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Propondrá la CRAC al Congreso una reforma a la Ley 701 o que la ratifique, dice Abad García

 

El coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Abad García informó que la institución planteará al Congreso local una reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, o que la ratifique tal como está, para mantenerla vigente.
En consulta telefónica, dijo que buscan una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, para conocer su postura sobre la Ley 701, y en las comunidades la Policía Comunitaria está levantando firmas de apoyo y actas de cabildo de los ayuntamientos de respaldo a la legislación estatal.
La ley estatal indica que, por sus funciones, la CRAC también es parte del sistema de seguridad pública del estado, pero la legislación podría quedar sin efecto debido a un artículo transitorio de la nueva Constitución del estado que indica que, a más tardar en abril de este año, se deben adecuar las leyes secundarias con la nueva legislación.
El dirigente de la CRAC adelantó que en la asamblea microrregional en San Luis Acatlán, el 24 de enero, van a proponer acciones de protesta para evitar que en lo inmediato se derogue la legislación, así como para exigir la libertad de los presos de la CRAC recluidos en Ayutla de los Libres y en la Cuidad de México.
Aclaró que la amnistía que se planteó con el gobierno anterior, como posibilidad de la libertad de los detenidos, quedó rebasada, y la exigencia será por la libertad inmediata de 10 detenidos de manera arbitraria. Entre los presos de la CRAC están la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García Francisco.
Aunque la Ley 701 reconoce como autoridad a los integrantes de la CRAC, precisó que existen más de 100 averiguaciones previas en las que señalan a integrantes de la institución comunitaria, personas que se inconformaron con el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Indicó que es necesario volver a discutir la relación de respeto y coordinación que debe haber en las dos instancias.
En tanto, dijo que en los pueblos siguen trabajando en la unificación de la institución comunitaria, fraccionada por distintos liderazgos e intervenciones del Estado, y revisando la posibilidad de realizar foros de defensa de la Ley 701.
Para ello, también están buscando una relación con otros sistemas de seguridad que funcionan en el estado, pero cuando se le preguntó si hay comunicación con la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) o el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), solo confirmó que han tenido pláticas con la Policía Ciudadana y Popular de Temalacatzingo, en el municipio de Olinalá.
Sobre las reuniones del fin de semana, donde participaron representantes de Morena, aclaró que estos políticos están apoyando de manera externa, harán sus propuestas, pero la CRAC llevará su propio planteamiento a la mesa de trabajo con las autoridades estatales.

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Acuerda la UPOEG reestructurar a la Policía Ciudadana y promover la elección de diputados para el Congreso local

La reestructuración de la Policía Ciudadana del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, fueron las conclusiones de las mesas del Congreso Estatal en el tercer aniversario de la organización.
En las ocho mesas de discusión y análisis del encuentro se plantearon propuestas para mejorar las condiciones de los pueblos donde la UPOEG tiene presencia. Ayer fueron presentadas las conclusiones de las mesas de trabajo del lunes.
En la mesa de Evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC, se planteó partir de la revisión de las comandancias, la depuración de los grupos de policías ciudadanos y regular los operativos de policías no legitimados en asambleas; además de que los consejeros y consejos municipales deben ser elegidos en asambleas por mayoría, y el remplazo o ratificación de los coordinadores del SSJC.
Asimismo, se propuso crear una comandancia regional y que cada coordinador tenga una estructura de cinco autoridades (delegados o comisarios municipales).
En la mesa Derechos a la consulta y representación popular, se propuso trabajar el derecho a la consulta en tres ejes o campos: concesiones mineras, gobiernos indígenas y ámbito legislativo; así como pasar a la etapa de promover la elección de representantes de los pueblos originarios en el Congreso local, es decir, como diputados locales, “para que, de esta manera se garantice la representación de los intereses de los pueblos ante el órgano legislativo”, se lee en el documento final aprobado en el Congreso Estatal de la UPOEG.
En la mesa Proyecto comunitario y desarrollo integral, se ponderó el apoyo a la consolidación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, para que estudiantes indígenas y afromexicanos puedan seguir sus estudios, y gestionar la infraestructura para las escuelas y centros de salud.
En Defensa del territorio y recursos naturales, se acordó no aceptar la concesión minera, usar fertilizantes orgánicos en los cultivos, desplazar los insecticidas y químicos con productos orgánicos que no dañen la tierra, y no permitir la introducción de semillas transgénicas.
En la mesa Desaparición forzadas y atención a víctimas y 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas, y en la de Derechos Sociales, se concluyó que es necesario que las autoridades continúen la búsqueda de los 43 normalistas, que el gobierno dé información clara, precisa y con evidencias del paradero de los normalistas y otras personas desaparecidas, además de que haya transparencia en las investigaciones.
En la mesa de la Integración familiar, prevención y abatimiento del delito, se llamó a “hacer una realidad” la representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y crear una política de cero violencia en las familias de las comunidades, y llevar los casos de impunidad contra mujeres a los órganos de justicia.

