El Tribunal Electoral del Estado (TEE), declaró infundada la demanda de seis regidores de Chilpancingo para el pago mensual de una percepción extraordinaria, pagos para el apoyo del personal, y un bono anual de 2021 y 2022, porque no se acreditaron los agravios.
En tanto, al Ayuntamiento de Tlacoapa le ordenó el pago de remuneraciones y prestaciones a la síndica y cuatro regidores: Carolina Cantú Morales, Esperanza Morales Álvarez, Laura Rentería Malagón, Gabriela Castro y Constantino Estrada González, quienes recibieron salarios incompletos en 2021 y 2022.
Seis regidores de Chilpancingo, Inés Camarillo Balcázar, Reyna Pablo de la Cruz, María de los Ángeles Vázquez Pastor, Guadalupe Aguilar Alcocer, Antonio Guzmán Ruiz, y Ricardo Iván Galíndez Díaz, este ultimo del partido en el gobierno, señalaron cuestiones políicas en la cancelación de las remuneraciones. Es decir, “que puede suponer una forma de represalia como una medida discriminatoria (a un representante popular) si se emplea como un medio indirecto para excluir al oponente”.
Señalaron el ingreso neto mensual de 110 mil por varios conceptos, pero consideraron que también tienen derecho a una compensacion extraordinaria mensual de 20 mil pesos que se dio al principio de la administración a los regidores, el bono de fin de año de cien mil pesos, para compensar el bajo aguinaldo, y el pago para apoyo de personal de 10 mil pesos mensuales.
Si bien, el Ayuntamiento reconoció haber realizado tres pagos como compensación extraordinaria a favor de todos los ediles al inicio de la administración, precisa que fue con motivo de los efectos de la pandemia que provocó la enfermedad de COVID-19, y no puede servir de base para establecer una obligación permanente.
A partir de las pruebas aportadas y demás constancias allegadas al expediente por el ayuntamiento de Chilpancingo, consistentes en los estados de cuenta bancarios, los comprobantes fiscales digitales de pago y los presupuestos de egresos correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022, el pleno determinó que no se aprecian los rubros reclamaron los actores en el juicio. Tampoco se acreditó que haya sido aprobado por el cabildo
Juicio por reducción de salarios en Tlacoapa
En el caso de Tlacoapa, se aprobó el proyecto que declara parcialmente fundados e inoperantes los agravios señalados por cinco integrantes del cabildo, “por la presunta retención de sus remuneraciones correspondientes a los ejercicios fiscales 2021 y 2022”.
El pleno consideró que, “al estar tales prestaciones previstas como prerrogativas en el Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, es un derecho recibirlas en los montos aprobados, por lo que al haber sido cubiertas de manera incompleta, determinó que no fueron cumplidas en sus términos por la autoridad.
La síndica Cantú Morales, denunció en una ampliación de la demanda, la reducción ilegal del salario, así como la omisión del pago de compensación, del periodo correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021 y de enero a noviembre del año 2022.
Explicó que el pago acordado era de 15 mil pesos, más una compensacion de 5 mil, y la administración redujo los salario en distintas cifras, y fue omisa en pagar la compensación.
Por otro lado, señalaron que el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2021, dice que el salario y compensación para los ediles es 33 mil, y 19 mil pesos mensuales. Demandaron el complementos de sus pagos.
El tribunal condenó al ayuntamiento de Tlacoapa, Guerrero, al pago de remuneraciones, compensaciones, aguinaldo y prima vacacional, pero tambien vinculó el caso a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, y a la Fiscalía General de Justicia para que determine si los actos del gobierno municipal, pueden configurar alguna responsabilidad penal.
Campesinos y técnicos del programa Sembrando Vida en una mesa de trabajo en la comunidad serrana La Aurora, municipio de Heliodoro Castillo Foto: El Sur
Redacción
La Aurora, sierra de Heliodoro Castillo (Tlacotepec)
Campesinos de tres municipios de la Sierra integrados a Sembrando Vida acordaron este domingo, ante sus técnicos, organizarse para exigir una carretera, mercado para sus productos y un centro de acopio, y nombraron un comité encabezado por la joven Dioseline Gervacio Nava, para que se encargue de hacer llegar las demandas de los productores a los gobiernos estatal y federal.
Al encuentro acudieron 41 delegados en representación de mil sembradores de los municipios de San Miguel Totolapan, Atoyac y Tlacotepec, que en conjunto tienen 2 mil 500 hectáreas, cada uno con 2.5.
A los vecinos de esta zona, con el estigma de la violencia, el machismo y la siembra de amapola, se les vio organizados para un objetivo en común: vivir de manera autosuficiente y erradicar la siembra de enervantes, pero tienen serios problemas para lograrlo, pues sus caminos están en terribles condiciones y no tienen mercado para sus productos.
Para contextualizar, lo agreste de la zona permitió que los vecinos se dedicaran durante décadas a la venta de la goma de opio, ante la ausencia de autoridades para erradicar la planta y para llevar los servicios básicos a la zona, pero la caída del precio de ese producto hundió a algunos en una severa crisis económica; otros, los menos, ya sembraban maíz, jitomate, aguacate, pera o manzana y resistieron sin dificultades la falta del dinero de la droga.
Algunos otros enviaron a sus hijos a estudiar, quienes llegaron a obtener títulos de maestría y doctorado, hubo profesionistas que regresaron con métodos para salir del crimen, otros, “se hicieron profesionales”, mejoraron sus métodos de producción de enervantes y se integraron a cárteles con presencia internacional, según contaron asistentes a la reunión.
Ahora, todos buscan mantener su estilo de vida sin carencias, pero el grueso de los amapoleros no sabían producir otra cosa, hasta que llegó Sembrando Vida, relataron en entrevistas.
“Una inversión de 6 millones de pesos”, pero no hay mercado
La estructura del programa federal Sembrando Vida en el estado es de tres coordinadores estatales: Felipe de Jesús Sosa Garza, Mario Alberto Morlet y Omar Salinas, el primero es el coordinador de los coordinadores. En esta estructura sigue en jerarquía para la zona a la que tuvo acceso el reportero, el Territorio 24, el facilitador Gustavo Sandoval, quien es un coordinador de técnicos y cuenta con 10 técnicos que trabajan en equipos de dos, “binomios”, uno de ellos es experto en trabajo social y otro en productivo, según dijo el mismo Sandoval en entrevista.
Además, cada binomio cuenta con “becarios” a los que les paga el gobierno federal, jóvenes menores de 30 años que apoyan en las labores que requieran los técnicos y sembradores y se les pagan 6 mil 300 pesos al mes.
En su discurso de inauguración, Gustavo Sandoval informó a los campesinos que este mes recibirán 6 mil pesos por sembrar en sus parcelas, un aumento de mil pesos respecto del mes anterior, lo que significa “una inversión de 6 millones de pesos al mes, sólo para los sembradores y sembradoras. Un presupuesto que ya quisieran tener muchas dependencias del estado”. Además se les paga a los becarios, técnicos, facilitadores y coordinadores.
El facilitador, originario de la comunidad Toro Muerto, en la sierra de San Miguel Totolapan, agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que el programa empezó “en un momento crítico, fue muy oportuno, porque fue cuando se dio la crisis, cuando se está dando la emigración hacia Estados Unidos o al norte del país de muchos campesinos”, que se dedicaban a la siembra de amapola, que ahora no tiene mercado.
Llamó a “hacer equipo, echarle ganas y cumplir todas las metas, tenemos de aquí a junio para tener nuestras plantas listas en vivero y llevarlas a nuestras parcelas”.
En el Territorio 24, que comprende 50 comunidades de los tres municipios mencionados, Sembrando Vida lleva operando desde junio de 2021, así que aún no están en la parte de producción de frutos, sino en la de planta en los viveros, a diferencia de otras zonas, en las que el programa llegó al inicio de este sexenio.
