Astudillo debe preocuparse por la delincuencia, no por las policías comunitarias, dice Bruno

 

El gobierno estatal debe preocuparse por la proliferación de la delincuencia, no de las policías ciudadanas y comunitarias que se organizan por la vida, señaló el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio sobre las declaraciones del gobernador Héctor Astudillo Flores.
El gobernador dijo que los últimos hechos de violencia en la Sierra de Leonardo Bravo, se deben a la proliferación de policías comunitarias que “van y entran en confrontación con el pueblo”, y que “ya se salieron de control”.
En este sentido, el consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Braulio Pimentel Antunez aclaró que los ciudadanos tienen derecho a organizarse frente la ineficacia de los gobiernos y las corporaciones policiacas coludidas con los criminales.
El coordinador de la Policía Comunitaria del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), Salvador Alanís pidió a las autoridades que valoren las experiencias de los pueblos para atender la crisis social.
El sábado, el gobernador llamó a los alcaldes a poner toda la atención cuando nazca una policía comunitaria, porque tiene sus límites, “y ya se salió del orden, se salió de control”, expresó en relación al homicidio del comisario y secretario de Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, seguido de una balacera que dejó tres presuntos sicarios muertos, siete heridos de la UPOEG, y la comunidad abandonada por sus pobladores.
En consulta telefónica, Bruno Plácido Valerio lamentó que el gobierno esté más preocupado por la organización de los ciudadanos que por la proliferación de la delincuencia, pero reconoció que tampoco es un asunto sólo de las autoridades, y que también le corresponde a la sociedad buscar la solución.
Señaló que en esta crisis de inseguridad, sin distingo de partido o nivel económico, se debe centrar el debate en cómo erradicar a la delincuencia, sin confrontación.
“Es un momento de solidaridad, de unificar un frente para erradicar a la delincuencia, llamar a todos los actores para buscar entre todos una salida, hay que verlo como un problema de todos, no sólo de gobierno”.
Así como la Iglesia llamó a un gran diálogo con los actores (incluyendo a los líderes de cárteles del narcotráfico), Plácido Valerio informó que está buscando a la Iglesia, a transportistas, ganaderos, comerciantes, porque “somos una sociedad que está en crisis, somos un foco rojo; vamos a darle la vuelta a la página”.
Se reservó de hablar de los grupos de la Policía Ciudadana que operan en la sierra de Leonardo Bravo, y aseguró que hoy convocará a la prensa para hablar del caso en Chilpancingo.
No obstante, se supo que las comunidades de la Unión de Comisarios por la Paz, la Seguridad y el Desarrollo de la Sierra, que hace dos años se unió a la Policía Rural, también conformó grupos de policías comunitarios con el respaldo de la UPOEG.

Mejores resultados que todas las corporaciones juntas: Pimentel

El consejero Braulio Pimentel, de la CRAC de San Luis Acatlán, recordó que pese a los errores, la Policía Comunitaria ha dado mejores resultados que todas las corporaciones policiacas juntas, a los largo de muchos periodos de gobierno.
Señaló que la organización de los pueblos es una reacción natural ante la incapacidad de las autoridades de garantizar seguridad que “hasta se coaligan con la delincuencia, como lo demostró el caso de Iguala”, el 26 y 27 de septiembre.
Indicó que la garantía de resultados es porque los policías comunitarios son nombrados en asambleas y reuniones amplias, más que cualquier otro sistema de seguridad, como el Mando Único que incorpora a todos los cuerpos policiacos, los tres niveles de gobierno y militares.
Estimó que si el Mando Único no incluye un ingrediente de participación ciudadana, nunca va a funcionar “porque el sistema está muy corrompido”. Propuso a las autoridades pedir información de toda las expresiones se seguridad comunitaria, en lugar de buscar alternativas en Estados Unidos o Colombia.
Recordó que las casas de justicia de Espino Blanco y San Luis Acatlán son un referente nacional e internacional, por el trabajo honorario de los pueblos “este sistema es la alternativa, un prototipo incluso para las regiones que no son indígenas”.
A los alcaldes, les pidió que estén más atentos de los criminales que de nuevos grupos de policías comunitarias, porque desde la federación están imponiendo secretarios de Seguridad Pública y por ahí se les puede infiltrar la delincuencia.

