La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones de derechos humanos a una persona.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH publicó la Recomendación 91VG/2023 dirigida a la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, al comisionado general de la Guardia Nacional, David Córdova y la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos.
Se explica que la recomendación se emitió debido a violaciones graves a los derechos humanos a la integridad de la persona por actos de tortura contra una víctima, presuntamente atribuibles a integrantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, en el municipio de Chilpancingo.
La Comisión relató que el 21 de febrero y 7 de marzo de 2022, recibieron escritos de la víctima quejándose de que el 18 de febrero de 2022, detallando la situación en la que se realizaron los agravios.
“Vio que corrían varias personas, las cuales eran perseguidas por efectivos de la Guardia Nacional, por lo que apresuró el paso y se refugió en los baños de la presidencia municipal, de donde lo sacaron y, en las puertas del Ayuntamiento, los guardias federales lo golpearon en diversas partes del cuerpo, lo tiraron al piso, lo patearon, lo colocaron boca arriba y le cubrieron la cara con una franela a la que le echaron agua para asfixiarlo mientras le preguntaban los nombres de los ‘halcones’, además de señalarlo como uno de ellos”, describe la Comisión.
Indicaron que posteriormente, el 19 de febrero, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en el municipio de Acapulco, donde personal de la dependencia le torturó física y sicológicamente.
“La madrugada del 19 de febrero de 2022, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, donde personal de la institución metió su cabeza a una taza de baño y le volvieron a cuestionar si era ‘halcón’ y los nombres de sus cómplices, además de torturarlo psicológicamente al amenazarlo con hacerle daño a su familia si no confesaba”, explicaron.
Afirman que debido a que no tuvieron respuesta, a la persona en cuestión se le trasladó al municipio de Chilpancingo y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien lo consignó al Centro de Reinserción Social.
Añadieron que debido a un análisis, estudio y valoración de evidencias, la Comisión afirmó la violación de derechos humanos por actos de tortura en agravio de la víctimas, esto por parte de integrantes de la Guardia Nacional y la Fiscalía.
“Del análisis, estudio jurídico y valoración de las evidencias, la CNDH acreditó la violación grave de los derechos humanos a la integridad personal y a trato digno, por actos de tortura, en agravio de la víctima por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de la entidad, por lo que solicitó al comisario de la GN y a la fiscal del estado que procedan a la inmediata reparación integral del daño causado, otorgando la atención médica y psicológica que requiera la víctima”, externó la Comisión.
De igual forma, la CNDH exhortó tanto a la Guardia Nacional como a la Fiscalía a colaborar en la carpeta de investigación e identificación de los agentes que participaron en los actos de tortura.
“Asimismo, esta Comisión Nacional pide que ambas dependencias colaboren en la integración de la Carpeta de Investigación iniciada por lesiones a la víctima y se investigue y determinen la responsabilidad de cinco personas servidoras públicas adscritas a la Guardia Nacional y una más al Ministerio Público. Asimismo, deberán identificar a los agentes que participaron en los actos de tortura a la víctima mientras permaneció en la ciudad de Taxco y que no firmaron ningún documento”.
La CNDH recomendó un curso de capacitación dirigido a personas servidoras públicas de las dependencias que realicen actividades de seguridad pública en Guerrero sobre la prevención de la tortura.
Norma Mesino, Martha Obezo y Diana Hernández –hija del luchador social asesinado Ranferi Hernández– alzan sus puños frente al próximo subsecretario Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas en el Foro Escucha Acapulco. Por La Pacificación y Reconciliación Nacional celebrado con la asistencia de mil 200 víctimas, familiares de víctimas, defensores de derechos humanos e integrantes de organizaciones sociales de Guerrero ayer en el Centro de Convenciones Foto: Carlos Alberto Carbajal
“Ya ni sabemos quiénes son los sicarios y quiénes los gobernantes”, dicen víctimas
Las autoridades están ligadas al crimen organizado, señalan y esperan que López Obrador no les defraude en su demanda de justicia. Afirman que si ganó la Presidencia fue “por el dolor y el baño de sangre” que ha dejado la violencia en el país
Karina Contreras
Durante el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. el futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, escuchó los reclamos de justicia para las víctimas de asesinato y desaparición forzada en Guerrero.
En un ambiente de dolor y con voz llorosa, las madres de los desaparecidos o viudas pasaron al micrófono para pedir justicia directamente al futuro funcionario en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y dijeron que si habían llegado ahora al poder, era en gran parte por el dolor de las víctimas. Mientras que la señora Margarita López Pérez dijo que ya están hartos y hasta la madre y quieren justicia para sus hijos.
Durante la plenaria, que se dio antes del inicio de las mesas de trabajo, la presidenta del colectivo de Chilpancingo, Guadalupe Rodríguez Narciso, madre del abogado desaparecido el 4 de junio del 2014 en Chilpancingo, Josué Molina Rodríguez, pidió que el gobierno de López Obrador no los defraude “porque si llegaron al poder es por este dolor” y porque creen que habrá justicia.
“Si llegaron al poder fue por todo el dolor, este baño de sangre que hay en toda la República. Por eso decidimos apoyarlos porque ya no tenemos otra esperanza, porque el gobierno en turno ha sido de impunidad, ha sido corrupto y ligados al crimen organizado, ya no sabemos quiénes son los sicarios y quiénes son nuestros gobernantes”. Dijo que son cuatro años que le han cerrado el acceso a la justicia, que “me han negado una denuncia en todos los lugares”.
Aseguró que ha sido revictimizada porque “no tan solo he tenido que investigar y aportar lo que yo he investigado acerca de mi hijo, sino que me han amenazado, me han seguido y me han querido levantar, pero el dolor que llevó se ha convertido en un coraje al grado de exponer mi vida y la de mi familia, pero el grito de dolor y de coraje no lo podemos ocultar”.
Añadió con sollozos que hay mucho padres y madres a quienes les negaron el acceso a la justicia y que llevamos años esperando que “nos reciban la investigación, porque nosotros somos los que investigamos y estamos hasta la madre y por eso le pedimos a este nuevo gobierno que no nos defraude”.
Señaló que están enfermos por tanto coraje y dolor “he luchado cuatro años para encontrar a mi hijos y aún cuando he aportado todas las pruebas no he encontrado justicia”. Dice que salen a investigar pero no saben si van a regresar. Al nuevo gobierno les demandan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Acusó al gobernador Héctor Astudillo de criminalizarlo y no darles resultados, pero además los hizo a un lado de identificación de cadáveres que están en la Semefo, “solo aceptó dos grupos de colectivos y a cuatro o cinco nos invitaron”.
Aseguró que mientras no encuentre a su hijo nadie la va callar y con un llanto desgarrador expresó: “Al mundo entero le grito que quiero justicia para mí, para los 43 de estudiantes y los miles y miles de desaparecidos. Ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Hijo, escucha, tu madre esta en la lucha”.
Mientras que la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo, aseguró que toda esa descomposición social no estuviera la nivel que está si no hubiera ocurrido el descabezamiento de uno de los tres poderes en el estado, en referencia al asesinato de su esposo hace nueve años. Le dijo a Alejandro Encinas que estuvo presente en las exequias y que los abrazo. Le recordó que él ha visto como el expediente ha sido mutilado y cómo ha sido revuelto.
Indicó que todos son crímenes de altísimo impacto social y donde el 99 por ciento quedan impunes y la Fiscalía se debería llamar “Fiscalía de carpeteria por los miles de casos sin resolver”. Pidió a Alejandro Encinas que ese asesinato no quede en la impunidad así como la desaparición de los 43 y los miles de casos porque Guerrero necesita justicia, es un reclamo generalizado.
“Pido justicia no solo para mi esposo asesinado sino para quien tenía la representación del poder popular, no era un diputado más o político más. En Guerrero no se toca a los poderosos, Zeferino Torreblanca Galindo goza de total impunidad, nadie quiere tocarlo, ha habido nueve fiscales y no pasada nada”, dijo.
Indicó que al nuevo gobierno no le van a entregar un cheque en blanco sino que van exigir justicia.