Expuso que la intención de esta reunión, “es que se conozcan, que intercambien experiencias, conocimiento, porque nuestro territorio tiene condiciones muy diversas, desde La Junta de los Ríos, Nueva Dehli, Petlacala, Toro Muerto, Linda Vista y Laureles, tenemos climas muy fríos y algunos cálidos. Ahora es momento de que nos apoyemos, después habrá intercambios con otros territorios”.
Un campesino, tras la intervención del facilitador, calculó que tan sólo los productores integrados en el programa federal generan 600 toneladas de maíz al año, y se quejó de que no encuentran mercado, “en Atoyac el maíz lo están comprando en 4 mil 500 pesos por tonelada, pero vamos nosotros y nos preguntan de dónde lo llevamos, les decimos que de la sierra y nos ofrecen 3 mil pesos por tonelada, porque saben que no nos podemos regresar sin nada. Se aprovechan de nuestra necesidad, de que no hay carretera. Necesitamos mercado, que nos compren el producto, que nos arreglen la carretera”.
Un productor de jitomate informó que de cada 30 cajas que lleva de la sierra a la costa, 10 llegan dañadas, debido a que la terracería tiene muchos hoyos, lo que le genera “pérdidas importantes”.
En respuesta, el técnico David Araujo dijo que es necesario aprender el proceso de comercialización en equipo, “no es lo mismo que bajen una tonelada por separado a que bajen 600 en equipo. Sí, están mal los caminos, sí hay falta de mercado, pero yo sé que aquí la gente es muy inteligente, que pueden mover mercancía a escondidas. Entonces, no hay que esperar a que nos vengan a resolver todo. Para eso es esta reunión, para buscar una solución a nuestros problemas”.
El facilitador Gustavo Sandoval informó que hay planes para crear centros de acopio en la región, pero matizó, “está en propuesta”.
El centro de acopio de Segalmex más cercano está en la cabecera municipal de Atoyac, lo que para algunas comunidades significa 8 horas de camino agreste, cargando maíz, jitomate, manzana o pera en camionetas.
“Estamos erradicando eso que tenían los hombres”
En una actividad en la que se organizaron en grupos se planteó la pregunta: “¿Qué hemos logrado en Sembrando Vida?”. Los expositores dijeron “generamos empleos, igualdad entre hombres y mujeres, aprender a hacer composta, biofertilizantes, resolvimos problemas de la comunidad, la diversificación de productos”.
Una asistente abundó en cuanto a la igualdad entre hombres y mujeres, “hay que decirlo, antes la mujer se quedaba en casa y ahora hombres y mujeres nos vemos como iguales. Hacemos lo mismo que los hombres”.
“Estamos erradicando eso que tenían los hombres, no le quiero decir machismo, pero ahora hay mujeres que mantienen la casa”.
El siguiente equipo retomó el tema, un varón de unos 40 años dijo: “Las compañeras tienen razón, aprendimos que las mujeres pueden hacer lo mismo, pues también tienen dos manos, tienen fuerza, tienen inteligencia”.
Sin embargo, se les preguntó quiénes hacen labores del hogar, como barrer o lavar trastes, y ningún hombre alzó la mano.
Ahí mismo, se organizó un comité que representará a los mil campesinos del Territorio 24, para que “sean gestores de las necesidades” de los vecinos de la región, y quedaron Omar Santiago Gómez, de Campo Morado, del municipio de Tlacotepec; Moisés Don Juan Lucena, de La Cueva de Guerrero, del mismo municipio; Timoteo Martínez Bernal, de La Remonta, Atoyac; Reynaldo Reyes Rojas, de Petlacala, San Miguel Totolapan, y Dioseline Gervacio Nava, de Estación Toro Muerto, San Miguel Totolapan, quien quedó como presidente del comité
Heliodoro Castillo (Tlacotepec) es el municipio que registró ayer bajas temperaturas de 7 grados centígrados informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal.
El reporte de la dependencia indicó que los municipios que también han registrado bajas temperaturas principalmente por las mañanas son: Leonardo Bravo (Chichihualco) con 9, Chilapa 9.5, Zirándaro 11, San Marcos y Tlapa 12, Buenavista de Cuéllar y Chilpancingo 13 grados centígrados.
Mientras que las alcaldías que han registrado altas temperaturas son Tepecoacuilco 39, después le sigue San Marcos 37, Zihuatanejo 36 y Pungarabato 34 grados centígrados.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estatal pidió a la población abrigarse bien en esta temporada de frío y tomar vitamina C para reforzar su sistema inmunológico. (Luis Blancas / Chilpancingo).
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El ex alcalde de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y dirigente del desaparecido Consejo Supremo de Pueblos del Filo Mayor (CSPFM), Severo Oyorzábal Díaz, dijo desconocer por qué al ex rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, mencionó durante la inauguración del foro Por tu región tú decides que se realizó en Santa Bárbara, que en las reuniones a las que convocaban él y el también dirigente de la Sierra Rigoberto Acosta González, eran pura discusión y falta de acuerdos.
Sin embargo, confirmó las diferencias que hay con motivo del impulso para por la aprobación de la octava región, incluso dijo que en una reciente reunión con comisarios de la Sierra le manifestaron que “el sentir de muchos es que (Saldaña) se había montado en un proyecto que no inició él”.
Y ponderó que la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, le corrigiera la plana “a favor de nosotros”.
Oyorzábal Díaz explicó que en su caso no había necesidad de descalificarlo; “en este momento, como persona, tengo necesidades, no tengo chamba, ni ingresos, pero no pretendo ser presidente municipal o diputado, no me impulsa nada decir yo quiero ser, si se da alguna cosa, está bien, pero no es lo que me tiene casado”.
Expuso: “Yo no sé por qué motivo el señor (ex) rector se refirió a esa situación, y qué bueno que la presidenta Norma Otilia corrigió la plana a favor de nosotros, fue algo que en lo personal agradezco porque creo que no le hemos dado motivo al ex rector para que nos trate de esa manera”.
Aunque reconoció que asistieron a una reunión “que hubo por ahí” con comisarios “y le manifestamos que era el sentir de muchos que se había montado en un proyecto que no inició él, que se montó en un proyecto que iniciaron otros y no necesariamente Rigoberto Acosta y yo, no, fueron desde nuestros tatarabuelos y abuelos que empezaron con luchas agrarias”.
Dijo que ellos y otras gentes más, sólo “empezamos a dar un impulso para que la Sierra fuera reconocida, pero no solamente es una cuestión de Rigo y yo, son muchísimas gentes, por eso nos extrañó cuando dijo eso el ex rector; que había ido a una reunión en la que hubo pura discusión, sin acuerdos”.
Sin embargo declaró que no recuerda que haya habido alguna reunión en Filo de Caballos como lo dijo Saldaña Almazán y que la única reunión que fueron con él, fue hace poco en El Paraíso, (municipio de Atoyac), “yo ya no era del Consejo Supremo, y ahí se proyectó la Preparatoria del Paraíso, pero yo no recuerdo haberlo invitado a una reunión nuestra, finalmente me extrañó a mí esa cuestión (el señalamiento).
Sin embargo Oyorzábal Díaz explicó que no hay problema, pero que si ello hubiera ocurrido en otros tiempos, “la armamos ahí mismo de tos, pero ya hay madurez en nosotros”.
Pero reconoció que “sonó fuerte; decir que nosotros no pudimos porque puro peleándonos, (en cambio) yo miren, ya logré esto, eso a mí me molestó, pero lo importante es lo que ya se está logrando, y que entienda que, como se lo dijimos, qué bueno que se montó en ese proyecto, qué bueno que tiene de alguna manera la relación con la gobernadora, qué bueno que lo haya impulsado, no sé cuál sea su aspiración, motivo o razón, porque obviamente la tiene, pero nuestros respetos”.
El ex alcalde de Tlacotepec insistió que en su caso le interesa el avance de la octava región, no quién lo logre o lo impulse, “nosotros colaboraremos con el grano de arena o la piedrota que podamos poner, no en contra, sino participar en lo que se venga”.
