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Sin restricción, el traslado de jornaleros en camionetas, tras el accidente en Altamirano

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Unos 500 jornaleros de diferentes comunidades de Tierra Caliente, de los municipios de Ajuchitlán, Tlapehuala, Coyuca de Catalán y Pungarabato, siguen trasladándose en condiciones de riesgo en camionetas abiertas, donde viajan a pesar del accidente que se presentó este miércoles.
No hay ningún cambio en las condiciones en las que se trasladan los jornaleros en Terra Caliente. Las camionetas cruzan Ciudad Altamirano todos los días desde las 5 de la mañana y regresan aproximadamente a las 2 de la tarde .
Son camionetas tipo pickup y en la parte de atrás llevan a decenas de pasajeros amontonados .
Las únicas protecciones que tienen estas camionetas son los tubulares o las redilas.
Ante la vista de la Guardia Nacional de caminos, los choferes de las camionetas cruzan frente a ellos sin ser molestados.
Ninguna de las empresas que los contratan ha hecho algún cambio, salvo la empresa Legumbrera San Luis para los jornaleros que lleva hasta Huetamo diariamente. Es un traslado aproximadamente de una hora, para lo cual los llevan en unidades tipo urban o combis.
Sin embargo los trabajadores que llegan a Salguero Michoacán, que son localidades a unos 15 minutos de Ciudad Altamirano pero de lado de Michoacán, viajando en camionetas abiertas y la mayor de la veces parados.
Actualmente hay cosecha de chiles y de melón. que son las dos siembras que requieren la mayor cantidad de trabajadores y que se genera una amplia cantidad de contratados.
Fue en 1989 se registró el accidente más fuerte de jornaleros. Murieron 12 de ellos cuando un autobús impactó de costado una camioneta de redilas a la altura del cerrito de San Juan de Altamirano. Hubo 30 heridos incluyendo los del autobús.
La región se ha destacado por la siembra de melón y empresas como Legumbrera San Luis controlan la mayor parte de la producción.
El pasado miércoles dos personas murieron en un accidente cerca de Ciudad Altamirano y diez más resultaron heridas. Se informó que de los heridos 12 ellos requirieron de cirugías mayores que tuvieron costos por encima de los cien mil pesos. Además uno de ellos perdió una pierna.
Del accidente todavía se desconocen las causas sin embargo viajaban en una camioneta abierta que al voltearse provocó qué las diez personas que iban atrás resultarán graves.

 

Retrasa la falta de personal de fin de semana en el ISSSTE el traslado de su esposo, denuncia

La esposa de un derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Laura Reyna Benjamín denunció que ante la carencia de trabajadores el fin de semana, se demoró el traslado de su marido a un hospital de tercer nivel, por lo que teme que pierda la vida por la falta de atención.
En el área de Urgencias del ISSSTE, Reyna Benjamín informó que su esposo, quien está internado ahí, necesita ser trasladado a un hospital de tercer nivel, ya que en Guerrero no hay para que sea intervenido quirúrgicamente, y luego atendido en terapia intensiva.
Recriminó que, pese a que ya tiene la ambulancia, el trámite y el lugar para que operen a su esposo, este sábado acudió a la subdirección del ISSSTE para que le dieran fecha y hora de traslado, pero no había personal, y que las labores se reanudan hasta el lunes.
La esposa del derechohabiente dijo que, “los médicos me explicaron que después de la intervención quirúrgica mi esposo tiene que pasarse a terapia intensiva, por lo delicado que está su estado de salud, los minutos son vitales para que mi esposo pueda vivir, temo que mi esposo pierda la vida”.
Aseveró que ya le pidió ayuda al gobernador, Héctor Astudillo Flores para que intervenga pero, “desafortunadamente no he tenido respuesta”.
Pidió a las autoridades del ISSSTE que den pronta solución y que haya una mejor atención para los pacientes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Acabará con la corrupción en la Ssa estatal el traslado de la federal a Guerrero, dice el Frente

