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No garantiza imparcialidad el TSJ para que se litigue un proceso del caso Ayotzinapa: Vidulfo

 

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra afirmó que con la decisión de un juez federal de enviar al fuero común de Guerrero el proceso de un policía municipal involucrado en los ataques y desaparición de los estudiantes “el Poder Judicial federal se desdice de su compromiso de tramitar el asunto de impacto a nivel nacional”.
También, precisó que es preocupante porque no habría imparcialidad en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) debido a que hay personajes que están involucrados y son investigados por el caso Ayotzinapa.
Aseguró que no hay condiciones en Iguala para que los abogados litigantes lleven el proceso penal porque “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”.
Este miércoles se informó que el juez Primero de Distrito en Procesos Penales Federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos envio? al fuero comu?n de Guerrero un proceso iniciado contra un implicado en el caso Ayotzinapa, Alejandro Tenescalco Meji?a, supervisor de la Polici?a de Iguala que estuvo acusado de disparar contra los normalistas en 2014, y ser parte de los elementos que iban a bordo de una de las seis patrullas en la que se llevaron a algunos jóvenes.
El juez argumentó que debe aplicarse el delito de desaparicio?n forzada y e?ste debe ser sancionado con la ley estatal, porque era la que estaba vigente en 2014, de ahí que reclasifico? el delito de secuestro por el que originalmente fue acusado y le dicto? formal prisio?n por desaparicio?n forzada, además, se declaro? incompetente para continuar con el proceso y turno? el expediente a un juzgado de la jurisdiccio?n local de Guerrero.
Ayer consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra expuso que hay una gran preocupación porque el juez Ventura Ramos “abre la pauta para que el caso Ayotzinapa sea ahora tramitado por los juzgados del fuero común”.
Reprochó que con esa decisión el Poder Judicial federal “se desdice de su compromiso de tramitar este asunto de impacto a nivel nacional, de suma trascendencia” y deben ser los tribunales federales quienes lleven el caso.
Lamentó que el caso se mande a la competencia del fuero común donde no hay certeza de imparcialidad e independencia pues “hay mucho riesgo en Iguala, por ejemplo, es impensable que los abogados litigantes estén entrando y saliendo, es un lugar donde no hay condiciones para que se evacue en proceso penal”.
Sostuvo que es una ciudad sin condiciones donde “gobierna la delincuencia organizada, no hay poderes formales que puedan establecer el imperio de la ley”, y es complicado que garantizar un proceso imparcial e independiente.
Mencionó que el caso Ayotzinapa marcó en la historia del país un quiebre y tiene un impacto a nivel nacional, por lo que deberían ser los tribunales federales quienes deberían atenderlo, e incluso, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de la República y no de la Fiscalía General del Estado.
Sostuvo que en Iguala donde la delincuencia organizada y el crimen están desbordados, “no hay condiciones para llevar un proceso ahí”.
Rosales Sierra manifestó que en el Poder Judicial de Guerrero “hay personajes que están inmiscuidos en el caso, entonces no hay imparcialidad, porque el Poder Judicial tuvo que ver con la destrucción de los videos (de las cámaras externas del Ciudad Judicial de Iguala), entonces sería muy parcial su actuar o por lo menos se presta a que haya a que su actuación sea parcial”.
Afirmó que siendo acusados personajes del Tribunal Superior de Justicia del estado e incluso habiendo órdenes de aprehensión contra la ex presidenta, Lambertina Galeana Marín, y otros dos trabajadores más, Luis Europa Solís Jiménez y Javier Uribe Iturbe, ingeniero en sistemas de cómputo y programador analista respectivamente, “cuál va a ser el criterio de imparcialidad que van a tener en el tribunal, cuando miembros del tribunal están siendo procesados por el caso”.
Las tres órdenes de captura de los funcionarios del TSJ son por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada, y son parte de los 84 mandamientos de captura librados por el juez Enrique Beltrán Santés, en agosto de 2022.
El abogado que también pertenece al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan indicó que interpondrán los recursos correspondientes para efecto de que tribunales federales emitan una resolución distinta a lo decretado por Samuel Ventura Ramos.
“Nosotros pedimos que el Poder Judicial del estado de Guerrero se excuse de conocer el asunto, y que pida que sea el Poder Judicial de la federación quien conozca el mismo, porque sí hay personas que pertenecieron a esta institución y que están siendo procesadas por su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa”, agregó
Adelantó que en los próximos días se reunirán con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobierno, Alejandro Encinas Rodríguez, y le exigirán que sea el Poder Judicial federal quien siga atendiendo el caso Ayotzinapa.