Aunque insistió. “Pero si, en lo personal no me pareció que hasta dijo, ahora se esperan los municipios, y ese tipo de cosas”.
En su opinión, a pesar de estas cosas se debe avanzar, “y decirle a la gobernadora que no tenga miedo, porque ya empezó y la reconocemos, yo creo que los niños ya crecieron, los pueblos ya crecieron y quieren ver algunos municipios y pues de una vez hay que darle para adelante y busquemos juntos el recurso, digo, si hay para Belice, para Honduras para el Salvador, pues que haya para la Sierra, debe haber recursos para el desarrollo”.
El dirigente informó que en el foro del miércoles en Santa Bárbara, participó en la mesa de Desarrollo Económico y Productividad para el Bienestar y que la propuesta que presentó fue general como Grupo Sierra, en la que participan varias organizaciones.
Informó que en la Sierra, como en ninguna otra región, ya tiene muchos planes de desarrollo; hay dos de la UAG, otro que se realizó en el gobierno de Ángel Aguirre que se denominó Plan de Desarrollo 2013-2043, otro que se realizó por una empresa internacional que se llama La otra cara de la Sierra y uno más que se hizo en el gobierno de Héctor Astudillo que, incluso, se integró a su plan de gobierno pero que inesperadamente no lo operó.
Por eso dijo que ahora ya no se requiere mucho que aportar en materia de propuestas para la planeación y que lo que propuso es retomar, revisar y actualizar esos planes de desarrollo y destinar una gran inversión para detonar el desarrollo de la Sierra.
Oyorzábal Díaz opinó que ya está la base para un plan sostenible y sólo hay que echarlo a andar.
Una de las desplazadas por la violencia de comunidades del municipio de Leonardo Bravo, Antonia Guevara, es entrevistada por reporteros Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La vida de Antonia Guevara Gómez y su familia cambió desde 2015 cuando un grupo delictivo al mando de Juan Castillo Gómez, El Teniente, (asesinado en julio de 2019) comenzó las hostilidades para apropiarse de su pueblo, Izotepec, municipio de Heliodoro Castillo, (Tlacotepec), de donde en noviembre de 2018 su familia fue expulsada en definitiva.
Desde 2015, la familia de Antonia fue desplazada dos veces y los dos intentos por regresar han terminado en desgracia, contó ayer.
La tragedia no terminó con su desplazamiento en 2018; dos años después, su hermano despareció cuando regresó a su pueblo a confirmar si había condiciones para el regreso, su padre murió hace un año en un pueblo que no era el suyo y su madre está postrada, enferma.
Antonia es integrante del grupo de 130 familias desplazadas radicadas en Chichihualco que ayer se reunieron con la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Cecilia Jiménez-Damary.
De todas, fue la única que aceptó contar su testimonio al reportero, antes de la reunión con la relatora.
Los ataques del crimen organizado contra Izotepec, donde Antonia vivió hasta el 18 de noviembre del 2018, comenzaron en mayo de 2015. Después de un intenso tiroteo, la familia Guevara Gómez y otras salieron durante tres meses.
Regresaron los primeros días de octubre pero el 17 de ese mes mataron a su sobrino, hijo de su hermana, y a otro joven cuando fueron a traer su ganado para meterlo a una galera, y mantenerlo a salvo de los tiroteos de los delincuentes que acechaban.
La desplazada recordó que cuando estaban cargando unos becerros en una camioneta, comenzó la balacera y los dos jóvenes fueron sometidos por los hombres armados quienes les prendieron fuego.
El cuñado de Antonia y el padre del otro joven alcanzaron a desbarrancarse en un voladero arriba de una cuatrimoto para salvar la vida y sólo resultaron con fracturas en las costillas. Dijo que cuando llegó la policía del pueblo y los vecinos aun encontraron los cuerpos de los dos muchachos ardiendo.
Las hostilidades y amenazas del grupo armado siguieron en los días posteriores. “Siempre nos de-cían que nos saliéramos, que si no iban a entrar a acabar con toda la gente, con niños y mujeres”, recordó.
De acuerdo con Antonia, los tiroteos eran constantes hasta que el 18 de noviembre del 2018 entraron 100 hombres armados contra los que el pueblo ya no pudo enfrentarse, “pues ya era mucha gente”.
Explicó que los agresores, encabezados por El Teniente, querían controlar el pueblo por la madera del núcleo agrario, pues para entonces la amapola ya no la sembraban pues ya no valía como antes.
“Por la madera y las tierras, ellos (los grupos delictivos) quieren apoderarse de los pueblos a como sea”, y eso pasó en Izotepec.
Recordó que cuando salieron las familias de su pueblo en 2018 “fue bien feo”; unas salieron caminando por el cerro hasta Yextla, municipio de Leonardo Bravo, y de allí tomaron el rumbo de Chichihualco, igual caminando por el monte.
Ella, en cambio, con su madre enferma, pidió a uno de sus primos que la sacara en una camioneta y salieron de Izotepec “cuando mero estaba la balacera”.
Al llegar a Yextla les advirtieron que no le dieran por Filo de Caballos (municipio de Leonardo Bravo) porque también había balaceras y también se estaba saliendo toda la gente.
Añadió que tuvieron que tomar atajos para llegar a Chichihualco.
Ahora le han dicho a Antonia que Izotepec es un pueblo semi vacío, que solo vive la gente armada que los desplazó.
Desde entonces, Antonia Guevara Gómez y unas 130 familias de comunidades de Leonardo Bravo se encuentran refugiadas en Chichihualco todavía sin posibilidades de regresar a sus pueblos.
Contó que en septiembre del 2020 vecinos de algunos pueblos les dijeron que había vuelto la tranquilidad, y entonces su hermano Con-cepción, de 34 años de edad, subió a verificar si ya podían regresar sin problemas, pero ya no regresó.
“Nos aseguraron que ya estaba tranquilo y él solo fue a ver si deveras había condiciones para que regresáramos, pero ya no regresó”.
Recordó que subió un miércoles 25 de septiembre y salió del pueblo de regreso a Chichihualco el viernes a bordo de una camioneta Estaqui-tas, de la que tampoco volvieron a saber nada.
Dijo que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) pero sólo lo buscaron en los penales y hospitales de Guerrero y Morelos, sin resultados.
Ella, con unas 20 mujeres desplazadas subió a Izotepec; recorrió todo el corredor de Filo de Caballos hasta Xochipala, y no encontraron ningín indicio de Concepción.
En el pueblo le aseguraron que salió a las 7 de la mañana, sin que le dieran mayores datos.
Todavía con la tristeza en el rostro, recordó que el día que desapareció su hermano, ella estaba en Chilpancingo, donde tenía internados a su papá y a su mama y Con-cepción le mandó un mensaje de texto temprano para informarle que ya venía a Chichihualco de regreso.
Pero después del medio día otro de sus hermanos comenzó a mandarle mensajes y ya no contestó.
Agregó que, preocupado, su otro hermano le llamó a ella por teléfono para preguntarle si no le había hablado El Pelón, como le decían, porque él ya le había estado marcando y lo mandaba a buzón.
Dijo que al segundo día en el Facebook de Concepción se publicó una fotografía de un plato con comida y un vaso como de veladora con michelada, pero cuando le llamaron el teléfono sólo sonó una vez y después siempre mandó a buzón.
Su hermano desaparecido tiene cuatro hijos; uno de 17 años, otro 15, una niña de 4 y otro de 3. El mayor ya se fue a Estados Unidos, sin que haya vuelto a ver a su padre.
Antonia explicó que en condición de desplazamiento su padre murió hace un año y que como él han fallecido nueve más desde noviembre del 2018 cuando fueron expulsados de sus comunidades.
Y para Antonia, las dificultades no terminan; su madre sigue postrada en cama, con un padecimiento de columna que le provoca muchos dolores y necesita una operación, pero sin recursos ni apoyo gubernamental, nada ha podido hacer.
