Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Archivos - El Sur Acapulco suracapulco I Noticias Acapulco Guerrero

Bloquean la carretera en El Ocotito para exigir la libertad de un comandante de la UPOEG

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.

Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública

A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.

Detienen a líder de la UPOEG de El Ocotito en Puebla; llevaba drogas y un arma, reportan

El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.

Este año se concretará que los policías de la UPOEG tengan credencial, dice Bruno

Este año sí se llevará a cabo la credencialización de la Policía Comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para depurar y transparentar su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, indicó el dirigente indígena, Bruno Plácido Valerio.
Consultado en la Secretaría General de Gobierno donde estuvo acompañado por delegados y representantes de la organización, indicó que se reunieron con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, para restablecer el diálogo sobre los lineamientos de coordinación a fin de que gobierno y comunidades tengan control del sistema.
Recordó que a mediados del año pasado había avances para iniciar el proceso de la credencialización pero la Fiscalía General del Estado (FGE) “llegó con otra visión y comenzaron los problemas”, dijo en referencia la ejecución de órdenes de aprehensión contra policías comunitarios desde agosto pasado, incluido él quien fue detenido en la capital y enviado al penal de Tlapa acusado de robo en 2016 en esta ciudad, aunque fue liberado 24 horas después porque prescribieron los delitos.
Placido Valerio señaló que en la Secretaría General de Gobierno están retomando la mesa de trabajo para “identificar, clarificar y transparentar quiénes son los que integran el sistema comunitario”.
Estimó que la credencialización va a permitir la regulación e identificación de sus integrantes en cada comunidad.
“Lo que estamos construyendo ahora es poner sentido en la seguridad y después abordar diferentes temas de trabajo, porque también hay una omisión del gobierno estatal y del Congreso del Estado, que no ha aprobado la ley de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos”. (Lourdes Chávez / Chilpancingo.).

Fueron asesinados en nueve años nueve policías de la UPOEG en El Ocotito, denuncian

El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Ocotito, Chilpancingo

La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.

Suspende la UPOEG la búsqueda de los cuatro de Cruz Grande desaparecidos por falta de dinero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Los cuatro integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, entre ellos el comandante de la Policía Ciudadana, Octavio Maganda Gallardo, cumplieron ayer siete días desaparecidos.
El dirigente de esa organización, Bruno Plácido Valerio declaró por teléfono que ayer los integrantes de la agrupación suspendieron la búsqueda y las acciones que tenían programadas por falta de dinero para la gasolina, debido a que el gobierno estatal “ni para eso nos apoya”.
Maganda Gallardo, Angélica López Cruz, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo cumplen este jueves ocho días desaparecidos.
El 17 de noviembre asistieron a una reunión de la UPOEG en Barra Vieja para tomar acuerdos respecto a las actividades de la organización, y después de las 2 de la tarde que salieron del lugar del encuentro sus familiares perdieron contacto con ellos.
Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, “continúan los trabajos para la búsqueda y localización por tierra y por vía aérea, de Octavio “N”, Angélica “N”, Antonio “N” y Diego “N”, víctimas de desaparición por los hechos ocurridos el 17 de noviembre sobre la carretera Acapulco-Lomas de Chapultepec, a la altura del poblado de Barra Vieja, en la ciudad y puerto de Acapulco”.
La dependencia informó que ayer un equipo multidisciplinario de búsqueda integrado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, agentes de la Policía de Investigación Ministerial de la coordinación regional Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda, y de la Guardia Nacional continuaron la búsqueda, “con el apoyo de un binomio canófilo y un dron”.
Agrega que “apegados al protocolo homologado de búsqueda de personas, el personal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas realizó un recorrido por las comunidades de San Juan Pesquería, Cruz Grande, Boca del Río y el Médano para localizar a los cuatro desaparecidos”.
Sin embargo, dirigentes de la UPOEG informaron por teléfono que ayer ya no se observó movimiento de las corporaciones federales y estatales como si se vieron del sábado al martes.
En tanto que los integrantes de la agrupación suspendieron sus actividades que había programado por falta de recursos.
En tanto, familiares del comandante Maganda Gallardo informaron que están convocando a sus familiares, amigos y pobladores de Cruz Grande, de donde es originario, a que participen en una movilización el sábado a fin de exigir a las autoridades que agilicen las búsquedas y su presentación con vida.