Integrantes del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud comentaron que el traslado de la Secretaría de Salud federal a Guerrero, como planteó el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ayudará a que haya más medicamentos, médicos y material, además de que se acabará la corrupción que hay en su contraparte estatal.
Vía telefónica, el médico ginecobstetra, Francisco Ramírez Adame, quien labora en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, y que en reiteradas ocasiones ha denunciado carencias en hospitales y desatención de la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, dijo que el traslado “sería benéfico, ya que habrá mejor atención médica”.
Dijo que habría más medicamentos, médicos e insumos, y ya no se pagarían favores políticos que se han dado también en el periodo de Vélez Núñez, ya que algunos trabajan en ciertas áreas que no tienen el perfil, o son aviadores.
Manifestó que los miembros del Frente esperan que se combata la corrupción y que haya un ordenamiento en la aplicación de los recursos, porque hay demasiados trabajadores de confianza y mandos medios, pero faltan médicos y enfermeras.
“Hay muchas plazas que fueron otorgadas por compromisos políticos”, y al tener la Secretaría de Salud federal en Guerrero, “todo eso se regularizaría, y sería bueno para los trabajadores y mejoraría la calidad de la salud para los pacientes. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).

 

Bloquea la CETEG por segundo día la carretera en Tixtla; retiene a funcionarios de la SEG

Por segundo día consecutivo, maestros de la región Montaña baja, agremiados en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), bloquearon la carretera federal Chilpancingo-Chilapa frente al internado Adolfo Cienfuegos y Camus, ubicado en Tixtla, para exigir cambios de adscripción por inseguridad, maestros y mejores instalaciones.
A ese lugar acudieron a dialogar funcionarios de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), quienes fueron retenidos por los docentes para exigir la presencia de aquellos que pudieran responder a sus demandas. La dependencia, mediante un comunicado, aseguró que se trató de una acción “ilegal y sin acceso a alimento y agua”, donde se afectó de manera económica a la zona y a sus habitantes.
Los representantes de la SEG, luego de llegar, se trasladaron con una comisión de maestros al salón de fiestas Joaquín Mier Peralta, ubicado en la colonia Guerrero, en Tixtla. Ellos fueron el secretario técnico de la SEG, Jorge Sotomayor Landeta; el director general de Primaria, Praxedis Mojica Molina; el director de Educación Física, José Jailic Cabañas Bello; el jefe del departamento de Selección y Contratación de Personal, Aurelio Luna Tepeyac; el director de Educación Indígena, Silvio Joel Molina Ruiz, y la jefa del departamento de Educación Inicial y Preescolar Indígena, Hermenegilda Rodríguez Avilez.
Hasta entrada la noche, los funcionarios seguían en el salón con los maestros, que no les permitieron salir de las instalaciones, porque los dirigentes de la CETEG exigieron la presencia del subsecretario de Administración y Finanzas de la SEG, Jorge Alonso Peña Soberanis; la directora de Educación Inicial y Preescolar, Claudia Abril Téllez Hernández, y el director de Servicios Regionales, Édgar Martín Parra y Bello, pues consideraron que sin ellos no podrían llegar a acuerdos.
En unas primeras declaraciones telefónicas, Sotomayor Landeta dijo que los maestros se negaron a dejar salir a las mujeres y no les permitieron comer, ni que les llevaran comida al salón, “respetuosamente no puedo decir que es un secuestro, pero estamos retenidos. No nos dejan salir. A menos que haya otro término jurídico, pero lo que es un hecho es que no nos dejan salir”. Añadió que los maestros advirtieron que permanecerían en el salón en Tixtla hasta que llegaran los otros funcionarios, aunque tardaran más tiempo en acudir e informó que no acudieron porque no podían.
Por su parte, una representante de la CETEG denunció que los funcionarios de la SEG, sin referirse a uno en particular, amenazaron a los maestros con denunciarlos ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y de manera penal por haberlos retenido. Aclaró que no había tal retención, si no que estaban a la espera del resto de los funcionarios, para poder instalar la mesa de diálogo.
Más tarde, en otra breve declaración telefónica a las 11:22 de la noche Sotomayor Landeta informó que los funcionarios ya estaban camino a Chilpancingo y que acordaron con los maestros que “en las próximas horas” se daría una respuesta a sus demandas.
Las exigencias de la región Montaña baja son cambios de adscripción por inseguridad, así como el envío 274 maestros que hacen falta en diferentes niveles en esa zona, como Ahuacoutzingo, Zitlata y otros; y también que se asegurara la permanencia del delegado de Servicios Educativos, Jerónimo Maurilio Morales, electo por la CETEG, a quien la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) pretende destituir, para colocar a un allegado a la organización.