 

Impugnará regidor de Morena sesión que aprobó el presupuesto para Chilpancingo

Luis Blancas

Chilpancingo

El regidor de Morena, Ricardo Iván Galíndez Díaz. informó que impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, por aprobar de manera irregular el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos.
En declaraciones a reporteros en una cafetería en el centro de la ciudad, Galíndez Díaz se quejó que no le notificaron de manera formal sino verbal ese mismo día de la realización de esta sesión, que se llevó a cabo el pasado jueves. No le entregaron la orden del día, documentos de información para discutir los puntos, lo cual no se presentó en la reunión.
Dijo que a pesar de la ausencia de miembros del Cabildo, los que asistieron a la sesión aprobaron de manera unilateral y arbitraria el presupuesto del ejercicio 2023 y las percepciones para servidores públicos, es decir la asignación de sueldo base, compensaciones, prestaciones y funciones de los ediles y funcionarios, en la que desconoce esa información de estos dos punto de acuerdo.
Señaló que la secretaria general, Xóchitl Heredia Barrientos, violó los reglamentos de sesiones y de la Ley Orgánica del Municipio por no notificarles de manera formal sino de palabra, ese día de la sesión, y no otorgarles los documentos de las propuestas para analizarlas y aprobarse, “de esta manera irregular se aprobaron estos acuerdos”.
El regidor de Morena informó que por estas irregularidades, impugnará ante el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, los acuerdos de la Vigésima Octava Sesión Extraordinaria del Cabildo de Chilpancingo, para echar abajo los puntos de acuerdo, porque hubo violaciones graves.
Indicó que la administración que encabeza la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez tampoco publicó la información de la sesión extraordinaria en el portal de internet del municipio y redes sociales, para que esté informada la población y los miembros del Cabildo, “la sesión la hicieron a escondidas, duró 30 minutos y aprobaron esos puntos de manera irregular”.
Recordó que esa día también se llevó a cabo la Décima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, nueve miembros votaron para la aprobación de una línea de crédito de 22 millones de pesos, cinco regidores votaron en contra y uno más de abstención.
El regidor de Morena señaló que hubo irregularidades al aprobar este punto porque se violó la Ley Orgánica del Municipio, “este punto debió ser aprobada por las dos terceras partes del Cabildo, sí somos 15 miembros, debieron autorizar diez, sólo votaron nueve favor , por lo tanto se violaron los estatutos”.
Indicó que no hay condiciones para adquirir un crédito porque impactará la Hacienda Pública Municipal y agregó que se está analizando para que sea también impugnado este acuerdo, “lo hacen con la finalidad de tener mayor recursos económicos, que supuestamente serán destinados no sabemos donde, es necesario que el municipio busque estrategias para la recaudación de recursos y así solventar las deudas que tiene esta administración”.
Señaló que en las sesiones de Cabildo ha insistido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, que estas reuniones sean públicas y las transmitan en los portales de internet, lo cual no han atendido su petición.
Exhortó al gobierno del estado, el Congreso local y la Secretaría de Hacienda que analice lo que está sucediendo en la administración que encabeza Hernández Martínez en el manejo de los recursos públicos, y “a la dirigencia de Morena que tenga conocimiento lo que está realizando el Cabildo del municipio, hay falta de transparencia, opacidad y la rendición de cuentas es muy sesgada”.