Asistentes a un mitin después de la marcha de ayer en Teloloapan con miembros de la autodefensa de ese municipio en el tercer año de su creación.Foto: El Sur
Más de 4 mil policías comunitarios de los municipios de Apaxtla, Cuetzala del Progreso, Heliodoro Castillo (Tlacotepec) y Cocula marcharon la mañana de ayer en Teloloapan para respaldar a la Policía Comunitaria Tecampanera en la conmemoración de su tercer aniversario, junto a niños, mujeres, comerciantes y transportistas de ese municipio.
Minutos antes de las 11 de la mañana los manifestantes –siete mil según los coordinadores de la Tecampanera- iniciaron la marcha en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en la desviación que va hacia el municipio de Apaxtla a unos 300 metros del retén militar en la salida hacia Iguala.
La caminata siguió en un tramo de la carretera federal, después se incorporó a la avenida Club de Leones para llegar a la plaza Eutimio Pinzón afuera del Palacio Municipal de Teloloapan, donde hubo un mitin.
Portando rifles, escopetas y pistolas de bajo calibre los policías comunitarios de los cinco municipios fueron acompañados por mujeres, niños, comerciantes y transportistas.
A pesar de la movilización los más de 10 puestos de revisión que tiene la Tecampanera en distintos puntos de la cabecera municipal de Teloloapan, como los dos ubicados en la carretera federal hacia Tierra Caliente en las salidas hacia Iguala y Arcelia, así como otros dos en la carretera hacia Apaxtla, se mantuvieron.
La Tecampanera surgió el 11 de enero de 2016 con el apoyo de sus vecinos del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC), ante el hartazgo de los crímenes del grupo delictivo La Familia Michoacana a la que en ese momento responsabilizaban de más de 400 asesinatos de vecinos de Teloloapan entre 2012 y 2016, además de múltiples secuestros, cobro de cuotas, robos, levantones y desapariciones de personas.
La marcha de ayer fue silenciosa, se vieron algunas cartulinas de apoyo al movimiento de autodefensa y la participación de algunas danzas, como la de Los Diablos de Teloloapan.
En el mitin los diferentes oradores y representantes de los grupos de autodefensa felicitaron al movimiento de la Tecampanera y los diferentes grupos refrendaron su apoyo mutuo. La movilización y el mitin concluyeron sin ningún incidente.
No dejarán las armas
Consultado vía telefónica, uno de os coordinadores de la Policía Comunitaria Tecampanera, del que se omite su nombre, informó que en el último año los índices de violencia en Teloloapan disminuyeron al mínimo y advirtió que no dejarán el movimiento ni las armas, a pesar de la llegada del 41 Batallón de Infantería a la cabecera municipal de Teloloapan.
Dijo que desde que empezó el movimiento sólo se dieron tres secuestros en comunidades del municipio, así como asesinatos durante enfrentamientos contra La Familia Michoacana.
En 2018 el 12 de marzo hombres armados con fusiles AK-47 y AR-15 de ese grupo criminal atacaron a balazos la base de El Hule de la Tecampanera, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, en la cabecera municipal de Teloloapan en la salida hacia Arcelia sin que resultaran personas lesionadas o muertas.
El 22 de julio en tres distintos enfrentamientos entre comunitarios de la Tecampanera y La Familia Michoacana en los poblados de Laguna Seca y Tehuixtla de Teloloapan, y en Zimatel y Verdecillo en los límites con Ixcapuzalco, al menos tres presuntos sicarios fueron abatidos.
La demanda de seguridad a los gobiernos estatal y federal con la instalación de Bases de Operaciones Mixtas (BOM) desencadenó un bloqueó a la carretera federal por parte de los comunitarios de Teloloapan que duró 18 horas, hasta que el gobierno aceptó dar la seguridad pedida.
El 18 de octubre en otro enfrentamiento en la comunidad de Tenanguillo, municipio de Ixcateopan, los miembros de la autodefensa de la Tecampanera asesinaron a cuatro presuntos sicarios.
A principios de noviembre políticos de municipios de la zona Norte y de Tierra Caliente pactaron una tregua que se utilizó para la Expo Feria Teloloapan 2018 durante el jaripeo denominado Torneo de Presidentes por la Paz de los Municipios Unidos.
Después se reanudó en ambas direcciones el servicio de camionetas tipo Urvan y taxis del transporte público en las rutas que comunican a Teloloapan con Arcelia, y del municipio General Canuto A. Neri (Acapetlahuaya), que estaba suspendido desde hace tres años por distintos hechos de violencia y que ayer operaba con normalidad.
Al cumplir un mes refugiados en el auditorio de Chichihualco, los desplazados de comunidades del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) por la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) exigieron ayer a los gobiernos federal y estatal que los regresen a sus casas, y que repliegue a los civiles armados que siguen en Filo de Caballos, para garantizar su seguridad.
En conferencia de prensa el mediodía de este miércoles, los representantes de los desplazados Crescencio Pacheco González y Alma Delia Barragán declararon que no quieren pasar la Navidad y el Año Nuevo fuera de sus casas y de sus pueblos.
Dijeron que les preocupan los 150 niños menores de 14 años y los 20 adultos mayores porque ha llegado la temporada de frío y duermen en el piso, y sin el abrigo suficiente.
Informaron que el total delos desplazados varia de 400 a 500 porque la mayoría se fue a vivir con sus familiares a otras ciudades, o se han ido de migrantes o jornaleros. Los primeros días del desplazamiento se informó que había de mil 600 a 2 mil desplazados.
Pacheco González denunció que a un mes de que abandonaron sus casas han perdido todo porque los que se dicen policías comunitarios les robaron sus cosechas, sus animales, sus cosas que tenían en sus casas, y en algunos casos se han apoderado también de sus viviendas.
Denunció que los saqueos siguen aún ante la presencia de los soldados y policías estatales que no hacen nada por evitar los robos.
Cuando la conferencia había terminado sorprendió un niño de 10 años, estudiante de quinto grado de la escuela primaria Benito Juárez de Los Morros. Bajó de las gradas abriéndose paso entre los desplazados y se sentó en medio de Pacheco González y Alma Delia, sin más, soltó: “Yo lo que le pido al gobernador es que haga su trabajo, que nos ayude a sacar a la gente mala que está en nuestros pueblos para que nosotros podamos regresar a nuestras casas”.
Entre sollozos siguió: “yo ya no quiero seguir aquí, ya me cansé de seguir aquí. Allá dejé a mis abuelitos y ellos ya no pueden caminar. Quiero regresar a mi casa”.
Insistió, “le pido al gobernador que nos ayude a sacar a la gente de Tlacotepec para que nosotros podamos regresar. Yo quiero estudiar, quiero ir a la escuela”.
Antes, Pacheco González dijo que ya tienen un mes fuera de sus casas y comunidades de donde fueron sacados por quienes se hacen llamar policías comunitarios, y que el gobierno no ha hecho nada, aun cuando recordó que el gobernador Héctor Astudillo ha dicho que los grupos de civiles armados no pueden hacerse responsables de la seguridad pública.
Expresó que todo mundo sabe, “el obispo, el secretario de Gobierno Florencio Salazar, el propio gobernador Astudillo, quién está detrás de los civiles armados que nos desplazaron, pero no actúan para retirarlos”.
Reprochó que las autoridades ni si quiera les han ido a decir cómo está la situación, por qué no pueden retirar a los comunitarios y cuánto tiempo van a permanecer así, fuera de sus casas, y quien se va a hacer cargo de la seguridad en la zona de la sierra.
“Si el gobernador no puede retirarlos, cuando menos que nos venga a dar la cara y nos venga a dar personalmente una explicación”, demandó.
Agregó que a un mes de que se refugiaron aquí ya se encuentran en condiciones “no gratas, se nos está acabando todo el apoyo. El gobierno ha dicho que nos está brindando todo el apoyo pero no es cierto”.
Aseguró que la última remesa de despensas que les llevaron del gobierno estatal fue el 16 de noviembre. Dijo que a partir de entonces se ha encargado el municipio y la gente de la cabecera municipal.