Mientras que Norma Mesino pidió justicia para sus dos hermanos, Miguel y Rocío Mesino, porque ya no quieren que los casos de impunidad se acumulen todos los días, pues esa impunidad que hay en el país ha permitido que muchos hogares haya luto y muchos no encuentren a sus familia, por eso exigen justicia. Que la federación investigue y castigue a los culpables, “queremos justicia, pero con la verdad, ni perdón ni olvido”.
Mientras que Margarita López Pérez preguntó que dónde estaban las garantías que todas las madres deben tener y narró que su hija fue secuestrada en Oaxaca, donde fue torturada, violada y decapitada. Aseguró que están cansadas de todas las organizaciones y colectivos vividos que viven a costillas del dolor, “queremos ser atendidos de manera personal”. Se quejó de que si no se pertenece a un colectivo no son atendidas y lo que quieren es justicia para sus hijos.
Mientras que la hija de Ranferi Hernández también pidió justicia y verdad así como castigo caiga quien caiga, pues “ya basta de simulación y queremos las cosas bien”.
Por su parte, el vocero del colectivo Siempre vivos de Chilapa, José Díaz Navarro, expuso el caso de sus hermanos asesinados en noviembre del 2014 en municipio de Quechultenango, donde criticó que Néstora Salgado ha sido postulada para senadora porque dijo que sus hermanos eran delincuentes.
Señaló que son víctimas del crimen organizado y “aquí están unos paisanos de Marcos Matías que se ostentan como indígenas, pero son los peores asesinos, porque ellos les cortaron las manos a mis hermanos vivos, los decapitaron, los torturaron, los quemaron y las cabezas están en Quechultenango, a tres cuadras del Ayuntamiento”. Dijo que si no hay justicia no puede haber perdón ni olvido.
El viejo régimen, vigente y busca impunidad, dice el próximo subsecretario de Gobernación
Inaugura Alejandro Encinas el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional. Subraya que en el próximo gobierno no habrá simulación y que será prioridad la atención a las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, a la reparación del daño y la garantía de no repetición”. Renunciará si no da resultados, dice el encargado del proyecto de formar comisiones de la verdad para casos emblemáticos como el de Ayotzinapa en el que, reiteró, “vamos a ir a fondo” para castigar a los responsables sean militares o políticos
Karina Contreras
El senador electo y futuro subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inicia el 1 de diciembre, “no vamos incurrir en simulación, va a ser un compromiso real”.
Al inaugurar el Foro Escucha Acapulco. Por la pacificación y reconciliación nacional, ante familiares de desaparecidos y asesinados y organizaciones y activistas de derechos humanos, y que se llevó a cabo en el salón Teotihuacan del Centro Internacional Acapulco, Encinas Rodríguez subrayó que en esa dependencia no va a estar “de florero” porque “mi compromiso es dar resultados, si no dejaré el cargo”.
El encargado de organizar comisiones de la verdad en el país para casos emblemáticos como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclacó que se va a necesitar de la sociedad para pacificar el país, pues aunque la izquieda con Andrés Manuel López Obrador y Morena ganó las elecciones “el viejo régimen sigue vigente, hay intereses y esos van a querer permanecer ahí”.
Antes de que Encinas empezará hablar los presentes comenzaron a corear la palabra “Justicia”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” y pasaron lista del uno al 43, en referencia a los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace casi cuatro años en Iguala. Desde la entrada al Centro Internacional Acapulco fueron colocadas mantas con imágenes de guerrerenses desaparecidos y asesinados y lo mismo sucedió en el presídium y a los costados de éste.
En su mensaje, Encinas señaló que estaban ahí para recuperar uno de los principios fundamentales de lo que debe ser un buen gobierno, el de “volver a escucharnos y escucharnos para construir entendimientos, en ellos asumir compromisos para poder superar las adversidades que hoy venimos arrastrando durante muchas décadas”.
Sobre los testimonios de madres de víctimas que escuchó durante la plenaria, Encinas Rodríguez señaló que es “indudable el nivel de agravios personales, familiares, colectivos que hemos sumado no sólo en Guerrero sino en todo el país, y quiero decir de principio con toda claridad, vamos a romper con el pasado, vamos a acabar con la simulación”.
Aseguró que en el centro de las preocupaciones del nuevo gobierno están las víctimas y “el reclamo de las víctimas es justicia, pues si queremos paz tiene que haber justicia y tenemos que acabar con la impunidad”
Añadió que esa tiene que ser una tarea colectiva porque no es un asunto que nada más atañe al gobierno, aunque es su principal responsabilidad”. Señaló que el deber del estado es dar las garantías para vivir en paz y tranquilidad donde la gente se sienta segura y tenga la tranquilidad de preservar su familia y su patrimonio, y esos son los enormes retos que se tienen.
Señaló que el cambio requiere de una transformación profunda y de la participación de la sociedad, y por eso el objetivo de los foros es ir construyendo las bases en cómo la comunidad también asumirá sus responsabilidades para que con el apoyo pleno del gobierno “vayamos a emprender no solo una nueva estrategia en materia de seguridad pública sino una nueva visión de la comunidad en nuestro país”.
Encinas Rodríguez precisó que no solo es un asunto de seguridad pública ni de policías, pillos y ladrones o de gobernantes corruptos o autoritarios, sino de reconstruir la base de la convivencia social, de que se pueda recuperar la esperanza con una visión de futuro. El futuro funcionario indicó que la seguridad la tienen que enfrentar con una visión distinta y “que dé respuesta a los agravios que se han cometido a decenas de miles de guerrerenses y mexicanos en el país”.
Indicó que por eso la prioridad deben ser las víctimas y “garantizar su derecho a la memoria, a la verdad y la justicia, que no haya impunidad y que el gobierno actúe en cumplimiento de su responsabilidad y velar y garantizar los derechos humanos fundamentales, el derechos a la verdad, a la reparación del daño y a la garantía de no repetición. Queremos acabar con la impunidad y tener memoria para que todos estos hechos lamentables no se repitan”.
Subrayó que este nuevo gobierno tiene que constituir una nueva relación de confianza con la población y esa relación solamente podrá construirse con hechos, “con resultados, por eso estamos aquí, no vamos a incurrir en simulación, en la responsabilidad que voy asumir como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en el próximo gobierno a partir del 1 de diciembre. Va ser un compromiso real, no voy a estar de florero, vamos a asumir compromisos para tener resultados y si no hay resultados tendré que separarme de este encargo”.
Pero añadió que se necesita del apoyo porque “sí ganamos las elecciones, pero el viejo régimen sigue vigente y vamos a enfrentar resistencia y vamos a afectar intereses; y esos intereses van a querer prevalecer en la impunidad, pero nosotros vamos hacer nuestro esfuerzo para que no suceda”.
Añadió que tienen que asumir que con el pueblo de Guerrero hay “una deuda histórica, porque la violencia y la pobreza en este estado es un proceso sistemático y continuo, que los vivimos desde hace muchas décadas con las desapariciones en la Guerra Sucia, que lo seguimos viviendo en estos momentos de desapariciones y de homicidios extrajudiciales o por particulares donde la famosa guerra contra el narcotráfico se convirtió una guerra contra el pueblo de México y aquí en Guerrero contra los dirigentes sociales, políticos, contra los jóvenes estudiantes”.
Subrayó que como ha asumido el compromiso con las madres y padres de los estudiantes de Ayotzinapa “vamos a ir al fondo, no sólo a abrir la investigación, vamos a deslindar las responsabilidades para que sea quien sea el responsable de las atrocidades, homicidios o desapariciones en este estado sean castigados, sean un militar, armada, sea un servidor público, un gobernador. No puede haber impunidad y ese es el compromiso de nuestro presidente electo y del equipo de gobierno, y espero que entre todos y todas hagamos realidad este cambio para la vida digna y con paz en todo Guerrero y todo el país”.
Hay una grave situación en Guerrero
Ya en conferencia de prensa, en el salón Dolores Olmedo, a Encinas se le preguntó sobre la reacción de víctimas y ONG de que el foro para el Plan de Pacificación del cual consideran que se le ve poca perspectivas ante la actitud asumida de “olvido no, perdón sí” y dijo que se tiene que asumir que primero el país ha vivido una ausencia enorme de espacios de discusión y reflexión y que “evidentemente cuando se abre un espacio, luego de años de vacío enorme donde el gobierno dejó de escuchar a la población viene esta situación”.