 

Reinicia el gobierno estatal la persecución contra el Cecop, advierte Marco Suástegui

Jacob Morales Antonio

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, advirtió que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda y la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón iniciaron, como en los gobiernos pasados, una persecución en contra de los opositores a la hidroeléctrica.
En declaraciones por teléfono, el dirigente informó que fue notificado de que el juez segundo del distrito de Tabares lo sentenció a más de ocho años de cárcel por el delito de homicidio, hechos que ocurrieron en 2013; sin embargo, él recurrió a una apelación y ahora su caso será revisado por tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia. “Yo podría regresar a la cárcel”.
Suástegui Muñoz dijo que en este contexto de persecución contra el Cecop y su lucha contra la hidroeléctrica fueron detenidos el jueves pasado, con violencia, por policías ministeriales en la comunidad de Huamuchitos, Rodrigo León Jacinto, de 70 años, y Modesto León Jacinto, de 27 años; además lesionaron de un disparo en la pierna a la señora Rosibel Suástegui Jacinto y golpearon a tres menores de 4, 7 años y un bebé.
Recordó que ese día los policías ministeriales irrumpieron a las 3:30 de la madrugada en la casa de la familia, sin embargo, en la carpeta de investigación se estipuló que los detuvieron en la cancha de la comunidad lo que es falso, y tan fue así que el sábado se les dio su libertad de la comandancia de El Coloso, pero al salir fueron detenidos nuevamente ahora con unas órdenes de aprehensión de 2013, acusados de intento de homicidio y lesiones, y fueron recluidos en la cárcel de Las Cruces.
Reprochó a la fiscal Valdovinos Salmerón que junto con la gobernadora “usan los mismos vicios y prácticas oscuras del pasado. Concluimos que hay una persecución total para eliminar al Cecop, porque tal vez el movimiento le hace estorbo a la 4T, porque nosotros mandamos al diablo al PRI, al PRD, para poner a un movimiento en el poder como lo es Morena, donde nosotros decidimos abiertamente apoyar en campaña política a la gobernadora, pero vemos que lamentablemente nos equivocamos”.
El vocero dijo que tiene conocimiento de que se están desempolvando las órdenes de aprehensión en contra de los integrantes del Cecop, “estamos procesados 30 compañeros, también surgen nuevas órdenes de aprehensión, que este gobierno está sacando de cuando se fabricaban los delitos”.
Luego, se volvió a lanzar contra la gobernadora “nos está mintiendo, diciendo que son amigos de los que menos tienen, pregonan eso, y que en este gobinero no se reprime. Todo lo contrario, sí se persigue, se encarcela, actualmente tenemos a toda la fiscalía en Huamuchitos, a los que llevan sus cosechas de jamaica y de maíz los están deteniendo, hay filtros y retenes, además, la Fiscalía entró a robar como delincuentes y amenazando de manera cobarde a la gente”.
“La gobernadora dice que Guerrero es un santuario de derechos humanos, la Fiscalía viene y tortura y le mete unos balazos a una mujer y la amenazan con quitarle a los hijos para declarar contra su esposo, diciendo que él fue quien le disparó”.
Ante estos hechos, dijo que el domingo en asamblea se acordó pedir el apoyo nacional de las organizaciones sociales, una comisión acudirá a Palacio Nacional, para plantear la situación al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Se va a instalar un plantón en Huamuchitos y El Cantón, para evitar que la Policía Ministerial entre, “además estamos pensando que vamos a cerrar la Autopista del Sol, porque tal parece que les importa recibir turistas y crear una imagen falsa, cuando hay un mar de sangre en Acapulco, y cuando el Ejército y la Guardia Nacional están metidos en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”.
Suástegui Muñoz también afirmó que “nos mintieron cuando dijeron que iba a haber un cambio” e informó que se cancelaron todos los apoyos a los pobladores de Cacahuatepec, “nos huele como una trampa del gobierno del estado, municipio y federal”.
El dirigente recordó que Maximino Solís Valeriano sigue preso en el penal de Las Cruces, desde 2018, por un delito que no cometió y que se le atribuye a él, pero todo es parte de la persecución contra el movimiento.

López Célis: valorará el juez las pruebas de la Fiscalía en el caso César Zambrano