Plantea Bruno Plácido que la UPOEG deje sus funciones de seguridad y vuelva a la gestión

A tres años de la creación del Sistema de Justicia y Seguridad Ciudadana (SSJC) de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), el promotor Bruno Plácido Valerio planteó que la organización regrese a la gestión de infraestructura y a combatir la pobreza, una vez que el problema de la inseguridad se ha superado en las comunidades donde opera.
Ayer, la organización creada el 5 de enero de 2013, que buscó el auspicio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), realizó su tercer Congreso Estatal con el objetivo de evaluar los avances, logros y retos del sistema, para proponer estrategias y acciones para su consolidación, en el marco de los derechos humanos de los pueblos originarios.
A la 1:30 de la tarde, los 400 asistentes, policías ciudadanos, activistas y representantes de organizaciones sociales, aplaudieron de pie a la memoria de los más de 15 policías comunitarios y promotores asesinados en los tres años que la organización lleva trabajando, a petición del delegado de la UPOEG en San Marcos, Nicolás Ramírez Delgado.
Minutos antes de dar inició al acto de inauguración, en una reunión preparatoria Bruno Plácido Valerio expresó que es necesario que en la organización existan nuevos rostros y la posibilidad de su retiro al frente de la UPOEG. En declaraciones, precisó que, si la población lo permitiera, estaría bajo la figura de asesor o de consejero.
En cuanto a las narcomantas que aparecieron en diciembre en Chilpancingo señalando al dirigente na’savi de tener vínculos con integrantes de grupos criminales, luego de la incursión de la organización en comunidades de la sierra de Chichihualco, Bruno Plácido dijo que, “esas mantas llevan un mensaje, que significa detención o significa masacre, y al último se justifican diciendo que estaban vinculados y por eso los mataron, por eso es sano hacerse a un lado”.
En su intervención, Bruno Plácido dijo que el 5 de enero hace tres años, el levantamiento organizado de la ciudadanía fue “histórico” en el municipio de Ayutla para defenderse de los delincuentes, cuando las autoridades del estado y los militares permanecieron indiferentes ante las denuncias que hacían.
Ahora, dijo que el movimiento de los policías ciudadanos debe de pasar a un segundo orden, “ya no debe de ser el centro”, y la prioridad de la organización debe ser la erradicación de la pobreza y la gestión del desarrollo de las comunidades, con infraestructura, para encontrar paz.
Abundó que, si se erradica la pobreza también terminará la inseguridad, porque mucha gente que ha detenido la Policía Ciudadana luego de cometer un delito, ha aceptado que lo hizo porque no tenía dinero.
“Se tiene que ver la ruta, si se sigue deteniendo por pobre o buscamos alternativas de solución. La gente cuando es detenida dice que no tiene dinero”, y que por eso comete delitos.
Llamó a los gobierno a anteponer la decisión de los pueblos y no empeñarse en querer gobernar como si estuvieran en un racho, dando órdenes y en beneficio de sus intereses.
Plácido Valerio recordó que el movimiento no es enemigo del gobierno porque está coadyuvando en la seguridad; como parte de ello, en el segundo año de su conformación, los policías ciudadanos decidieron quitarse los pasamontañas para evitar una confrontación, y luego de que el gobierno advirtiera que en la zona se gestaba un movimiento armado.
El promotor subrayó que las asambleas comunitarias han unificado y fortalecido a la organización, por que son las comunidades las que nombran y quitan a sus policías comunitarios, “fue devolverle el poder a la gente”, y así evitar que se tomen decisiones unilaterales, explicó.
Llamó a los policías ciudadanos a no olvidar que su finalidad es cuidar a la ciudadanía y que sus armas no son para estar encima del pueblo, y que los promotores deben de ser facilitadores de la información. Rememoró que cuando la delincuencia ataca a la sociedad, la policía debe accionar, pero cuando el gobierno ataca a la organización, es el pueblo el que debe salir a defenderlos, “hay una reciprocidad”.
“Ahora han surgido muchos grupos porque no han aceptado el esquema de comunidad. Llámese comunitaria o ciudadana, tienen que tener la formula de la asamblea, no podemos hacer grupo, porque si hacemos grupo vamos a terminar (en lo mismo) a lo que teníamos miedo”, indicó.
Recordó que en Tierra Colorada y Malinaltepec se permitió que los autodefensas portaran armas de grueso calibre para combatir a la delincuencia, lo que terminó revirtiéndose contra la población cuando el grupo sometió al pueblo, “fue un error que no podemos permitir”, dijo.
Llamó a la reflexión a los policías ciudadanos, porque a pesar de que no hay integrantes suyos en la cárcel, sí hay muchas averiguaciones previas, muertos y enfrentamientos, “tenemos que buscar qué hacer, porque de todo me echan la culpa a mí. Es fácil buscar culpables, pero es bien difícil asumir responsabilidad”, subrayó.
Informó que la UPOEG mantiene su presencia en 12 municipios de la Costa Chica, Acapulco, Chilpancingo y, desde noviembre, en 16 comunidades de la sierra de Chichihualco, además de en 14 comunidades de San Miguel Totolapan, donde la gente ha solicitado su apoyo para organizarlos.
En este contexto, dijo que la UPOEG es un facilitador para que las comunidades se organicen, “no somos empresa de seguridad”, aclaró.
En su intervención, el fundador de la UPOEG, Crisóforo García Rodríguez recordó que donde hay policías comunitarios o ciudadanos hay paz, y “donde no, como Acapulco, hay sangre todo los días”. Afirmó que, “hay una delincuencia pactada y tolerada por el gobierno, que lo utiliza”.
Señaló que el gobierno los llamó autodefensa a pesar de actuar bajo el marco de la Ley y los tratados internacionales de los derechos indígenas, para tratar de desarmarlos, sin embargo el objetivo que persigue la organización es combatir la delincuencia.