Indicó que el valor de los foros es que lo están haciendo las víctimas y eso es de gran valía, e insistió que quieren tener un dialogo real que construya acuerdos y compromiso que se conviertan en políticas públicas, porque “no solo son foros de denuncia, son foros para identificar dónde están los problemas e identificarlos, ya se va pasar de la denuncia a la protesta”. Añadió que lo que se escuchó en la plenaria es el “reflejo de la gravísima situación que vive Guerrero”.
Indicó que desde hace tiempo se han dado violaciones sistemáticas a los derechos humanos y mucha violencia y sobre las denuncias que recibió las divide en tres aspectos: “violaciones graves a derechos humanos provenientes de instituciones del Estado mexicano y el ejemplo más claro es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzina-pa; en segundo lugar niveles de violencia que provienen de particulares, específico, de la delincuencia organizada y ejemplos lo que ha pasado en Chilapa, son muy claros, y en tercer lugar lo que tiene que ver con la descomposición del tejido social”.
Señaló que esto habla de una ausencia de estado, no solo de Guerrero sino del gobierno federal, donde muchas están ocupadas o “están bajo el control de otros poderes distintos a los constitucionalmente establecidos y es un reto para revertir esta situación”. Agregó que hay la necesidad de que el “estado vuelva a recuperar el control del territorio, mientras que la autoridad legítimamente constituida no se establezca de nueva plena en cada centímetro cuadrado esos problemas van a desaparecer”.
Encinas Rodríguez dijo que conocen la situación de Iguala y la gestión del ex alcalde José Luis Abarca y su relación con la delincuencia organizada. Adelantó que se va hacer el análisis especifico de lo que sucede en Iguala y que tendrán un foro similar específicamente con la problemática de ese municipio. Sobre qué falta para pacificar el país, respondió que aplicar la justicia, ese es el primer paso y “acabar con la impunidad y aplicar plenamente la justicia así como castigo a los irresponsables”.
En Acapulco no hay autoridad
En el acto estuvo el arzobispo Leopoldo González González y sobre la violencia en Acapulco, el cual es gobernado por el perredista Evodio Velázquez Aguirre, Encinas dijo que es muy claro que en muchas comunidades del municipio no hay autoridad, quien tiene el control de las zonas son los grupos fácticos vinculados con la delincuencia organizada.
Indicó que lamentablemente Acapulco se ha convertido en el municipio más violento del país y paradójicamente han pasado por aquí todos los operativos: han estado la Marina, el Ejército, la Policía Federal y “ha sido un fracaso, hay evidencias de ello, no han funcionado, es evidente que la presencia policiaca por si mismo no resuelve los problemas”.
Encinas Rodríguez dijo que se tiene que ir a atender las causas que originan este nivel de violencia, pues “aquí con las fuerzas de seguridad estatal y locales no se ha resuelto la violencia de manera significativa”. Aseguró que la impunidad que hay en Acapulco ha llevado a estos niveles. Sobre si la situación no se resuelve con más policías, entonces por qué el presidente electo Andrés Manuel López Obrador va dejar al Ejército y la Marina en las calles, Encinas Rodríguez precisó que el objetivo de la seguridad ciudadana es que las fuerzas armadas regresen a sus cuarteles, pero lo harán cuando el Estado mexicano tenga las capacidades institucionales suficientes para que la federación, los estados y municipios puedan cumplir con la vigilancia de las personas y su patrimonio.
Subrayó que no se tiene las capacidades para garantizar la seguridad en muchos estados y municipios del país por lo que “estamos hablando que aquí falló la estrategia, lo cual implica rediseñar la forma en la que incluso las fuerzas armadas participan en este operativo que constitucionalmente debe atender lo civil”. Agregó que es urgente restituir la presencia de la autoridad en el territorio.
La pacificación del país, la encomienda más importante del próximo gobierno: Loretta Ortiz
La coordinadora del proceso dice que en tres años comenzará el regreso de soldados y marinos a sus cuarteles. Creará López Obrador Tribunal Penal para la Paz y fiscalías especializadas en desapariciones, anuncia
Karina Contreras
La coordinadora del proceso de pacificación del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Loretta Ortiz Ahlf, adelantó la creación del Tribunal Penal para la Paz, con el objetivo de “juzgar a todos”, así como de las fiscalías especializadas.
Adelantó que el nuevo tribunal va tener adscritos a jueces especializados en desapariciones forzadas, las cuales se van a complementar con la Comisión de la Verdad así como una Comisión de Investigación. Sobre la continuidad del Ejército y la Marina en las calles dijo que van a estar tres años y de ahí van a proceder a retirarlo a sus cuarteles, pues se debe tener policías capacitados e integrados que puedan dar seguridad a los ciudadanos.
Aseguró que la encomienda más importante del próximo gobierno es lograr la pacificación del país y adelantó que el 24 de octubre se van a dar a conocer las propuestas sintetizadas de los foros que se están haciendo para dar las líneas de gobierno y lanzar el “plan de pacificación”.
En conferencia de prensa en el salón Dolores Olmedo, en el Centro Internacional Acapulco (CIA) la futura funcionaria federal adelantó que el 24 de octubre López Obrador va recibir todas las propuestas y ese será el último foro.
Indicó que cuando inicien el gobierno el 1 de diciembre tienen que tener claro las líneas de gobierno y también lanzar el plan de pacificación en el país. Dijo que los foros son exitosos porque la gente ha acudido y las han escuchado, así “nosotros nos damos cuenta cuál es el reclamo de la sociedad”.
Calificó como inédito porque nunca se habían “tomado la molestia y menos un gobierno entrante de escucharlos” y muchos han dicho que ya no quieren perder a un hijo más por lo que les piden que busquen las vías de pacificación porque no desean que siga la violencia.
Indicó que la pacificación es una proceso de todos y que las propuesta que se den en los foros van a servir para formular un plan de pacificación del país y además “salgan las futuras leyes para lograr este propósito, por eso la importancia de recabar todo esta información”. Indicó que en los foros sobresale el problema de las policías comunitarias y es un problema que se tendrá que revisar.
Señaló que hay varias víctimas de las Policías Comunitarias y “vamos a tener que dialogar con las autoridades, si es el caso hacer una reforma a la Constitución de Guerrero para poder adecuar a que en ningún caso se violen derechos humanos y eso no puede estar permitido en ningún lado; hay instrumentos internacionales que nos obligan al respeto de los derechos humanos, independientemente que sea una policía comunitaria”.
Señaló que debe estar desde la Constitución y si se cometen esos excesos que se han cometido por lo que “vamos a dialogar para que se hagan las reformas constitucionales”.
Se le dijo que el 27 de julio el pleno del Congreso local aprobó la reforma que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores al artículo 14 constitucional en material de reconocimiento de los pueblos originarios.
El texto aprobado por 42 diputados, votó en contra la diputada de Morena, se eliminó las palabras “policías comunitarias y rurales” del artículo constitucional, que rige a la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena.
Y el argumento del gobernador Héctor Astudillo para esas reformas es para que no se haga mal uso de esa figura y que la fracción de Morena, que tendrá mayoría, ha dicho que hará una controversia constitucional y si va hablar con éstos para analizarla primero, tomando en cuenta los problemas que han encontrado por la violación a los derechos humanos, y respondió: “Sí, el diálogo va ser plural obviamente porque no podemos aceptar que una policía comunitaria viole derechos humanos, no puede ser, la Constitución del estado esta por debajo de la constitución política y se establece en el Artículo 1 que tiene que haber respeto a los derechos humanos”.
Ortiz Ahlf subrayó: “No podemos tener una policía comunitaria que no esté sujeta al respeto de la vida y de los derechos fundamentales de los demás”. Sobre el perdón que se ha pedido a las víctimas y dijo que es personal para reconciliarse internamente, pero “no el perdón jurídico, primero habrá justicia”. Sobre la amnistía señaló que no se va dar en un delito donde haya habido violencia lo que son crímenes de lesa humanidad, feminicidos, desapariciones, ejecuciones, tortura, “no va proceder y en estos casos no hay perdón ni hay olvido”.
