El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
En cónclave en Iguala, donde estuvo Aguirre, Murillo Karam fraguó la verdad histórica: FGR
Según un testigo, también estuvo Omar García Harfuch, revelaron los fiscales en la audiencia de imputación al ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia. El juez federal impuso la prisión preventiva justificada al ex procurador
El 3 de Julio de 2014, el secretario de Seguridad Pública en el estado Leonardo Vázquez, el comandante de la Novena Región Militar Martin Cordero Luqueño, el alcalde Luis Walton, el gobernador Angel Aguirre, el secretario de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, el comandante de la Octava Región Naval Rafael Ojeda Durán, el subdirector de Protección Civil Estatal Raúl Miliani, la secretaria de Desarrollo Social estatal Beatriz Mojica y el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch en la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil Foto: Archivo/El Sur
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
En la audiencia de imputación contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por el caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) alegó que el ex funcionario federal encabezó un cónclave en Iguala, el 7 de octubre de 2014, en el que participó el entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, y otros funcionarios federales y estatales, y ahí se fraguó “la verdad histórica”.
El sábado, un día despuués de la aprehensión de Murillo Karam, entre sus alegatos, los fiscales afirmaron que el ex funcionario de Enrique Peña Nieto organizó un cónclave para fraguar la “verdad histórica” sobre Ayotzinapa.
Señalaron que en esa reunión participó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y ex delegado de la Policía Federal en Guerrero.
En la diligencia, la fiscal Lidia Bustamante Vargas reveló que Bernardo Cano Muñozcano, secretario particular de Tomás Zerón de Lucio, se apegó a un criterio de oportunidad, se convirtió en testigo colaborador de la FGR y aportó los videos de las torturas a presuntos integrantes del grupo Guerreros Unidos.
La funcionaria dio lectura a unos párrafos de una declaración ministerial de Cano, en la que menciona que hubo una reunión en Iguala entre mandos federales y estatales, encabezada por Murillo Karam.
En ese encuentro también estuvieron Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex coordinador Antisecuestros de la SEIDO; el ex delegado de la PGR en Guerrero, José Luis Martínez Pérez; el ex jefe de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta –ya procesado–; y Omar García Harfuch, por aquellas fechas delegado de la Policía Federal en Guerrero y luego en Michoacán.
El testigo colaborador declaró que cuando llegó el entonces gobernador, Ángel Aguirre, les pidieron retirarse a la mayoría de los funcionarios y sólo se quedaron en la encerrona los mandos.
Cano salió de ese encuentro y no señala que se hayan planeado ilícitos; sin embargo, la fiscal afirmó que allí se empezó a inventar “la verdad histórica”.
“Sólo dos días después de que la PGR ejerció la facultad de atracción de la investigación ya estaban sosteniendo reuniones en Iguala. Esto evidencia este conocimiento, fue un cónclave donde hubo una planeación, fueron los actos preparatorios para los hechos del 27, 28 y 29 de octubre y 7 de noviembre (de 2014)”, dijo.
En esas fechas, la entonces PGR detuvo a cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que, sostuvo, fueron torturados por efectivos de la Marina y la Agencia de Investigación Criminal (AIC). De sus testimonios, se obtuvo información que luego Murillo hizo pública en rueda de prensa, según la imputación.
García Harfuch ya ha sido relacionado en la investigaciones del caso Iguala porque uno de sus números telefónicos estaba en la agenda que le fue asegurada a Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos, cuando fue detenido.
También porque un testigo protegido con el nombre clave “Juan” declaró a la FGR que entregó altas sumas de dinero al hoy jefe de la SSC, a cambio de proteger a dicho grupo criminal.
Probará lo que pasó en la investigación, dice Murillo Karam
El sábado, tras una audiencia de 12 horas, el juez federal Marco Antonio Fuerte impuso la prisión preventiva justificada al ex funcionario, razón por la que permanecerá en el Reclusorio Norte por lo menos hasta el miércoles.
El ex procurador Jesús Murillo Karam, prometió presentar pruebas que, aseguró, dejarán en claro lo que sucedió en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Son cosas que se pueden probar claramente, qué pasó y cómo pasó”, dijo la noche del sábado durante su audiencia de imputación en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
Javier López García, uno de sus abogados, mencionó que los datos de prueba que ofrecerá el ex funcionario, en la diligencia del próximo miércoles, serán documentos y fotografías.
Incluso, la defensa reprochó que la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo el viernes por error al hermano de Murillo Karam, y el juez ordenó su liberación.
