontraban sembrando amapola; éstos permanecieron en la comisaría de Moyotepec hasta el sábado 22, día en que fueron entregados a la Procuraduría General de Justicia en el Estado, que los presentó después a la PGR.
Posteriormente el lunes 24, dieron formal prisión a los cinco detenidos, cuatro de ellos encarcelados en el Cereso y el menor fue trasladado al Albergue Tutelar para Menores Infractores; al siguiente éste obtuvo su libertad provisional.
Fue hasta las 11:30 de la noche del sábado 29 cuando los cuatro comuneros encarcelados, fueron liberados “por falta de elementos para procesar”, dijo Romero Sotelo.
Dijo que también influyó en la decisión del juez Primero de Distrito del ramo penal con sede en esta capital, los informes que presentaron el secretario de Seguridad Pública, Juan Heriberto Salinas Altés, con relación a que, en la zona de conflicto “no hay siembra de estupefacientes”, así como el procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, respecto a que los policías ministeriales “actuaron en razón de que (los comuneros de Moyotepec) iban a linchar a los cinco campesinos”.
Agregó que lo que ahora esperaba él y sus representados es que, la PGJE “actúe igual de rápido para consignar a los comisarios de la Lucerna, San Juan de las Nieves y Moyotepec por haber secuestrado a los compañeros, y que también ejerza acción penal en contra de los autores intelectuales: Natalio Solano y (el abogado de los de Ocoapa) Jesús Escobedo”.
Dijo que como respaldo de su petición existe el oficio 620/2006 de la PGR, a través del cual esa dependencia “determinó que se configuró el delito de secuestro en contra de los cinco campesinos y lo turnó a la PGJE. A través de ustedes (los medios de comunicación) exijo acción penal”.
Romero advirtió que en tanto eso no ocurra, “no habrá pláticas” para solucionar el conflicto agrario que mantiene con Ocoapa. Agregó que mientras eso ocurre, en el transcurso de esta semana realizarán acciones de presión para que el 21 Tribunal Colegiado de Circuito –con sede en Acapulco– resuelva su demanda.

Sale del Tutelar uno de los comuneros de Tlacoapa detenidos por Moyotepec

Teresa de la Cruz Chilpancingo

La madrugada de este martes fue puesto en libertad bajo caución el menor Héctor Lara Galeana, remitido el lunes pasado al Albergue Tutelar para Menores Infractores, acusado –junto con otros cuatro campesinos de Tlacoapa que aún permanecen encarcelados en el Cereso– de delitos contra la salud, por sus vecinos de Moyotepec, informó ayer el asesor y dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) no oficial, Evencio Romero Sotelo.

Más tarde, autoridades agrarias y comuneros de La Sabana y El Capulín presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, en contra del agente del Ministerio Público especializado en Asuntos Indígenas, Joaquín Juárez Solano por ejercicio indebido de la función pública.

La inconformidad incluye también al presidente de los Bienes Comunales de Ocoapa, Natalio Solano González; a los comisarios de San Juan de las Nieves, Moyotepec y La Lucerna, así como al asesor legal de éstos, Jesús Escobedo González, por privación ilegal de la libertad en contra de los cinco campesinos detenidos.

En tanto, el secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera adelantó que por haber sido “secuestrados” los comuneros de Tlacoapa, se va a aplicar la ley en contra de quienes cometieron ese acto, porque “no puede haber una aplicación parcial de la justicia”.

Consultado luego de que presentaron la queja ante la Codehum, Romero Sotelo, informó que por la madrugada fue “liberado bajo caución”, Héctor Lara Galeana de 17 años de edad, quien fue recluido al Albergue Tutelar; dijo que lograron esa acción legal, debido a que no “hay pruebas suficientes que lo culparan”.

Afirmó que también este martes acudieron ante el Juzgado Primero de Distrito del ramo penal con sede en el Cereso de Chilpancingo “para presentar todas las pruebas y testimoniales que se desahogaran, esperamos que haga lo suyo el procurador de Justicia (Eduardo Murueta Urrutia) y de ser así, estamos seguros de que el sábado estarán dictando auto de libertad a los cuatro compañeros”.

Sobre la queja, Romero informó que ayer presentaron el documento y lo ratificaron las autoridades agrarias de Tlacoapa, precisó que éste va en contra de Joaquín Juárez Solano así como de Natalio Solano, de Jesús Escobedo y de los comisarios de San Juan de las Nieves, Moyotepec y La Lucerna.