Indicó que lo que exigen los afectados es justicia y de manera adecuada por lo que se va contemplar en un proyecto de ley, cuando terminen los foros y recabando toda la información para hacer las políticas públicas. Aseguró que se van a revisar todas las propuestas, incluyendo la propuesta de la iglesia de dialogar con los responsables de la violencia.
Sobre las policías, dijo que se tiene que dar una capacitación verdadera, pues aunque se dice que ya están certificados hay una “simulación, hay algunos que están bien preparados, aspiramos a tener una de las mejores policías que ha tenido el país”. Indicó que en México hay 300 cárteles y la guerra contra el narcotráfico no ha servido porque “matas a uno y salen más o detienes a uno y se reparten el pastel, esto se combate de esta manera sino con inteligencia de Estado”.
Aseguró que no habrá impunidad y se va castigar a los responsables de la violencia, pero además habrá cero tolerancia con la corrupción. Advirtió la futura funcionaria que se va atender toda el problema de los desaparecidos, incluyendo a los de la Guerra Sucia. Finalmente, sobre si habrá operativo especial para Guerrero, respondió que no podría decirlo así, pero que si se tendrá cubierto todo el país. Van más de mil 200 al foro por la paz; instalan más de 90 mesas de trabajo
Discuten plan de seguridad pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola
Karla Galarce Sosa
Luchadores sociales, habitantes de comunidades de diversas regiones de Guerrero, líderes y integrantes de colectivos de víctimas de la violencia, promotores de la legalización del cultivo de amapola, académicos, médicos, integrantes del sector salud, asistentes sociales, agricultores, representantes religiosos, miembros del CECOP, las policías comunitarias e interesados en el tema de construcción de paz participaron en el foro de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional convocado por el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador.
En la planta baja del Centro Internacional Acapulco (CIA), fueron dispuestos cuatro grandes salones para albergar a los poco más de mil 200 asistentes, quienes en grupos de hasta 15 personas, conformaron unas 90 mesas, en las cuales se discutieron temáticas que iban desde las propuestas sobre un plan de Seguridad Pública, feminicidios, la desaparición de personas, extorsiones, el rompimiento del tejido social y sus propuestas para restituirlo, hasta la legalización de la amapola con miras a disminuir los índices de violencia en comunidades productoras.
Aunque se estimó que el foro concluiría a las 3 de la tarde, algunas mesas de los salones, identificados con las letras de la A a la C, concluyeron hasta hora y media después.
El organizador del foro Escucha Acapulco, Javier Morlet Macho informó que la mesa de víctimas “bajo condiciones de aislamiento”, fue una de las de mayor atención.
A dicha mesa, identificada con la letra C, acudieron el próximo subsecretario de Gobernación en Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Ahí, los participantes expusieron sus dolorosas experiencias ante los moderadores y demás participantes, quienes dijeron posteriormente que imperaba un ambiente de profundo dolor, enojo, impotencia y en ocasiones de resignación por las pérdidas de familiares e incluso por el desplazamiento del que fueron víctimas por la inseguridad. No obstante expectativa con la entrada de un nuevo gobierno.
Las conclusiones serán enviadas a Loretta Ortiz Ahif, designada para coordinar los foros donde se reunirá la información mediante un proceso de sistematización para el plan de gobierno y para el proceso de construcción de la paz.
El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González dijo antes de llegar a las mesas, que el espacio permitiría el conocimiento de la realidad desde un punto de vista “más cercano y detallado”, además de que se vislumbraba la ratificación de “medidas para reconstruir la paz que todos anhelan y se escucharían nuevas propuestas”.
La guía del diálogo
La guía o cuestionario base para reunir las participaciones al foro, fue el eje medular del desarrollo de las escuchas.
Dicho cuestionario está constituido por seis bloques que fueron los temas a abordar por los asistentes: problemas sociales, violencias, víctimas, pacificación y construcción de paz, y reconciliación.
En el primero bloque se plantean tres preguntas: la primera el participante identificó los tres principales problemas sociales de su comunidad, municipio o región. En la segunda se pide identificar “lo que más preocupa del problema de las drogas” y “cuál considera que debiera ser la política sobre drogas”.
En el bloque de violencia se les pide identificar las formas de violencia que mas preocupan en su comunidad, cómo se manifiestan y se propone destacar cinco de 24 “más importantes”, entre las que se destacan los homicidios, las ejecuciones, la violencia escolar, la violencia de las autoridades, el desplazamiento, el tráfico de migrantes, entre otras. En una cuarta pregunta del segundo bloque, también se preguntó al participante cuáles son los factores que contribuyen a las violencias de su comunidad y se pide marcar solo cinco de 26 sugeridas.
De dichas sugerencias estuvieron: la falta de educación familiar y valores, falta de salario digno, falta de trabajo y empleo, falta de apoyo a las actividades productivas, falta de programas, presupuesto o interés de las autoridades; discriminación contra los grupos por ser pueblos originarios, apariencia o condición social u otras; programas en medios de comunicación con contenido violento; violaciones a los derechos humanos, ejercicio de la violencia por parte de la autoridad, presencia de caciques, corrupción, impunidad, conflictos delincuenciales, conflictos por tierras, territorios, insuficiente presencia de fuerzas armadas y otros.
En el tercer bloque dedicado a las víctimas se plantearon tres preguntas. La primera si se había sido víctima de violencia directamente o en su familia. La segunda cuestionó quiénes son las principales víctimas de las violencias y cuáles son los grupos que el participante identificó como los que requieren más apoyo si se quiere construir la paz y cómo hacerlo.
En el bloque cuatro de la guía, identificado como “pacificación y construcción de paz” estuvo conformado por cuatro preguntas que pidieron definir los conceptos de paz, las acciones para su construcción, las propuestas para evitar que se repitan las situaciones de violencia y el papel del gobierno, empresarios, iglesias, para construir la paz.
El quinto bloque de la guía, acerca de las acciones de gobierno, estuvo conformada por siete preguntas, las cuales cuestionan acerca del papel del gobierno, lo que se requiere para fortalecer la pacificación, sugerencia de actores en dicho proceso, y se pregunta la opinión de la despenalización de la marihuana y otras drogas.
En una de las preguntas de ese bloque hay “acciones prioritarias” sugeridas de un listado de 15 que el participante considere más importantes, en ellas están “encarcelar con procesos justos a quienes cometen delitos; legalización del consumo de algunas drogas; legalización de la producción de algunas drogas; liberar a jóvenes, mujeres, campesinos con delitos menores; alternativas para reinsertar a quienes infrinjan la ley; sacando a la luz pública la verdad de los hechos; promoción de mensajes en medios de comunicación; negociar o dialogar con todos los antores, incluidos aquellos que hayan cometido algún delito; reuniones de diálogo entre los ciudadanos y reencuentro entre grupos; acciones sociales de apoyo a las víctimas; atención integral; reconocer los derechos humanos por las autoridades y sociedades en general”.
En el sexto y último bloque titulado “reconciliación” se pregunta para qué, así como las propuestas para que la haya en el municipio, comunidad o región del participante.
Al final de la guía o cuestionario se anotó: “las preguntas anteriores han sido formuladas por un grupo de expertos y no reflejan los puntos de vista de las/los responsables del proceso de Foros Escucha”.
Asisten familiares de víctimas emblemáticas de la violencia en Guerrero
Entre los asistentes se vio a la líder de la OCSS, Norma Mesino, cuya hermana Rocío de los mismos apellidos fue asesinada hace casi cinco años; Ernestina Aguilera, hermana del periodista Leodegario Aguilera Lucas, desaparecido hace 14 años; la viuda del presidente de la Comisión de Gobierno, del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, Martha Obezo; la vicepresidenta de la Asociación de Familiares Detenidos desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), Tita Radilla, hija de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en agosto de 1974.