Durante la audiencia del sábado, un día después de que Murillo Karam fue aprehendido en su casa en Las Lomas, que inició a las 9:00 horas, los fiscales federales formularon la imputación contra el ex procurador por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia.
Asimismo, pidieron a un juez federal imponerle la prisión preventiva justificada, al estimar que cuenta con los recursos y medios suficientes para darse a la fuga.
La fiscal Lidia Bustamante Vargas argumentó que, de acuerdo con sus declaraciones patrimoniales, cuenta con un patrimonio de al menos 85 millones de pesos y no tiene arraigo en algún lugar, ya que posee inmuebles en la Ciudad de México, Pachuca y Acapulco.
Al mismo tiempo, manifestó que Murillo Karam tiene relaciones y amistades que le podrían facilitar la fuga y huir a un país sin tratado de extradición con México, como fue el caso de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, quien es prófugo de la justicia y se encuentra en Israel.
“De permitir que el día de hoy Jesús Murillo Karam salga por la puerta, equivaldría a que no lo volvamos a ver, equivaldría a negar a los padres se los 43 normalistas no llegar a conocer la verdad”, dijo
“No es penoso, es político”, dijo cuando fue aprehendido
“Es político”, le dijo el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, al elemento de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR que lo aprehendió el viernes.
En videos de la captura se observa cómo agentes ministeriales se acercan al ex funcionario afuera de su domicilio, en Lomas de Chapultepec.
“A sus órdenes”, les dice Murillo Karam en actitud tranquila.
–Buenos días, le responde el agente, “permítame, hágame el favor… nos pasamos para acá. Buenas tardes ¿Su nombre es Jesús Murillo Karam?”, pregunta.
–A sus órdenes, repite el ex procurador.
El miembro de la AIC se presenta, informa a Murillo que existe un mandamiento judicial en su contra y le anuncia la lectura de sus derechos.
–Es penoso, le dice el agente, aparentemente apenado por aprehender al ex Procurador durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
–No es penoso, es político, le responde Murillo en voz baja.
Una familiar de Murillo se acerca y aclara a los agentes federales que el ex funcionario no se va ir, y pide que no obstruyan el paso vehicular por los vecinos.
El agente que lleva la orden de aprehensión le dice a Murillo que tiene derecho a estar informado de su detención y a consultar a un abogado.
“Tortura, contra la adm… tortura, contra la administración de la justicia, desaparición forzada”, lee el agente en alusión a los delitos que la FGR le imputa a Murillo.
El ex procurador, siempre en actitud tranquila, es conducido a una camioneta. Una familiar pregunta que si lo puede acompañar, pero sólo sube el médico del hidalguense.
–¿Una pregunta, me puede decir a dónde lo va llevar, por favor@, cuestiona la familiar de Murillo.
–Al juzgado del Reclusorio Norte, si me pueden seguir no hay ningún impedimento”, le responden.
–Se lo encargo mucho porque está delicado de salud, por favor –pide la mujer antes de que la camioneta se vaya.
Su defensa
Un grupo de cuatro abogados, entre ellos defensores de Raúl Beyruti El Rey del outsourcing y de Juan Collado, llegaron el sábado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, para la audiencia de imputación de Jesús Murillo Karam.
José Javier López García, abogado de Collado, fue el primero en llegar a las 8:15 horas y cinco minutos después lo hizo Antonio López Ramírez, quien también defiende a Beyruti. Casi enseguida llegaron otros dos litigantes que no se identificaron.
Ninguno de ellos hizo comentarios a la prensa, al entrar por la caseta del centro de justicia.
Minutos antes del arribo de los abogados llegó Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, acompañado de dos padres de estudiantes desaparecidos.
La verdad histórica involucra abuso de poder y violaciones a los derechos humanos
La denominada “verdad histórica” del caso Iguala, término que acuñó el entonces procurador Jesús Murillo Karam, hoy detenido, acredita abuso de poder y configura al menos cuatro elementos de violaciones graves a los derechos humanos en materia de desaparición forzada.
De acuerdo con el Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, dichas violaciones son privación de la libertad, homicidio y participación e involucramiento de agentes estatales o grupos de personas que actúan con el apoyo y consentimiento del Estado.
Asimismo, negativa, ocultamiento y manipulación de información e investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales.
“En las investigaciones del Caso Ayotzinapa se generó una narrativa a conveniencia, fundada en las declaraciones obtenidas mediante tortura a los presuntos responsables de la desaparición de los estudiantes, donde las víctimas –estudiantes– fueron revictimizadas y estigmatizadas”, señala el Informe.