Las ocho mesas de trabajo de la asamblea

Después del acto, se instalaron ocho mesas de trabajo: Proyecto comunitario y desarrollo integral; Informe, evaluación, reestructuración y funcionamiento del SSJC; Derecho a la consulta y representación popular; Defensa del territorio y recursos naturales; Integración familiar, prevención y abatimiento del delito; Desaparición forzadas y atención a víctimas; 43 estudiantes normalistas y otras personas desaparecidas; y Derechos Sociales.
Hoy, luego de una marcha se darán a conocer los resultados de las discusiones de las mesas. Al acto asistió el fundador de la CRAC y hermano de Bruno Plácido, Cirino y el ex diputado federal Marcos Matías.

De la organización podrían salir más grupos como el FUSDEG, dice el promotor

En declaraciones, Bruno Plácido Valerio indicó que así como se desprendió el FUSDEG por grupos de intereses, de la UPOEG “podrían salir otros”.
Enfatizó que si las nuevas organizaciones no se apegan al esquema de las asambleas de los pueblos, tenderán al fracaso o se conformarán en “grupos” que, en vez de proteger a la población, pueden ser delincuentes.
También dijo que la UPOEG no puede vivir como un centro de atención a la seguridad cuando hay secuestros, “sí pasan cosas, pero sí se han resuelto”.
Abundó que, “si seguimos fomentando la Policía Ciudadana, los policías pueden llegar a corromperse o desviarse, y se necesita cambiar el centro de atención para que las comunidades sean las a que tomen las decisiones”.
El dirigente dijo que en vez de perseguir a los drogadictos, se debe de atender la drogadicción, al igual que los problemas de deudas de las personas en las comunidades donde las casas de prestamos cobran altos intereses y la gente termina endeudada y robando para poder pagar.

