A pesar de que viven en contextos distintos y tienen diferentes procesos de lucha, familiares de personas desaparecidas de varios estados de la República establecieron acuerdos para empujar una agenda común, ayer en el segundo día del foro sobre desaparición forzada Contra el dolor y el odio, un grito de esperanza, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
Luego de participar en tres mesas temáticas en la Casa Diocesana Villa Lucerna, los representantes de organizaciones de Guerrero, Coahuila, Sinaloa, Michoacán y Querétaro coincidieron en que los familiares deben buscar prioritariamente vivos a los desaparecidos, sin dejar la búsqueda en fosas o a través de las instituciones como cárceles, servicios médicos forenses o centros de rehabilitación.
Además ser la punta de lanza para presionar a las autoridades a darles resultados, y tomar en cuenta que existe el terrorismo de Estado, por lo tanto los buscadores deben cuidarse y respetar los códigos de seguridad en su vida cotidiana, “nos guste o no”.
De las búsquedas, los de mayor experiencia recomendaron entender el contexto de los distintos escenarios, pues no son las mismas condiciones en la costa, la montaña o el desierto, y para la articulación de los movimientos del norte, el centro y el sur del país, considerar todas las medidas al alcance que puedan aprovechar.
Concluyeron que es necesario conocer las leyes y sus derechos como familiares para hacerlos valer y dar acompañamiento, ser conscientes de los derechos no es el fin sino una herramienta, y no permitir más discriminación, que no ha sido es exclusiva de las familias indígenas y de la montaña, aclaró una activista de Sinaloa.
De las características de cada entidad, identificaron que hay un trato diferente de algunas autoridades en estados del norte con los movimientos de desaparecidos, respecto a los del centro y el sur del país.
Señalaron que mientras en el norte los movimientos han tenido más apoyo, asesoría de las instituciones “tal vez por su lucha”, en el sur los colectivos están relegados, hay negligencia de atención jurídicas y de servicio social, no hay respeto a su dolor.
Propusieron seguir organizándose para intercambiar información y crear redes de apoyo, como ocurrió en este foro, para compartir y cubrir espacios donde sus brazos y sus pies no alcanzan, incursionar en redes sociales para mantener la comunicación, para que la población se dé cuenta que están trabajando y de las dificultades que enfrentan.
Del Centro Diocesano para lo Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila, Blanca Martínez, precisó que si en su estado lograron sentar al gobernador con el movimiento de personas desaparecidos, se debió a la presión que ejercieron los familiares, pero mañana nada les garantiza que sigan en la misma mesa.
Otra de las activistas agregó que recibir apoyo del Estado no implica que van a dejar la movilización, al contrario, siguen haciendo plantones en el Palacio de Gobierno y en la Fiscalía cuando es necesario.
Del colectivo de Chilpancingo, Padres y madres de desaparecidos asesinados y secuestrados de Guerrero y del país, se insistió en analizar que los apoyos no sean compromisos con las autoridades.
En general insistieron en la necesidad de priorizar siempre la búsqueda en vida, en que las autoridades tienen responsabilidad de dar con el paradero de las víctimas y que los familiares deben comprender los contextos de cada estado, incluso de los grupos del crimen organizado.
Una mujer guerrerense opinó que las autoridades en todos los estados de la República son apáticas, pero aquí “la violencia se va haciendo tan normal que a nosotros los guerrerenses no nos importa si nos avientan un muerto ahí, somos indiferentes en el sur, y el gobierno no mete las manos por nadie, y cuando el gobierno habla con los líderes los centavea”.
Una adulta mayor del colectivo Siempre Vivos de Chilapa señaló que “es tiempo de armarnos de valor y ponerle interés al trabajo y a la lucha, tenemos que ir dando los pasitos. Nos tenemos que ir organizando y ver que todos somos importantes en el colectivo. No tenemos los avances que en el norte, pero creo que podemos hacerlo”.
Enseguida, el director del Centro Tlachinollan, Abel Barrera mencionó que en esta búsqueda de familiares desaparecidos “el piso es disparejo, y en este piso ¿cómo podemos tener una plataforma común de lucha desde nuestros diferentes espacios, rincones?, y ¿cómo enlazarnos en la medida que dan nuestras fuerzas?”.