Algunos usan la figura comunitaria para trasiego de droga: FUSDEG

Salvador Alanís aclaró que si bien al gobierno le toca defender a las instituciones en el tema de seguridad, el pueblo también tiene voz y voto.
Recordó que los pueblos que se levantaron en armas es porque el Estado no les dio otra opción, no garantizó la seguridad, pero todos los policías comunitarios preferirían llevar una vida tranquila, dejar el servicio comunitario que sólo trae problemas, amenazas y ha costado muchas vidas de sus compañeros; “no es deseo nuestro armarnos y pelearnos con la gente mala”.
No obstante, declaró que hay grupos que aprovechan el buen nombre de los policías comunitarios para el trasiego de mariguana y amapola, “de eso se tienen que cuidar con lupa las autoridades”.
Aseguró que en los 62 pueblos donde trabaja el FUSDEG no se dedican a la producción de drogas, pero demandan a las autoridades que dé alternativas de empleo a las familias de la región. Por lo tanto, no tienen miedo a la regulación ni a la revisión de sus estructuras.
Sin embargo, insistió en que los tres niveles de gobierno no han tenido capacidad de eliminar a los grupos criminales que hacen daño en Guerrero, “se han visto rebasados en todas las grandes ciudades”.
Pero el día que comiencen a reducir los índices de criminalidad, “con gusto dejamos la playera y nos quedamos como vecinos vigilantes”. Consideró que este gobierno tiene una gran tarea, “ojalá podamos aportar lo aprendido, que permita interlocución para intercambiar experiencias”, expresó Salvador Alanís.

Investigará la intrusión de hombres armados en tres escuelas de Acapulco, dice el fiscal

El fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, dijo desconocer la situación en Polixtepec, comunidad del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), 21 horas después de la emboscada en la que resultaran tres hombres muertos y siete policías ciudadanos de la UPOEG heridos.
De la balacera contra la fachada de la sala de urgencias del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, la noche del viernes, el fiscal dijo que la agresión no fue dirigida contra el nosocomio.
Al finalizar la plática que tuvo con integrantes del Colegio de Abogados de Acapulco, se le preguntó por la irrupción de personas armadas a escuelas de Acapulco que asaltaron a maestros, exigieron el pago de piso y amenazaron con regresar para cobrar el aguinaldo, y Godínez Muñoz dijo que se investigará a fondo pero todavía no tenía la certeza de lo ocurrido y que se investigará.
Godínez Muñoz dijo desconocer si había muertos por la emboscada del viernes a las dos de la tarde en la comunidad de Polixtepec, del municipio de Leonardo Bravo.
Casi veintiún horas después el fiscal no sabía el número de muertos, “tenemos conocimiento de la situación como tal, pero de que hay muertos, no tenemos hasta ahorita noticias de que hoy haya muertos”.
El fiscal aseguró que hay presencia de la policía ministerial en la zona y que hay “labores de investigación” de delitos como secuestro y robo de vehículos.
Evitó decir el número de agentes ministeriales y recordó que “en alguna ocasión subieron (trabajadores) de la Fiscalía, los golpearon hasta matarlos. Ahora que está el movimiento, nosotros aprovechamos para hacer las investigaciones”.
Aseveró que ya tiene un mapa criminal de toda el área de la Sierra donde están los enfrentamientos, pero no podía informar qué grupos del crimen organizado tienen presencia porque estaban en proceso de investigación.
Expuso que en la zona Norte y Tierra Caliente ya están reforzando la presencia de seguridad.
Desde el miércoles hay hechos de violencia en la comunidad de Polixtepec; ese dia el comisario Joaquín Romero Ríos y su secretario Víctor González Luna fueron asesinados en una emboscada por hombres armados en el camino Puentecillas-Polixtepec, en la sierra de Chichihualco, del municipio de Leonardo Bravo.
Como reacción a lo ocurrido, pobladores de la zona bloquearon el jueves durante seis horas la carretera a Filo Mayor, del poblado de Campo de Aviación que está a una hora de Chilpancingo.
Los habitantes de Polixtepec señalaron que los autores de la emboscada a sus autoridades comunitarias son los hermanos Ángel y Efraín Villalobos Arellano, de la misma comunidad.
El conflicto entre las autoridades comunitarias de Polixtepec deviene de la disputa de comunidades que venden la goma de amapola a dos grupos de narcotraficantes en la misma zona, de acuerdo con testimonios de los vecinos.
El viernes hubo un enfrentamiento entre policías ciudadanos y presuntos integrantes de un grupo delictivo en Polixtepec; se enfrentaron a balazos en la comunidad y resultaron tres hombres muertos y siete policias ciudadanos de la UPOEG heridos, quienes fueron internados en el hospital general de Chilpancingo donde el viernes por la noche hombres armados dispararon a la fachada del nosocomio.
Godinez Muñoz descartó que los disparos del viernes por la noche fuera un ataque directo a los heridos en Polixtepec, Chichihualco, “como lo de ayer (viernes), el hospital que se soltó una… y no fue cierto, fue a lo lejos, ni siquiera fue en el hospital”.
Al preguntarle de la irrupción de hombres armados a tres escuelas de Acapulco, Godínez Muñoz se negó hablar sobre el rebrote de inseguridad, y refirió que el vocero del Grupo Coordinación Guerrero sería la persona que daría la información, pero al preguntarle quién es, no respondió.
Se le insistió por los reportes de las escuelas de la zona conurbana en las que asaltaron a maestros, y pidieron cuotas por el pago de piso a los directores, ademas de pedir parte del aguinaldo, “tenemos el dato pero lo estamos corroborando, que en verdad haya sido cierta, porque necesitamos hacer presencia de la investigación ministerial y las declaraciones de los testigos”.
De la reunión con el Grupo Coordinación Guerrero (GCG) el viernes, afirmó que “el tema más importante” fue Carrizalillo, y que derivado de las investigaciones que hace la Subprocurad?uría Especializada en Investigación para la Delincuencia Organizada (SEIDO), se acordó el envío de una Base de Operaciones Mixtas (BOM), integrada por policías ministeriales, estatales, policía federal y el Ejército.
De lo declarado en redes sociales por el hermano del ex alcalde de Acapulco, Alberto López Rosas, Alfredo López Rosas, quien se quejó de la policía ministerial por negarse a detener a un hombre presuntamente responsable de abuso sexual y pederastia, Miguel Ángel Godínez Muñoz dijo que se han tergiversado las declaraciones del padre de la menor de edad, porque ha leído las publicaciones en la red social, “en ningún momento habla contra la Fiscalía”.
Expuso que desde el momento que solicitó la intervención de la Fiscalía “se le atendió desde primera hora, profesionalmente, día y noche, se le ha asesorado, hemos estado al pendiente de su caso como de todos los casos”.
Apuntó que la fiscalía continúa la investigación y que se dará con el presunto responsable.
El fiscal, que presentó la ponencia “Policía criminal en el estado de Guerrero” ante los integrantes de la barra de abogados, reclamó que las ONG’s emitan información que causa confusión mediática para el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“Vienen organismos de derechos humanos y emiten opiniones, la ONU está vertiendo opiniones, otros organismos no gubernamentales internacionales están emitiendo opiniones, hemos hecho propuestas que el gobierno federal se haga cargo y filtre las investigaciones para que no se haga un desorden en los medios de comunicación”, dijo.
Dijo que en la reunión que tuvo con el gobernador del estado, Héctor Astudillo, y la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, María de los Angeles Fromow, se les hizo saber que la Fiscalía necesita un aumento presupuestal porque “el cambio donde se va a notar, el nuevo sistema va a ser en el Ministerio Público”.
En la reunión que tuvo con los barristas, el funcionario llegó a las nueve y media de la mañana, y duró casi una hora y media en presentar el diagnóstico de la Fiscalía y la importancia del nuevo sistema penal.