Retención ilegal, afirma el gobierno estatal

El área de Comunicación Social del gobierno estatal difundió un comunicado en el que informó de la retención de dos mujeres y 12 hombres funcionarios de la SEG “de manera ilegal y sin acceso a alimento y agua”. Señaló que el bloqueo en la carretera que une a las regiones Centro y Montaña afectó de manera económica a la zona y a sus habitantes.
Declaró que las demandas de los maestros fueron atendidas de manera amplia y oportuna por el gobierno que puso “a su alcance una mesa de negociación y propuestas para dar pronta solución a sus solicitudes, sin embargo, algunas de estas demandas son ajenas a las facultades del Gobierno Estatal y en otras se carece de techo presupuestal para llevarlas a cabo”, pero no se precisó cuáles.
Aseguró que las autoridades tienen disposición permanente para atender las necesidades del magisterio “asumiendo la responsabilidad que se tiene de brindar atención al alumnado, escuelas y comunidades, mas no a grupos de presión que utilizan las movilizaciones para obtener canonjías que al final se convierten en políticas clientelares; acto que rechazamos enérgicamente”.
Por su parte los maestros informaron que no llegaron a acuerdos con las autoridades y que se reorganizarán para fortalecer su lucha y “llegar con mayor contundencia”.

El bloqueo de frente a la violencia

El bloqueo en la carretera Chilpancingo-Chilapa inició a las 6 de la mañana, frente al internado en Tixtla, y aunque fue de manera total, los manifestantes permitieron el paso de automovilistas que aseguraron ir con parientes enfermos y a camiones que transportaban gallinas y puercos, así como a una ambulancia.
Para bloquear el paso, los inconformes estacionaron un vehículo particular a lo ancho de la carretera y colocaron lonas con mensajes en contra de la reforma educativa, la evaluación del Servicio Profesional Docente y exigiendo la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Urvan de la ruta Chilpancingo-Chilapa se organizaron para recoger a los pasajeros cerca del bloqueo y así evitar que quedaran varados hasta que concluyera la manifestación.
Cerca del mediodía ocurrió algo insólito, pues para sorpresa de los transeúntes, los maestros y los automovilistas varados en la carretera, una patrulla de la Policía Municipal de Chilapa trasladó el cuerpo de un agente asesinado en la cabecera de ese municipio, debido a que por el bloqueo la camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo) que debía recogerlo, no pudo llegar hasta el lugar donde se encontró al hombre.
La camioneta de Semefo y la patrulla se encontraron justo frente al carro que los maestros usaron para obstruir el paso, por un instante pareció que los agentes pretendían pasar el cuerpo del policía envuelto en una bolsa gris, cuyas piernas resaltaban en la cajuela, pero avanzaron hasta orillarse a unos metros de la estatua del general Vicente Guerrero.
“Lo llevan embolsado” dijo un hombre a su acompañante, con el que presenció la escena que nadie se esperaba. El personal de Semefo ayudó a los policías municipales a transportar el cuerpo de un vehículo al otro, de manera natural y lo más rápido que pudieron, aunque esto no evitó que varias personas se acercaran a tomar fotografías.

