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Acuerdan recibir su liquidación policías capitalinos despedidos; algunos trabajarán en otras áreas

 

De los 24 policías municipales despedidos de Chilpancingo, 22 luego de una reunieron con el secretario general del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Morlet Berdeja y abogados de la Secretaría General de Gobierno, acordaron que hoy acudirán al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que les informen las fechas en que serán liquidados.
A las 12 del día los inconformes llegaron al Ayuntamiento y fueron atendidos por Morlet Berdeja, en la reunión les mostraron las cantidades actualizadas de la liquidación de cada agente despedido, luego que el municipio le quitó al monto del finiquito que les corresponde.
El policía despedido, Francisco Limón Tomás comentó que al hacer la movilización el jueves pasado el municipio actualizó las cifras de las cantidades de la liquidación, y que regresó una parte del dinero que les habían descontado de manera irregular.
Aseguró que a una compañera que laboró siete años en la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el Ayuntamiento le ofreció una liquidación de 78 mil pesos, sin embargo, de acuerdo a la planilla de liquidación que elaboró el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a la policía despedida le corresponden 138 mil pesos.
“Es un avance de la negociación lo que nos ofreció el Ayuntamiento ahora, antes nos estaban robando unos 50 mil o 60 mil pesos a cada compañero, pero en la reunión nos mostraron la cantidad actualizada, ya es un poco más de dinero, no es el 100 por ciento”, declaró.
Limón Tomás comentó que hoy acudirán ante el Tribunal de la Contencioso Administrativo para que les informen las fecha en que serán liquidados con forme a la ley,  “pero vamos a esperar que ahora sí el Ayuntamiento nos deposite (el dinero), espero no se escondan los funcionarios y seguirá la negociación hasta que nos paguen”.
Detalló que otro de los acuerdos con el Morlet Berdeja que los policías interesados en abrir un negocio como tiendas de abarrotes para poder subsistir, se les expedirá una licencia de comercio y algunos compañeros  que pretenden regresar a la corporación, se revisará su situación y serán enviados en otras áreas y no como policías.
El jueves, unos 22 de los 24 policías municipales despedidos y sus familiares bloquearon más de 20 minutos los carriles sur-norte de la Autopista del Sol y el entronque de la carretera federal con dirección hacia Acapulco, para exigir al alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena, que los liquide conforme a los años laborados, porque el Ayuntamiento pretende rasurar el monto de la liquidación que les corresponde. (Luis Blancas / Chilpancingo).

 

Se terminará de armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción a mediados de abril, dice magistrada

 

La magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Virginia López Valencia manifestó que sí aumentará la carga de trabajo al aplicarse el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción; sin embargo, dijo que sólo serán un órgano receptor. En su exposición en la sesión de la Barra de Abogados, dijo que será a mediados de abril cuando se termine de armonizar el Sistema Nacional Anticorrupción.
Dijo que con la reforma constitucional de 2015 se pretende establecer un sistema nacional coordinado entre todas las entidades federativas con las dependencias encargadas de efectuarlo.
La reforma constitucional obliga a los estados a tener Tribunales de Justicia Administrativa, que serán los que apliquen las sanciones para los actos administrativos graves, tanto a servidores públicos como a particulares, desde la amonestación pública y privada, hasta la inhabilitación, destitución o suspensión temporal de una persona moral, y la inhabilitación para volver a ejercer contratos con el estado de un particular, además de resarcir de forma económica al estado por el daño ocasionado.
López Valencia expuso que hay un calendario de armonización que está en proceso para que entre en vigor a mediados de abril. En lo local, indicó que se crea un comité coordinador para el seguimiento de las nuevas leyes.
La magistrada detalló que será la Sala Superior, una sala colegiada, la única instancia que tendrá conocimiento de esos procesos y aplicará la sanción “contra esa resolución, va a proceder el juicio de revisión constitucional que lo conocerán los tribunales colegiados. Sin duda será una mayor carga de trabajo, a las salas superiores, que tendrán también que actualizarse los magistrados, capacitar al personal técnico”.
Manifestó que los tribunales de lo Contencioso Administrativo, han sido tratados “como el patito feo, como se trata de tribunales que van a sancionar a las propias dependencias del Ejecutivo o paraestatales, pues como que no les hace mucha gracia que se le fijen multas o revoquen los actos que emiten y se anulen, no ha tenido el apoyo necesario”.
Dijo que las salas regionales no van a verse afectadas en carga de trabajo, porque serán las salas superiores la que reciban los expedientes, “no va incrementar (la carga de trabajo), pero sí es cierto que hace falta personal, sobre todo actuarios”.
Virginia López Valencia finalizó su exposición diciendo que con los servicios en línea se compensa la falta de personal, y es a lo que le apuesta el organismo.