Diálogo y respeto, piden
coordinadores

El promotor de la UPOEG Crisóforo García, en declaraciones solicitó a los gobiernos municipal, estatal y federal, y a las instituciones a las “que les competa dar seguridad, que lo hagan”, y llamó al gobierno a mantener el diálogo, la coordinación y el respeto con la UPOEG.
Expresó que en tres años se ha confirmado que la consolidación de una organización no depende de los líderes o dirigentes, sino del poder de la población. Dijo que quienes han perseguido intereses personales han fracasado y no logran sobrevivir.
Dijo que esos mismos intereses personales por el control han derivado en muertos, en alusión a la separación del FUSDEG que opera en el Valle del Ocotito. El 30 de marzo se registró una balacera entre ambos grupos en el crucero de San Juan de El Reparo que dejó 12 muertos, 10 del FUSDEG y dos de la UPOEG.
Por su parte, la promotora de Ayutla, Eneida Lozano Reyes dijo que los avances de la UPOEG son muchos y los resultados son evidentes, pero reconoció que es difícil seguir operando cuando la gente cae en la comodidad porque hay seguridad.
Reconoció que hay apoyo a las mujeres dentro de la organización y tienen el mismo derecho de voz y decisión.

Violencia en la sierra de Chichihualco; ataque en Izotepec y enfrentamiento a balazos en Yextla

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que hubo dos heridos en un enfrentamiento a balazos en Yextla, y en la comunidad vecina de Izotepec, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), pistoleros irrumpieron y atacaron a la población.
A las 7:50 de la mañana de ayer tuvieron reportes de que más de 50 hombres armados atacaban a la población en Izotepec, y los vecinos pedían la ayuda de las autoridades, informaron.
Según otra versión, civiles armados escondidos en los cerros dispararon en contra de vecinos de la comunidad de Izotepec, y policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) repelieron la agresión.
Unos 40 minutos después, se informó que había balaceras en las calles de la comunidad de Yextla, que los habitantes estaban en pánico, se resguardaron en sus casas y solicitaron el apoyo de las policías federal y estatal.
Ayer, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), y se enfrentaron a balazos con vecinos de la localidad, dejando dos personas heridas. Seis horas después del enfrentamiento, llegó la Policía Estatal y militares para resguardar la zona.
Minutos antes de la 1 de la tarde, la Dirección de Comunicación Social del gobierno del estado confirmó que ayer ocurrió un enfrentamiento en la comunidad de Yextla, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), luego de que durante la mañana hubo versiones de que hombres armados se enfrentaban en Yextla y en la localidad vecina de Izotepec, en la sierra.
La dependencia informó mediante las redes sociales Facebook y Twitter que la Policía Estatal ya se encontraba en Yextla, que el tiroteo había terminado y que un helicóptero del gobierno del estado sobrevolaba la zona por si fuera necesario trasladar a algún herido.
No se precisó si hubo personas muertas o heridas luego del ataque a Izotepec y el enfrentamiento en Yextla.
Las comunidades de Yextla e Izotepec se ubican cerca del poblado de Polixtepec, donde la medianoche del domingo 22 de noviembre hombres armados irrumpieron y mataron a cuatro vecinos: una mujer adulta y tres de sus hijos jóvenes, entre éstos una mujer, y se llevaron a dos campesinos.
A las 5:30 de la tarde, el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes leyó un comunicado para informar que, después de lo que ocurrió en Yextla realizaron un operativo en el que participaron 35 policías estatales destacamentados en Polixtepec, 25 de Chilpancingo y siete a bordo de un helicóptero se trasladaron a la localidad; éstos fueron apoyados por dos helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana y 106 militares.
Pero al entrar a la comunidad de Izotepec el convoy de los agentes de la Policía Estatal, en la carretera encontraron pinos y árboles atravesados que les impidieron el paso; los mismos policías quitaron los árboles.
Almazán Cervantes dijo que en este hecho violento no hubo muertos, y no precisó a qué organización pertenece el grupo criminal que irrumpió en Yextla, porque no hay una denuncia formal de los afectados.
Señaló que 50 hombres armados irrumpieron en la localidad y huyeron del lugar ante la presencia de los policías.
Almazán Cervantes dijo que no tenía conocimiento sobre la defensa que hicieron del poblado los policías ciudadanos de la UPOEG, y que tiene previsto un recorrido a Izotepec para investigar.
Señaló que el enfrentamiento en Yextla duró tres horas, y reconoció que en esta parte de la sierra de Guerrero, “hay rivalidad entre los grupos de la delincuencia organizada, no es el primero que se da”.

