El secretario de la Marina, José Rafael Ojeda Durán, reportó la detención de José Deivy, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y lo identificó como presunto integrante del grupo criminal Los Ardillos.
Durante el informe de seguridad en la conferencia de prensa matutina de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de Marina dio a conocer que se le detuvo por el homicidio del periodista Fredid Román Román.
Añadió que la detención se llevó a cabo el 13 de febrero, en la carretera federal Puebla Tehuacán, .
José Deivy es identificado como líder comunitario de El Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). De acuerdo con la información publicada en El Sur, participó el pasado 23 de enero en la marcha del noveno aniversario de la organización.
Ojeda detalló que la detención la realizó personal naval, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Estatal.
El 13 de febrero, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla, dio a conocer la detención de Deivy en una operación coordinada entre las autoridades del estado de Guerrero, la Secretaría de Marina e integrantes de la Policía Estatal poblana.
“A través de labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina, agentes de la Policía Estatal detuvieron a José, identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal”, publicó la Secretaría poblana.
De igual forma señalaron que el detenido iba a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, en el que encontraron 62 bolsas de “aparente cristal”, un arma de fuego calibre .380 milímetros y seis cartuchos, mismos que no tenían permiso, y 5 mil 500 pesos en efectivo.
En el comunicado especifican que el detenido iba acompañado de una mujer, que también quedó disposición de las autoridades. Agregaron que el imputado cuenta con vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.
“De acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”, explica la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla.
El 14 de febrero se informó que vecinos de El Ocotito bloquearon la carretera federal México-Acapulco, para solicitar un diálogo con la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, buscando la liberación del dirigente de la policía ciudadana de la UPOEG en esa comunidad del municipio de Chilpancingo.
Pobladores de la comunidad de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, bloquean la carretera federal Acapulco-Ciudad de México la tarde de ayer con un tráiler y otros vehículos para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda Foto: El Sur
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
Vecinos de El Ocotito, municipio de Chil-pancingo, bloquearon ayer la carretera federal México-Acapulco para exigir una mesa de diálogo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la liberación del comandante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar, detenido en Puebla el pasado 13 de febrero en posesión de drogas y armas.
El comisario municipal Julio César Almanza Castro aseguró que en días pasados ingresaron a la localidad la Guardia Nacional y de la Policía Estatal que pretendían desarmar a su policía, pero confirmaron que no eran de la fuerza pública, y aseguró que hay zozobra en el pueblo y por ello bloquearon la carretera.
Ayer pobladores informaron que fueron citados a las 4 de la tarde a una reunión en la explanada de la Comisaría Municipal.
Según una ficha informativa del gobierno del estado, a las 5 de la tarde aproximadamente 250 ciudadanos encabezados por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro acordaron en una reunión trasladarse a un costado de la carretera federal México-Acapulco, para retener a cualquier unidad de seguridad de los tres órdenes de gobierno que transiten por esa vía para exigir la liberación de José Deivy Barrientos Salazar.
Según la ficha del gobierno estatal “la mayoría de los ciudadanos no apoya dicha protesta, sólo unas 50 personas simpatizantes” de Deivy Barrientos.
En redes sociales de Internet circuló que se convocó a taxistas, maestros, comerciantes y ciudadano para bloquear la carretera para pedir la libertad del comandante detenido en Puebla por portación de armas y drogas, y que quienes no asistieran pagaría una cooperación voluntaria, además se informó que las escuelas y el comercio se suspenderían.
Vía telefónica el comisario municipal informó que en días pasados ingresaron a la localidad carros de agentes de la Guardia Nacional “que no son, ya fuimos a hablar con el Ejército y no son ellos, ayer (jueves) se metieron (a la comunidad) carros de la (Policía) Estatal que tampoco son estatales, hablé con el gobierno del estado y no son estatales, entonces sí está la zozobra del pueblo de qué está pasando entonces”.
Contó que el jueves también tuvo una reunión con funcionarios de la SSP en un restaurante de El Ocotito, donde pidió refuerzos para la seguridad.