 

Arrestan policías ministeriales por error a un maestro en Chichihualco; lo retienen durante cinco horas

Las Fiscalía General del Estado (FGE) por error detuvo por cinco horas al maestro y supervisor de la zona escolar 15 del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Alfonso Vargas Muñoz, egresado de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, equivocadamente imputado del delito de homicidio.
Por un error en la lectura del nombre, agentes ministeriales detuvieron al docente este jueves en un retén ubicado entre las comunidades Campo de Aviación y Los Morros, al confundirlo con Alonso Vargas Muñoz, sobre el cual gira una orden de aprehensión por estar acusado de homicidio sucedido en Tlapa, región de la Montaña.
Alfonso Vargas relató que a las 8 de la mañana de este jueves circulaba  acompañado de dos maestros más, en su carro por la carretera de la sierra a escasos kilómetros de la comunidad Los Morros, pero fue detenido en un retén, donde además había personal del Ejército realizando labores de inspección.
“Veníamos de Tlacotepec, íbamos hacia una actividad que estaba convocada en Chilpancingo, en la supervisión escolar”, describió.
Relató que al llegar al retén fue inspeccionado por los ministeriales, quienes le pidieron que se identificara y cuando entregó sus documentos, se le informó que tenía una orden de aprehensión en su contra.
Los ministeriales tenían una computadora donde tienen la base de datos de personas que se buscan, la cual está integrada por características físicas, como la edad que tiene el presunto responsable del delito.
“No pudieron confirmar la información por que no había internet, entonces por eso ellos argumentaron que me tenían que trasladar”, agregó.
Vargas Muñoz explicó que los ministeriales lo esposaron para trasladarlo a la FGE, pues accedió a ser trasladado para que se realizara la verificación del nombre, ya que él sabía que no había cometido ningún delito.
Los ministeriales lo trasladaron en una camioneta, mientras que su carro fue conducido por otro policía.
“Yo considero que es un atropello a mis derechos como ciudadano, porque no traen a la mano la información adecuada, ya cuando llegamos acá resulta que me estaban confundiendo”, enfatizó.
Los agentes ministeriales que lo detuvieron, esposaron y trasladaron a la capital del estado, se equivocaron en el nombre y en la edad del presunto delincuente, sólo coincidía en los apellidos.
Al maestro y supervisor lo confundieron con Alonso Vargas, de 22 años, quien es acusado de un homicidio ocurrido en mayo de 2015 en Tlapa.
De manera simultanea a la detención, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) denunciaron en una conferencia improvisada, que su compañero fue detenido en la comunidad Los Morros, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco).
Agregaron que el docente viajaba en su carro hacia la capital del estado, para realizar trámites correspondientes de su zona escolar, cuando fue detenido por policías ministeriales en un retén.
Aseguraron que Vargas Muñoz es inocente y calificaron la acusación como increíble, porque ha tenido una “larga trayectoria en su carrera”.
Al lugar también llegó el líder sindical Arcángel Ramírez Perulero, quien se entrevistó con el vicefiscal de Prevención y Seguimiento, Néstor Fiallo Samayoa.
Ante el hecho, 20 maestros de la CETEG se trasladaron a la Fiscalía con el objetivo de apoyar y presionar a las autoridades para su liberación.

Llevarán los cuerpos de los militares a la Ciudad de México; la PGR atraería el caso, trasciende

 

