Marchan en Iguala padres de los 43 e instalan urnas para recibir información de los estudiantes

En su tercer día de actividades de la primera jornada de búsqueda y de información, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa detenidos desaparecidos en esta ciudad el 26 y 27 de septiembre de 2014, instalaron ayer dos módulos con seis urnas en la explanada y el mercado municipal para solicitar información anónima a la población, de los ataques a los estudiantes.
Ayer, las 20 brigadas integradas por poco más de 300 participantes, entre padres de los 43 desaparecidos, alumnos de la normal y organizaciones que los acompañan, recorrieron el segundo sector de la búsqueda, que comprendió 20 colonias al norte de la ciudad, entre la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde fueron los ataques y la detención de los normalistas hace más de 17 meses.
El vocero de los padres, Melitón Ortega informó tras la reunión de evaluación de los coordinadores de brigada, que los resultados fueron “positivos en términos generales” y dio a conocer que hubo vecinos de la calle Juan Álvarez que les informaron que sí vieron a militares patrullar las calles, escucharon los balazos y los gritos de los normalistas la noche del 26 de septiembre, cuando le decían a los policías que no les dispararan porque eran estudiantes.

Reciben en seis urnas informes anónimos

A partir de las 9:30 de la mañana de ayer fueron instalados dos módulos con seis urnas para la recepción anónima de información relacionada con los ataques y la desaparición de los 43 normalistas. Con ellas, fueron dejados volantes con información sobre los ataques y la desaparición de los normalistas, hojas en blanco y lapiceros para que los probables testigos pudieran informar por escrita, además de que había en cada urna un número de teléfono y un correo en los que la gente podía enviar información anónima.
En la explanada de las Tres Garantías, junto a la carpa que mantienen las organizaciones en apoyo al movimiento, fueron colocadas cuatro urnas; hasta antes del mediodía se vio escasa participación de la gente, sólo algunos transeúntes que se acercaban a leer los volantes.
Otras dos urnas fueron colocadas en el módulo del estacionamiento del mercado municipal Adrián Castrejón, entre las calles Galeana y Altamirano, frente a la central de autobuses Estrella Blanca, que fue donde la tarde del 26 de septiembre de 2014 los normalistas tomaron los autobuses y dio inicio la persecución de policías municipales que más tarde atacaron a balazos a los estudiantes.
En información a reporteros, el vocero de los padres, Melitón Ortega confirmó una baja participación en estos módulos, y dio a conocer que las cuatro urnas instaladas en la explanada permanecerán otros 15 días, en espera de obtener información que se hará llegar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la Unidad especial para el caso Ayotzinapa, para su revisión y, en su caso, integración a las investigaciones.