Informó que desde entonces “tampoco se ha venido a parar nadie del gobierno y no sabemos qué pasa ni qué traman”.
Contó que ayer por estar fuera de sus pueblos incumplieron con las costumbres de su fe religiosa que es la veneración a la Virgen de Guadalupe, y que no quieren pasar Navidad y Año Nuevo fuera de sus casas porque son fechas de reconciliación y de unidad familiar.
“Pedimos a los gobiernos federal y del estado que se sensibilicen, que nos regresen a nuestros pueblos o que nos den una explicación y nos digan hasta cuándo vamos a seguir así”.
También denunció que a un mes de que dejaron sus casas siguen los saqueos, y que ya han perdido todo, “hemos perdido completamente todos nuestros bienes, la cosecha, animales, las cosas que teníamos en nuestras casas y algunos hasta estas han perdido porque los comunitarios se las han apropiado para vivir”.
También dijo que han perdido su convivencia y sus tradiciones.
Denunció que no entienden por qué los saqueos de siguen cometiendo ante la presencia de militares y policías estatales.
Acusó a las autoridades de inacción y omisión, pues dijo que “ya pasó un mes para que el gobierno realizara una investigación y se hiciera llegar información de lo que pasó, y actuar contra los responsables pero todavía no hace nada, por eso hoy le exigimos que nos regrese a nuestras casas, ya no queremos seguir aquí”.
Dijo que lo que más desean ahora que se acercan las fiestas de diciembre es “llegar a nuestras casas y restablecer nuestra vida como Dios manda. Toda la gente está sufriendo aquí, tenemos 150 niños y 20 adultos de la tercera edad y son los que más recienten el frío, porque duermen en el piso”.
Alma Delia Barragán quien salió de Los Morros con sus seis hijos y su esposo negó que hayan dejado sus pueblos porque deben algo, como han dicho los comunitarios, añadió que se salieron porque temen por la vida de sus hijos, y reclamó que el gobernador no haga nada a pesar de que ya tenía conocimiento que los llamados comunitarios iban a entrar a Filo de Caballos.
También reprochó lo que dijo el secretario Florencio Salazar en el Congreso Local cuando compareció con motivo del tercer informe de Gobierno, en el sentido de que están pagando las consecuencias por dedicarse a sembrar amapola, “pero la culpa es del gobierno porque nunca apoyan con proyectos ni empleos a la sierra. La sembramos porque no tenemos de donde más, otra fuente de trabajo”.
Le pidió al gobernador Astudillo Flores que ayude ahora a los desplazados, “que no se haga el sordo, y si no nos cree cómo vivimos que suba y le presto mi casa un día para que oiga los balazos, a ver si sigue diciendo que es nuestra culpa habernos salido”.
Alma Delia declaró que sólo Dios sabe por lo que están pasando y que sienten feo que la Navidad y el Año Nuevo no los van a pasar en sus casas, “y nunca había pasado estas fechas fuera de mi pueblo, hoy sé que no es agradable pasar estas fechas fuera de la casa y durmiendo en el piso”.
Aspecto del refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, donde llevan más de 20 días familias desplazadas por la violencia de la Sierra, quienes demandan seguridad para poder volver a sus pueblos -Foto: Jessica Torres BarreraRecién nacida que vive en el refugio instalado en el auditorio municipal de Chichihualco, junto a su joven madre, quien 7 días antes de dar a luz huyó de la violencia en su pueblo y por la falta de médicos que la atendieran en el parto, abraza a su pequeña de 15 días de nacida -Foto: Jessica Torres Barrera
Asustada por los disparos que se escucharon la tarde del 11 de noviembre cuando la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) tomó Filo de Caballos, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), una joven embarazada abandonó su pueblo, Carrizal. Siete días después, el 18 de noviembre su hija nació y es la primera bebé nacida en un refugio para desplazados por la violencia.
Desde entonces la joven madre pasa los días en el auditorio municipal de Chichihualco igual que el resto de las demás desplazadas, sin atención médica, sin pañales para su hija, sin ropa apropiada y duerme en el piso con su bebé en brazos.
Ayer contó que el 18 de noviembre tuvo que trasladarse del auditorio municipal de Chichihualco, en donde está refugiada, a Iguala para tener a su hija en el hospital general de esa ciudad, porque allá vive su abuela y le ofreció alojamiento.
Sin embargo dijo que apenas dio a luz se regresó al refugio con la intención de estar pendiente del momento en que los regresen a sus pueblos, porque ella ya no quiere seguir viviendo fuera de su casa, “allá bien que mal nos sentimos más cómodas que aquí viviendo entre el montón”, dice mientras sentada en un banco amamanta a su hija recién nacida.
La joven madre, no mayor de 20 años, expuso que el 11 de noviembre salió de Carrizal asustada porque escuchó los disparos en Filo de Caballos, al momento que entraron los policías comunitarios, y porque muchas familias de ese pueblo pasaron por allí asustadas rumbo a Chichihualco.
Ella pensó que en cualquier momento podría dar a luz y que como en Carrizal estaba cerrado el centro de salud y a Filo de Caballos ya no podría ir, abandonó su pueblo para irse a refugiar a Chichihualco.
Su madre, que la acompañaba ayer, lamentó la situación en que se encuentran las tres y demandó a las autoridades que hagan algo para que puedan regresar a sus casas.
Dijo que a su nieta solamente le aplicaron las vacunas cuando nació y ya no la ha vuelto a revisar ningún médico, igual que a su hija recién parida, porque no hay médicos que atiendan a los desplazados. “Afortunadamente mi nietecita nació muy sana, no se nos ha enfermado, si no imagínese, cómo le haríamos”, se quejó la abuela mientras alternaba miradas de ternura a su nieta y a su joven hija, en medio del resto de mujeres y niños desplazados de sus pueblos debido a la violencia.
En el auditorio municipal ayer había desplazados que llegaron desde el 11 de noviembre, cuando irrumpieron los comunitarios en Filo de Caballos, también los que han ido llegando en los días posteriores.
Los más recientes fueron los del viernes que llegaron de Los Morros, aunque todavía ayer en la mañana dos hombres adultos se incorporaron al grupo de desplazados luego de que salieron de Filo de Caballos, aprovechando la presencia de policías ministeriales que fueron a ese pueblo, en donde los dos hombres estaban en contra de su voluntad, obligados por los comunitarios.
Entre los desplazados menudearon las críticas ayer. Denunciaron que el gobierno estatal los ha abandonado, no solamente en cuanto a la seguridad que no les garantiza para que regresen a sus pueblos, sino en cuanto a los apoyos para que sobrevivan.
Un hombre adulto dijo que después de más de dos semanas personal del gobierno del estado les llevó la noche del viernes (cuando llegó otro grupo de desplazados) 50 despensas, “¿pero usted creé que esto nos va a alcanzar?, esto nos dura apenas para un día o dos, tomando en cuenta que somos más de 500”, dijo.
También denunció que en los paquetes de despensa van muchas cosas que no comen, como el huevo en polvo, “que se nos hace masa en la boca, y no pasa, y si alguien tiene diabetes con eso se muere”.
Agregó que en los 21 días que llevan han sobrevivido gracias a la solidaridad de la gente de la cabecera municipal o de otros pueblos, “sólo así vamos comiendo a veces, pollo, frijol, arroz, sardina o atún, pero no siempre alcanza para toda la gente y los que se quedan sin comer se enojan”.
Informó que los primeros días hacían colecta entre los mismos desplazados para comprar otro tipo de alimento, pero se han quedado sin dinero y ahora se aguantan con lo que hay. Los hombres adultos han solicitado que el gobierno los apoye incorporándolos al programa de empleo temporal para que tengan algún ingreso, “podemos trabajar en la limpieza de la carretera de aquí a Chilpancingo, para que tengamos algún ingreso y nos distraigamos cuando menos, pero ni en eso quieren apoyarnos”, reprochó uno de ellos.