Los cuerpos de los dos militares levantados el sábado por la tarde en el Mercado Central y hallados muertos el domingo por la noche en la Vía Rápida, fueron trasladados a la Ciudad de México luego de permanecer el lunes en el Servicio Médico Forense (Semefo), informaron fuentes militares.
Ayer el vocero de seguridad del gobierno del estado, el vocero Roberto Álvarez Heredia, escribió en su cuenta de Twitter: “el Grupo de Coordinación expresa sus condolencias a @SEDENAmx por los dos militares fallecidos y de actuar contra el crimen con tenacidad”.
Fuentes ministeriales adelantaron que el caso de los homicidios de los efectivos del Ejército podría atraerlo la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 20 en las competencias establecidas, y por tratarse de efectivos del Ejército, la PGR podría encargarse de continuar la investigación de los crímenes.
Ayer afuera de la Fiscalía Regional de Acapulco, donde se ubica el Semefo, ya no hubo resguardo del Ejército, como ocurrió el lunes cuando se encontraban allí los cuerpos de los militares.
Trascendió que los cadáveres fueron trasladados al Edificio Inteligente, donde opera el C4 controlado por el Ejército. Por la secrecía del caso en los asuntos castrenses, no se informó ni el nombre ni el lugar de origen de las víctimas.
Atrás del Edificio Inteligente, en la calle Vasco Núñez de Balboa, se observó un fuerte despliegue de militares. Asimismo había efectivos con una mochila puesta en la espalda, perteneciente a la brigada del grupo de paracaidistas.
También dos camionetas blancas, similares a las de las funerarias, donde supuestamente trasladaría los cuerpos a la Ciudad de México, a la Unidad de la Fuerza Aérea.
Mientras que las autoridades policiacas manejaron el caso de los militares con mucho hermetismo. Incluso en Semefo tiene prohibido dar más datos de los cuerpos estudiados.
Los dos efectivos del Ejército formaban parte de un grupo de paracaidistas que entrena en la Base Aérea Militar número 7, ubicada en Pie de la Cuesta, y fueron reportados como levantados el sábado por la tarde y hallados muertos el domingo por la noche.
Ese día las víctimas compraban artículos personales en el Mercado Central, luego de permitírselos el mando a su cargo tras el curso de capacitación.
El lunes, Álvarez Heredia confirmó que sí eran militares los dos hombres levantados el sábado afuera del Mercado Central, y que los dos cuerpos hallados el domingo en la noche debajo del puente de la Vía Rápida eran ellos.
Añadió que las víctimas se encontraban en su tiempo libre y que iban vestidos de civil, además de que no formaban parte de algún dispositivo de seguridad para Acapulco ni se encontraban realizando actividades de coadyuvancia con las autoridades civiles.
El sábado, hombres armados levantaron a los dos militares en el Tianguis Campesino, en las inmediaciones del Mercado Central, cerca del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) que coordina la PGR.
El reporte policiaco de ese día afirma que un cabo del Ejército contactó a la Gendarmería para reportar el hecho, y solicitó apoyo porque dos “personal de la Sedena” fueron levantados por personas desconocidas.
El 25 de noviembre, en la colonia Progreso, donde se ubica el Mercado Central se instaló una Base de Operaciones Mixtas (BOM) y se colocaron mantas con números telefónicos para denunciar delitos, principalmente el de extorsión.
Ese mismo día el alcalde Evodio Velázquez; el comandante de la 27 Zona Militar, Adelfo Castillo, y el coordinador de la Gendarmería, Gustavo Reyes, entregaron volantes a los locatarios del mercado de la Progreso y del Tianguis Campesino para promover la denuncia contra las extorsiones de la delincuencia organizada.

Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa

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 José Ángel Campos Cantor

Lourdes Chávez

Tixtla
26 de diciembre de 2015

Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.

Trasladan a tres presos políticos de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo

* Denuncian familiares que es una medida de represión

Tres presos políticos originarios de la comunidad de Monte Grande, en la Tierra Caliente, fueron trasladados de la cárcel de Coyuca de Catalán a Iguala y Chilpancingo, según sus familiares, como parte de la represión que han sufrido desde hace casi seis años.

Los presos afectados son Custodio Gómez Salvador, Stalislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián, trasladados este jueves en la noche, informó la hija del tercero, Marisol Díaz Gutiérrez, vía telefónica a la redacción de El Sur.

Denunció que a Stanislao Gutiérrez y a Custodio Gómez los tienen incomunicados en Chilpancingo, sin que se les permita ver a sus familiares, a manera de castigo, sin alguna razón para ello.

