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El TSJ, con recursos insuficientes para su labor en 2023, advierte magistrado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Raymundo Casarrubias Vázquez, declaró que vislumbra una situación económica difícil para el Tribunal este año, por la disminución presupuestal, y anuncio que tendrán problemas para pagar salarios, servicios y mantenimiento de las instalaciones.
El magistrado presidente fue entrevistado después del evento Bodas Colectivas; nos Casamos, que fue encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado en el zócalo de Chilpancingo.
Declaró que para este año fue aprobado un presupuesto para el TSJ de 967 millones de pesos, lo que consideró insuficiente.
“Estamos citados para el próximo jueves a una reunión en la Secretaría de Finanzas y Administración (del gobierno del estado) para darles una explicación de todas las necesidades que tiene el Poder Judicial para salir este año”, anunció en referencia a las gestiones que hará para que el TSJE tenga una ampliación presupuestal.
Añadió que con el presupuesto que tienen aprobado “no salimos el año, entonces vamos a darles las razones y los requerimientos para poder salir este año”.
Reiteró que para este año les aprobaron 967 millones, cuando por lo menos “necesitamos mil 50 millones de pesos”.
Casarrubias Vázquez explicó que con lo que les aprobó el Congreso local sólo les alcanza para el capítulo 1000, y les falta el capítulo 2000 y el capítulo 3000.
Estos capítulos presupuestales son los correspondientes a recursos para mantenimiento de las instalaciones, es decir, para que funcione el Tribunal internamente, como para papelería, tóner, servicios, prensa, agua, luz y todos los servicios.
En otro asunto, se le consultó con respecto a los avances del cambio del sistema de justicia tradicional al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y a ocho años de que entró en funcionamiento el Nuevo Sistema, reconoció que apenas van a comenzar a fusionar los juzgados, derivado de los trabajos del nuevo sistema.
“Vamos a ir fusionando a juzgados mixtos, y posiblemente el primero que fusionemos será el de Coyuca de Catalán en donde hay un juzgado civil y un juzgado penal”, dijo en referencia que ambos se convertirán en juzgado mixto.
Agregó que posiblemente el segundo que se fusione será el de Tecpan de Galeana en donde también hay uno civil y otro penal.
Dijo que “por lo pronto” serán estos dos juzgados que se fusionarán a corto plazo, pero que “tal vez en la próxima sesión, se estaría proponiendo la fusión de otros juzgados mixtos”.
Añadió que no tiene conocimiento del número de expedientes que fueron abiertos en el sistema de justicia tradicional y que siguen pendientes por resolverse.
Aunque dijo que son más de dos mil asuntos: “tenemos todas las órdenes pendientes por secuestros, violaciones, homicidios, delitos graves que prescriben en 20 años y en esos todavía hay órdenes de aprehensión pendientes, es una infinidad de órdenes pendientes, podemos hablar que son más de 10 mil asuntos pendientes por que se ejecute la orden de aprehensión”.
Otro reportero le preguntó respecto a los casos de divorcios y dijo: “lamentablemente los asuntos familiares se incrementaron al 60 por ciento” y de ellos el 30 por ciento corresponden a divorcios: “son muchos divorcios”, reconoció, pero dijo “qué bueno que se den este tipos de actos como el de hoy”, en referencia a las bodas colectivas, para fomentar la unidad familiar.

 

Hay una sentencia a favor del preso de la CRAC Arturo Campos, pero aún no saldrá de prisión

 

El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García, informó que debido a problemas administrativos se retrasó la notificación al Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), que establece que hay una sentencia a favor del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policía Comunitaria (CRAC-PC), de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera.
Dijo que si el Ministerio Público no interpone un recurso de revisión, es probable que en la segunda semana de abril se dé el auto de libertad al preso político, pero que aún no saldría de la cárcel de Ayutla.
Consultado vía telefónica, Téliz García dijo que a pesar de que la sentencia se dio el 9 de febrero, no se pudo notificar de inmediato al Ministerio Público, porque se hace mediante Correos de México y por cuestiones administrativas se retrasó, y agregó que pidió que se notificara vía telefónica o por fax, y fue así como se le avisó.
”Ya está confirmado que el 24 de marzo ya le notificaron, entonces el juzgado nada más está esperando que pasen los 10 días, y estamos hablando que empiezan a correr esta semana que viene (…) entiendo que en la segunda (semana de abril) ya el Juzgado de Distrito (Sexto, ubicado en Acapulco) va a pedirle a la Cuarta Sala que ya le dicte auto de libertad a Arturo”, detalló el abogado.
Explicó que esta notificación tuvo que darse porque en el Ministerio Público representó legalmente a los presuntos agraviados, y que si no se interpone un recurso de revisión, es decir, que se inconforme del amparo a favor de Campos Herrera, se dará el auto de libertad, pero en caso de darse la inconformidad el proceso se retrasaría unos cuatro meses, aunque dijo revisó el expediente y no hay nada de eso.
“Queda libre de este expediente, desafortunadamente no va a poder salir de la cárcel porque tiene otro proceso en Tlapa (donde es acusado por secuestro agravado en el expediente 196/2013), y en ese proceso de Tlapa estamos desafortunadamente agotando el proceso”, aseguró.
Rogelio Téliz manifestó que se están desahogando pruebas, así como el peritaje antropológico para que pueda ser presentado en unas dos o tres semanas. Además, de que se van a desahogar careos e interrogatorios y se entregará el amparo que se ganó.