Otro denunció que los funcionarios están engañando al gobernador, “por eso le hemos pedido por escrito que venga personalmente a platicar con nosotros”, pues dijo que el secretario de gobierno, Florencio Salazar, el subsecretario Martín Maldonado y la delegada de gobierno, Norma Yolanda le han informado que sólo son 70 los desplazados. “Pedimos que venga el gobernador personalmente a ver cuántos somos y cómo vivimos”, exigió.
Policías comunitarios de Heliodoro Castillo quemaron una vivienda en Filo de Caballos, luego de tomar la población ayer domingo para controlar el corredor Tlacotepec-Xochipala . Foto: El Sur
Tras dos horas de tiroteos entró a Filo de Caballos, informa la Policía Comunitaria de Tlacotepec
El vocero Roberto Álvarez dice que policías estatales que patrullaban la localidad fueron atacados con armas de fuego y se originó una balacera, pero no reportó muertos. Los hechos ocurren luego de que comisarios de la zona donde opera su grupo rival se reunieron con el gobernador Astudillo
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Después de un tiroteo que duró más de 2 horas, la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (Tlacotepec) entró anoche a Filo de Caballos, informaron fuentes de Tlacotepec.
Mientras tanto el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia, aseguró que su entrada fue “pacífica” y no hubo muertos o heridos, pero en una fotografía se observa una casa incendiándose.
Alvarez Heredia informó que en el pueblo había presencia de soldados del Ejército y la Policía Estatal para evitar enfrentamientos.
Fuentes de Tlacotepec informaron que antes de la incursión hubo un enfrentamiento de las 5 de la tarde a las 7 de la noche pero tampoco se reportaron víctimas.
Se informó que anoche habría una reunión entre los representantes de los pueblos de los municipios de Leonardo Bravo (Chichihualco) y Eduardo Neri (Zumpango) con los de Tlacotepec para llegar a acuerdos y resolver el problema de violencia en la zona.
Ataque a la policía
Antes, civiles armados atacaron a balazos a policías estatales cuando recorrían Filo de Caballos, Chichihualco, informó mediante un boletín el vocero Roberto Álvarez.
Dijo que el ataque a la Policía Estatal ocurrió a la 1:50 de la tarde y que no se reportaron muertos o heridos. Tampoco precisó quien atacó a los policías.
Minutos antes pobladores del lugar denunciaron vía telefónica y en las redes sociales un tiroteo de policías comunitarios de Heliodoro Castillo, entre los que también fueron avistados civiles armados.
Desde la mañana ciudadanos de Filo de Caballos denunciaron que los policías comunitarios de Heliodoro Castillo y otros civiles armados intentaban entrar a los pueblos del corredor de Xochipala a Filo de Caballos, y denunciaron tiroteos cerca de los pueblos de Mirabal y La Laguna, municipio de Eduardo Neri.
Sin embargo, el vocero Álvarez Heredia aseguró que los policías estatales rurales recorrieron esos pueblos y no confirmaron la versión.
Pero a la 1 de la tarde vecinos de Filo de Caballos insistieron en que había nuevos tiroteos, esta vez en el otro extremo, por el lado de Puentecillas rumbo a Tlacotepec, y demandaron el apoyo de la Policía Estatal y del Ejército.
Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado que patrullaba la localidad de Filo de Caballos para proteger a la población fue agredida con armas de fuego, e informó que se originó un enfrentamiento, pero no reportó muertos.
Dijo que derivado del reporte e información en redes sociales, soldados del 50 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), policías del estado y rurales acudieron a dar seguridad a la población.
Informó que a la 1:50 de la tarde la policía estatal reportó que al patrullar por la calle principal de Filo de Caballos fue agredida con armas de fuego por un grupo de civiles armados.
“Acto seguido los elementos agredidos repelieron la agresión derivándose un enfrentamiento. Hasta el momento no reportan bajas ni heridos”, aseguró.
Hubo disparos en la zona desde el sábado
Vecinos de Filo de Caballos dijeron que desde el sábado civiles armados dispararon contra algunos hombres que trabajaban en el campo y que ayer como a las 8 de la mañana hubo disparos cerca de las comunidades de Mirabal y La Laguna, por el lado de Xochipala, mientras que después de la 1 de la tarde el tiroteo se escuchó en Puentecillas, cerca de Filo de Caballos, la población más grande de la zona.
Uno de los líderes del pueblo informó que a esa hora había una reunión de representantes de varios pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri en la que tomaban acuerdos precisamente para asumir su defensa, en caso de la irrupción de los comunitarios y civiles armados de Heliodoro Castillo.
Los pueblos de Leonardo Bravo y Eduardo Neri también crearon una Policía Comunitaria tras los ataques ocurridos en junio en las comunidades de Corralitos y en Puentecillas, aunque en los últimos meses ya no se les ha visto.
A las 6 de la tarde los pobladores informaron que los agresores se encontraban cerca de Puentecillas.
Acudieron las autodefensas Tecampanera, Movimiento Apaxtlense, de Cocula, de Cuetzala y de Mezcala a “pacificar” la zona
A su vez, la coordinación de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo informó que se trata de una incursión de policías comunitarios de ese municipio apoyados por la Policía Comunitaria Tecampanera de Teloloapan, del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón, de Apaxtla, la Policía Comunitaria de Cocula, la Policía Comunitaria de Cuetzala del Progreso, la Policía Comunitaria de Mezcala, Eduardo Neri, que quieren tomar el control de Filo de Caballos para garantizar la seguridad debido a que en ese lugar no puede pasar la gente de Tlacotepec que viene a Chilpancingo, o quiere regresar a esa cabecera municipal o a las comunidades.
La fuente aseguró vía telefónica que la intención es asumir el control a fin de “pacificar” la zona.
La violencia regresó a la zona luego de que el 2 de junio la Unión de Comisarios de la Sierra que agrupan a comunidades de Leonardo Bravo y Eduardo Neri se reunieron en Los Morros, municipio de Leonardo Bravo, en donde acordaron ofrecer garantías de seguridad en su zona para el paso de la gente de Tlacotepec.
Asimismo, el lunes pasado se reunieron con el gobernador Héctor Astudillo Flores acompañados por el presidente municipal priista de Leonardo Bravo,
Ismael Cástulo Guzmán, para agradecerle el reforzamiento de la seguridad en la zona con policías estatales y militares.
Se enfrentan policías y un grupo criminal en Coahuayutla: alcalde; va contra él, advierte
Clama Rafael Martínez de Morena ayuda del gobernador mientras consigue quién quiera ser policía municipal. La consigna que trae la célula delincuencial “es liquidarme a mí… estoy en estado de indefensión”, insiste
Redacción
El presidente municipal de Coahuayutla de Morena, Rafael Martínez Ramírez informó que este domingo en la comunidad Las Juntas de Bustos, a 20 minutos de la cabecera municipal, ocurrió un enfrentamiento entre policías estatales y una célula de un grupo de la delincuencia organizada que tiene asolada a la población de ese municipio.
“Agradezco mucho el apoyo del coordinador regional Pedro Castro, una persona comprometida e institucional, pero sí me gustaría que el gobernador me autorice el apoyo permanente de la Policía Estatal porque en cuanto ellos se salen llega el grupo armado a hacer de las suyas y yo no he podido ir al Ayuntamiento hasta la fecha. No se está trabajando, se trabaja unos dos, tres días y la gente se sale porque todos estamos amenazados, no sólo los trabajadores, sino todos los habitantes del municipio estamos en esa incertidumbre de no saber qué va a pasar y no podemos seguir así, esto no es vida ya”, apuntó.
Dijo que no se reportaron bajas entre los uniformados ni los civiles, pero hubo decomiso de vehículos.
Martínez Ramírez, quien desde antes de tomar posesión como alcalde de Coahuayutla denunció la presencia en ese municipio de un grupo delincuencial denominado Los Cuernudos, vía telefónica informó que ayer domingo al mediodía ocurrió el enfrentamiento.
Manifestó que “fue una célula de ese grupo” la que se enfrentó a los policías estatales, “y fueron los mismos que el domingo de la semana pasada asesinaron a dos muchachos afines a mi partido político”.