El luchador social preso político de fines de los 1970, Eloy Cisneros Guillén; el integrante de la Comisión de la Verdad que se formó en el segundo gobierno de Ángel Aguirre, Nicomedes Fuentes; el director del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Olivares Hernández; Obtilia Eugenio y Cuauhtémoc Ramírez de la OPIM; Rodolfo Chávez del Cecop, representantes de la CRAC, de Raíz Zubia y del Colectivo Guerrero es Primero,.
También estuvieron el sacerdote Jesús Mendoza Zaragoza, el coordinador de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Guerrero, el sacerdote Octavio Gutiérrez Pantoja, las feministas Rosa María Gómez Saavedra y María Luisa Garfias; universitarios que han sido víctimas de la delincuencia como una maestra que fue secuestrada en el 2012 en una colonia de las más violentas de la ciudad.
También llegaron al foro la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo, los diputados locales electos de Morena, encabezados por el futuro delegado en Guerrero, Pablo Amílcar Sandoval, Arturo Martínez Núñez, Zeferino Gómez Valdovinos, Mariana Guillén, regidores electos de Acapulco, el enlace nacional de Morena, César Núñez Ramos y el secretario general Marcial Rodríguez Saldaña, además de varios ex perredistas y ahora morenistas.
El secretario de Finanzas en el gobierno de Rogelio Ortega, Eliseo Moyao Morales, Norberto Refugio Chamú, el ahora integrante del grupo Pro AMLO, Apolinar Segueda Dorantes y Misael Medrano Baza.
Además del ex alcalde de San Luis Acatlán, , Genaro Vázquez Solís, hijo del ex guerrillero Genaro Vázquez Rojas, y el ex diputado federal Marcos Matías Alonso.
“Inédita e histórica”, fueron los calificativos de especialistas en violencia de género, abogados, organizaciones y representantes de la ONU sobre la sentencia de una jueza de distrito con sede en Guerrero, consistente en una condena de 19 años, cinco meses y un día de prisión a los militares Nemesio Sierra García y Armando Pérez Abarca por tortura y violación sexual contra Valentina Rosendo Cantú, indígena me’phaa que desde 2002 cuando fue agredida, ha mantenido una lucha en busca de justicia.
En la sede del Club de Periodistas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Valentina estuvo acompañada por Alda Facio Montejo, integrante del Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
También estuvieron Jan Jarab, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Tania Reneaum Panszi directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Santiago Aguirre Espinoza subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, y Vidulfo Rosales Sierra abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El caso fue acompañado por estas dos últimas dos organizaciones y por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional para Centroamérica y México (Cejil).
“Lo que siempre quise es que se sancionara a los responsables, quería justicia y por eso nunca dejé de alzar la voz. Estoy preparada para ayudar a otras mujeres que también sufren violaciones por parte del gobierno”, expresó Valentina Rosendo.
El 1 de junio la jueza Fabricia Contreras Perales, titular del juzgado Séptimo de Distrito en Guerrero emitió el fallo, notificado la semana pasada a los abogados de las organizaciones de derechos humanos que llevan la defensa.
Vidulfo Rosales detalló que “esta sentencia hace un estudio de los delitos de tortura y violación sexual contra Rosendo Cantú, (ocurrida) el 16 de febrero de 2002, cuando elementos del Ejército mexicano se encontraban realizando labores de seguridad pública en aquella zona indígena me’phaa, en el municipio de Acatepec, Guerrero”.
Producto de esta violación, continuó, Valentina “emprendió una larga lucha para acceder a la justicia, a los servicios médicos, que en todos eso años le fueron negados. Su caso fue llevado al fuero militar por incompetencia. En aquel tiempo se consideraba que los delitos cometidos por militares en el ejercicio de funciones se llevaban por el fuero militar. Ahí permaneció su caso”.
“Llevamos el caso al Sistema Interamericano en el año 2005. Hasta el año 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) conoció el mismo. En agosto de ese año se dio la sentencia correspondiente contra el Estado mexicano (…) hay varias medidas de reparación e investigación, una es sancionar a los responsables de este delito de tortura y violación en agravio de Valentina. Es apenas que la juez séptima dicta la sentencia correspondiente, condenando a dos elementos del Ejército con 19 años, cinco meses y un día”.
Abogados y acompañantes de Valentina aclararon que por tratarse de una sentencia en primera instancia los inculpados pueden apelar y que, de hecho, uno de ellos ya lo hizo.
“Llamamos a estar atentos al desarrollo de este caso, pues las pruebas y los testimonios son contundentes. La sentencia sienta un precedente importante por la ordenanza proveniente de la Corte Interamericana, aunque no sienta jurisprudencia, sí es un avance en el cumplimiento de las sentencias”, expuso Santiago Aguirre, del Centro Prodh.
El gobierno nunca investigó
Valentina Rosendo Cantú tenía 17 años cuando fue violada. Ella lavaba ropa en un arroyo en el municipio de Acatepec. “Después de un largo camino salió a la luz su verdad”, dijo Valentina en la conferencia al recordar que cuando fue atacada denunció el caso ante las autoridades, pero no recibió ayuda.
La mujer me’phaa que acudió a la capital del país desde la zona de La Montaña de Guerrero dio su testimonio y contó cómo se sentía tras un largo proceso de 16 años en búsqueda de justicia.
Señaló que fue “un largo camino” pero “un día salió la verdad en mi gobierno, mi pueblo. En todo México toqué puertas porque nunca me creyeron. Siempre el gobierno me puso muchas trabas para llegar a donde hoy estoy. Demostré al gobierno que nunca investigó. Esto comprueba que siempre dije la verdad, pero el gobierno no me creía”.
“No nada más es mi lucha, sino que también esto va a favorecer a muchas mujeres, porque los militares que agreden y violan a las mujeres nunca se han castigado”.
Valentina relató que tuvo que aprender a hablar español y enfrentar la negativa de justicia, soportar que no creyeran sus acusaciones, sufrir discriminación por ser pobre, mujer, indígena y hablante de una lengua originaria.
“Yo salí de México para buscar justicia en otro país, ahí donde fui escuchada, donde sí me creyeron. Desde siempre he dicho la verdad, no como los militares, que después de que puse mi denuncia fueron a mi pueblo a ofrecerme dinero para que dejara de seguir señalando que fueron ellos los que me agredieron y yo nunca quise dinero, siempre quise que se castigara a los responsables”.
Valentina manifestó también que “está feliz” y confía en que la justicia “llegue por fin”, pues es consciente que los dos militares inculpados, quienes se encuentran en prisión preventiva, pueden apelar la sentencia de la jueza.
Fallo reconoce discriminación hacia indígenas, dice la ONU-DH
El representante en México de la ONU-DH, Jan Jarab dijo que “este momento marca una nueva forma de cómo el poder Judicial está realmente actuando, tomando en cuenta estándares internacionales para poder juzgar a militares. El poder Judicial sí puede contribuir a cambiar la realidad de este país”.
La sentencia, consideró, “es una contribución contra la impunidad, ya que reconoce múltiples formas de discriminación estructural. Es una importante lucha la de Valentina y sus representantes. Se trata de una sentencia muy relevante que cita estándares internacionales, reconoce las múltiples dimensiones de discriminación hacia mujeres indígenas en un contexto, como lo dice la sentencia, de desigualdad estructural y asimetría de poder, de abuso militar contra la víctima civil”.
“Es la primera sentencia en la que se determina una responsabilidad penal sobre la base de una sentencia previamente dictada por la Corte Interamericana. Eso es muy importante”, insistió.
El subdirector del Centro Prodh, Santiago Aguirre recordó que los casos llegan a instancias internacionales “porque las víctimas no han encontrado justicia en México”.
Sin embargo, “ninguno de los casos donde la Corte Interamericana ha sentenciado a México, se ha cumplido del todo. La impunidad en México es tan fuerte que no la han logrado desestructurar, salvo en este caso, y por eso celebramos esta lucha de más de 15 años de Valentina Rosendo. Esa es la relevancia de esta sentencia”.
Un tribunal federal de Reynosa, Tamaulipas, notificó ayer oficialmente tres sentencias de amparo en favor de acusados de secuestrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, que se suman a la difundida el 4 de junio y ordenan crear una Comisión de la Verdad y la Justicia para investigar de nuevo el caso.