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Alberto López Célis, subrayó que corresponde a los jueces valorar hasta dónde proceden las pruebas que consignó la Fiscalía General del Estado (FGE), con relación al caso del asesinato del empresario acapulqueño César Zambrano, así como las de la defensa de los presuntos responsables.
El magistrado fue consultado minutos antes de iniciar el homenaje póstumo de los tres policías asesinados en el municipio de Taxco, con relación al video dado a conocer en el programa En Punto de la periodista Denise Maerker.
“Yo conozco relativamente el video, lo vi también, pero nosotros tenemos nuestra carpeta, nuestro expediente, tramitado ante un Juez de Control en Acapulco y resolveremos oportunamente”.
–Pero ante la importancia que tomó el caso a nivel nacional, ¿no cree prudente su intervención?
–No, acuérdese que esas pruebas pueden ser ofrecidas en todo caso por la defensa o por el Ministerio Público. Los jueces de nosotros simplemente se encargarán de valorar y advertir hasta dónde es procedente o improcedente lo que consignó la Fiscalía.
Recordó que aunque los detenidos estén vinculados a proceso, no los afecta a pesar de que ya están en la cárcel, ya que significa el inicio del procedimiento legal en su contra.
–¿Qué impacto tiene que se evidencie a nivel nacional una práctica que podría ser muy ilícita y muy grave?
–Yo no quiero prejuzgar porque no sé hasta dónde sea cierta esa circunstancia –dijo en referencia a que en el video se muestra cómo uno de los deenidos es secuestrado por hombres fuertemente armados tres días antes de que fuera presentado como uno de los presuntos autores del asesinato.

Suspenden audiencias por el caso Nestora; no se notificó a las partes, informa el TSJ

Debido a que las partes no han sido notificadas por dificultades para su localización, las audiencias de vista programadas para junio y julio en las que se trataría el recurso de apelación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de los autos de libertad de Nestora Salgado, no se llevarán a cabo, informó el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Alberto López Celis.
El magistrado rechazó, también, que el Tribunal esté recibiendo presiones para resolver el caso, aseguró que tampoco se ha politizado, insistió que sigue su curso “normal” y que no es un asunto especial para el TSJ, “es como cualquier otro, con la importancia que tiene cualquier asunto”.
Una de las audiencias estaba programada para el 14 de junio a las 11:30 horas en la cuarta sala penal. Mientras que otras dos estaban programadas para el 9 de julio, una a las 10:30 horas y otra a las 11 en la primera sala penal.
Consultado por el corresponsal de un medio de circulación nacional el lunes pasado en el edificio del TSJ del centro de Chilpancingo, el magistrado presidente López Celis anunció que no se van a llevar a cabo porque las partes no han podido ser notificadas.
De entrada López Celis aclaró que estos asuntos no se han reactivado y que están abiertos desde el 2016.
“Tenemos seis asuntos, cuatro por secuestro, uno por robo y uno más por homicidio. En los seis asuntos se dictó auto de libertad por falta de mérito y con las reservas de ley. En todos, tanto el Ministerio Público como los ofendidos y las víctimas interpusieron recursos de apelación y se admitieron los recursos correspondientes de apelación desde el 2016”, explicó el magistrado presidente.
Dijo que cada vez que se admite un recurso de apelación se manda a las salas, y que en este caso son dos las que conocen de estos asuntos, la cuarta sala penal y la primera, cada una integrada por tres magistrados.
Explicó que las salas señalan fecha para la audiencia de vista, y que el problema es que no han podido notificar a las partes. En el caso de Nestora añadió que al salir libre ya no la han podido ubicar en algún domicilio “desde hace mucho tiempo”, igual que a algunos “ofendidos”.
“No ubicamos todavía a la señora, como usted sabe tenía un domicilio fuera del país”, insistió.
Argumentó que por eso las audiencias se han ido prolongando, pues si bien están señaladas todavía no están notificadas “y como consecuencia no se van a llevar a cabo”. Además, declaró que también faltaría sustanciar los recursos de apelación, “y como consecuencia los magistrados no pueden resolver los recursos de apelación”.
Informó que como las dos fechas de junio y julio ya se han cancelado muchas otras anteriormente porque las salas van señalando las fechas para audiencia, pero si no se cumplen los requisitos de las notificaciones, “lógicamente no se pueden llevar a cabo”.
Informó que en el caso de los agraviados hay tres que no han sido notificados porque la geografía de la Montaña es muy complicada y cambiaron de domicilio.
López Celis aclaró que los procedimientos no se han reabierto. “No hay nada nuevo en estos casos, están terminados en primera instancia porque los jueces determinaron que no hay elementos para procesar a esta señora”, no están terminados definitivamente, porque aún están sujetos a un recurso de apelación.
El magistrado presidente aseguró que tampoco está politizado el asunto, “si así fuera estaría politizado desde hace dos años. Estas audiencias no se señalaron ahorita, antes de esta audiencia de junio estaban señaladas otras y antes otras más, pero ese es el trámite normal que se da en segunda instancia”.
Explicó que en el supuesto de que se llevara a cabo la audiencia, esto si ya estuvieran notificadas las partes, terminando se turnaría a tres magistrados para que resuelvan la confirmación, revocación o modificación del auto de libertad.
Después, suponiendo que los magistrados resuelven que no es correcto lo que dictaminó el juez de primera instancia y revocan y dictan formal prisión, todavía está sujeta a un juicio de garantías o de amparo. “Todavía tiene su trámite. Es un trámite complicado pero todavía más complicado cuando no están notificadas las partes”, reconoció.
El reportero que lo entrevistó le preguntó que si llega a ser senadora cómo quedaría su caso con el fuero, y el magistrado dijo que “nosotros resolvemos los procesos judiciales, esos temas los continuamos en el estatus en que se encuentra cualquier persona. Si alguien tiene fuero ya se verían las circunstancias”.
Rechazó que los magistrados que revisarán el caso estén recibiendo presiones. Le aseguro que el Tribunal emitirá las resoluciones sin ningún tipo de presión”. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