Trasladan a cuatro heridos en un helicóptero de la Fuerza Estatal a la capital

Aproximadamente a las 2:50 de la tarde, arribó al hangar de la aeropista ubicada al norte de la capital el helicóptero de Fuerza Estatal que trasladó a cuatro vecinos, dos de ellos heridos, que estuvieron en el enfrentamiento de ayer en la comunidad de Yextla, en la sierra de Chichihualco.
Aunque de los helicópteros bajaron dos hombres y dos mujeres, solamente se observó que un hombre llevaba la cabeza cubierta y una mujer rengueaba. La Dirección de Comunicación Social informó que los heridos son Isidora Gómez Romero de 38 años y Juan Carlos Nava Espinoza de 28.
Al bajar del helicóptero de la Fuerza Estatal, los heridos fueron auscultados por paramédicos de la Policía Federal, la Cruz Roja y la Secretaría de Protección Civil estatal, y a las 2:57 de la tarde fueron trasladados al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón en ambulancias.

Detiene la Policía Estatal a un hombre fuertemente armado en los límites de Izotepec

En la noche, en un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Estatal informó que detuvo a Francisco Estrada Hernández y le decomisó tres fusiles AK-47, conocidos como cuerno de chivo, una pistola calibre 9 milímetros marca Ruger y 18 cargadores para cuerno de chivo, además de un cargador de disco para fusil AK-47, cartuchos de diversos calibres, una granada de fragmentación, tres chalecos tácticos color negro, cuatro placas balísticas, un carro Nissan y otro Mazda, así como 50 gramos de marihuana en greña.
De acuerdo con el boletín, la detención fue en los limites de la comunidad de Izotepec. El detenido Francisco Estrada Hernández, las armas y el equipo decomisado fueron trasladados a Chilpancingo a bordo de la aeronave, y fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
En la comunidad de Yextla, en la sierra del estado han ocurrido otros hechos de violencia recientemente.
En marzo ocurrió un enfrentamiento entre grupos armados en la comunidad, que dejó cinco hombres muertos y tres heridos.
El jueves 12 de noviembre, policías ciudadanos de la UPOEG se enfrentaron a balazos contra unos 500 sicarios que vestían uniformes tipo militar, y portaban lanzagranadas y fusiles Barret, AK-47 y AR-15, en la comunidad de El Naranjo, en Leonardo Bravo.
Después del enfrentamiento llegaron soldados del Ejército, que desarmaron a los policías ciudadanos y detuvieron a unos 60, mientras que otros 15 se reportaban desaparecidos; después, uno de ellos fue hallado muerto y otro continúa desaparecido. El lugar del enfrentamiento, y de la emboscada posterior, es una cañada a orillas del río El Naranjo, ubicado a unos 4 kilómetros de esta localidad, en una brecha de terracería; ahí fueron abandonadas 12 camionetas de los policías ciudadanos, cuatro de ellas calcinadas, con múltiples impactos de bala; pero no se encontró ningún cuerpo.
La medianoche del domingo 15 de noviembre, hombres armados irrumpieron en la comunidad de Polixtepec y asesinaron a cuatro vecinos: a una mujer, a su hija y a dos de sus hijos, incendiaron tres casas y se llevaron a dos hombres, uno de ellos era pareja de la mujer y padre de los dos hombres y la joven.