El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito oficializó los amparos 204 al 206/2017 en favor de Salvador Reza Jacobo, El Wereke, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, y Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos que confesaron el secuestro, asesinato y quema de los normalistas, al parecer, bajo tortura.
El amparo previo, el 203/2017 fue a favor de Miguel Angel Bahena Landa, El Chequel, y la Procuraduría General de la República (PGR) dijo que esperaba la notificación de las demás sentencias para decidir cómo impugnarlas.
El amparo 204/2017 en favor de El Wereke también incluye a otros cuatro quejosos, cuyos nombres fueron tachados por el tribunal colegiado en la versión pública de la sentencia, pese a que las identidades de todos los acusados son conocidas desde hace años.
Igual que este caso, el tribunal colegiado revisó amparos contra autos de formal prisión dictados por delincuencia organizada y otros delitos en la causa penal 123/2014, y ordenó reponer los procesos desde el inicio con la condición de que la PGR presente un dictamen independiente con base en el Protocolo de Estambul, para probar que los acusados no fueron torturados.
De no presentarse este dictamen en 10 días, el tribunal colegiado ordenó tener por hecho que hubo tortura, lo que implicaría la libertad de los acusados.
Además, en una larga sección de la sentencia que no tiene precedentes en la justicia mexicana, el tribunal desconoció la investigación de la PGR y ordenó crear una Comisión en la que representantes de las víctimas y la CNDH tendrían el mando.
Esta parte de la sentencia es la que PGR podría intentar impugnar por invasión a la esfera de atribuciones que le otorga el artículo 102 de la Constitución, pues en lo que se refiere a la protección en favor de los acusados, los fallos de los tribunales colegiados en amparos en revisión son inatacables.
Supervisar la ejecución de los amparos corresponde al Tercer Tribunal Unitario con sede en Reynosa, a cargo del magistrado Sabás Pérez García.
Hasta ahora Pérez no ha requerido al juez de Distrito que lleva los procesos en Matamoros, David Calderón, ni a las demás autoridades señaladas por el tribunal colegiado para que acaten la sentencia.
El proceso de cumplimiento del amparo en la parte que corresponde a la Comisión de la Verdad podría tomar años, y tendrá la dificultad logística de que los desacuerdos entre sus integrantes tendrían que ser arreglados ante el tribunal unitario en Reynosa.
Reforma publicó el martes que Calderón absolvió a otros cuatro involucrados en el caso Ayotzinapa, tres de Guerreros Unidos y un policía de Iguala, pero sólo uno salió de prisión.
El gobierno priista de Enrique Peña Nieto acusó ayer en Ginebra a la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) de “incumplir” sus obligaciones y ofrecer una “versión parcial” sobre la investigación del caso Ayotzinapa, pues el organismo documentó en un informe reciente que por lo menos 34 imputados en la desaparición forzada de los normalistas fueron víctimas de tortura.
En un documento de 23 cuartillas que entregó hoy a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Ginebra –el órgano responsable de la ONU-DH-, el gobierno mexicano negó los señalamientos del informe, denunció que careció de “rigor metodológico” y “sustento jurídico”.
Con un tono inusualmente ofensivo el gobierno de Peña aseveró que la ONU-DH asumió “funciones que sólo corresponden a un juzgador, lo cual desvirtúa la función que se acordó realizaría en el país” y deploró que el organismo internacional haya “ignorado” las aclaraciones de las autoridades en su reporte, publicado el 15 de marzo.
Se destaca del documento que representantes del gobierno federal sostuvieron “diversas reuniones de alto nivel” con Jan Jarab, representante de la ONU-DH, en las que pretendieron frenar la publicación del informe: indicaron al funcionario internacional que “emitir algún pronunciamiento público sobre este caso podría ser prematuro, dado que los asuntos se encuentran pendientes de resolución judicial”.
“Se considera respetuosamente que la ONU-DH debió haberse allegado de la información inferida en los párrafos anteriores antes de emitir conclusiones definitivas que fueran públicas”, subrayó.
Dos elementos del reporte provocaron la molestia del gobierno: la documentación de presuntos actos de tortura –afirmación que las autoridades niegan-, y el hecho de que la Procuraduría General de la República (PGR) modificó el informe preliminar del exvisitador César Alejandro Chávez Flores.
Entre las conclusiones del informe de Chávez se destacó que el 28 de octubre de 2014 Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), alteró la escena del crimen y fabricó pruebas, como lo reveló Proceso en noviembre de 2016.
“La PGR rechaza las aseveraciones vertidas por la (ONU-DH) y considera relevante aclarar que la filtración de los documentos de trabajos iniciales, en relación con las notas periodísticas, han dado pauta para la especulación y siembran duda tanto en la opinión pública como de los organismos internacionales que observan”, expone.
Insistió: “es cuestionable la falta de confianza que demuestra la ONU-DH en las instituciones nacionales, en particular de la Visitaduría General de la PGR, al mencionar que: ‘Ha tenido conocimiento de posibles actos de amenaza contra funcionarios de la Visitaduría General de la PGR que llevaron a cabo la primera investigación interna a la que se ha hecho referencia’. Tal afirmación, denota un sesgo para justificar sus conclusiones, situación que se considera ajena a las constancias que actualmente existen en las investigaciones y en la propia institución”.
“Es importante recordar que en caso de que los procedimientos internos no fuesen adecuados, las personas afectadas cuentan con vías idóneas para hacer valer sus derechos, como los mecanismos internacionales y regionales para la protección de los derechos humanos”, añadió.
Cuatro de los 10 detenidos acusados del asesinato de los seis policías estatales en la sierra de Zihuatanejo, en su declaración ante un juez, dijeron que no son los responsables y que no portaban armas de alto poder cuando fueron detenidos, y denunciaron que han sido torturados en la cárcel de Las Cruces en Acapulco.
Familiares de los cuatro jóvenes detenidos dieron una conferencia de prensa en la colonia Vicente Guerrero en Zihuatanejo, donde ocurrió la detención, la señora Graciela Pérez Mendoza madre del detenido José Iván Gómez Pérez dijo que el domingo se llevó a cabo el juicio oral en Acapulco.
Agregó que el juez dictó detención preventiva en contra de los cuatro inculpados, el viernes tendrán otra audiencia y los familiares de los cuatro jóvenes presentarán pruebas para que comprueben su inocencia.
Pérez Mendoza dijo que en la audiencia los cuatro detenidos, entre ellos su hijo, coincidieron en que no son los responsables del asesinato de los seis uniformados, no portaban armas de alto poder como dice la Policía Estatal, además que han sido torturados en el penal de Las Cruces de Acapulco, donde se encuentran recluidos.
Agregó que mientras estaba el juicio oral el juez dijo que los cuatro inculpados pertenecen a tres grupos de la delincuencia organizada, pero la abogada de oficio le pidió al juez que retirara el cargo porque en la declaración de ellos, “dice todo lo contrario porque son jóvenes trabajadores, no andan en malos pasos, y el juez retiró el cargo en contra de los cuatro jóvenes, eso ya es algo a favor a nosotros”.
Comentó que el viernes tendrán otro juicio oral para saber su situación legal y que en la audiencia presentarán pruebas, “los jóvenes son honestos y trabajadores, no pertenecen a ningún grupo criminal”.
Pérez Mendoza se quejó de la declaración del secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, de que ellos pertenecen a la delincuencia, les decomisaron armas de alto poder y los involucran en el asesinato de los seis uniformados, “es falso lo que dice ese señor, además no dio ninguna explicación de cómo fue la detención”.
Reprochó a la Policía Estatal de utilizar la violencia para detener a personas inocentes, allanamiento de morada, sembrar armamento y no presentar una orden de cateo para estas actividades que violan los derechos humanos de los ciudadanos.
Dijo que a pesar de las denuncias de los familiares de los detenidos no han tenido acercamiento con el gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario Pedro Almazán para atender esta situación.
“Los policías estatales deberían procurar el bienestar de la ciudadanía y ahora tenemos que escondernos de ellos, deben de darnos seguridad en las calle, gobernador Héctor Astudillo Flores queremos que cumpla lo que dijo en campaña ‘orden y paz’, estamos enojados e indignados”, declaró.