Señaló que pidió explicación al director del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Coyuca de Catalán sobre el motivo del traslado, pero el funcionario no dio respuesta; primero dijo que era por problemas de soprepoblación en ese reclusorio, pero eso no es posible porque los únicos traltadados fueron los tres y con ellos no se resolvería el problema de sobrecupo; después sólo dijo que es una decisión del consejo técnico, sin explicar el motivo.

En nombre de la familia, la joven manifestó la petición del regreso de los presos a Coyuca de Catalán, y afirmó que la única razón del cambio a reclusorios alejados de sus familias y de la comunidad que los apoya, es seguirlos castigando injustamente, dificultando su defensa y el movimiento de sus familiares, como parte de la represión que han sufrido por su participación en defensa de los derechos del pueblo de Monte Grande, municipio de Coyuca de Catalán.

Recordó que la represión contra los tres presos viene de la familia Montúfar (de la que el más destacado de sus integrantes es el ex director de la Policía Judicial del Estado y actual secretario de Seguridad Pública en Chilpancingo, Erit Montúfar Mendoza), a cuyos miembros consideran como los principales caciques de esa región, y no descartan que en la decisión del traslado esté la mano de los Montúfar.

Custodio Gómez Salvador, Stanislao Gutiérrez González y Aurelio Díaz Milián están en la cárcel desde junio de 1998, acusados de una emboscada en diciembre de 1997 en la que murieron tres miembros de la familia Montúfar: José Montúfar, su hija Diocelina, y su nieto Ángel de Jesús Balderas Montúfar.

Los tres presos están sentenciados a 30 años de cárcel, pero esperan en poco tiempo el resultado de una demanda de amparo que interpusieron contra la sentencia, pues demostraron que los testigos de la acusación en la que se basó la condena son falsos, informó Marisol Díaz.

Dijo que la familia teme que en la cárcel de Chilpancingo los presos sufren más hostigamiento, porque ahí se encuentra recluido un miembro de la familia Montúfar, Ramiro Montúfar Burgos, quien fue trasladado de una cárcel de Estados Unidos, donde está acusado de delitos de narcotráfico.

Las familias de los presos de Monte Grande señalan que los Montúfar siempre han afectado a los habitantes de esa comunidad, y se refieren como caso reciente al asesinato de Perfecto Benítez Gutiérrez, el 7 de septiembre de 2003, del que señalan como responsable a Abel Montúfar. (De la Redacción).

Trasladan al presunto integrante del EPR detenido al penal de Chilpancingo

 * Es por seguridad, dice Arturo Lima

 Zacarías Cervantes, corresponsal, Chilpancingo * Por “medidas de seguridad”, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Arcelia ordenó el traslado de c, detenido el sábado en la Tierra Caliente, al penal de Chilpancingo, informó el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Arturo Lima Gómez.

El funcionario dijo ayer que para la dependencia el procesado es sólo una persona que tiene delitos configurados dentro del ámbito local y federal, “pero no puedo referirme a él dentro de la estafeta de los grupos subversivos”, en referencia a que si las “medidas de seguridad” eran por su presunta vinculación con el Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Santana Monje o Santana Bahena fue detenido en acatamiento a la causa penal 057/2001-II, por los delitos de secuestro y homicidio en agravio de Víctor Manuel Nevárez Vergara y de Félix Olivares Izazaga.

Asimismo, por la causa penal 171/2001, por el delito de secuestro en agravio de Rafael Solorio Arroyo y de Ignacio Camacho Maldonado; por la causa penal 26/2002-II, por el homicidio de Eloy Servando Reza, y por el expediente 07/CC/2002, en el que es acusado por los delitos de terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército y asociación delictuosa.

El funcionario señaló que como responsable del área de rehabilitación en el estado, la dependencia a su cargo toma las medidas “adecuadas” para evitar cualquier problema.

Mientras tanto, la dirección de los centros de readaptación social en el estado informó que el detenido se encuentra a disposición del Juzgado Penal de Primera Instancia de Arcelia, y que será esta instancia la que determine el lugar y los tiempos para que se lleve a cabo el proceso contra Santana Monje o Santana Bahena.