 

Reabren cinco causas penales por secuestro, homicidio y robo en contra de Nestora Salgado

 

La primera y cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), admitieron el mes pasado cinco de seis apelaciones que presentó la Fiscalía General del Estado (FGE) desde el 2016 en contra de los autos de libertad “por falta de elementos para procesar”, que se emitieron a favor de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y actual candidata al Senado por Morena, Nestora Salgado García.
Las causa penales de las que había sido absuelta Salgado García, pero que se reabrieron con la admisión de las apelaciones son por secuestro, secuestro agravado, privación de la libertad personal, homicidio calificado, tentativa de homicidio y robo específico.
Nestora había sido absuelta por juzgados federales y locales desde 2016, pero la Fiscalía General del Estado (FGE) apeló y las salas del Tribunal de Justicia dieron trámite a la solicitud de apelación en abril pasado, de acuerdo con una tarjeta informativa de la que El Sur tiene copia.
En mayo de 2016 el entonces fiscal Javier Olea Peláez declaró que era su obligación apelar todos los asuntos legales, cuando fue acusado por Salgado García de que había apelado en contra de las seis sentencias de libertad para callarla y no volviera al país, manteniendo abiertas las causas penales en su contra.
El entonces funcionario argumentó que “por obligación jurídica y conforme a la Ley Orgánica y Reglamento Interno de la Fiscalía apelaría todos los asuntos, “salvo en los casos en los que fidedignamente se acredite la no responsabilidad del inculpado”.
La Fiscalía apeló el auto de libertad de la causa penal 59-I/2015 a cargo del juzgado del distrito de Allende por secuestro en agravio de Pedro Gil Apreza Salmerón y Katia Espinoza Bolaños. El Ministerio Público apeló en contra del auto de libertad, dictado el 17 de marzo de 2016 a favor de Salgado García. En este caso que lleva la Cuarta Sala Penal en el TOCA VII-207/2017, la audiencia de vista será el 14 de junio a las 11:30 horas.
También apeló el auto de libertad de la causa penal 196/2013-I-A del distrito de Morelos por secuestro agravado y privación de la libertad personal en agravio de Abraham Ortega Sonora “y otros”. El Ministerio Público apeló en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar del 6 de marzo de 2016 y del auto del 28 de diciembre de 2015, que se emitieron también a favor de los entonces procesados Abad Francisco Ambrosio, Ángel García García, Benito Morales Justo, Bernardino García Francisco, Eleuterio García Carmen y Florentino García Castro, policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.
Con respecto a esta causa la Primera Sala Penal dictó un acuerdo con fecha 20 de abril en el que requirió al juez a efecto de notificar diversos autos a las partes y para que admita el recurso de apelación interpuesto por el agraviado “A.O.G.”.
Con fecha 27 de abril la misma sala resolvió improcedente admitir dicho recurso de apelación pero solamente en el caso del auto del 28 de diciembre de 2015, y quedó en trámite la apelación interpuesta en contra del auto del 6 de marzo del 2016.