Participan más de 300 activistas en la búsqueda

Minutos antes de las 10 de la mañana, las 20 brigadas de más de 300 participantes, formadas por padres de los desaparecidos, normalistas e integrantes del Bloque Democrático de Organizaciones fueron distribuidas en 20 colonias asentadas al norte de Iguala, donde fue el ataque a los estudiantes, la desaparición de 43 y el asesinato de dos de ellos, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo.
Casa por casa, y en los negocios, los integrantes de las brigadas repartieron volantes, pegaron carteles y pidieron información a los vecinos.
La brigada seis recorrió la calle Juan Álvarez, donde hubo casas donde no les abrieron, y en otras quienes abrían afirmaban que no vivían ahí, o que la noche de los ataques no estaban en sus casas. Les dejaban los volantes con los números de teléfonos y los correos para recibir información anónima.
Se vio a vecinos llevando agua, comida y galletas a los normalistas, como muestra de solidaridad con su movimiento.
Se pegaron carteles en negocios, señalizaciones, anuncios y en el estacionamiento de la tienda Aurrera de la calle Juan Álvarez, frente a donde quedaron varados los tres autobuses la noche de los ataques.
Afuera de la clínica privada Cristina, que fue donde se les negó la atención a normalistas que llevaban a un compañero herido, se colocó una brigada con un carro de sonido, y también se repartieron volantes.
También se repartieron volantes y se pagaron carteles junto a las estelas en memoria de Julio César Ramírez y Daniel Solís, donde se ubicó otro carro de sonido a través del cual los padres de los normalistas pedían información de la desaparición de sus hijos a los vecinos.
Entre las colonias recorridas están la Juan Álvarez, Perpetuo Socorro, Educación, Fraccionamiento 3, Libertadores, Tamarindos, Plan de Ayala, Cirianes, María del Carmen, Benito Juárez, 28 de abril, 23 de marzo, Tres Marías, Esmeralda, Solidaridad, Leonardo Bravo, Rubén Jaramillo, Ricardo Flores Magón, Patria Nueva y Fraccionamiento Tres; en algunas de ellas se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
Minutos después de la 1 de la tarde, las brigadas se empezaron a reunir cerca del lugar del ataque a los estudiantes, de donde se trasladaron a la explanada municipal, donde tuvieron una reunión de valoración y concentración de información de los coordinadores de brigada.
Al término de la reunión de los coordinadores de brigada, en declaraciones a reporteros, el vocero de los padres, Melitón Ortega valoró como “positiva en términos generales” la actividad de búsqueda de información en su segundo día.
Informó que, de acuerdo con los responsables de brigada, hubo vecinos que les confirmaron que la noche de los ataques escucharon los disparos y gritos de los normalistas que les decían a los policías municipales, “no nos disparen, somos estudiantes, no venimos armados”.
Informó que la gente confirmó haber visto patrullas de soldados del Ejército la noche del ataque a los normalistas.
Dijo nuevamente que han notado un cambio de actitud de los vecinos de Iguala, que antes cerraban las puertas a su paso, y ahora salen a escucharlos, dan muestras de solidaridad, les reciben los volantes, les dan alguna información de los hechos y hasta apoyos económicos, agua, refresco o galletas.
Mencionó que los vecinos les sugirieron hacer una segunda visita de solicitud de información y que extiendan su búsqueda hacia Pueblo Viejo, el poniente de la ciudad, y a los municipios de Cocula y Taxco.
Dio a conocer, sin dar detalles, que un vecino les dijo que para qué siguen buscando a los estudiantes, si estos ya han sido quemados en el basurero de Cocula, y otro que les pidió que ya pararan sus actividades.
Reconoció que sigue habiendo miedo entre los habitantes de darles información, y que en su momento pudrían ser reprimidos por la delincuencia.
Indicó, a pregunta hecha, que están exigiendo que se investigue a todas las autoridades que estuvieron presentes en el C-4, monitoreando las cámaras de seguridad la noche de los ataques.
Adelantó que el 9 de marzo se reunirán con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, que les entregará la información de los videos del Palacio de Justicia y los expedientes.
Agregó que exigirán que la ex titular del poder Judicial, Lambertina Galeana, explique qué fue lo que pasó con esos videos que grabaron el ataque al quinto autobús.

Agradecen a vecinos y reiteran los teléfonos y correos electrónicos para hacer denuncias anónimas

A las 6 de la tarde inició una marcha en la esquina de la calle Juan Álvarez y periférico norte, encabezada por los padres, y seguida por los estudiantes, el Bloque Democrático y una comisión representativa de Los Otros Desaparecidos.
La marcha de más de 300 inconformes recorrió las calles Juan Álvarez, Rayón, Josefa Ortiz y Bandera Nacional, hasta la explanada de las Tres Garantías, donde hubo un mitin.
Antes de iniciar la marcha, el vocero de los padres, Melitón Ortega dijo a los habitantes de Iguala que siguen esperando apoyo de cada uno de ellos para que les den la información que tengan sobre los ataques, y dijo a las autoridades estatales y federales, que van a seguir dando la batalla hasta que en el caso Ayotzinapa haya justicia y no quede en el olvido.
En la marcha, agradecieron a los vecinos su apoyo y apertura para escuchar su demanda, y les reiteraron su invitación para dar información anónima a través de los módulos, teléfono o correo electrónico.
En el trayecto gritaron consignas contra el gobierno federal y el Ejército, y algunas brigadas fueron repartiendo volantes a los vecinos de esas calles que salían de sus casas.
En la marcha y en el mitin, exigieron justicia y presentación con vida de los 43 desaparecidos, castigo a los culpables materiales e intelectuales, que se entreviste a los militares y, a la gente, sensibilidad ante el dolor de los padres.
La marcha culminó en la explanada con un mitin para exigir justicia y la presentación con vida de los estudiantes; concluyó casi a las 8:30 de la noche, y los padres emprendieron su regreso hacia la Normal Rural de Ayotzinapa en los seis autobuses en los que viajaron.