Relató que incluso los supuestos agentes de la Guardia Nacional intimidaron a mucha gente, “la paraban muy groseros, no era la forma de hacer su trabajo, entonces recibimos muchos reportes de la ciudadanía el día de ayer (jueves) y nos dimos a la tarea de ir a ver el Ejército aquí a la base y nos dijeron que ellos no habían mandado ninguna camioneta de la Guardia, que ellos nada más tienen una”.
“Por la tarde el (funcionario de) gobierno que vino quedó de darme solución que me iba a mandar refuerzos, eran como las 8 de la noche cuando vimos seis camionetas que ya estaban activas de la (Policía) Estatal, entraron y querían desarmar a la Policía Comunitaria de aquí del pueblo, estábamos en la Comisaría en una reunión, esa es la situación”.
Dijo que este viernes hubo una reunión del pueblo en la que él informó de lo ocurrido, pero “me llegó la gente y pues decidieron bloquear por los resultados de la información que se les dio de las camionetas, yo tengo que informarle a mi comunidad”.
Agregó que el bloqueo inició a las 5:30 de la tarde y que a las 8:30 de la noche en que se dio la entrevista telefónica ninguna autoridad había llegado a El Ocotito para resolver el bloqueo, sólo se comunicó con él por teléfono el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, “para preguntarme qué situación estaba pasando, yo le dije que yo no puedo controlar al pueblo”.
Dijo que en las redes sociales circulaba que él estaba convocando al bloqueo, lo que negó, y argumentó que él informó a las autoridades lo que estaba pasando, “pero ya ahorita anda la noticia amarillista que el comisario está convocando, yo no estoy convocando a nada y si quieren pueden venir y que comprueben, que constaten”.
Afirmó que en la población no dejaba de circular una camioneta del Ejército, pero intervino, “para que los dejaran pasar, para que llevaran el mensaje al gobierno del estado de que queremos una mesa de diálogo, nosotros no pedimos otra cosa más que eso”.
Se le preguntó si se estaba solicitando la liberación del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en El Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, y respondió que “se tocó en la reunión de pueblo, yo tenía que informar cuál es la situación, qué estaba pasando para que la información no se tergiverse, y ellos dijeron que se bloqueara todo y se suspenden escuelas, comercio, un relajo”.
Julio César Almanza aseguró que pidió ayuda al gobierno estatal porque “este problema ya no lo puedo solucionar”, y reiteró que se suspenderá toda la actividad económica y educativa, y que todo está bloqueado en la localidad.
Contactado por teléfono, el segundo comisario quien se identificó como Juan, expuso que la situación es tensa, que la ciudadanía se estaba organizando para bloquear durante la noche la carretera federal, hasta que algún funcionario de los tres niveles de gobierno llegara.
Aseveró que lo único que exigen es una mesa de diálogo en la que “se puedan tratar muchos asuntos de varios problemas de seguridad del pueblo, porque queremos la seguridad que estaba antes”.
Dijo que “cuando estaba el comandante (Deivy Barrientos Salazar) todo estaba tranquilo y ahorita se siente el temor, la gente, la policía está firme, está puesta, pero se siente el temor de muchas maneras que vayan a entrar otras personas a hacer su relajo o algo”.
Se reforzó la vigilancia en carreteras, dice Seguridad Pública
A las 6:41 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó en un comunicado que, “como parte de la estrategia integral en acciones de paz y prevención, autoridades civiles y militares ha reforzado su presencia en las principales vialidades carreteras de la entidad, como parte de acciones preventivas tras la detención en el estado de Puebla de un objetivo prioritario en Guerrero”.
Añadió que “esta estrategia tiene por objetivo prevenir posibles acciones como bloqueos carreteros o manifestaciones de civiles incitados por grupos de la delincuencia organizada, que pudieran desestabilizar o afectar el libre tránsito de la ciudadanía”.
“Con esta estrategia coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Fiscalía General del Estado se da atención y seguridad a visitantes y la ciudadanía”, dice el comunicado, el cual no hizo referencia a El Ocotito, y precisó que se trataba de un “objetivo prioritario detenido en Puebla”, como ocurrió con Deivy Barrientos Salazar.
El 13 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350, y al revisarlo le hallaron, “62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”.