“La ‘verdad histórica’ fue revestida de acciones institucionales y estrategias de comunicación que tenían como finalidad el cierre de las investigaciones y, por tanto, dar una resolución sobre el caso”, agrega.
Es decir, indica el documento presentado el jueves por la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, fue una construcción desde el gobierno federal para crear una versión de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014 y “legitimar socialmente” la supuesta verdad de los hechos.
“Limitándose a señalar los delitos de secuestro y homicidio, la violencia ejercida por grupos criminales que operaban en el estado de Guerrero y sus estructuras delictivas, la cooptación de autoridades civiles y grupos de seguridad municipal, estatal y federal”.
“Sin considerar la participación de las Fuerzas Armadas en la región y de las autoridades federales involucradas en los hechos, para posteriormente ceder a una estrategia de neutralidad, responsabilizando a las autoridades locales”, concluye.
La “verdad histórica” se funda en la versión de la incineración de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, Iguala, por parte de Guerreros Unidos.
“En ésta, prevalecen contradicciones, rupturas argumentativas y vacíos narrativos que acreditan abuso de poder, que derivó en el entorpecimiento de los procesos de búsqueda y de las investigaciones”, se analiza en el documento.
Ordenó ocultar el paradero de los 43, dice la acusación de la FGR a Murillo Karam
En forma premeditada, el entonces procurador general de la República ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, alegaron los fiscales en la audiencia de imputación contra el ex funcionario detenido
Abel Barajas / Agencia Reforma
Ciudad de México
Jesús Murillo Karam fue el artífice de un montaje llamado “verdad histórica” en el caso Iguala, pues en forma premeditada ordenó alterar y manipular evidencias y desviar líneas de investigación, contribuyendo a ocultar el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.
Así lo afirmó la Fiscalía General de la República (FGR) al formular la imputación por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia contra Murillo Karam, quien la noche del sábado se convirtió en el primer ex procurador de la República en ser encarcelado.
“Usted presentó una versión de la verdad histórica de los hechos que frustró y desvió otras líneas de investigación, contribuyendo al ocultamiento del paradero de los 43 normalistas”, dijo Lidia Bustamante Vargas, fiscal del caso en la audiencia inicial en la que el ex funcionario fue imputado.
“Usted ordenó ocultar el paradero de los estudiantes por 5 aspectos: uno, por su responsabilidad directa en la investigación; dos, por su actuar como superior jerárquico de Tomás Zerón de Lucio; tres, por el control que tenía usted sobre los detenidos en sus instalaciones; cuatro, por el control de la escena del crimen y de las evidencias halladas en el lugar de los hechos; y cinco, por el modus operandi como superior jerárquico y su falta de debida diligencia”.
Lo que la Fiscalía llama peyorativamente “verdad histórica”, frase tomada de una conferencia de prensa de Murillo Karam, es la versión de que los estudiantes fueron detenidos por agentes municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, y entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los incineraron en el basurero de Cocula y luego trasladaron los restos al río San Juan.
La FGR sostuvo que la tortura y los delitos contra la administración de la justicia imputados a Murillo Karam, entre los que se incluyen la siembra, manipulación y desaparición de evidencias, ocurrieron entre el 6 de octubre de 2014 y el 27 de enero de 2015, mientras que la desaparición de los estudiantes es un ilícito continuado desde el 26 de septiembre de 2014 a la fecha.
De acuerdo con la fiscal Bustamante, la construcción de una versión paralela de los hechos, la “verdad histórica”, tuvo tres finalidades.
Frenar la percepción ciudadana que había sobre Murillo Karam y que cesara la movilización social por la indignación que ocasionó la desaparición de los estudiantes; pero también, debilitar políticamente a los padres de los normalistas, dando a conocer avances relevantes de la investigación dos días antes de que se reunieran con el presidente Enrique Peña Nieto, el 29 de octubre de 2014.
La fiscal reveló que hay tres testimonios clave en la investigación contra Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, a quien señaló como el ejecutor de las ilegalidades del ex titular de la otrora PGR para ajustar una versión concluyente sobre la indagatoria de los desaparecidos.
Uno de esos testimonios, el de Mercedes Doretti, integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), apunta contra el ex funcionario que desde la noche del viernes 19 duerme en el Reclusorio Norte.
La fiscal dio detalles de la declaración rendida el 31 de diciembre de 2021 por Doretti, quien narró a la Fiscalía que la mañana del 27 de octubre de 2014 viajó con Murillo Karam en un helicóptero a la zona donde ocurrieron los hechos.