Recuerda su hermano al estudiante de Artes de la UAG asesinado como alegre y estudioso

Familiares del estudiante de la Escuela Superior de Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Darwin Raymundo Miranda, y habitantes de la comunidad de Buena Vista, municipio de Chilpancingo, anunciaron que marcharán hoy para exigir el esclarecimiento del asesinato del joven y castigo para los policías que no le facilitaron recibir atención médica.
Darwin Raymundo nació el 1 de octubre de 1991, tenía 25 años de edad, junto con sus hermanos Milton y Cristopher Antonio, y su padre, Antonio Barrientos Santos, formó un grupo de música norteña, Explosión norteña, en el que tocaba el acordeón.
Estudiaba el tercer año en la escuela de Artes, en 2018 se habría graduado.
En su casa, en Buena Vista, vecinos y familiares se reunieron a las 6 de la tarde para rezar el novenario, de acuerdo con su religión Católica. En su altar resaltan su retrato y su acordeón.
Su hermano menor, Milton Barrientos Miranda lo recuerda como un joven alegre que gustaba de sus estudios y trabajar para mantener a su hijo de 5 años de edad.
En entrevista, Milton Barriendos dijo que su familia y vecinos marcharán hoy hasta El Ocotito para exigir el esclarecimiento de la muerte de su hermano, quien no murió inmediatamente después de recibir impactos de bala el 24 de mayo en el bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo, sino minutos más tarde ante la mirada de policías que no hicieron nada para salvarle la vida.
Recordó que supo de la muerte de Darwin Raymundo por medio de sus papás, y sobre el video que fue difundido en las redes sociales, en el que su hermano, aún vivo, trata de incorporarse sin recibir los primeros auxilios de los policías y agentes ministeriales, expresó que “es doloroso verlo, pero es clara la negligencia que hubo”.

Se inconforman con declaraciones del rector, que dijo que apoyó de manera económica a la familia

Adelantó que la marcha de hoy partirá a las 9 de la mañana del sitio de taxis de Buena Vista hacia El Ocotito, donde la familia Barrientos Miranda dará una conferencia de prensa para denunciar el asesinato de Darwin Raymundo, así como para expresar su inconformidad respecto de las declaraciones del rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán, quien el viernes aseguró que apoyó de manera económica a la familia para pagar los gastos funerarios.
Aunque no explicó de qué forma la familia obtuvo el apoyo de la universidad, Milton Barrientos dijo que Saldaña Almazán no se comunicó de manera directa con ningún miembro de su familia.
Precisó que hoy la familia Barrientos Miranda hará pública su inconformidad, pues desea que se castigue la negligencia de los policías que no asistieron a Darwin Raymundo, y que su muerte no quede impune.
Contó que la familia del estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación y Mercadotecnia, Cristian Santiago Navarrete, quien fue asesinado el 13 de mayo durante los enfrentamientos entre el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, se acercó a la familia Barrientos Miranda y se unirá a la marcha de hoy para exigir justicia para los universitarios.
Por último, Milton Barrientos agradeció el apoyo y la solidaridad de los universitarios que marcharon en Chilpancingo el jueves y el viernes, para exigir justicia para su hermano, quien cumpliría 26 años el próximo 1 de octubre.

Emboscó el FUSDEG a policías de la UPOEG en Mojoneras, Chilpancingo, dice Bruno Plácido