 

Hoy les darán información, dicen vecinos de Iguala a padres de los 43 en otro día de búsqueda

Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, estudiantes y organizaciones que los acompañan recorrieron ayer 13 colonias al oriente y sur de Iguala, cerca del Palacio de Justicia, como parte de la primera jornada de búsqueda y de información, donde vecinos les confirmaron que vieron pasar a los estudiantes la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
De los asentamientos recorridos ayer por los padres de los 43, algunos de ellos como la colonia Morelos, Acatempan y 24 de febrero, son de alta incidencia delictiva, al igual que el sector dos que visitarán hoy en un perímetro de unas 20 colonias asentadas en la zona de la colonia y la calle Juan Álvarez y periférico norte, donde los normalistas fueron atacados y desaparecidos hace más de 17 meses.
En la parroquia de San Gerardo, donde los padres y los normalistas pernoctaron, se organizaron 19 brigadas encabezadas por los padres de los 43 desaparecidos, normalistas, integrantes del Bloque de Organizaciones y Ciudadanos de Iguala e integrantes del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, estos últimos que desistieron de su participación, porque esperaban una búsqueda de fosas clandestinas en los cerros.
Las brigadas empezaron a salir de la parroquia a las 9:30 de la mañana, y la última, encabezada por el vocero de los padres y el abogado, Melitón Ortega y Vidulfo Rosales, salió de la iglesia minutos después de las 10:00 de la mañana.
Antes de salir, el abogado Vidulfo Rosales indicó que el plan de búsqueda y de información se distribuyó en dos sectores, el primero, el que se recorrió ayer entre las 9:30 y las 12:30, se desplegó en 13 colonias y unidades habitacionales ubicadas frente al Palacio de Justicia, al oriente y al sur de la ciudad, donde según las investigaciones fue uno de los ataques a los normalistas que iban en el quinto autobús y donde estudiantes huyeron hacia esos asentamientos.
Las brigadas se distribuyeron entre las colonias Morelos, Acatempan, Nacim Kuri y 24 de febrero, estas consideradas de alta incidencia delictiva en las que se han registrado ejecuciones en los últimos meses.
También recorrieron La Floresta, las unidades habitacionales Las Tres Iguanas, Guacamayas, Loma Pajaritos, Los Ángeles, Barrio de las Flores y Los Naranjos, así como las asentadas en las faldas del cerro del Tehuehue, al sur de la ciudad, entre el periférico y la lateral de la carrera federal México-Acapulco, como la CNOP, Burócrata, 24 de febrero, Capire, Génesis y Getsemaní. Además, dos brigadas se extendieron hacia la zona del mercado Adrián Castrejón, el barrio de San Gerardo y parte del centro.
En el recorrido, los padres y normalistas, entregaron volantes informativos a vecinos y pegaron algunos carteles en los que se veía la imagen del presidente Enrique Peña partida a la mitad con el fondo de una de las marchas encabezadas por los padres de los desaparecidos y en medio la leyenda, “43 Unión, dignidad, organización; ¿te vas a quedar de espectador o lucharás por un mejor país”, y abajo los números y correos electrónicos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, para dar información de los ataque.
En las casas cerradas dejaban los volantes en las rejas y abajo de las puertas, y donde había alguien les informaban de su búsqueda y les solicitaban información de los 43 normalistas.
“Somos padres de los 43 alumnos de Ayotzinapa, buscamos a nuestros hijos, si tiene alguna información nos puede ayudar dándola a conocer”, le dijo Melitón Ortega a una mujer que encontró a fuera de su casa en la colonia Los Naranjos, a la que le entregó un volante.
Pasaron por una finca en la colonia Los Naranjos, se supo que es propiedad de la diputada local del PRD y ex titular de la SEG, Silvia Romero Suárez; dejaron volantes abajo de la puerta principal y en un poste de madera de la línea de teléfono colocaron un cartel.
La brigada cinco, en la que iban normalistas, mineros de Taxco e integrantes del Bloque Democrático, colocaron carteles en la fachada del edificio del Palacio de Justicia, ubicado en la orilla de la carretera federal México-Acapulco.
El grupo pidió acceso al edificio del poder Judicial, donde la delegada administrativa del Palacio de Justicia, Bertha Medrano atendió en la puerta principal a la comisión.
Pidieron que les dijera a los trabajadores que conocen información o vieron algo del ataque a los normalistas, “la puedan dar a conocer de manera anónima”, le dijeron.
El integrante del Bloque Democrático, Isaac Miranda pidió que les informen de los vídeos grabados por las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia, a lo que la funcionaria les dijo que hasta donde tenía conocimiento el presidente del Poder Judicial, entregaría toda la información que tiene de la noche del ataque en una reunión programada para el 9 de marzo.
Tras el breve diálogo, colocaron carteles y repartieron volantes entre los trabajadores, además de que la administradora se comprometió a sacar copias del volante y repartirlas entre los empleados.
Frente al Palacio de Justicia un grupo de alumnos quitó una lona de unos cuatro metros cuadrados con el retrato del presidente Peña Nieto de su visita a Iguala el 24 de febrero, y en ese espacio pegaron carteles.
Cerca de las 12:30 concluyó la actividad y todas las brigadas se encontraron en la explanada de las Tres Garantías, donde se hizo un balance de coordinadores de brigadas para conocer incidencias. Casi a las 3:30 de la tarde, se ofreció una conferencia de prensa.