Añade que Deivy Barrientos es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”, es relacionado con diversos hechos delictivos en Guerrero y es señalado de tener vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
Además en agosto de 2022 tras el asesinato en Chilpancingo de Fredid Román Román, sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante de la UPOEG José Deivy, quien en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
Pobladores contactados vía telefónica informaron a las 10:20 de la noche que el bloqueo continuaba y que se mantendría hasta que la gobernadora morenista o funcionarios de su gobierno acudan a una mesa de diálogo.
El 23 de enero el comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, José Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creacio?n de su policía Foto: Lenin Ocampo Torres
Lenin Ocampo Torres
Chilpancingo
El líder comunitario del Ocotito e integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), José Deivy Barrientos Salazar fue detenido en el estado de Puebla.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó que el comandante de la UPOEG fue detenido cuando circulaba por la carretera federal Puebla-Tehuacán, a bordo de un vehículo Mercedes Benz C350.
“Al hacerle una revisión encontraron 62 bolsas de aparente cristal, un arma de fuego calibre .380 milímetros abastecida con seis cartuchos útiles (sin los permisos correspondientes), así como 5 mil 500 pesos en efectivo”, según el boletín.
La SSP menciona que José B. es “identificado como un objetivo prioritario para el gobierno federal” y su detención se dio luego de “labores de investigación, inteligencia y la coordinación con autoridades del estado de Guerrero y la Secretaría de Marina”.
Al momento de la detención estaba acompañado de una mujer identificada como Betzaira Monserrat L. y ambos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales.
El boletín indica que de “acuerdo con el análisis de información, el detenido está relacionado con diversos hechos delictivos en el estado de Guerrero y tenía vínculos con el grupo criminal de Los Ardillos”.
José Deivy Barrientos fue fundador junto a Salvador Alanís Trujillo de la autodefensa en el valle de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, que se armó para combatir al grupo delictivo de Los Rojos y se unió en enero del 2014 a la UPOEG.
Luego de diferencias con el líder estatal de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, Alanís Trujillo fundó en noviembre del 2015 el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Gue-rrero (FUSDEG) y el segundo al mando era Deivy Barrientos.
En noviembre del 2016 el FUSDEG sufre una división y Deivy Barrientos se vuelve a unir a la UPOEG para desplazar al grupo que encabezaba Salvador Alanís, quien posteriormente en el 2018 fundó la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo.
En agosto del año pasado fue asesinado en Chilpancingo Fredid Román Román y sus familiares señalaron como autor intelectual al comandante Deivy, quien posteriormente en una conferencia de prensa negó haber participado en el asesinato del periodista.
La última aparición pública de José Deivy Barrientos fue el 23 de enero, cuando encabezó la marcha del noveno aniversario de la UPOEG en el Ocotito.
El comandante de la autodefensa de la UPOEG en Ocotito, Deivy Barrientos Salazar, durante su mensaje en el noveno aniversario de la creación de su policía que nació para combatir la delincuencia en el Valle del Ocotito.Abajo, pobladores marchan en apoyo a la policía de esa organización Fotos: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ocotito, Chilpancingo
La policía de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de El Ocotito, municipio de Chilpancingo, celebró el noveno aniversario de su fundación con una marcha en la carretera federal México-Acapulco, a la que se sumaron comerciantes, transportistas y vecinos de la localidad.
Más de 300 personas, la mayoría con playeras o camisas y globos blancos, encabezadas por policías ciudadanos que portaban cadenas blancas de papel colgadas al cuello, marcharon de la entrada, al sur de la población, a la explanada de la comisaría municipal, donde participaron en un mitin.
En ese lugar, las autoridades locales, encabezadas por el comisario municipal, Julio César Almanza Castro, rindieron un homenaje a los nueve policías asesinados en estos nueve años, y se dio a conocer una reseña de esa policía.
La policía ciudadana de la UPOEG inició en el valle de El Ocotito, la comunidad más grande de Chilpancingo, el 23 de enero de 2014, en medio de un ambiente de asesinatos, secuestros, extorsiones y cobro de piso por parte de la delincuencia organizada.