Anticonstitucional, el recorte salarial a burócratas, señala la Barra de Abogados del estado

El presidente de la Barra de Abogados del estado, Felix Tapia Espinoza consideró que se violan los derechos humanos de los trabajadores del gobierno del estado al reducirles sus salarios, como parte del plan de austeridad. Consultado al finalizar la sesión semanal de la Barra, manifestó que deberá transparentarse en qué se ocupará el dinero ahorrado.
El abogado consideró anticonstitucional la determinación del recorte salarial, porque el salario no está sujeto a convenio o transacción, “máxime que el gobierno del estado tampoco manifiesta la transparencia que se le va a dar a esa retención y que se le va a fijar a los empleados, o qué finalidad va a llevar”.
Expuso que, en el caso de los magistrados del Poder Judicial que se redujeron sus honorarios, lo compensan con bonos del fondo auxiliar para la administración, con lo que se resarce el descuento. Recordó que los trabajadores del Poder Judicial se opusieron, y el descuento no se aplicará.
Dijo que los trabajadores de confianza de las dependencias de la administración estatal, la reducción les afecta porque los tomó por sorpresa la decisión unilateral del gobierno.
Hace un mes, el gobernador Héctor Astudillo dio a conocer un plan de austeridad de 20 acciones entre las que está están la reducción del 20 por ciento a mandos superiores, y del 10 por ciento a los mandos medios del gobierno estatal, central y paraestatal.
El presidente de la Barra de Abogados en Acapulco, consideró que la acción de la administración estatal viola los derechos de los trabajadores “un derecho elemental de una vida digna, un derecho humano, el salario es un derecho humano”.
Indicó que es necesario que los trabajadores se acerquen a la Barra de Abogados, y que, por temor a ser despedidos, los burócratas no denuncian los actos de la autoridad.
Afirmó que la determinación del gobernador pretende aparentar un ahorro, porque no se transparenta, “y eso huele a corrupción”.
Tapia Espinoza manifestó que la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) tampoco se ha manifestado con relación a la determinación estatal, “ni de oficio ha declarado”, dijo.

Dice el alcalde Leyva que 10 de los 24 policías despedidos no pasaron el examen toxicológico

 

El presidente municipal de Chilpancingo, Marco Antonio Leyva Mena, informó que 10 policías municipales que fueron dados de baja no pasaron el examen toxicológico de la evaluación de control de confianza, y que están revisando la situación de 14 agentes para que sean reinstalados en otras oficinas del Ayuntamiento.
Consultado durante el festejo del 104 aniversario del Día del Ejército Mexicano en el comedor del Sexto Batallón de Ingenieros de Combate, el alcalde priista afirmó que solicitó a la federación que 14 policías municipales despedidos y que no tiene problemas de drogadicción sean contratados en otras áreas como Protección Civil municipal.
“Fueron dados de baja 24 policías (municipales) pero estamos viendo que 14 de ellos (puedan) ser contratados en otras áreas, 10 nos demandaron ante el Tribunal de lo Contencioso (Administrativo) y ellos no pasaron el examen toxicológico, la verdad de las cosas nosotros estamos cumpliendo lo que nos dice la federación”, declaró el alcalde.
Pidió a los policías municipales despedidos que si tiene pruebas donde sean avalados como agentes de confianza lo presenten en los Tribunales “para que no haya dudas, pero yo creo que tenemos la razón, porque nos notificó el gobierno federal que los policías están dados de baja”.
Los policías despedidos denunciaron que el 15 de diciembre el secretario de Seguridad Pública municipal Esteban Espinoza Montoya les notificó que estaban dados de baja por reprobar la evaluación de control de confianza, pero en el documento que les presentaron no tenían los resultados del examen.
Leyva Mena aseguró que no pude dar de baja a nadie de la corporación, y que la federación notificó al Ayuntamiento que los policías municipales reprobaron la evaluación pero no les entregaron los resultados de las pruebas, “nosotros no podemos dar de baja a nadie, la notificación (fue) por parte de la federación, no dieron los resultados (de) cual fue la parte que no pasaron de conocimiento, adiestramiento, toxicológico, y polígrafo”.
El jueves 16 de febrero, los policías despedidos informaron que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo pidió al Ayuntamiento capitalino los resultados de la evaluación de control de confianza, porque no la ha entregado para resolver su demanda laboral.
A pesar de tener un conflicto con los policías municipales despedidos, el alcalde de Chilpancingo aceptó que en la ciudad hay una disputa entre grupos de la delincuencia organizada y que sus ajustes de cuentas son los que generan la violencia en la capital.