Hubo quienes dijeron que sí
vieron a los normalistas y los autobuses

En la conferencia de prensa, el abogado Vidulfo Rosales declaró que ayer hubo vecinos que confirmaron que sí vieron a los normalistas y los autobuses.
En términos generales, dijo, la jornada de búsqueda fue positiva, con un cambio en la actitud de la gente hacia ellos, y señaló que algunas de las colonias visitadas ayer son complicadas, “sabemos que esas colonias son complicadas en el tema de inseguridad, sin embargo, se dio sin ningún incidente y la población estuvo abierta al dialogo”.
“Vemos positiva la búsqueda y tenemos una convicción fuerte de que va a haber información en lo inmediato, ahorita son muy pocos datos, pero la percepción que tenemos es que sí hay una mayor disposición de la población, mayor apertura y menos hermetismo de las dos veces pasadas que se ha venido a buscar, donde hallamos un ambiente más hostil y hermético”.
Dijo que una información recurrente que obtuvieron diferentes brigadas es que “vieron a los estudiantes recorrer esos lugares, vieron los autobuses, vieron a los estudiantes bajar de los autobuses y se comprometieron a que de manera más discreta aportarán la información”.
Contó que también hubo muchas familias que mostraron su solidaridad a los padres, al dar a conocer que también tienen familiares desaparecidos, en las colonias Acatempan, Génesis y Getsemaní.
Declaró que sólo en la colonia 24 de febrero, en dos viviendas les pidieron que “no estén molestando”, sin que la incidencia pasara a mayores.
Informó que obtuvieron elementos mínimos, pero que sí hubo información de algunas personas, las cuales se comprometieron a entregar información hoy en los módulos que se instalarán.
Dio a conocer que en el fraccionamiento San Ángel, donde vive al alcalde Esteban Albarrán Mendoza custodiado por policías estatales, el guardia de seguridad privada no les permitió la entrega, por lo que sólo entregaron algunos volantes a transeúntes.
Rosales Sierra anunció una segunda jornada de búsqueda de información los días 25 y 26 de este mes, e incluirían otras zonas de Iguala como Pueblo Viejo y las Parotas, así como Cocula y Taxco.
En ronda de preguntas y respuestas, Rosales Sierra informó que la reunión programada para el jueves con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles, se pospuso para el 9 de marzo a las 12:00 del día.
Por su parte, el vocero de los padres, Melitón Ortega confió en que la gente de Iguala va a colaborar y brindará mayor información, “se están dando las condiciones y próximamente vamos a obtener lo que estamos buscando”.
Reiteró que los padres no son enemigos de Iguala, sino “víctimas de esta agresión y por lo tanto, no somos los responsables de que los negocios se hayan perjudicado y sus ventas se hayan bajado, aquí el responsable es el gobierno, el Ejército y las corporaciones, y mientras no se esclarezcan los hechos vamos a seguir viniendo”.