Dijo que en una breve reunión que sostuvieron con el presidente de la Codehum, Juan Alarcón Hernández, tras exponer la problemática que enfrentan, éste se comprometió a intervenir ante la PGJE, para que se integran las denuncias penales en contra de Natalio Solano y Jesús Escobedo como los autores intelectuales del secuestro de sus cinco compañeros, así como también en contra de los comisarios de Moyotepec, La Lucerna y San Juan de las Nieves, por ser los autores materiales.

El dirigente cenecista añadió que el ombudsman instruyó al visitador general de la Comisión, Hipolito Lugo Cortes para que empiece a trabajar sobre la recomendación contra el agente del Ministerio Público Especializado en Asuntos Indígenas.

La detención y encarcelamiento de los cinco campesinos fue “un acto ilegal”: Chavarría

Consultado por reporteros al final de la firma de convenio entre la Codehum y el Cecyteg, acerca de las detenciones Chavarría dijo que “ahí hay una asunto que se está litigando en la agencia del MP federal, vamos a ver cómo va la situación, yo personalmente creo que se tiene que desahogar de manera rápida este asunto, vamos a hablar con el delegado de la PGR (José Martín Godoy Castro), para ver si hay elementos o pruebas para que esta gentes continúen allí”.

Admitió que esta situación “viene a complicar más el problema agrario, entre El Capulín y Moyotepec; incluso ya la gente de Tlacoapa ha dejado roto las platicas”.

Acerca de si en efecto los cinco campesinos detenidos realmente tenían bajo su posesión semillas de enervantes, el funcionario estatal refirió: “no sabría decir, yo no me atrevería a dar una opinión, porque las personas que fueron detenidos y que fueron trasladadas a al agencia del MP federal, ustedes saben que tenían algunos días retenidos o para decirlo más claramente secuestrados, estaban privados de la libertad”.

“Entonces hay una supuesta posesión de semilla de enervantes, pero a mí no me consta que realmente la hayan traído, entonces es un asunto que se está litigando en la instancia legal”, indicó.

Agregó que por el secuestro de los campesinos el gobierno va a actuar de manera penal en contra de los captores, pues afirmó que “fue un acto de ilegalidad y si se actúa por un lado pues con todo el rigor de la ley, también se tiene que actuar del otro lado con todo el rigor de la ley, no puede haber una aplicación parcial de la justicia”.

Sobre la renuncia del titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, Chavarría indicó que respetaba la decisión del ex funcionario, “pero nosotros vamos a continuar atendiendo el problema, seguramente el nuevo secretario los hará también y el subsecretario (Gilberto Hersberger) estará muy al pendiente de este asunto”.

Tlacoapa: piden al Congreso destituir a dos autoridades que son ministros

 De la corresponsalía, Chilpancingo * Ciudadanos del municipio de Tlacoapa solicitaron al Congreso del Estado la destitución de un regidor perredista y un secretario auxiliar de la comuna quienes al mismo tiempo son ministros de la Iglesia Evangélica.

El subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Francisco Bataz Benítez, señaló que hace unos días él encabezó las negociaciones con ciudadanos que militan en el PRI a quienes convenció de liberar el ayuntamiento de Tlacoapa y que su demanda de destitución del regidor Germán Galeana Sixto y el secretario auxiliar, José Alejandro Silva, la canalizaran por las vías legales.

El subsecretario aseguró que ambos funcionarios son ministros de un culto religioso distito al católico y eso mantiene irritados a ciudadanos “de 20 comunidades” indígenas de ese municipio.

Señaló que los ciudadanos ya canalizaron su demanda ante el Congreso local y se espera que haya una respuesta positiva “ya que el regidor y el secretario auxiliar que militan en las filas del PRD, están violando la Constitución”.

En ese sentido, aseguró que van bien las relaciones del gobernador René Juárez Cisneros con las distintas iglesias y prueba de ello es de que el pasado sábado se reunió en la residencia oficial de Casa Guerrero con los cuatro obispos y dos arzobispos de la Región Pastoral Sur.

“Los obispos le refrendaron su apoyo al gobernador René Juárez Cisneros a quien le dijeron gracias a su gestión en Guerrero existe paz y armonía”, expresó.