El coordinador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio dijo que policías ciudadanos del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) emboscó a sus policías ciudadanos, que se encontraban en su base de Mojoneras, municipio de Chilpancingo.
Ayer en conferencia de prensa a las 3 de la tarde en un restaurante en Acapulco, Plácido Valerio declaró que luego del enfrentamiento convocará a reunión a las organizaciones porque va a reestructurar la estrategia de seguridad en las 17 comunidades de la Costa Chica, Xaltianguis, y parte del valle de El Ocotito.
Dijo que a las 4 de la madrugada llegaron grupos del FUSDEG y emboscaron a sus compañeros que estaban en la base de Mohonera, “hay un muerto y tres heridos, todo esto se da porque ellos no han respetado ningún acuerdo, vienen y tiran a cualquier persona que ven, y creo que a la Fiscalía (General del Estado, FGE) le corresponde informar”, declaró el coordinador de la UPOEG.
Agregó que también se enteró de que hay un policía ministerial muerto, “que ellos mismos (del FUSDEG) también mataron, y después levantaron al señor Seledonio, un materialista de Tierra Colorada, y es un grupo de personas que utilizan la membresía de Policía Comunitaria, pero son jóvenes que no tienen principios, ni respaldo”.
Se le recordó que el gobernador, Héctor Astudillo Flores había dicho en conferencia de prensa que eran dos muertos y tres heridos, a lo que Bruno Plácido respondió que, “es un muerto de parte de nosotros y tres heridos, es lo que tenemos nosotros. No puedo hablar por la Ministerial, porque ya le corresponde a la Fiscalía dar su información”.
Dijo que en las redes sociales, “se dice que hay un joven estudiante muerto, porque al pasar hay un asunto, son gente que están locos y tiran, pero no tienen porque tirar contra la población”.
Reprochó que, “no puedan poner orden, esperemos que con esto que está pasando, la población tome una decisión para expulsar a esta gente que anda armada, porque se supone que para garantizar la seguridad de la población, no se puede estar confrontando con la Policía Estatal, ni con nosotros, ni con nadie… Es un grupo que ahí está, y que se ha tolerado por parte del gobierno, pero no se ha podido resolver y ojalá que con este caso, que hay un muerto, se tenga que resolver definitivamente este conflicto”, puntualizó el coordinador .
Se le preguntó por qué se dan esos hechos con el FUSDEG, a lo que respondió, “nosotros, cuando ellos se replegaron, nosotros hemos respetado, pero si ustedes hacen un análisis, cuántas quejas hay en Tierra Colorada, y son gentes que por cualquier cosa luego actúan violento, matan, hay un desaparecido en Dos Caminos, que se desapareció en el río del puente que viene a Tecoanapa, de Omitlán”.
Abundó que ayer sábado, “le tiraron a cualquier persona, pararon a un materialista, paran a la judicial, no es el actuar de una policía normal, es una gente que no está dentro de lo normal, eso es preocupante, y vamos a reunirnos más tarde para ver que es algo de alto riesgo y buscar una nueva estrategia de acordonar la zona, y restablecer el orden”.

Son “grilla” las acusaciones del FUSDEG, dice Bruno Plácido y no responde a los señalamientos