Piden en una carta con 32 mil firmas que se retiren los cargos contra Nestora Salgado

Un colectivo integrado por la organización Avaaz y promotores de la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, entregaron en la oficina del Gobierno del estado en la Ciudad de México una carta en la que piden que se retiren los cargos contra la lideresa comunitaria.
En la carta, suscrita por 32 mil ciudadanos, se pide a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia la liberación de Nestora Salgado, además de una compensación apropiada que repare los daños causados por la detención y el proceso judicial arbitrario del que ha sido víctima.
De acuerdo con la organización, la carta esta suscrita por ciudadanos de México y Estados Unidos.
Según su página de Internet, Avaaz fue fundada en 2007, tiene 42 millones de miembros y presencia en 194 países promueve el ciberactivismo con la intención de movilizar a ciudadanos de todo el mundo frente “a temas urgentes de interés internacional, regional o local, desde combatir la corrupción, la pobreza y el conflicto armado, hasta la lucha contra el cambio climático. Nuestro modelo de movilización a través de Internet permite que miles de esfuerzos individuales, por pequeños que sean, puedan combinarse rápidamente en una poderosa fuerza colectiva”.

Suspenden la audiencia de Nestora en Chilpancingo porque no se le notificó, informa su abogado

 

Ayer se suspendió la audiencia de la líder de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García, debido a que no fue notificada, además de que no se presentaron sus denunciantes, informó el abogado de la luchadora social, Leonel Rivero Rodríguez.
Este vienes, se llevaría a cabo una audiencia de vista relacionada con la apelación que la defensa legal de Salgado García interpuso en contra del auto que desechó el incidente de nulidad planteado dentro de la causa penal 5/2014, que se sigue en contra de la líder de la CRAC por el delito de secuestro agravado, audiencia en la que estaría representada por su abogado, explicó.
La audiencia sería en la Cuarta Sala penal en la Ciudad Judicial, en Chilpancingo; sin embargo, los denunciantes no se presentaron. En el lugar se consultó al abogado Leonel Rivero Rodríguez, quien informó que la audiencia no se realizaría debido a que Nestora Salgado no fue notificada.
Rivero Rodríguez explicó que se le debe de notificar a Nestora Salgado la fecha de audiencia, pero no llegó a tiempo la constancia de que fue notificada, “para efecto de no generar ningún tipo de nulidad, lo que se hace es señalar una nueva fecha de audiencia y ordenar que se le notifique”, precisó.
Señaló que el problema es que se vuelve a caer en lo mismo, porque es un desgaste que se genera para la defensa en términos de tiempo, además de que estos atrasos le ocasionan a la familia más gastos de dinero.
El responsable de que no se le notificará a Nestora Salgado fue el Tribunal Superior de Justicia, porque la Cuarta Sala ocasionó la negligencia en términos de que no vigiló que el oficio se mandara rápido a la Ciudad de México para que se notificara y posteriormente se regresara.
A pregunta expresa de qué es lo que está deteniendo el proceso legal de Nestora, respondió que es la lentitud de la justicia, pero no sólo es un problema de Guerrero, dijo el abogado, sino que es a nivel nacional, “el famoso” principio de justicia expedita que en realidad no existe, “porque te enfrentas a una serie de burocracias que hacen que la justicia sea tardada”.
El abogado dijo que este viernes tenían que comparecer el Ministerio Público y el abogado de las presuntas víctimas, sin embargo no acudieron.
“La prueba de que no hay un interés de ellas (de las denunciantes) en la búsqueda de justicia, como lo han manifestado, porque no acudir a las audiencias es algo recurrente, ni acuden a las audiencias de careo donde tienen la oportunidad de ratificar sus acusaciones y que no lo han hecho”, enfatizó Leonel Rivero.
Precisó que el caso de Nestora se puede resolver en el ámbito del fuero común, decir que el gobernador, el presidente del Tribunal y el fiscal general pueden influir para que se resuelva.

Exigen defensoras de derechos humanos al gobernador que se pronuncie por la libertad de Nestora Salgado

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDHM) exigió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que se pronuncie por la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, al fiscal general, Javier Olea Peláez, que se desista de todos los procesos contra la luchadora social, y a la Primera Sala penal del Tribunal Superior de Justicia que su resolución se apegue a los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
Esta Sala revisa el proceso de apelación contra la resolución de la jueza de Tlapa que declaró improcedente un incidente de libertad, si se tome en cuenta la resolución federal que anuló la orden de aprehensión contra Salgado García por el delito de delincuencia organizada, derivada de los mismos hechos por los que fue acusada de secuestro en el fuero común.