En entrevista, el comandante y fundador de la corporación, Deivi Barrientos Salazar, informó que en nueve años fueron abatidos por el crimen organizado nueve policías de la UPOEG y un “sinnúmero” han resultado heridos, “algunos de gravedad y otros sólo con rozones”.
Sin embargo, declaró que “sólo organizados pudimos darle seguridad a nuestras familias, porque todos sabemos cómo está nuestro estado, en Acapulco y Chilpancingo a diario hay muertos, y nosotros no queremos eso para nuestro pueblo”, dijo.
Explicó que aquí, en ese pueblo, viven sus familias “y por ellas queremos que nuestro pueblo esté tranquilo, mientras nuestro pueblo lo quiera, va a seguir habiendo policía ciudadana”.
Barrientos Salazar aseguró que a diferencia de hace nueve años, ahora viven “sumamente diferente. Hace nueve años no podíamos salir a las calles, nuestras esposas y nuestros niños no podían salir libremente, porque les faltaban al respeto, raptaban a nuestros amigos, a la gente que miraban que era solvente, los secuestraban, los atemorizaban y los extorsionaban vía telefónica o presencialmente”, recordó.
Dijo que, en cambio, ahora tienen permanente comunicación con los comerciantes y que estos tienen sus números de teléfono personal, igual que el de la comisaría municipal, para que les llamen ante cualquier situación de riesgo, “y ellos (los ciudadanos) nos llaman cuando se ven en peligro. Hacemos recorridos para tener un mejor control de nuestro pueblo”, explicó.
Insistió en que ahora la situación “es tranquila”, aunque dijo que siguen las amenazas de los grupos delictivos.
Informó que actualmente el que quiere incursionar en El Ocotito es el grupo de Tlacotepec, pero que “hay gente de allá que nos informa y nos avisa cuando se organizan para venir a este lado. Así que siempre vivimos pendientes”.
Barrientos Salazar reconoció que la policía de la UPOEG ha sido infiltrada en algunos pueblos, pero aseguró que no en El Ocotito.
“Nosotros estamos conscientes que la organización es muy grande y reconocemos que hay muchos pueblos que están infiltrados por el crimen organizado. Hay muchos pueblos que su policía no es de ahí, y para que funcione como policía (sus integrantes) tienen que ser del pueblo, vivir en el pueblo y tener familia en el pueblo, para que puedan hacer las cosas bien”.
Aseguró que los policías que se encargan de la seguridad en El Ocotito, “todos somos de aquí” y que sus actuaciones se basan en los acuerdos de asamblea. Dijo que aunque pertenecen a la UPOEG, “cada pueblo y cada representante es autónomo y responsable de lo que hace”.
Admitió que la UPOEG ha sido infiltrada por los grupos delictivos, sobre todo en el corredor de Costa Chica a Acapulco “y aunque somos independientes, sentimos que eso nos está afectando”.
Explicó que por eso los policías que han querido la paz para sus pueblos y no se han alineado, los han matado o desaparecido, “por eso, nosotros tratamos de estar en comunicación constante con la ciudadanía, con nuestros comisarios y con los comités de cada sector, porque aquí es el pueblo el que solventa a la policía”, sostuvo.
Puso como ejemplo la desaparición del comandante regional Octavio Maganda, quien desapareció en noviembre pasado, junto con otros tres miembros de la UPOEG.
“Sabemos que apenas pasó un evento en Costa Chica, con nuestro compañero Maganda, quien se estaba impulsando para agarrar las riendas (de la UPOEG) en Costa Chica, pero yo creo que no se organizó bien, no se alineó y ahora lo tenemos desaparecido. Esos son golpes anímicos para los compañeros que realmente quieren hacer las cosas bien”, declaró.
En este ambiente de persecución, repliegue y desmantelamiento de la agrupación, tanto por los grupos delictivos como por el gobierno, informó que el coordinador general Bruno Plácido Valerio se encuentra delicado de salud, por su padecimiento de diabetes, que lo ha alejado “un poquito” en las últimas semanas.