El promotor de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio llamó a que las autoridades lo investiguen ante las acusaciones que hizo en su contra el coordinador del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís Trujillo con respecto a su presunta alianza con el Cártel del Sur y Los Ardillos para controlar el corredor de Petaquillas a Xaltianguis.
Consultado vía telefónica, el dirigente de la UPOEG dijo que las acusaciones del coordinador del FUSDEG son “grilla”, y no quiso responder a los señalamientos en su contra, pues dijo que él está trabajando por la seguridad y el desarrollo de los pueblos donde tiene presencia la UPOEG, y que contestar a los señalamientos que le hacen es “perder el tiempo”.
En la última entrega que se publicó ayer en éstas páginas sobre la toma del control del grupo criminal de Los Ardillos en Petaquillas, que es la puerta a la capital del estado, y la división del FUSDEG y la UPOEG que trajo como consecuencia el desplazamiento del Frente del corredor Petaquillas-Xaltianguis, con excepción de Tierra Colorada, Salvador Alanís acusó al dirigente de la UPOEG de tener vínculos con el grupo criminal del Cártel del Sur y Los Ardillos.
Alanís Trujillo dijo en la entrevista para El Sur que la Policía Ciudadana de la UPOEG fue un engaño y que ya traía acuerdos con gente de cárteles “que iban a meter un cártel para sacar a otro” en ese corredor; además de que recibió de Juan Jaleaco Guevara, el líder del Cártel del Sur, 4 millones de pesos para que llevara 300 gentes, “entonces Bruno ahí es donde entra a la sierra y le hace el paro a Juan Jaleaco para sacar (de la Sierra) a los de la A (Ángel Arellano Villalobos); entonces, desde 2014 ellos pactaron ese acuerdo, y sí, empiezan a avanzar y a sacar a todos los que ya habían entrado del lado contrario”, aseguró Alanís Trujillo.
“No tengo nada que contestar contra alguien que sólo se basa en sospechas y no es la primera vez que dice cosas, por eso yo no tengo nada que decir de este tipo”, dijo al respecto Plácido Valerio.
Declaró que él trae un objetivo concreto, organizar a la población para la seguridad “y lo que se diga, que si soy narco, que si estoy vinculado, que lo compruebe ante la PGR (Procuraduría General de la República), ante quien él quiera, porque ya no podemos caer en una declaración de medios”, respondió enfadado.
Y se quejó: “ustedes también tienen que ser un instrumento para difundir cosas más positivas en las condiciones como está Guerrero, porque unos estamos viendo la forma de cómo resolver los problemas de tanto muerto que hay, y los medios hablando de estas cosas”.
–Pero en los hechos, ustedes, la UPOEG, tienen el control en el corredor Ocotito Xaltianguis, –insistió el reportero.
–No, no es control, allí estamos buscando alternativas a los conflictos. Pero yo no puedo contestarle a él, porque voy a perder mucho tiempo cuando los problemas están y rebasan todos los límites, y hay que ponerles atención. Entre todos tenemos que ver cómo hacerle.
Después, dijo que, “caer en la contestación nomás por contestar, es amarrar navajas sin fundamento”.
–No se trata de amarrar navajas, te buscamos porque es una acusación grave en tu contra.
–Sí, pero no puedo dar una contestación a este tipo, pues.
–¿Entonces, todo que quede así?
–No, sí, que él diga lo que quiera y que las autoridades nos investiguen, que hagan lo que tengan que hacer. Ya estamos cansados de tanta grilla y de esas cosas. No hay tiempo para la grilla, hay que ser más propositivos.

Queda un mes de vigencia a la Ley 701 que reconoce a la CRAC; pide que se ratifique

A un mes de que la Ley 701 de Derecho y Cultura Indígena quede sin efectos y pierda vigencia, las autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) manifestaron su preocupación porque a partir del 16 de marzo quedarán indefensos, y ante la persecución del gobierno.
En la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, los coordinadores Joaquín Rentería Guevara, León Ponce, y el vocero Sabás Aburto Espinobarros llamaron al gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, y a los diputados locales, a mantener la ley que reconoce los derechos y la cultura indígena, así como sus formas de seguridad en la Constitución.
Los integrantes de la CRAC señalaron que pese a que la ley será derogada y quedará “muerta”, la organización seguirá trabajando, como antes del 2011 cuando fue promulgada. Sin embargo son conscientes de que no tendrán ningún respaldo legal frente a las instituciones de justicia establecidas, es decir, el Estado los desconoce como autoridad y sus aprehensiones y reeducaciones serían un delito.
El coordinador Aburto Espinobarros dijo, “nosotros seguiremos operando, pero sin esa ley no se hubiera liberado a Nestora Salgado” y advirtió que si se deroga va a haber más problemas con los integrantes de la CRAC, “porque se van a facilitar órdenes de aprehensión en su contra, porque no va a haber una ley que los proteja”. Además se que podría aumentar la confrontación y la persecución del gobierno.
Mencionó que bajo la Ley 701 se exige la liberación de sus compañeros presos políticos, Gonzalo Molina González, Arturo Campos y Samuel Ramírez, “en eso insistimos”.
Los coordinadores reclamaron que desde noviembre pasado acordaron con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, una reunión con el gobernador antes del periodo vacacional de diciembre, y hasta ayer no se había concretado, ahí solicitarían mantener la Ley 701 sin cambios.
Además plantearían un presupuesto para equipar a todas las casas de justicia, porque hay muchas carencias en los policías comunitarios que cumplen una función de seguridad en las comunidades.
El 1 de febrero luego de una protesta en el Congreso local una comisión de la CRAC entregó a los diputados locales 164 actas para que la Ley 701 quede como está.