No cumple Robespierre los acuerdos con el sindicato del Tribunal, denuncian trabajadores

Trabajadores sindicalizados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) señalaron que el magistrado presidente, Robespierre Robles Hurtado no ha cumplido los acuerdos que logró el sindicato hace dos años. En conferencia de prensa en las escalinatas del Palacio de Justicia en Acapulco, integrantes del Sindicato Independiente de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero (SISPPJEG) señalaron que el sistema de escalafón para los trabajadores no entró y se continúa beneficiando a familiares de los magistrados y consejeros para los puestos de trabajo.
Acompañado de integrantes del comité sindical y trabajadores de los juzgados, el secretario general del SISPPJEG, Adalberto Valenzo Martínez declaró que se confió de que con la llegada de Robles Hurtado se harían cambios sustanciales en lo laboral “se pensó que un cambio podría ser positivo para precisamente avanzar en el tema de reclamo de nepotismo que se ha mantenido en el Poder Judicial del Estado, en el tema del rezago de las prestaciones de los trabajadores”.
Expuso que hay renuencia del magistrado presidente a atender y dar soluciones al petitorio que se le presentó cuando asumió su cargo.
Recordó que hace casi dos años el sindicato hizo un movimiento que derivó en un paro laboral de los trabajadores.
Las peticiones fueron un aumento salarial, un fondo de ahorro para los trabajadores y la carrera judicial.
Dijo que la falta de respuesta de Robles Hurtado reveló la subordinación del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo, cuando el TSJE tiene autonomía de ejercicio presupuestal “no es otra más que escudarse en el gobernador del estado, diciendo que sólo si el gobernador autoriza que se pueda dar algún incremento, entonces él lo dará”.
Con relación al año anterior, el actual presupuesto aumentó 50 millones de pesos.
Adalberto Valenzo calificó como grave que el magistrado presidente descargue responsabilidades de la peticiones laborales del Poder Judicial del estado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, “que le compete exclusivamente a él (Robespierre Robles) en principio como representante legal y patronal”.
El señalamiento que consideró más grave es el desconocimiento a la lucha del SISPPJEG porque “sabía perfectamente los antecedentes, la lucha laboral y los reclamos”. Dijo que cuando llegó al cargo al actual magistrado presidente se le entregó un documento dando relatoría de la situación laboral.
El discurso inicial de Robles Hurtado se centró en que los trabajadores serían la prioridad durante su administración.
Los trabajadores confiaron y esperaron desde diciembre del 2015, sin embargo, ahora cambió su retórica “para él lo que se firmó antes de su llegada no tiene validez y lo que él mismo se comprometió públicamente con los trabajadores, tampoco”.
Añadió que Robles Hurtado se escudó primero de que recién llegaba a la presidencia, después que el presupuesto era limitado para cumplir las peticiones.
El secretario del sindicato expuso que luego de más de un año de espera, las peticiones que no se relacionan al presupuesto tampoco se cumplieron como la carrera judicial, “la única razón que existe es que los magistrados y consejeros solapados con el presidente quieren mantener su estrecho coto de poder”, al no existir concurso para plazas, se continúa la entrega de plazas de forma discrecional.
Adalberto Valenzo señaló que Robles Hurtado pretende provocarlos a que inicien un paro como el de hace dos años, “él y sus allegados hicieron circular el rumor de que se haría un paro, lo que jamás hemos convocado en estos momentos”.
Expuso que ahora Robles Hurtado desconoce al SISPPJEG, cuando al principio lo reconoció.