A Plácido Valerio no se le ha visto en público desde diciembre pasado y este lunes no participó en la celebración del noveno aniversario de la entrada de la policía ciudadana al valle de El Ocotito, como sí lo hizo hace nueve años, cuando encabezó la movilización.
En la marcha de este lunes, algunos niños portaron pancartas con mensajes como “viva la paz, viva la policía comunitaria”; “marcha por la paz de El Ocotito. Gracias policía comunitaria”, “apoyo total a la policía comunitaria” y “viva El Ocotito, viva nuestra policía comunitaria”.
En todas las pancartas se escribió: “policía comunitaria”, aunque formalmente esta es parte del Sistema de Seguridad y Justicia, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Durante el mitin, el comandante Deibi Barrientos se refirió brevemente al diferendo que existe con la policía del pueblo vecino, de Buenavista de la Salud, también del municipio de Chilpancingo, donde el viernes pasado se informó que el grupo de autodefensa pasó a formar parte de la CRAC de los Pueblos Fundadores (PF), que en las comunidades de Chilapa se coordina con el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
Barrientos Salazar dijo: “Un pueblo vecino, hace unos días, se quitó la playera de la UPOEG y se puso la del Cipog. Además, invita a los ciudadanos a que pertenezcan a su sistema. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que le demos educación a nuestros niños, no que los armemos como lo han hecho ellos”, dijo en referencia a que el Cipog-EZ y la CRAC-PF de Chilapa y Ayahualtempa, municipio de Hueycantenango, han capacitado y armado a los niños para que forman parte de su policía, para la defensa de sus pueblos y familias.
“Nosotros no traemos esa terapia, al contrario, vamos a respetar siempre la decisión del pueblo. Mientras el pueblo nos respalde, vamos a seguir las decisiones de nuestra asamblea”, dijo en el mitin el comandante.
Dijo que tampoco van a deponer las armas porque una presidente municipal o una gobernadora se los pida, “porque así como fuimos elegidos nosotros, así fue elegida nuestra gobernadora, nuestra presidente municipal y nuestro presidente de la República”.
El comisario municipal, Julio César Almanza, agradeció a los policías por la protección a la población.
Criticó: “Mientras los caciques están en sus casas descansando, estos hombres están arriesgando su vida, a pesar de que no saben si al otro día van a regresar vivos. Mientras, algunos ciudadanos se sienten conchas en sus casas”, reprochó.
A petición del comisario municipal, se depositó en la puerta de la comisaría municipal una corona, simbolizando los laureles “y la luz para las familias (de los policías caídos) que perdieron a un ser querido”. Con ello, explicó, se rendía homenaje a los policías “que cayeron por defender a su pueblo”.
Destrozos que provocaron policías estatales en las oficinas de la UPOEG de Cruz Grande el 8 de octubre, según el relato que el comandante desaparecido, Octavio Maganda, envió a la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
A 15 días de la desaparición de los cuatro miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), los familiares no han recibido información de las autoridades respecto a los resultados de la búsqueda, declaró ayer el dirigente de la agrupación Bruno Plácido Valerio.
El comandante regional de la Policía Ciudadana de la UPOEG de Cruz Grande, Octavio Maganda Gallardo, la promotora de la organización del mismo municipio y viuda del coordinador Esteban Ramos Gallardo, Angélica López Cruz, así como Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, desaparecieron aproximadamente a las 2 de la tarde del 17 de noviembre, después de que asistieron a una reunión de la organización en Barra Vieja municipio de Acapulco.
Según el dirigente de la UPOEG, las autoridades ya suspendieron las búsquedas y hasta ayer solo los miembros de la organización seguían realizando recorridos en los pueblos que se encuentran en el trayecto de Barra Vieja, municipio de Acapulco, a San Marcos.
Sin embargo informó que en 14 días de búsqueda (iniciaron un día después de su desaparición), no han hallado indicios de su paradero y ni si quiera el vehículo en el que viajaban el día que desaparecieron.
En declaraciones por teléfono, el dirigente de la UPOEG, denunció que la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el gobierno estatal han informado de avances o hallazgos de las investigaciones a los familiares de los cuatro desaparecidos.