La Fiscalía apeló por igual el auto de libertad de la causa penal 67/2014 que lleva el juzgado del distrito de Zaragoza por homicidio calificado y tentativa de homicidio, el primero en agravio Nemecio Guevara Barrera y Carmen Guevara Rodríguez, y el segundo en agravio de Eduardo Guevara Rodríguez.
El Ministerio Público apeló el auto de libertad por falta de elementos para procesar del 17 de marzo del 2016. La primera sala penal resolvió que la audiencia de vista será el 9 de julio a las 10:30 horas.
Además el Ministerio Público apeló el auto de libertad por falta de elementos para procesar, dictado el 7 de marzo de 2016 a favor de Salgado García. La causa penal es la 048/2014-II que lleva el juzgado del distrito de Morelos por secuestro agravado y privación ilegal de la libertad, el primero en agravio de Eugenio Sánchez González y el segundo en agravio de Benito Rosendo Sánchez, Coviele Franco Reyes, Ricardo Ernesto Villavicencio Guerrero y Juan Antonio Franco. En este asunto la audiencia de vista será el 9 de julio a las 11 horas.
El Ministerio Público también apeló el auto de libertad de la causa penal 05/2014-I del juzgado del distrito de Morelos por secuestro agravado en agravio de Dulce Rubí Burgos Pérez, Pedro Gil Apreza Salmerón, Elizabeth Rubí Baltasar Sosa, Sofía Navarrete Baltasar, Yesenia Castillo Meza y Ramiro Santiago Martínez. El auto de libertad a favor de Nestora Salgado se dictó el 6 de marzo del 2016, y la audiencia de vista será el 9 de julio a las 11:30 horas en la primera sala penal.
El Ministerio Público también apeló el auto de libertad por la causa penal 050/2014-II por robo específico y privación ilegal de la libertad, el primero en agravio del Ayuntamiento de Olinalá y el segundo de Francisco Bello Pineda, Lorenzo Medardo Vázquez, Mauro Ponce Almazo, Eugenio Lara Salgado e Isaí García Lucero.
Con respecto a esta causa penal el auto de libertad se dictó el 17 de marzo de 2016, pero según la tarjera informativa aún no se ha admitido la apelación, “porque no se ha notificado a la inculpada del auto apelado”.
Las cinco de las seis causas penales de las que había sido absuelta “por falta de elementos para procesar”, la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá y ahora candidata al senado por Morena, y a quien el candidato del PRI, José Antonio Meade acusó de “secuestradora” en el segundo debate, fueron admitidas por la primera y segunda sala del TSJ a más de dos años de que fueron apeladas por el Ministerio Público.
Nestora Salgado García fue electa candidata a senadora por Guerrero por la vía uninominal y plurinominal por Morena el 18 de febrero, mientras que la primera y cuarta sala penal del TSJ emitieron sus acuerdos de admisión de las apelaciones en distintas fechas del mes de abril pasado.
Mientras tanto la tarjeta informativa tiene fecha del 23 de mayo, cuatro días después de que el candidato de la coalición Todos por México acusó a la candidata al Senado de secuestradora.

Demandan a tres magistrados que desecharon la declaración de una niña víctima de abuso