En el sobrevuelo sobre el río Cocula, el entonces procurador le comentó que en ese sitio seguramente iban a encontrar restos de los estudiantes, como si ya supiera de información que no habían obtenido y que oficialmente proporcionarían cuatro detenidos hasta el día siguiente.
El hecho es que ese mismo día por la tarde, a las 16:00 horas, Murillo Karam dio una conferencia de prensa con Zerón en la sede de la PGR y dieron a conocer la captura de cuatro presuntos integrantes de Guerreros Unidos que confesaron haber recibido y vigilado el traslado de los 43 normalistas, la noche en que fueron plagiados.
Aunque no mencionó los nombres de los detenidos, se trataba de Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Patricio Reyes Landa, El Pato; Darío Morales Sánchez, El Comisario, y Agustín García Reyes, El Chereje.
Al día siguiente, Zerón trasladó a El Chereje de la Ciudad de México al río San Juan para una diligencia de inspección que las autoridades califican de ilegal, porque no estaba autorizada por el Ministerio Público y el detenido no tenía abogado.
El 29 de octubre, buzos de la Marina descubrieron en el río dos bolsas con restos de algunos estudiantes, entre los cuales se logró identificar plenamente un hueso del normalista Alexander Mora Venancio.
El testimonio de Doretti y lo sucedido en las 48 horas posteriores a que se subió al helicóptero con Murillo, hacen suponer a los fiscales que el ex procurador tenía planeado hallar evidencias que las mismas autoridades habrían manipulado.
Otro hecho de gravedad imputado a Murillo es que supuestamente conoció y consintió las torturas de las que fueron víctimas los cuatro detenidos el 27 de octubre de ese año.
Según la FGR, Murillo habría usado en la rueda de prensa de esa fecha la información que proporcionaron los 4 torturados, cuando formalmente fueron puestos a disposición del Ministerio Público después de las 22:30 horas y rindieron su declaración ministerial hasta el día siguiente.
Además, el 7 de noviembre de 2014 Murillo Karam ofrecería otra conferencia de prensa en la que presentaría nuevos avances, con base en un video de El Chereje en el que ahora la Fiscalía asegura que fue grabado bajo torturas.
Según la fiscal Bustamante, Doretti declaró que ese 7 de noviembre el entonces titular de la PGR le pidió que le ayudara a redactar un informe para la conferencia en el que se insistía en que los huesos hallados en el río San Juan estaban relacionados con las evidencias encontradas en el basurero de Cocula, y la antropóloga argentina no aceptó.
A pesar de que los delitos imputados son penados en conjunto con 54 y hasta 90 años de prisión, esas conductas no prevén la prisión preventiva de oficio. No obstante, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia le dictó la prisión preventiva justificada, el sábado 20 en el interior del Reclusorio Norte.
Testigos colaboradores
La FGR dio a conocer que dos de los testimonios rendidos en el expediente contra Murillo Karam provienen de testigos colaboradores que recibieron un criterio de oportunidad, aunque no mencionó imputaciones directas contra el ex procurador.
Se trata de Bernardo Cano Muñozcano, ex secretario particular de Zerón en la AIC, y Érika Ramírez Ortiz, ex agente del Ministerio Público federal de la Unidad Antisecuestros de la entonces SEIDO.
De acuerdo con Bustamante, Cano videograbó las sesiones de interrogatorios y presuntas torturas a los sospechosos de pertenecer a Guerreros Unidos y proporcionó todas las grabaciones a la Fiscalía del caso.
“Dichas entrevistas eran irregulares, por no estar presente un defensor y que en ese momento pensé que era regular, pero ahora entiendo que me engañaron. Estaba el Ministerio Público, verdaderamente creía que estábamos haciendo algo bueno para llegar a la verdad”, dijo el testigo colaborador, según la fiscal.
Niega Ángel Aguirre haber participado en reunión para construir la “verdad histórica”
Dice el ex gobernador que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
El ex gobernador Ángel Aguirre Rivero negó haber participado en la reunión convocada por el ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para la construcción de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.
Además, Aguirre Rivero recordó que el entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, intentó involucrarlo “a toda costa como miembro de la delincuencia organizada”.
En un comunicado de este domingo, el ex mandatario estatal, quien no concluyó su periodo y pidió licencia a su cargo como gobernador a casi un mes de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó que no fue parte de los mencionados 18 funcionarios federales y estatales, quienes se reunieron y configuraron la construcción de la “verdad histórica”, en la que concluyeron que los 43 normalistas habían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Aguirre Rivero se pronunció sobre “algunas notas periodísticas, donde se hacen interpretaciones sesgadas” del informe presentado por el gobierno federal, y consideró necesarias algunas precisiones, entre ellas, que “nunca tuve reunión alguna con el licenciado Jesús Murillo Karam, para participar en la construcción de la supuesta ‘verdad histórica’. Son meros trascendidos dolosos y por tanto absolutamente falsos, tengo mi conciencia tranquila”, afirmó.