Rafael Martínez dijo que el coordinador regional de la Policía Estatal, Pedro Castro “es el único que ha estado más al pendiente de apoyarnos a hacerle frente a ese grupo y brindarle seguridad a la población que cualquier otra corporación, llámese militares, marinos, él es quien ha estado allá. Del enfrentamiento hubo un policía estatal que recibió un balazo pero afortunadamente llevaba chaleco y no pasó a mayores, incluso se habla de granadazos también, hubo el decomiso de dos camionetas de ese grupo armado”.
“Nuevamente solicitamos el apoyo del gobernador, que intervenga, toda vez que estamos en estado de indefensión ya que no tenemos armamento en el municipio”.
Indicó que la ayuda que necesita del gobernador es que autorice que un grupo de la Policía Estatal esté de manera permanente en ese municipio, mientras él consigue personas que quieran ser policías municipales y se certifiquen para estar en la licencia colectiva 110, porque no hay ningún ciudadano de su municipio que quiera ser policía municipal.
“No encuentro elementos en el municipio, gente que quiera entrarle como policía municipal por el riesgo que conlleva, por las amenazas que ha habido de esta gente”.
Advirtió que la consigna que trae este grupo criminal “es liquidarme a mí, es la idea que traen y digo, estoy en estado de indefensión, ni para mí mismo, no puedo traer armas ni en mi municipio, ya ve lo que pasó en la campaña, me detuvieron porque traía armas de bajo calibre queriendo cuidar mi vida y a raíz de eso me vi en la necesidad de no traer nada”.
Aseguró que ha acudido a todas las corporaciones policiacas estatales y federales, “pero nadie de las autoridades federales me contestaron, que la primera instancia era el municipio para brindar seguridad a los ciudadanos y de ahí seguía el estado y si el estado se veía rebasado hasta entonces podían ellos intervenir, ya fui con el estado también y lo que me dicen es que no hay la capacidad para estar de manera permanente acá, entiendo todo eso, pero acá estamos en estado de indefensión”.
Rafael Martínez aseguró que la situación en materia de seguridad en Coahuayutla no puede compararse con el resto de los municipios de la Costa Grande, “no tenemos ningún policía que esté registrado para estar dentro de la licencia colectiva 110 y esté facultado para portar armas, así que por lo tanto de qué manera me defiendo yo y al municipio”.
“Por eso mi petición al gobernador que autorice la permanencia de la Policía Estatal en mi municipio mientras encuentro gente que quiera ser policía municipal”, insistió.
Firman líderes de la sierra, diputados, dos alcaldes y enviados del gobierno y del electo el Plan Lindavista
Demandan que se legisle “para dar certeza legal” a los movimientos de autodefensa. Incluyen una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población del Filo Mayor
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Representantes del gobierno federal electo y del gobierno del estado, la diputada federal María del Carmen Cabrera, cuatro diputados del Congreso local, los alcaldes de San Miguel Totolapan y Leonardo Bravo, un representante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y 37 líderes de la sierra firmaron el sábado en Linda Vista, municipio de San Miguel Totolapan, el Plan Linda Vista por la Unificación, la Pacificación y Regionalización de los Pueblos de Guerrero.
Incluye una propuesta de decreto por el que se crea la Zona de Atención Especial para el Desarrollo Sustentable de la Sierra de Guerrero y fue aprobado y firmado durante el Primer Encuentro Regional para el Desarrollo Integral de la Sierra, en esa población enclavada en lo alto de la sierra del Filo Mayor.
Al encuentro al que asistieron representantes de los tres niveles de gobierno, diputados federales y locales, así como dos alcaldes, dirigentes y actores de 14 municipios de la zona demandaron la remunicipalización, que los congresos local y federal legislen “para darle certeza legal” a los movimientos de autodefensa, que el estado eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales, elaborar un esquema micro regional para atender los problemas de inseguridad así como resolver los distintos conflictos agrarios.
Según los audios y documentos generados durante el encuentro, los líderes de la región insistieron en la creación de la octava zona económica, la Sierra, una demanda que vienen planteando desde el gobierno de René Juárez Cisneros.
“La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante”
Una de las participantes, Isabel Hernández Urióstegui, vecina de Plan Verde municipio de San Miguel Totolapan, reclamó a los asistentes: “La sierra ha callado por mucho tiempo, ha sufrido bastante, ha aguantado un chingo, hemos callado por años”.
Dijo que en la sierra “sabemos de qué nos mantenemos, de qué nuestros padres y madres nos han dado la oportunidad de prepararnos, es gracias a lo que se siembra acá, porque no han habido otras oportunidades, no ha habido de dónde agarrar recursos para sacar a sus hijos adelante”, expresó en referencia a que se dedican a la siembra de amapola.
Sin embargo, añadió que “hoy esto (la amapola) ya no vale y vivimos en una crisis económica que nos pone al borde de la muerte, porque se han presentado enfermos y no ha habido dinero para mandarlos a la ciudad, el problema es que para llegar a Atoyac donde está el hospital son 8 horas, y los enfermos se mueren en el camino porque están tirados”.
Concluyó: “la sierra ya aguantó mucho, es momento de que se le dé un trato digno, un trato diferente”.
A su vez, Eréndira Herrera Carranza, vecina y catedrática del Colegio de Bachilleres de Vallecitos de Zaragoza, reclamó que la gente de la sierra vive en el abandono por culpa de muchos gobiernos, y demandó que para terminar con el rezago haya una remunicipalización, es decir, la creación de nuevos municipios.
Demandó la participación de los ciudadanos porque dijo que de nada va a servir si el gobierno y los diputados hacen su trabajo y los habitantes no hacen nada por sus propias comunidades.
Un representante de Pueblos Unidos por la Paz Social y del movimiento de autodefensa de San Miguel Totolapan, leyó un documento en el que reclaman a los 3 niveles de gobierno atención y acción para el desarrollo de los pueblos de la sierra que han estado marginados desde hace cuatro años.
Dijo que en materia de seguridad fueron abandonados y que tuvieron que surgir como movimiento de autodefensa un 28 de octubre del 2014 para frenar la delincuencia organizada “bajo el marco constitucional de la legítima defensa”.
Agregó que sólo así lograron que los prestadores de servicios, maestros, médicos, sacerdotes y comerciantes se desenvuelvan en la zona en un contexto seguro, a pesar de que, informó, “hay compañeros que han perdido la vida por lograr la pacificación en los pueblos”, mientras que hay pueblos que siguen sufriendo el lastre de la seguridad.
Aseguró que la autodefensa de San Miguel Totolapan no está subordinada ni sirve a los intereses de partidos, narcotraficantes, guerrilla, religiones, gobiernos o caciques.
Tampoco persigue delincuentes, “no denunciamos, no ajusticiamos, sólo actuamos por flagrancia de delitos, como estipula el marco constitucional”.
Las demandas
En su documento propusieron elaborar un esquema micro rregional para atender los problemas de inseguridad, la autorización de 300 elementos para la Policía Rural, así como asignar un presupuesto para apoyar a todas las autodefensas, la dotación de vehículos terrestres, armamento y capacitación, “en el entendido de que ninguna estrategia de seguridad funcionará sin la participación ciudadana”.
También demandaron que el Congreso local y federal legislen para darle certeza legal a los movimientos de autodefensa, además, que eleve a rango constitucional el cuarto poder representado por los comisarios municipales.
Atrajo la atención la intervención del diputado local Servando de Jesús Salgado Guzmán, quien entre sollozos expresó que conoce y ha visto la carencia de los pueblos de la sierra, porque es sierreño, “soy uno de ustedes”, les dijo a los asistentes de los pueblos, e incluso se dijo perseguido por gestionar proyectos para la sierra.
“Me ha tocado ser perseguido por las autoridades por luchar por ustedes, por los transportistas, por mi pueblo Jaleaca de Catalán”.