La integrante de la asociación civil Renacer, Yolanda Domínguez presentó una demanda penal por el delito de prevaricato contra tres magistrados que, a cargo de la segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), desestimaron la declaración de una niña de dos años y ocho meses de edad que señaló abuso sexual, y exoneraron al agresor, pero sus argumentos fueron desechados en un tribunal colegiado en febrero de este año.
Acusaron a los magistrados Vicente Rodríguez Martínez, Miguel Barreto Cedeño y Alfonso Vélez Cabrera, entonces titulares la Sala penal, de dictar una resolución arbitraria para favorecer a una de las partes, a sabiendas que la resolución era injusta.
El abogado, Pedro Ramírez Millán, indicó que los elementos de prueba contra los magistrados son sus propias valoraciones de la resolución de la Sala, donde se acredita la forma en que los magistrados favorecieron al inculpado, así como la sentencia del Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, que desechó uno a uno sus argumentos.
Subrayó que los tintes de la resolución de la Sala penal son inmorales, de favorecimiento y de negociación, que son más difíciles de probar en un juicio penal.
El principal argumento de los denunciantes es que los magistrados desestimaron la declaración de la niña, argumentando que la denuncia se dio en medio de un conflicto de guardia y custodia, y que la menor habría sido manipulada por sus familiares, indicó Yolanda Domínguez.
Sin embargo, aclaró que la resolución de la Sala evidencia una falta de conocimiento e incapacidad de ser juzgadores, ya que pasaron por alto la jurisprudencia del Poder Judicial que señala que los delitos sexuales son de realización oculta, por lo tanto, la declaración de la víctima prevalece por encima de cualquier prueba, aun cuando su declaración tenga inconsistencias, porque debe atenderse a la naturaleza del hecho traumático.
Ramírez Millán precisó que, cuando los familiares de la niña se dieron cuenta del abuso sexual y presentaron la denuncia contra el agresor, el novio de la mamá, ya había acuerdos sobre la guardia y custodia de la pequeña, por lo tanto no había otros conflictos de interés.
Ahora toca a la Fiscalía General del Estado (FGE) integrar la carpeta de investigación y llevar a cabo las diligencias para acreditar el cuerpo de delito y, de confirmar una responsabilidad, solicitar al Congreso local el desafuero de los magistrados para someterlos a un juicio.
No obstante, reconoció que la mayor parte de la impunidad la generan precisamente los procuradores y administradores de la justicia, que “se vende como en un mercado, es la realidad que observamos durante años, como abogados, podemos advertir en una resolución, cuando hay equivocación de criterio, y las que llevan tendencias de favorecimiento. El mal está dentro”.
También lamentó que los magistrados tienen asegurada su estancia en el Poder Judicial, hasta que se jubilen o fallezcan, mediante la ratificación, y sólo se les puede separar del cargo hasta en tanto no haya una causa de responsabilidad.
El abogado, José Ramírez Villalba advirtió que la protección hacia los magistrados viene de los propios gobiernos que “no quieren más escándalos sociales, con tanto problema ya no pueden”; sin embargo, aseguró que van a insistir en que se analice esta denuncia porque los familiares de la víctima están muy interesados en dejar un precedente para otros casos.
Aclaró que en éste, es evidencia la tendencia a favor del inculpado, aclaró que es muy aventurado decir que hubo dinero de por medio, aunque no lo descarta.
Yolanda Ramírez insistió en que 80 por ciento de las denuncias de niños violentados quedan en la impunidad, debido a la corrupción en los sistemas de procuración y administración de justicia, “nosotros le damos seguimiento a este caso en contra los magistrados para demostrar cómo se tuerce la ley en Guerrero”, agregó.
Concluyó que, “el caso que nos llevó a esto no es de una disputa de guardia y custodia, no se trató de disputa familiar, tampoco es político, es un caso de un derecho humano de una niña que tiene que ser ejemplo para muchas familias de no quedarse calladas, hay que cuidar y defender a los niños en contra de quien sea”.

 

Denuncian ante la Codehum hostigamiento a trabajadoras de Prospera despedidas y a médicos