Hubo violaciones al debido proceso, denuncia la RNDHM

Mediante una carta pública, la RNDHM recordó que la luchadora social fue aprehendida ilegalmente por militares el 21 de agosto de 2013, sin que se le mostrara orden judicial, ni se le informara de las razones de su detención.
Desde entonces, el proceso judicial estuvo plagado de irregularidades y violaciones al derecho a la libertad personal, como el hecho de que en las primeras horas de la detención fue llevada a Chilpancingo, sin ser presentada ante un juez, tampoco contó con asistencia consular por ser también ciudadana estadounidense, ni con un abogado de su elección.
Señalaron que de Chilpancingo fue llevada a Acapulco, donde se le tomó la declaración preparatoria, sin una defensa adecuada, y cuatro horas más tarde fue llevada al penal federal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit.
Entre otras irregularidades, el traslado de Nestora Salgado a un penal federal de máxima seguridad fue ordenado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero, sin que tuviera facultades para ello.
En ese lugar, se le calificó administrativamente como presa peligrosa, se le confinó a un régimen de máxima seguridad y confinamiento solitario, que imposibilitó la comunicación efectiva con sus familiares y su defensa.
Consideraron que, con 40 años en el litigio penal, el nuevo fiscal sabe que existen suficientes elementos para reconocer las violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de la líder comunitaria.
Pero no sólo de ella, recordaron que el mismo día de su aprehensión, policías estatales y militares irrumpieron en la Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, para liberar a detenidos que estaban en procesos de reeducación, dentro del sistema de seguridad y justicia comunitaria, y detuvieron a coordinadores, consejeros y policías comunitarios, acusados de secuestro.
Entre los detenidos están Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, integrantes de la Policía Comunitaria de El Paraíso, y Samuel Ramírez Gálvez, integrante de la Policía Comunitaria de Zitlatepec.
Sin embargo, el 30 de marzo de 2014, el Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en Chilpancingo, revocó el auto de formal prisión de Salgado García por el delito de delincuencia organizada.
Pero la orden judicial no redundó en su liberación por los procesos estatales que siguen su curso, pese a que se está produciendo “una violación del principio non bis in idem (al ser juzgada en dos fueros distintos por los mismos hechos)”.
Recordaron que, el año pasado, el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, llamó a Nestora Salgado presa política, y se manifestó por su liberación inmediata, pero el entonces fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz se negó a iniciar el desistimiento de la acción penal contra la defensora comunitaria.
Por lo anterior, las defensoras exhortaron al fiscal Olea a desistirse de las acusaciones que recaen sobre Nestora Salgado, a partir de una revisión minuciosa de todos los procesos en su contra.
También señalaron que desde el 28 de enero de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Nestora Salgado, al considerar que se “encuentra en una situación de gravedad, urgencia y ante la inminencia de sufrir daños irreparables a los derechos a la vida y a la libertad personal, originados por las condiciones de detención en las que se mantenía a Nestora en Nayarit. Asimismo, ordenó investigar el origen de esta situación, mediante la cual la defensora ha sufrido graves afectaciones a su salud”.
Ante las medidas ordenadas por la CIDH y por recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá fue trasladada al penal de Tepepan, en la Ciudad de México.

El caso de Nestora es un ejemplo de criminalización de los luchadores sociales, denuncian

La Red denunció que la detención ilegal y arbitraria de Nestora Salgado es, a todas luces, un ejemplo de la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México, en represalia a su labor en defensa de los derechos de los pueblos indígenas y por el ejercicio de su derecho a regirse bajo sus propios sistemas normativos como autoridad indígena.
Por ello, exigen la incondicional liberación de la defensora Nestora Salgado García y de los demás presos políticos del estado de Guerrero, la reparación integral del daño para Nestora Salgado y su familia, y garantías de seguridad para su familia y sus defensores, así como un acto público de reconocimiento de responsabilidad de las autoridades del estado de Guerrero para la defensora, su familia y la comunidad afectada por su detención ilegal, y el cese a la criminalización contra las y los defensores de derechos humanos en México.