Contó que 6 veces fue perseguido porque en el 2016 encabezó una manifestación pacífica en Chilpancingo por proyectos productivos, “pero verdaderamente sustentables para la sierra, no proyectos de traspatio, gallinas ponedoras, que no sirven para nada, porque al final de cuentas hay tanta necesidad y carencia en sa Sierra que esas gallinas nos las venimos comiendo en unas semana”. En seguida exigió un “Ya basta”.
Demandó unidad para sacar del atraso a la sierra, “que me entienda quien me quiera entender, necesitamos el desarrollo de nuestra pueblo”, dijo.
El coordinador en Guerrero de la iniciativa para la pacificación y reconciliación nacional del gobierno federal electo, Álvaro Urreta Fernández, expuso los programas para el cambio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que entrará en funciones el 1 de diciembre, y ofreció gestionar la solución de sus peticiones.
Añadió que el presupuesto tiene que aplicarse de manera distinta en la sierra, “sí, hay hartazgo, pero tenemos esperanza y vamos a trabajar con sensibilidad y con humildad”.
También se comprometió a trabajar con los desplazados e informó que se está integrando una lista para ver qué se puede hacer con los desplazados de la violencia “porque es muy triste lo que está pasando”.
Se comprometió también a gestionar ante el nuevo gobierno federal el problema de la inseguridad, y que además se discutirá con el gobierno estatal.
El Plan Linda Vista que fue firmado reconoce que la mayoría de la población de la Sierra padece condiciones precarias en la calidad de vida, “producto de históricos procesos de rezago y exclusión económica, social y cultural”.
Se establece que en eso se sustenta la creación de la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la sierra, “cuyo objetivo es establecer una nueva relación entre el estado y la sociedad, de manera que se capitalice el esfuerzo social a favor del desarrollo de la región”.
Se propone que la zona de atención especial para el desarrollo sustentable de la Sierra de Guerrero, se integre por 31 comunidades de Ajuchitlán del Progreso; 71 de Atoyac de Álvarez; 63 de Coahuayutla de José María Izazaga, 3 de Coyuca de Benítez, 210 de Coyuca de Catalán; 285 de general Heliodoro Castillo; 26 de Chilpancingo; 74 de José Azueta; 37 de Leonardo Bravo; 67 de Petatlán; 52 de Miguel Totolapan; 59 de Tecpan de Galeana, y 20 de Zirandaro de Los Chávez.
Otro de los acuerdos fue la solución definitiva de los conflictos agrarios, algunos de ellos que llevan más de 5 décadas de litigios y que los agravó el programa del Procede, por la medición incorrecta de los núcleos agrarios.
Convinieron que estos conflictos agrarios son unas de las principales limitantes y estancamientos del desarrollo social y económico en la sierra “porque no dan certidumbre a la inversión económica tanto social como privada”.
Otro de los acuerdos son la creación de la Comisión Especial para la pacificación y Desarrollo de la Sierra por el Congreso local, para asignar un presupuesto con fuente de los tres órdenes de gobierno para la pacificación y desarrollo de la sierra, constituir un fideicomiso o secretaría de desarrollo para la Sierra como mecanismo de operación de los recursos asignados a la región.
Asimismo, considerar a la Sierra dentro de la estrategia de los territorios de paz en que participan instancias de seguridad nacional como estrategia de pacificación y reconstrucción.
Además, iniciar acciones para el reconocimiento de la sierra como octava zona económica, administrativa, incluyendo la remunicipalización con comunidades de los municipios de Zihuatanejo, Coyuca de Catalán, Coahuayutla, Tecpan de Galeana, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Chilpancingo, Atoyac.
El Plan Linda Vista Por la Unificación, la Pacificación y regionalización de los Pueblos de Guerrero, fue firmado por Álvaro Urreta Fernández, coordinador en Guerrero de la iniciativa por la pacificación y reconciliación nacional. Constantino González Vargas en representación del senador Félix Salgado Macedonio y la diputada por el distrito 03, María del Carmen Cabrera Lagunas.
Del gobierno del estado firmaron el documento Alejandro Carbajal Cruz, coordinador de Desarrollo Rural de la Región Sierra; en tanto que por el Congreso del estado firmaron los diputados del PT, Servando de Jesús Salgado Guzmán, los de Morena Alfredo Sánchez Esquivel y Adalid Pérez Galeana, así como el priista Olaguer Hernández Flores.
Estaba anotado el nombre también del diputado Arturo Martínez Núñez, pero éste no asistió.
Por la Universidad Autónoma de Guerrero, firmó David Franco García Orozco, así como los alcaldes de San Miguel Totolapan, el perredista Juan Mendoza Acosta, y de Leonardo Bravo, el priista Ismael Cástulo Guzmán.
También firmaron 37 líderes y actores de la Sierra, entre ellos: Severo Oyarzabal Díaz, José Concepción Hernández, Rigoberto Acosta González, Roberto Fuentes Catalán, Cipriano Olea Estrada, Humberto Aguilar Marino, Zeferino Cortés Díaz, Miguel Rojas Bernardino, Humberto Nava Reyna, Arturo López Torres y Carlos García Jiménez.
Ante el cierre de centros de salud debido a la violencia y la poca atención médica en la zona de la sierra, el diputado local electo por el PRI, Olaguer Hernández Flores y vecinos del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), se reunieron con el secretario de Salud, Carlos de la Peñas Pintos, para solicitarle médicos y medicamentos.
Consultado en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, antes de que iniciará la reunión con el funcionario, Hernández Flores informó que el encuentro era para solicitar la reactivación del hospital Básico de Tlacotepec, y que es urgente atender a más de 25 mil pobladores.
Detalló que el hospital no está cerrado, “se da atención médica pero no es suficiente, ya que hace falta personal, como médicos, enfermeras y medicamentos, se atiende pero es insuficiente para unos 25 mil habitantes”.
El diputado local electo dijo que, “a raíz de ciertas situaciones que se dieron de manera violenta los doctores dejaron de subir a la sierra”. Reiteró que hay atención pero es insuficiente.
Del medicamento externó que en el Hospital Básico hay pero hace falta que se surta en los centros de salud, que algunos están cerrados debido a la violencia, por lo que replantearía que se abran.
Dijo que como diputado electo propondrá que en el caso de la sierra se debería de tener una mejor atención e incentivar a médicos y enfermeras que van a la parte alta, “porque no es lo mismo que estén en la ciudad a que vayan a dar atención médica a una parte muy marginada”.
Al finalizar la reunión algunos vecinos informaron que solicitaron al secretario de Salud mejor atención porque es urgente, porque quienes se enferman tienen que viajar a Chilpancingo, y son casi 3 horas de camino en vehículo.
Se comprometen funcionarios con la reincorporación del personal de Salud a Tlacotepec
En un comunicado oficial se informó que De la Peña Pintos y su equipo de trabajo recibieron a los vecinos de Heliodoro Castillo, encabezados por Olager Hernández Flores, Julián Torres Flores quien es presidente del Comisariado Ejidal de Bienes Comunales, Lázaro Guadalupe Arellano presidente de la asociación PUEDES, y con el representante del Ayuntamiento, Abraham Vega Alejo.
En este encuentro se establecieron compromisos entre los cuales destacan la reincorporación del personal de Salud al hospital de Tlacotepec, la cabecera municipal de Heliodoro Castillo.
Dice que se programará una visita de supervisión a la unidad del área de Planeación, con el fin de hacer un diagnóstico para el mantenimiento de su infraestructura y equipo, en tanto se gestione el procedimiento normativo para su sustitución.
Además se buscarán alternativas de acercamiento entre autoridades municipales, incluyendo comisarios, a fin de establecer mecanismos que garanticen la seguridad del personal.
El 23 de junio integrantes de la Unión de Comisarios de la Sierra acudieron a la Jurisdicción Sanitaria 03 de Chilpancingo para pedir médicos y que se abriera el Hospital Básico Comunitario de Filo de Caballos.
En Tlacotepec y Filo de Caballos operan grupos criminales antagonistas, que han provocado mediante la violencia la falta de los servicios.