Conforman 14 organizaciones el Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero para defender la Ley 701

Organizaciones del estado anunciaron la conformación del Frente Indígena y Afromexicano de Guerrero, para defender en conjunto la ratificación de la Ley 701 y la aprobación de la Ley General de Consulta con base en los tratados, convenios y declaraciones internacionales que ha firmado México.
A la conferencia de prensa acudieron representantes de las organizaciones que conforman el Frente, es decir, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), del Consejo para el Autodesarrollo Sustentable del Alto Balsas (CASAB), de Altepetl Nahuas de la Montaña, del Grupo Plural por la Igualdad de las Mujeres, de la Asociación de Mujeres Indígenas y Afromexicanas Radicadas en Acapulco (AMIARA), de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Nauasetiliskalpajmej, Se Ojtli Yankuik de Comunidades Indígenas de Chilapa, del Consejo de Damnificados de la Montaña, el Comité Promotor para la Creación de los cuatro Municipios Indígenas y Afromexicanos, Artesanos Indígenas de Guerrero (Artigro) y Organización de Indígenas Afromexicanos de Acapulco.

Acuerdan una agenda común

Expusieron que sus reuniones concluyeron en acuerdos comunes, como impulsar el Frente con una agenda común, con respeto a la autonomía y tener una agenda propia de las comunidades, pueblos y organizaciones; defender la ratificación de la Ley 701 del Estado de Guerrero y la aprobación de la Ley General de Consulta con consentimiento libre, previo e informado, esto como “techo mínimo” y punto de partida, concertándolas con los tratados, convenios y declaraciones internacionales.
Otra de las conclusiones fue dar respaldo total al cumplimiento de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que reconoce el procedimiento de los sistemas normativos en el municipio de Ayutla, para nombrar a sus autoridades municipales; asimismo, respaldar los procesos de remunicipalización en Guerrero, en Temalacatzingo, Santa Cruz del Rincón, San Nicolás y Las Vigas, dijeron que en ellos existen las condiciones para hacerlos según las regiones, corredores y contextos socioculturales, que permitan la participación de la población indígena y afromexicana, y al mismo tiempo fomenten e incorporen a las comunidades en los ayuntamientos.
Además, acordaron exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos Gonzalo Molina González y Arturo Campos Herrera, y un foro estatal de pueblos indígenas y afromexicanos, para reafirmar los acuerdos e iniciar un proceso de “armonización legislativa”.
Añadieron que continuará el cabildeo, las reuniones y una consulta propia, a través de propuestas que han hecho entre ellas.
En su intervención, el abogado de la UPOEG, Manuel Vázquez Quintero manifestó que “los indígenas y no indígenas estamos desesperados por esta política pública que el gobierno federal ha estado impulsando, y hoy está aprobando varias iniciativas que han venido a afectar la economía, los principios, los derechos de los pueblos indígenas, por eso decidimos impulsar este frente para defender los derechos”.
El ex diputado federal y ex secretario de Asuntos Indígenas (SAI), Marcos Matías Alonso exhortó al Legislativo local a que cumpla con su responsabilidad, porque ha venido postergando el compromiso para concertar la Ley 701 y ya queda poco tiempo, pues el plazo se vence en marzo; demandó al Congreso del estado y a instancias superiores a que cumplan con la obligación que tienen con los indígenas y afromexicanos; además hizo un llamado al gobernador, Héctor Astudillo Flores, para que les dé una audiencia para hablar de sus demandas.
Refirió que el gobernador anunció un plan de austeridad en el estado, y que espera que en esta política no se cometa el error de sacrificar más a los pueblos indígenas, “porque esta política de austeridad puede cerrarles ventanilla a ellos”, en asuntos de salud, educación, carreteras, apoyo agropecuario y que va a terminar castigando a los que siempre ha tenido castigados.
El líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio sostuvo, “yo creo que la parte importante no es tener la esperanza de los que nos representan, porque luego nos traicionan, creo que la parte fundamental aquí es organizar los sectores que son violentados, nuestros derechos como pueblos indígenas y afros, y también vamos a entrar en la defensa de los pueblos que no son indígenas”, porque al final también son víctimas, y que este Frente con una visión más integral cada día tienen que consolidarse, con respeto entre los integrantes.