Exigió al gobernador Astudillo Flores que se investigue y cese a los policías estatales que detengan a personas inocentes, siembren armas e incurran en allanamiento de morada arbitrariamente.
Armando Baltazar Corrales hermano del detenido Miguel Ángel pidió al presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno que intervenga en la detención arbitraria en contra de los cuatro jóvenes, “es injusto cómo los han detenido, no es el único caso que pasó, los policías estatales hacen recorridos y detienen a jóvenes inocentes”.
Baltazar Corrales insistió al gobernador que atienda Zihuatanejo para que sepa lo que ocurre en el municipio, y “también pedimos a las autoridades competentes que investiguen ese caso y no haya chivos expiatorios”.
El viernes en conferencia de prensa en Acapulco el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes informó que fueron detenidos cuatro hombres a los que señaló de estar involucrados en los asesinatos de los seis policías estatales asesinados en la sierra de Zihuatanejo que ocurrió el martes, y dijo que les decomisaron armas largas y droga.
La tarde del sábado familiares de los cuatro jóvenes protestaron en la agencia del Ministerio Público en Zihuatanejo para exigir su libertad.
En una nueva ola de violencia la noche del viernes y la mañana de ayer, en Iguala un hombre de 40 años fue hallado ejecutado a balazos, embolsado y con huellas de tortura en la colonia CNOP, en tanto que en Tepochica hirieron a dos jóvenes y mataron a otro, y en Puente González otro fue atacado a balazos en su casa y lesionado en un hombro.
En lo que va del año en Iguala suman 34 homicidios en los que presuntamente estuvo involucrada la delincuencia organizada, según un recuento de lo publicado en El Sur.
A las 9:30 de la mañana de ayer, vecinos del barrio de las flores y la colonia CNOP, reportaron al 911 el hallazgo del cuerpo de un hombre muerto, en el callejón de las Buganvilias, junto a la barranca del tecolote, estas asentadas en el cerro del Tehuehue donde está el asta bandera monumental, al sur de Iguala.
Minutos después la zona fue acordonada por agentes de la Policía Municipal y más tarde llegaron de la Fiscalía regional para hacerse cargo de las diligencias.
En el callejón junto a un pequeño muro de concreto fue dejado el cuerpo de un hombre, el cual de la cabeza a la cintura estaba adentro de un costal y la cabeza la tenía dentro de una bolsa de plástico negra.
Durante las diligencias fue identificado por un vecino como Porfirio de 40 años, quien era vecino de la calle Del Rosal, cerca de donde fue hallado muerto.
Después de las diligencias se informó que el cuerpo tenía impactos de bala y huellas de haber sido torturado a golpes. En la zona donde fue hallado no había manchas de sangre, por lo que se cree que fue asesinado en otro lugar y allí fue abandonado.
Al concluir las diligencias fue trasladado a la funeraria El Ángel que tiene la concesión del Servicio Médico Forense (Semefo) en Iguala.
Atacan a balazos a tres en la comunidad de Tepochica
Reportes de fuentes policiacas indican que cerca de las 11 de la noche del viernes vecinos de la comunidad de Tepochica, asentada a orilla de la carretera federal México-Acapulco en la salida a Chilpancingo, denunciaron que un hombre armado había atacado a balazos a tres personas y las había herido, frente a las instalaciones de la Escuela Primaria 6 de Enero.
Vecinos y familiares de uno de los jóvenes informaron a las autoridades que cuando estaban sentados afuera de la casa de una de las víctimas, pasó un joven en una motocicleta y sin decirles nada les disparó y huyó del lugar.
Fueron lesionados Palemón de 38 años, Alfredo de 23 quien recibió balazos en el abdomen y el pecho, y Esteban de 20 años, quien recibió un balazo en el estómago. Se informó que éste último perdió la vida a las 12:20 de la madrugada de ayer cuando recibía atención médica en un hospital, en tanto que los otros dos están graves.
Durante las diligencias peritos de la Fiscalía regional encontraron cinco casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Después de las diligencias en el hospital general el cuerpo del joven fue llevado a la morgue de esta ciudad.
Hieren a un joven en su casa en Puente González
En hechos distintos se dio a conocer que a las 4:15 de la madrugada de ayer, hombres armados a bordo de una motocicleta atacaron a balazos e hirieron de un impacto en el hombro izquierdo a un joven de 25 años en su casa, en la calle principal de la comunidad de Puente González, al norte de Iguala.
Según la versión que el joven de nombre Pablo de 25 años dio a conocer a los policías, cuando estaba en su casa escuchó que arrojaban piedras al techo, y cuando salió a la puerta para asomarse a la calle fue recibido a balazos, recibió el impacto en el hombro.
Los atacantes huyeron en la motocicleta y sin que lograra identificarlos. Policías implementaron un dispositivo de búsqueda de los agresores pero dijeron que no los encontraron.
En Ixtapa, Zihuatanejo, detienen a un joven que portaba dos fusiles de asalto
Un joven de 24 años fue detenido la madrugada del viernes en una de las avenidas principales del centro turístico Ixtapa, en el municipio de Zihuatanejo, portando en la mano un fusil de asalto AR-15 y en una mochila otro AK-47 o Cuerno de Chivo, así como cargadores, cartuchos calibre .223, mariguana y cocaína.
En un boletín de prensa la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que policías estatales capturaron a un joven identificado como Eli Natanael, quien portaba en una mochila diversos cartuchos de armamento exclusivo del Ejército, así como un radio portátil de comunicación.
En el comunicado se dice que estaba descendiendo de un carro del servicio público con el arma en la mano sobre la avenida Paseo de las Gaviotas, al percatarse de que llegaban policías estatales el chofer del carro se dio a la fuga.
En el lugar decomisaron el fusil Benelli calibre .223 milímetros, al parecer AR-15, con la leyenda ARM U.S.A. CORP. ACCOKEEK. MD. MADE IN ITALY. S.D.N. MEXICO D.F., con un cargador de plástico abastecido con 30 cartuchos útiles calibre .223 milímetros.
En la mochila traía otro fusil AK-47 calibre 7.62x39mm marca Norinco, matrícula 94127533 con la leyenda MADE in China, MAK-90 SPORTER, dos cargadores metálicos desabastecidos para fusil AK-47 con capacidad para 30 cartuchos, un cargador desabastecido de plástico para fusil AK-47 con capacidad para 30 cartuchos, cuatro cargadores de plástico desabastecidos para fusil Benelli calibre .223 milímetros con capacidad para 30 cartuchos, un cargador de plástico desabastecido para fusil Benelli calibre .223 con capacidad para cinco cartuchos.
Además una bolsa de plástico transparente con 130 cartuchos útiles calibre 7.62×39 milímetros, una bolsa verde con blanco con 600 cartuchos útiles, una bolsa de plástico amarilla con 800 dosis de una sustancia cristalina con características similares a la droga denominada Cristal, así como un radio de comunicación negro marca Kenwood.
En una bolsa de plástico negra fue localizada yerba verde seca con características propias de la mariguana, con un peso aproximado de 5 kilogramos.
El subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo exigió al gobierno de México indagar “de manera exhaustiva” los señalamientos de tortura y otras violaciones de derechos humanos, denunciadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en su informe sobre el caso Ayotzinapa.
“Pido a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva e imparcial sobre las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de los derechos humanos”, indicó el presidente del subcomité, Pier Antonio Panzeri.
El legislador cuestionó la capacidad del gobierno mexicano para hacer una investigación imparcial sobre la desaparición de los 43 normalistas, y consideró inaceptable que se haya sometido a los detenidos a tratos inhumanos.
“Desde 2014 las autoridades mexicanas no han sido capaces de llevar a cabo una investigación imparcial sobre el caso Ayotzinapa que respete plenamente los derechos a la defensa, la presunción de inocencia y la ley general contra la tortura, en particular durante la fase de instrucción”, señaló.
Para el socialista italiano, las autoridades que están a cargo de las investigaciones deben respetar la Ley General contra la Tortura y las normas y estándares internacionales.