Ordena un juez federal que se deseche un auto de prisión contra Arturo Campos de la CRAC

 

En una sentencia de amparo un juez federal ordenó a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que deseche el auto de formal prisión contra el consejero regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, Arturo Campos Herrera por secuestro, ya que en la causa penal 031/2013 no está acreditada su responsabilidad.
Aunque sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan aseguraron que el amparo obliga al juez local a dictar un auto de libertad inmediata e incondicional, Campos Herrera no saldrá de prisión porque está señalado en otra denuncia de secuestro radicada en Olinalá, que confían que también será desechada en unos meses.
En la sentencia, el juez sexto de distrito, Benito Zurita Infante consideró “desacertado” que la cuarta sala del TSJE haya establecido que la Ley 701 de Reconocimiento de los Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas no ampara los actos de la CRAC-PC como si fueran de una autoridad.
El juzgador federal aclaró que el artículo segundo de la Constitución Política reconoce que el país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, y en ese sentido “el reconocimiento jurídico se desprende de un decálogo de derechos para los pueblos, comunidades y personas indígenas cuya justiciabilidad resulta trascendental en el modelo de Estado pluricultural que perfila la Carta Magna”.
Señaló que el derecho fundamental de los pueblos indígenas reconocido en el Convenio 169 sobre pueblos y comunidades indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “de los que el Estado mexicano es parte”, y reconoce a favor de los pueblos el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
En sintonía con esos instrumentos señaló que en Guerrero se creó la Ley 701 cuyos artículos disponen, entre otras garantías, el ejercicio de los pueblos de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia, y los reconoce como “sujetos obligados a garantizar el cumplimiento de la ley”.
En el análisis del delito señaló que las privaciones de la libertad por las que Campos Herrera fue acusado de secuestro no pueden ser tipificadas como tal, porque se generaron a partir de conductas de los presuntos agraviados.
El señor Pedro Gil Apreza Salmerón fue acusado en el sistema de justicia comunitario de agresión con pistola contra el señor Etelberio Cabañas el 26 de mayo de 2013, y a Karla Espinoza Bolaños de ser cómplice del primero, cuando le entregó el arma de fuego y fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
No obstante la Cuarta Sala confirmó el auto de formal prisión por secuestro agravado contra Campos Herrera, el 17 de julio del año pasado, al resolver un recurso de apelación.
El 9 de febrero el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Acapulco concedió el amparo a Arturo Campos, para que la cuarta Sala penal deje “insubsistente la resolución del 17 de julio del año pasado, y dicte una nueva resolución en la que determine que en la causa penal no se acredita el segundo de los elementos de secuestro agravado”.

Exonera Hugo Magno Terrazas a otros siete de 14 procesados por su secuestro

* Responsabiliza a agentes de la Policía Judicial

* Suman 11 los detenidos a quienes el empresario no reconoce como sus secuestradores

Aurelio Peláez y Alfredo Mondragón * El empresario de la construcción Hugo Magno Terrazas Menes, secuestrado el 11 de enero del 2001, compareció voluntariamente en la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), exoneró a otros siete de los catorce sentenciados por su plagio y dijo que los “responsables fueron agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE)”.

Sin embargo, la agente del Ministerio Público (MP) Rosa María Alba Nava, adscrita al Tribunal, dijo que esa exoneración “no está sustentada legalmente ni acreditada en las constancias procesales del juicio”.

Empero, la abogada del empresario, Ericka Muñiz Ramírez, respondió que la actitud de la agente del MP “es inquisitoria y reprobable, porque lejos de velar por los intereses del agraviado, lo considera una persona incapaz de tomar sus propias decisiones”.

En esta ocasión, Hugo Magno incluyó al matrimonio que fue detenido en la casa de seguridad durante el rescate efectuado por la PJE 24 horas después de su secuestro.

El empresario acudió voluntariamente ayer a las 10:45 horas a la Segunda Sala Penal a efecto de ratificar su escrito, y exoneró al matrimonio Alberto Hernández Ramos y Blanca González Obregón; así como a Antonio Morales Téllez, Salvador Campos Gómez, Florentino Rojas Morales, Rubén Rojas García y Alfredo Olivares.

Ellos se suman a la lista formada por Ernesto Juárez Ríos, Trinidad Marín Villalba, Gregorio Gómez Robles y Abel Ramos Martínez, todos con sentencia condenatoria de hasta de 50 años de parte del juez primero, Esteban Saldaña Parra, pese a haber sido exonerados anteriormente por la víctima.

Así lo dieron a conocer, en una visita a la Redacción de El Sur, Dulce María Escalera Amaya, esposa de Florentino Rojas; Carmen Rojas Morales, esposa de Antonio Morales, y Rosaisela Castellanos Maya, esposa de Rubén Rojas.

El empresario de la construcción Hugo Magno Terrazas, integrante de la conocida familia de políticos de La Sabana, fue secuestrado el 11 de enero del 2001 y fue rescatado por la Policía Judicial del Estado 24 horas, después cuando estaba amordazado en una casa de seguridad de la popular colonia Zapata.