 

Denuncian choferes de Xochistlahuaca que Transportes retiene siete mototaxis ilegalmente

El representante de la Unión de Mototaxis Nn’anncue Ñomndaa, Victoriano López Guzmán denunció que desde inicios de 2010 la Delegación de Transportes en la Costa Chica les retuvo siete mototaxis con los que pretendían dar un servicio alternativo en Xochistlahuaca.
En una llamada a la redacción, el dirigente manifestó que, por presiones de los taxistas de la zona fueron acusados de piratería, y a pesar de que el Ministerio Público consideró improcedente la acusación, los mototaxis retenidos siguen en un corralón privado. López Guzmán dijo que desde hace casi seis años dejaron de pedir que les devolvieran los mototaxis, porque el ex director de la Comisión Técnica de Transporte y Vialidad del Estado, Juan Larequi Radilla no atendía sus llamadas.
Argumentó que el servicio de mototaxis surgió como una fuente de empleo para los jóvenes que no pudieron continuar sus estudios, además de que pretendían ofrecer “un servicio más barato a la comunidad amuzga”.
Contó que en 2010, pocos días después de que comenzaron a dar servicio, la Delegación de Transportes en la Costa Chica, a cargo entonces de Fidel Bello García, les recogió los siete mototaxis, tras una denuncia de taxistas que los acusaron de piratería, iniciando la averiguación previa ABAS/SC/05/358/2010
El 15 de marzo de 2010 se dictó una resolución que declaraba improcedente las acusaciones y ordenaba al delegado de Transporte devolver los mototaxis.
Dijo que cuando solicitaron sus motos a la empresa Grúas Domínguez, que sirvió como corralón, los propietarios les dijeron que liberarían las mototaxis si pagaban el pisaje por el tiempo que estuvieron en su propiedad, los dueños de los mototaxis se negaron a pagar porque eso le correspondía a la Delegación de Transporte, “y nosotros no cometimos ningún delito”.
De la negativa de la delegación de transporte por el pago del pisaje, Victoriano López dijo que acudieron al Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Ometepec, que, de acuerdo con el expediente 079/2011, emitió la sentencia que ordena al delegado de Transporte de la Costa Chica, “la liberación de los vehículos sin cobro alguno”.
Desde 2011, cuando se dictó, la sentencia no se ha cumplido, ante la inacción de Transportes, el mismo Tribunal de lo Contencioso les ha aplicado multas, “pero sinceramente no sabemos si éstan pagándolas”.
López Guzmán solicitó al gobernador Héctor Astudillo su intervención y una reunión con el nuevo director de Transportes, Miguel Piña Garibay.
Expuso que en 2012, un delegado de Transportes –de quien no recordó su nombre– intentó pagar por las motos, para ese entonces Grúas Domínguez cobraba 80 mil pesos por el pisaje.
Recordó que en 2013, el entonces gobernador Ángel Aguirre se reunió con ellos y, ya con el conocimiento del problema, pidió al ex director de Transporte Juan Larequi Radilla que le diera seguimiento, pero después de dos reuniones sin avances, dejó de contestarles las llamadas.