La gira Juntos contra la Impunidad será del 2 al 12 de marzo en las ciudades de Washington y Nueva York, Estados Unidos (EU), para exponer y denunciar distintos casos de ejecuciones y de tortura en Guerrero, entre ellos el del estudiante de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Julio César Mondragón Fontes asesinado el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, en los ataques que dejaron 43 normalistas desaparecidos.
Miembros de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad presidida por el obispo Raúl Vera, indicaron en conferencia de prensa este martes que en la gira difundirán casos que han litigado más de 10 años y, de ser posible harán peticiones de admisibilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya sede está en Washington.
Así será, por ejemplo, el caso de Julio César, pero también el de la masacre en la comunidad de El Charco, Ayutla, donde soldados del Ejército ejecutaron a 11 jóvenes hace 20 años. Además el expediente del activista Arturo Hernández Cardona, asesinado por el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
“Son hechos desgarradores que reflejan que el Estado mexicano usa a las fuerzas armadas para desaparecer, torturar, ejecutar. Muestras son Aguas Blancas, Tlatlaya, los 43”, expresó Elsa Avilés de la Red.
“En Guerrero hay más de 650 desaparecidos por el Ejército, es terrorismo de Estado que no para. Tenemos más de 100 mil desaparecidos en el país”, dijo en su intervención el activista Julio Mata.
“La impunidad en Guerrero ha aumentado. Ya son dos décadas de la matanza en El Charco y con la Ley de Seguridad Interior tendremos más casos similares por parte del Ejército”, alertó Julián Cruzalta.
“Es increíble que en Iguala se puede detener y asesinar a una persona que va transitando. Como familiares y víctimas de los atropellos del Estado mexicano hemos decidido iniciar la petición de admisibilidad ante la CIDH”, secundó Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona.
Los normalistas asesinados
En entrevista con El Sur Afrodita Mondragón Fontes, mamá de Julio César –el joven normalista cuyo cadáver fue hallado con el rostro desollado–, exigió que el caso sea atraído por la PGR y reclasificado.
“Se trató de una ejecución extrajudicial en la que hubo tortura, pero se calificó como homicidio doloso”, denunció con voz enérgica.
“Julio César ingresó a Ayotzinapa y, a los dos meses en la represión a los estudiantes le cortaron el rostro. No es lo mismo un balazo a ser asesinado con tanta saña. Deben ser encontrados los asesinos reales, no cualquier policía. Su muerte fue tremenda, ¿qué hizo para que lo mataran así?”.
Por su parte Cuauhtémoc y Cuitláhuac Mondragón, tíos de Julio César, condenaron “la omisión de las autoridades, ¿por qué la PGR separó los casos de los 43 desaparecidos y el de los estudiantes asesinados: Julio César Mondragón, Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez, debe de ser una sola investigación”.
Solicitaron que sean tipificadas la tortura, la desaparición forzada y las ejecuciones, “tras el tema de los 43 sabemos que no son delitos graves. Con Julio César en la segunda necropsia que efectuaron intervinieron los antropólogos-forenses argentinos y ya tenemos las pruebas de que fue torturado, y eso no se tomó en cuenta. En la investigación oficial del caso declararon personas que ni siquiera estuvieron presentes. Es plan con maña”, lamentó Cuauhtémoc Mondragón.
Tras casi cuatro años los familiares del estudiante saben lo que implica perseverar para que un caso sea esclarecido.
“Queremos que Década lo difunda en la gira porque ha sido descuidado, jurídicamente hablando. La autoridad le apuesta al olvido, te hacen perder tiempo y los trámites cansan, aunque seas familiar, es un desgaste físico y económico que te cambia la vida”, dijo Cuitláhuac. (De la corresponsalía, Ciudad de México).
La representante de Ciencia Forense Ciudadana y defensora de derechos humanos, Julia Alonso Carbajal solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga la investigación de los tres jóvenes que fueron detenidos por la Policía Municipal de Chilpancingo y entregados a la Policía Ministerial, que los tuvo privados de su libertad, incomunicados y torturándolos durante siete días y luego aparecieron tirados en un terreno baldío al sur de Chilpancingo.
Alonso Carbajal, quien le da seguimiento a casos de desaparecidos en Acapulco a partir de que el 12 de enero del 2008 desapareció su hijo, Julio Alberto López Alonso, declaró que no existe confianza en la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue el caso porque el fiscal Javier Oléa Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado en poder de los policías ministeriales, con el fin de protegerlos.
Héctor Josué de 15 años, Juan Miguel de 16 y Alan Alexis Teodoro López de 20 fueron detenidos, según sus familiares, entre las 2 y media y las 3 de la tarde del 27 de septiembre en la calle Pinos de la colonia Jardines del Sur, cerca de las oficinas del Comité Directivo Estatal del PRI, al sur de la ciudad.
Según la defensora de derechos humanos los policías municipales entregaron a los jóvenes a la Policía Ministerial que los trasladó a la agencia del Ministerio Público del sector Central de Acapulco, a un comandante al que solo escucharon que le decían Tino, quien los mantuvo desde el 27 de diciembre hasta la mañana del 3 de enero incomunicados y torturándolos.
Julia Alonso informó que los familiares de los jóvenes se enteraron de donde estaban detenidos porque uno de ellos anotó el número del teléfono de su novia en un jabón, y le pidió a otro detenido que salió libre que le llamara y le avisara en donde estaban.
Cuando los familiares con el apoyo de Alonso Carbajal exigieron que se los entregaran, los tres jóvenes fueron sacados a las 5 de la tarde del 2 de enero y al día siguiente, a las 6 de la mañana, fueron hallados en un terreno baldío cerca del Palacio de Gobierno. Los jóvenes estaban atados con las manos hacia atrás con visibles huellas de tortura y semi desnudos.
Sin embargo el fiscal Olea Peláez ha negado que los jóvenes hayan estado esos siete días en poder de la Policía Ministerial, pero ha declarado que dos de ellos están detenidos por robo y uno más está prófugo, por lo que este jueves solicitó a la PGR que atraiga la investigación ante las sospechas de que la Policía Municipal que los detuvo y la Ministerial que los recibió estén vinculados con el crimen organizado, pues los jóvenes refieren que antes de ser trasladados al puerto de Acapulco fueron llevados a una casa de seguridad.
La defensora de derechos humanos declaró que existe un conflicto de interés de la FGE en este caso, por lo que debe ser atraído por la PGR “para que haya una investigación seria y un juicio justo”.
“El fiscal dice que no es verdad que estuvieron detenidos por la Policía Ministerial, entonces ya desde esa óptica sí está negando, no se va a realizar una investigación imparcial. Aquí lo que se está pidiendo es que si ellos cometieron un delito, que tengan un proceso justo y apegado a derecho”, pidió Julia Alonso.
Denunció que las corporaciones policiacas que participaron en su detención actuaron arbitrariamente y violaron todos sus derechos, “no pueden desaparecer a los jóvenes, no presentarlos y después hacerles cargos, sólo hasta que alguien se dio cuenta que estaban detenidos les fincan cargos diciendo que cometieron actos criminales, por eso se debe de investigar bien qué pasó desde el 27 de diciembre que los detuvieron hasta el 3 de enero, se debe aclarar dónde estuvieron y quién los tuvo, y el fiscal como que quiere negar y obviar eso, como que quiere enfocarse en otras cosas cuando hay una grave violación a los derechos delos jóvenes”, insistió.
Mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio establece claramente que nadie puede ser privado de su libertad y no ser presentado, y de los tres muchachos no existe ningún documento que compruebe que fueron presentados desde el 27 cuando fueron detenidos.
Dijo que no es posible que los jóvenes hayan estado privados de su libertad, pero la Fiscalía niega que los haya tenido, sin embargo luego que fueron encontrados torturados de inmediato les atribuye cargos y los detiene, “eso es ilógico”, declaró la representante de Ciencia Forense Ciudadana.
“Todo eso es lo que tiene que investigar la PGR porque se cometió el delito de desaparición forzada, tuvieron la suerte de que fueron encontrados a tiempo”, declaró.