Obedece a la aplicación del ISR el descuento a trabajadores del TSJ: Raúl Calvo

No reconoce Hacienda el programa de Previsión Social, antes Cebe, detalla el presidente del tribunal. Se gestionará un recurso adicional pero “sólo para los administrativos”, anuncia

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raúl Calvo Sánchez dijo ayer que el descuento que sufrieron en su salario los trabajadores del Poder Judicial en la entidad, obedece a la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que este año se incrementó, sin embargo aseguró que va a gestionar un recurso adicional “pero, sólo para el personal administrativo” que es el más afectado.

Consultado luego de la sesión ordinaria del TSJ, y al preguntarle si había explicación al descuento que aplicaron la quincena pasada a los trabajadores del Poder Judicial y por el que ayer hicieron una protesta de brazos caídos en Acapulco, Calvo Sánchez respondió que se trata del pago por el Impuesto Sobre la Renta.

En Chilpancingo, la semana pasada unos 100 trabajadores protestaron afuera de las oficinas del presidente del TSJ, para “pedir una explicación” sobre ese descuento que le aplicaron a su salario.

Sin embargo ayer Calvo Sánchez explicó que el descuento al salario de los trabajadores del Poder Judicial deriva de la falta de reconocimiento al programa de Previsión Social –llamado antes Cebe– por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico como recaudadora de impuestos: “Ella no reconoce el programa, alterando así la base gravable y el impuesto es mayor, y al ser mayor nosotros estamos obligados a aplicar la ley”.

Dijo que el descuento se hizo a partir de la quincena pasada, y se aplicó a los mil 200 trabajadores “que van desde magistrados hasta el trabajador más modesto del poder judicial”. Indicó que el porcentaje del descuento que está gravado en la Ley de Impuestos Sobre la Renta “fue variable”.

Luego aseguró que para responder a la inconformidad de los trabajadores el Poder Judicial “requiere de un presupuesto mayor” y resaltó que para ello “estamos trabajando, vamos a ver de qué manera los apoyamos, pero sólo al personal administrativo, que es el que menos percibe, nada más. No hay para los magistrados”.

Insistió en que para el personal administrativo –que son 700– va a gestionar un recurso adicional: “Vamos a buscarle una solución a efecto de que no salgan perjudicados económicamente, somos sensibles a esto queremos resolver problemas, no crearlos”.

Nombran en el TSJ a cuatro nuevos proyectistas y dos secretarios de Acuerdos

Teresa de la Cruz

Chilpancingo

En sesión ordinaria, el pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) aprobó ayer cuatro nombramientos para proyectistas y dos para secretarios de Acuerdos, y declaró improcedente una queja administrativa contra los jueces de la Primera Sala Penal con sede en Chilpancingo.

Cerca del mediodía y en una sesión breve, los 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia aprobaron, por unanimidad, el nombramiento de cuatro proyectistas –quienes llevan a cabo los planess para presentarlos a los jueces–, de los cuales dos serán interinos y dos titulares.

Los proyectistas interinos son Vianey Valenzo Martínez, quien suplirá temporalmente al proyectista de la Segunda Sala Civil con sede en Chilpancingo, Adalberto Valenzo Martínez, pues pidió licencia por enfermedad.

Irania Martínez Calderón sustituirá en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Penal, con sede en Acapulco, al proyectista Edilberto Calderón Juárez.

Los proyectistas titulares serán Judith Zenaida Carmona Reyna, para el Segundo Juzgado de Primera Instancia de Acapulco, ello porque renunció al cargo Gregorio Martínez Valentín, al igual que el nombramiento de Arturo Jiménez, para el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Ciudad Altamirano.

Asimismo, los magistrados aceptaron los cambios de adscripción de los secretarios de Acuerdos de Primera Instancia –dentro de los mismos juzgados en Acapulco–, Vianey Ignacio Castro y Carmen Angélica Baños.

Por otra parte, el pleno declaró improcedente la queja administrativa que interpuso María Isabel González Villegas contra los magistrados de la Segunda Sala Penal, Luis Camacho Castañón, Vicente Rodríguez Martínez y Miguel Maya Manríquez, estos dos últimos habían sido separados del cargo mediante un juicio político en el que eran acusados de mala administración de justicia, al emitir un dictamen con el que dejaban en libertad al supuesto secuestrador Carlos Alberto Castro, alias El Calilla.