Incluso dijo que se sabe que desde el sábado pasado dejaron de realizar los operativos que mantenían supuestamente en busca de los miembros de la UPOEG en el tramo de la carretera de Barra Vieja a San Marcos.
“Todo está muy raro, ya suspendieron los operativos como si no les importara que sigan desaparecidos, a la organización no tienen por qué dar información, pero entiendo que es su obligación informar a los familiares y no lo han hecho”, reprochó.
Informó que a diferencia de otros casos que funcionarios de la FGE o del gobierno del estado buscan y se reúnen con los familiares de las víctimas para darles información, en este caso no los han buscado.
“No han informado nada, hay un silencio total y eso nos parece raro, no han informado de las sábanas (de las llamadas telefónicas), ni han informado de los videos, ni se han reunido con los familiares”, reclamó.
Denunció que a pesar de que hay una queja de Octavio Maganda que presentó ante las comisiones nacional y estatal de derechos humanos antes de que desapareciera, en la que advirtió que estaba en riesgo su vida por amenazas que dejaron en un mensaje policías estatales que allanaron las oficinas de la UPOEG el 8 de octubre, los organismos no han intervenido en el caso.
Reprochó que a diferencia de otros casos, en este se está viendo mucha impunidad.
Informó que los únicos que siguen buscando son los integrantes de la UPOEG, aunque explicó que lo hacen un día sí y otro no, porque tienen que recabar fondos para la gasolina.
Agregó que la dirigencia de la organización está convocando a una reunión para el sábado para tomar acuerdos del plan de acción de los próximos días.
Mientras tanto, los familiares cercanos de los desaparecidos desde la semana pasada se han negado a hablar públicamente del caso.
Algunos de ellos reconocieron que la impunidad, indiferencia y la apatía de las autoridades, los pone en riesgo ante quienes tienen privados de su libertad a sus familiares.
A 12 días de la desaparición de los cuatro miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, sus familiares y la dirigencia de esa organización siguen sin indicios de sus paraderos, en tanto que las autoridades siguen “sin mucho interés para localizarlos”, declaró ayer el dirigente, Bruno Placido Valerio.
La dirigencia de esa organización dio a conocer un documento en el que desde el 8 de octubre uno de los desaparecidos, el comandante regional Octaviano Maganda Gallardo, advirtió a la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón que estaba en peligro su vida, tras una irrupción de policías estatales a la comandancia en la que dejaron un “narcomensaje” y provocaron destrozos.
El ex coordinador y comandante regional de la UPOEG del municipio de Florencio Villareal (Cruz Grande), Maganda Gallardo, la promotora de la organización en el mismo municipio, Angélica López Cruz, así como Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, desaparecieron el 17 de noviembre después de una reunión en Barra Vieja, municipio de Acapulco.
El dirigente de la UPOEG, Plácido Valerio declaró ayer que los familiares y la dirigencia de esa organización no han recibido informes de las autoridades respecto a las búsquedas, aunque admitió que tampoco los miembros de la organización que siguen desplegados buscando a sus compañeros han obtenido resultados.
Insistió en sus sospechas de que fueron policías estatales los que se llevaron a los cuatro desaparecidos.
Dio a conocer un escrito de queja que Maganda Gallardo envió el 8 de octubre a la fiscal General del Estado (FGE), Sandra Luz Valdovinos Salmerón, así como a las comisiones nacional y estatal en el que denunció que policías estatales irrumpieron en la oficina de la UPOEG de Cruz Grande donde provocaron destrozos y se llevaron algunas cosas, además de que dejaron un “narcomensaje”.
La denuncia del desaparecido
El escrito dice: Licenciada, mi nombre es Octavio Maganda, soy el nuevo coordinador de la UPOEG nombrado por asamblea de Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, para poner de su conocimiento está denuncia a su honorable persona”.
Enseguida la explica a la fiscal que su trabajo ha sido la gestión social “y voy empezando a organizar como consejero y coordinador”.
En su queja denuncia que ese 8 de octubre “llego la Policía del Estado a las 11pm y se metieron a la oficina rompiendo puertas y ventanas amenazando a los de civil que estaban cuidando, preguntaban por el encargado y las armas”.