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero, se reunió con el presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para denunciar despidos injustificados de trabajadoras del programa federal Prospera, el hostigamiento a trabajadores que se oponen a la reforma del sistema de salud del país, y el nulo avance en la liberación de Patricio Margarito Rivera, acusado de despojo por el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame.
A las 11 de la mañana, integrantes de las organizaciones que forman parte de la Dirección Colectiva acudieron a la Codehum, donde las trabajadoras de Prospera, Roselia Franco Tranqulino y Mayra Morales contaron que el pasado jueves denunciaron su despido injustificado, por instrucciones del delegado Juan Manuel Yáñez Heredia, a quien también acusaron de acoso sexual.
En la reunión con el presidente de la Codehum, pidieron que su caso sea remitido a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Denunciaron que fueron despedidas cuando se negaron a ser parte de actos de corrupción, como firmar a nombre de aviadores para avalar que sí trabajan en la delegación. Dijeron que son 29 trabajadores los que fueron despedidos, pero los demás temen denunciar ante la posibilidad de represalias.
A la reunión acudieron también miembros del Frente Democrático de Trabajadores de la Salud en Guerrero, el médico Hilario Zúñiga y la trabajadora administrativa de la jurisdicción 03 de Chilpancingo, Érika Salgado, quienes denunciaron hostigamiento por participar en el movimiento de los médicos contra la reforma del sistema de salud mexicano.
Érika Salgado manifestó que está siendo hostigada y amenazada por el jefe de la jurisdicción, Saúl Romero Téllez, y el área de Recursos Humanos, por participar en conferencias que impartió un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sobre la universalización de los servicios de salud.
El médico Hilario Zúñiga dijo que también los ha hostigado el jefe jurisdiccional, luego de que el Frente convocó a la marcha del Día del Médico (20 de octubre), y ahora lo acusan de dirigirla.
Ramón Navarrete dijo que buscaría una reunión con el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, para revisar el caso, y pidió definir una reunión conjunta con otros trabajadores de Salud que están en la misma situación, para que expongan sus casos.
Plantearon el caso de Josefina Margarito Rosendo, hija de Patricio Margarito Rivera, que se unió a la Dirección cuando el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame acusó a su padre de invadir un predio, pese a que existe un contrato de compra-venta.
La joven explicó que su papá lleva ya dos meses recluido en el penal de la capital; y que inicialmente les pidieron una fianza de 124 mil pesos que no pudieron pagar.
Agregó que han intentado exhibir pruebas de la inocencia de su padre en el penal, pero no se las reciben por orden del secretario general Salazar Adame.
Navarrete Magdaleno se comprometió a que abogados de la Codehum se encargarían del acompañamiento, para darle una explicación jurídica clara, y para revisar el expediente que no le han mostrado a la familia.
El ombudsman dijo que también buscará una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, y con el juez que lleva el caso, para que el proceso sea transparente y no haya intromisión de terceras personas.

 

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Recibió la impugnación a las tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nestora Salgado, informa el TSJ

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado confirmó que el órgano recibió los recursos de impugnación a tres órdenes de aprehensión que existen en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, pero declaró que desconoce los detalles y el plazo en que deberán resolverse, “porque no es el juez de la causa”.
En consulta después de una reunión al mediodía de ayer con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el auditorio del Tribunal, en el centro de la ciudad, Robles Hurtado dijo que la información que tiene es que los jueces de Tlapa solamente resolvieron al auto de libertad de una de las tres causas penales que tiene.
Después justificándose en la independencia que tienen los jueces aseguró que carece de información respecto a la situación legal de Nestora Salgado.
Explicó que el caso “va bien en el sentido de que se están respetando todos sus derechos y se están siguiendo todas y cada una de las actuaciones de manera formal y de manera jurídica”.
Agregó que de las tres causas penales que tenía en su contra Salgado García, “al parecer hubo un movimiento en el sentido de que ya tenía una boleta de libertad, yo vi que se tomó una foto con su boleta, pero también después vimos que llegaron tres averiguaciones previas con tres órdenes de aprehensión suscritas por la Fiscalía”.
–¿Cuándo se vence el plazo para decretar el auto de formal prisión o de libertad y para que se resuelvan las otras tres órdenes de aprehensión?–, consultó un reportero.
–No lo sé porque tendría que checar la fecha en que fue notificado–, respondió.
Dijo también que tiene conocimiento de que la defensa de Nestora presentó un recurso de impugnación en contra de las tres órdenes de aprehensión, “porque toda la gente puede interponer recursos para impugnar”.
–¿Pero cuándo se resuelven?
–Es que yo no soy el juez de la causa y no tengo la información, tenemos más de 80 jueces y yo no puedo estar al pendiente de todas las casusas penales, es imposible físicamente hablando–.
–Pero este caso es especial–.
–Todos los casos son especiales para nosotros, porque toda la gente merece un especial trato en lo que se trata de la administración de justicia–.
Según la defensa de Salgado García, el martes fue absuelta de tres causas penales que estaban a cargo de los juzgados primero y segundo del ramo penal con sede en Tlapa por secuestro.
Sin embargo esperaban que le fueran notificadas otras tres averiguaciones previas para las que ya habían promovido los recursos de impugnación, pero hasta ayer continuaban pendientes de resolverse, situación de la que el magistrado presidente del TSJ desconocía, según argumentó, “porque yo no soy el juez de la causa”.