Otro activista confirmó que hay muchas diferencias entre el norte y el sur, “la ventaja que tenemos (en Coahuila) es que es el único estado en que nos apoya el gobernador, por eso hemos abierto muchísimas puertas, recomiendo a las colectivos que recurran a organismos de la ONU y al señor que se prestó a venir ayer de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (el presidente Luis Raúl Gonzalez), ellos pueden tener influencia con senadores y diputados, y todas aquellas autoridades que pudieran ayudar a que se vea la gran cantidad de personas desaparecidas”.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
La consigna que dio aliento a las participaciones del foro fue retomada por la madre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, María de Jesús en su mensaje.
Dijo que las autoridades primero dijeron que sus hijos estaban en una fosa, luego que el grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos los había matado y quemado en un basurero, y cuando la versión del basurero fue desechada por expertos independientes, en las calles, muchas personas les dijeron “sus hijos ya están muertos, por qué los andan buscando, ustedes ya recibieron dinero del gobierno, ¿quieren más?”.
Aclaró que no recibieron nada y seguirán buscando a sus hijos con vida, porque desde el principio saben que “policías del narcogobierno” los agredieron y se los llevaron.
“Nos dimos cuenta cómo fueron perseguidos, balaceados cobardemente, supimos cómo les echaron gas lacrimógenos a los que iban en el autobús 1531 frente al Palacio de Justicia, cómo los bajaron, cómo los golpearon. De 15 a 20 jóvenes que tenían bocabajo sin playera porque los estaban golpeando, ¿y todavía el gobierno criminaliza a nuestros hijos?”.
Al menos este grupo fue llevado rumbo a Huitzuco con El Patrón, un personaje que no ha sido identificado en tres años de investigación, porque el Estado no tiene voluntad de esclarecerlo, mencionó.
“Cuando gritamos la consigna donde quiera que vamos es un grito de indignación, de preocupación, para que todo el mundo escuche y nuestros hijos sepan que seguimos en pie de lucha”, expuso.
Una joven mujer del colectivo Siempre Vivos de familias nahuas de Chilapa y Zitlala tomó el micrófono para decir que sí tienen miedo, porque en la zona donde viven hay grupos delictivos operando, “y sí sabemos quienes son”.
Dijo que de inicio pensó que el gobierno los iba a ayudar, y al tiempo comprendió que son las organizaciones las que empujan la demanda de presentación y búsqueda de los desaparecidos, “no debemos andar solitos, lo vamos a lograr en colectivo, me lo llevo muy claro, y me llevo (el ejemplo) de las compañeras de Coahuila que están buscando en fosas clandestinas. Desconocía (ese tipo de búsqueda), tengo una esperanza de que los vamos a buscar vivos, primordialmente, pero en México están apareciendo muchas fosas y podría estar del otro lado también”.
“Sé que hay muchas familias que piden justicia, que queremos a nuestros desaparecidos vivos. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!”.
Las Rastreadoras del Fuerte, Sinaloa
Una activista de colectivo Rastreadores del Fuerte y zona norte de Mochis, Sinaloa, informó que tienen una oficina de gestoría, y acaban de concluir una campaña para recopilar muestras de ADN de familiares de personas desaparecidas, “muchos padres no se acercan a dar el ADN por miedo a amenazas”.
Aclaró que ellos tienen camionetas de resguardo y el acompañamiento de la prensa, “me da pena escuchar que ellos no tienen apoyo por acá, son sentimientos encontrados, pero ahí estamos para compartir cómo nos podemos apoyar”.
Una joven de Querétaro señaló que el dolor es el mismo, y en su estado de los de menor incidencia delictiva están desapareciendo personas.
Destacó que “los padres de los 43 alumnos desaparecidos lograron que a nivel internacional se reconociera la desaparición forzada en México”, lo que les dio ánimo para comenzar su propio camino.
Ahora todas las familias buscan de todas las formas, en vida, en fosas, en papeles, “y las instituciones no deben quedarse fuera, eso hizo el norte, reconciliarse con los gobernantes en el trabajo. No somos amigos, pero tenemos que ser colaboradores para la búsqueda”.
En un pronunciamiento final firmado por 25 organizaciones y colectivos exigieron la aprobación de la Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, pues reconocen en ella las contribuciones de los familiares, sienta las bases para alcanzar la justicia, para dar con el paradero de sus seres queridos, develar la verdad, obtener reparación integral y evitar más desapariciones.
Pese al dolor refrendaron “la voluntad firme de vencer el muro de la impunidad, transformar el momento trágico que enfrenta el país, hacer posible la construcción de un México en que nadie padezca el sufrimiento que hoy nos aqueja y conservar viva la llama de la esperanza”.