Aclara que: “en mi trabajo de gestión no se están usando armas, nuestra organización, aparte de trabajar el problema de seguridad, también gestionamos la solución de los problemas de salud, educación y gestión social y se compone de consejeros que son gente grande y respetable de cada población de la Costa Chica de Guerrero”.
Refiere que después de la irrupción de los policías estatales a la oficina de la UPOEG en Cruz Grande, “temo por mi vida porque dejaron un narco mensaje en la mesa-escritorio”. En el escrito no se especifica el contenido del “narcomensaje”.
Agrega que los policías del estado llegaron a bordo de seis patrullas y que pertenecen al Cuartel Regional de Campanilla, municipio de Copala, quienes durante la irrupción cerraron las calles cercanas.
En su escrito enlista “los destrozos y robo de equipo, entre ellas una patrulla Nissan, un refrigerador de dos puertas, dos licuadoras, garrafones de agua, utensilios de cocina, el mobiliario de la oficina, una bomba de agua, una carrucha, refacciones automotrices, herramienta de electricidad y equipo de cómputo que tenían prestado”.
Además dice que se llevaron los nombramientos de los consejeros y autoridades de la UPOEG.
Por esa causa, Plácido Valerio insistió en que los policías estatales podrían estar implicados en la desaparición de los cuatro miembros de la UPOEG.
Los familiares de los cuatro desaparecidos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, reclamaron que la Fiscalía General del Estado los busca muertos.
Consultados por teléfono familiares indicaron que este lunes por acuerdo podrían volver a bloquear de forma total la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, porque no hay avances en las investigaciones, además de que la Fiscalía obstruye el trabajo de los integrantes de la UPOEG para las búsquedas.
Indicaron que desde la semana pasada no han tenido información relevante de las investigaciones por la desaparición de Angélica López Cruz, Octavio Maganda Gallardo, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, ocurrida el 17 de noviembre luego de acudir a una reunión en Barra Vieja.
Los familiares reclamaron que la Fiscalía busca a los cuatro en predios y fosas clandestinas pero no en vida, o como si estuvieran secuestrados, además de que no les han dicho el último lugar de su ubicación según los celulares que llevaban.
Recriminaron que a pesar de tener todo el aparato del Estado y la tecnología para obtener esos datos, a la Fiscalía parece no interesarle avanzar en las investigaciones, además de que se ha obstruido que los integrantes de la UPOEG puedan realizar las búsquedas fuera de las zonas donde operan.
Llamaron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a que los voltee a ver y que se tiente el corazón porque tiene padre y madre, “y si ella estuviera en nuestro lugar estuviera desesperada. Que no nos abandonen”.
Los cuatro integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande, entre ellos el comandante de la Policía Ciudadana, Octavio Maganda Gallardo, cumplieron ayer siete días desaparecidos.
El dirigente de esa organización, Bruno Plácido Valerio declaró por teléfono que ayer los integrantes de la agrupación suspendieron la búsqueda y las acciones que tenían programadas por falta de dinero para la gasolina, debido a que el gobierno estatal “ni para eso nos apoya”.
Maganda Gallardo, Angélica López Cruz, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo cumplen este jueves ocho días desaparecidos.
El 17 de noviembre asistieron a una reunión de la UPOEG en Barra Vieja para tomar acuerdos respecto a las actividades de la organización, y después de las 2 de la tarde que salieron del lugar del encuentro sus familiares perdieron contacto con ellos.
Ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en conjunto con autoridades de los tres niveles de gobierno, “continúan los trabajos para la búsqueda y localización por tierra y por vía aérea, de Octavio “N”, Angélica “N”, Antonio “N” y Diego “N”, víctimas de desaparición por los hechos ocurridos el 17 de noviembre sobre la carretera Acapulco-Lomas de Chapultepec, a la altura del poblado de Barra Vieja, en la ciudad y puerto de Acapulco”.
La dependencia informó que ayer un equipo multidisciplinario de búsqueda integrado por elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas, agentes de la Policía de Investigación Ministerial de la coordinación regional Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda, y de la Guardia Nacional continuaron la búsqueda, “con el apoyo de un binomio canófilo y un dron”.