Libera la Policía Ciudadana de la UPOEG a un secuestrado en Cruz Grande, informa

El promotor de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Ernesto Gallardo Grande informó de la liberación de dos personas secuestradas luego de las operaciones de la Policía Ciudadana en Florencio Villareal (Cruz Grande) y San Marcos.
El primer caso se registró la mañana del domingo en los alrededores de Cruz Grande, donde rescataron a Jaime Bernal Hernández, de 37 años, quien tenía 12 horas privado de su libertad.
Gallardo Grande comentó que la familia del plagiado pidió apoyo a la Policía Ciudadana, e informó que durante el rescate fueron detenidos dos jóvenes de entre 18 y 20 años, quienes pedían 300 mil pesos a los familiares del secuestrado.
En otro hecho, el miércoles el ganadero Fausto Prestegui Solano, originario de la comunidad de Las Vigas, San Marcos, fue liberado por sus captores. El señor de 78 años fue secuestrado el 17 de octubre y los delincuentes exigían un millón de pesos para liberarlo.
Luego de que la familia dio parte a los policías ciudadanos, hubo operativos y retenes en poblados de los municipios de Tecoanapa, San Marcos y Florencio Villareal. Gallardo Grande dijo que por la presión del operativo y los retenes los plagiarios soltaron al secuestrado.
El ganadero fue encontrado cerca de la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, entre las comunidades de La Unión y El Papayo, y fue trasladado por un motociclistas hasta su domicilio en la comunidad de Las Vigas.