Agrega que “apegados al protocolo homologado de búsqueda de personas, el personal de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas realizó un recorrido por las comunidades de San Juan Pesquería, Cruz Grande, Boca del Río y el Médano para localizar a los cuatro desaparecidos”.
Sin embargo, dirigentes de la UPOEG informaron por teléfono que ayer ya no se observó movimiento de las corporaciones federales y estatales como si se vieron del sábado al martes.
En tanto que los integrantes de la agrupación suspendieron sus actividades que había programado por falta de recursos.
En tanto, familiares del comandante Maganda Gallardo informaron que están convocando a sus familiares, amigos y pobladores de Cruz Grande, de donde es originario, a que participen en una movilización el sábado a fin de exigir a las autoridades que agilicen las búsquedas y su presentación con vida.
La fiscal general del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón dijo que está en proceso un análisis de la información de los teléfonos celulares de los cuatro integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) de Cruz Grande desaparecidos el pasado 17 de noviembre, “no cejaremos en el intento de localizar a estas cuatro personas desaparecidas”, afirmó.
En declaraciones a reporteros después de la ceremonia por el 197 aniversario de la Armada de México, acerca de los hechos de violencia en Zihuatanejo donde un hombre con una bomba molotov incendió una tortillería el pasado 10 de noviembre, indicó que ya fueron detenidos los integrantes de una banda presuntamente responsable de ese ataque.
De las investigaciones sobre feminicidios ocurridos en el estado, la fiscal aseguró que se tienen avances en las investigaciones de todas las áreas delictivas, no sólo en feminicidios sino en violencia familiar y homicidios dolosos.
Destacó que la Fiscalía trabaja de acuerdo con los protocolos que para cada caso debe seguirse, y dijo que en el pasado ni siquiera se abrían carpetas de investigación, lo que beneficia a las víctimas indirectas.
Sigue la investigación de la masacre de San Miguel Totolapan
Valdovinos Salmerón indicó que por la masacre ocurrida en San Miguel Totolapan el pasado 5 de octubre que dejó 20 muertos, entre ellos el alcalde y su padre, también ex alcalde de ese municipio, “seguimos investigando diversas líneas de investigación”.
Agregó que hay presencia constante de agentes de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Pública para restablecer la paz y la confianza de los ciudadanos, para que sientan el respaldo de las autoridades y coadyuven con datos sobre las líneas de investigación, “que nos permitan dar con el paradero de los posibles homicidas”.
Indicó que los presuntos delincuentes, los hermanos Hurtado Olascaga, Johnny El Pez y José Alfredo El Fresa, “están dentro de la investigación por el homicidio doloso de 20 personas, eso es lo que se está investigando”.
Sin resultados de las búsquedas ni indicios de su paradero transcurrió ayer el sexto día de la desaparición de los cuatro integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), de quienes se perdió contacto con ellos a partir de las dos de la tarde del jueves pasado.
“Ninguna pista, no sabemos nada de ellos, sólo tenemos la esperanza de que sus compañeros (de la UPOEG), los puedan encontrar, ellos son los que los andan buscando”, dijo afligida Yamilet Maganda, hija del comandante de la policía de la UPOEG de Cruz Grande, Octavio Maganda Gallardo.
Maganda Gallardo, junto con Angélica López Cruz, promotora municipal de la UPOEG en Cruz Grande y viuda del coordinador Esteban Ramos Gallardo, así como Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo, desaparecieron el jueves pasado después de que asistieron a una reunión de la organización en Barra Vieja, municipio de Acapulco.
Por su parte, el promotor de la UPOEG del municipio de Ayutla, Crisóforo Rodríguez, declaró por teléfono que a partir de ayer se comenzó a invitar a la gente de la organización de los municipios donde tiene presencia para que se sumen a una “búsqueda masiva” por toda la región de la Costa Chica hasta encontrarlos.
Informó que hasta el lunes sólo habían participado en las búsquedas los familiares y la gente de Cruz Grande y de Acapulco, pero que a partir de este miércoles se sumarán los miembros de la UPOEG de otros municipios de la región donde tiene presencia la agrupación.