Entonces, recordó que el ex funcionario federal, y ahora prófugo, Tomás Zerón “intentó involucrarme, a toda costa, como miembro de la delincuencia organizada”, de eso dijo que hay constancia en las declaraciones del ex procurador del estado Iñaky Blanco y su entonces secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Destacó lo ampliamente declarado por Iñaki Blanco, respecto a que “todas las investigaciones y acciones que realizó la entonces Procuraduría de Justicia, se mantienen firmes, toda vez que quienes fueron detenidos por esta instancia permanecen en la cárcel y no hay acusaciones de tortura o violaciones a procesos judiciales”.
Abundó que incluso “el gobierno federal cortó toda relación de colaboración con el gobierno de Guerrero”.
Se refirió también a las 83 órdenes de aprehensión giradas por FGR, de las cuales 20 son contra mandos militares y personal de tropa; cinco contra autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 contra policías municipales de Huitzuco, seis contra policías municipales de Iguala, una contra policía de Cocula, 11 contra policías estatales y 14 contra miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Mientras que de las 33 solicitudes de nuevas órdenes de aprehensión, que mencionó en su informe el subsecretario Alejandro Encinas, son contra funcionarios federales, funcionarios municipales y miembros de la delincuencia organizada, “no hay mención para funcionarios estatales” destacó el ex gobernador.
Ángel Aguirre dijo, en su comunicado, que “no es momento de especular sobre el curso de las investigaciones que realiza la FGR, mucho menos de ‘fabricar culpables’ a través de publicaciones periodísticas”. Reiteró que “nunca tuve reunión alguna para planear la ‘verdad histórica’. Nunca celebré ninguna reunión con Murillo en Iguala o en ninguna otra parte. Resulta absurdo lo que hoy se publica a ese respecto”.
Aguirre señaló que esta “verdad histórica” fue desechada, porque “fue fabricada” y que ahora “es necesario que se aclare con qué propósito se desviaron las investigaciones, y quién o quiénes son los autores intelectuales y materiales de la obstrucción de la justicia”.
También informó que cuando concluyó el informe “tomé contacto” con Alejandro Encinas, “para manifestarle una vez más mi disposición de seguir colaborando en este lamentable caso, hasta su conclusión. Estoy en Acapulco y después estaré en mi querido Ometepec. No me voy a esconder ni mucho menos. La vida me ha enseñado que en los momentos más difíciles es cuando más debemos de mostrar el temple y el carácter”.
Ángel Aguirre dijo que está “tranquilo y con la disposición de enfrentar siempre, con una gran dignidad y decoro, cualquier señalamiento que se me haga. Siempre he sostenido que se pueden perder muchas cosas en la vida, pero si pierdes tu dignidad, entonces estás perdido”.
No me sumaré al coro de linchamiento anticipado contra Murillo Karam, dice Ricardo Monreal
Antonio Baranda / Agencia Reforma
Ciudad de México
El senador de Morena Ricardo Monreal urgió ayer a respetar la presunción de inocencia del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, y anunció que no se sumará a ningún “coro de linchamiento” anticipado en contra del priista.
“Lo que sí deseo como abogado y maestro universitario es que no se altere el debido proceso y que tampoco se altere un principio que debemos de cuidar todos: la presunción de inocencia, yo ahí sí soy muy estricto”, expresó.
“Porque no estoy de acuerdo y no me voy a sumar a ningún coro de linchamiento anticipado, no voy a ser un juez de acusación y no voy a actuar de manera desmedida frente a estas detenciones que se festinan en varias partes, no”.
De gira por La Paz, Baja California, subrayó que lo que debe haber es justicia.
“Y que no haya impunidad, pero que se respete el principio de presunción de inocencia y el debido proceso”, recalcó.
Se demuestra que hay justicia: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum consideró que con la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, el actual gobierno está demostrando que hay justicia.
“Hay un esclarecimiento y una verdad de los hechos y es muy importante para las víctimas, las familias, para la no repetición de estos actos, el reconocimiento de que es un crimen de Estado y al mismo tiempo la justicia que se muestra en esta primera detención del (ex) procurador Murillo Karam”, indicó.
“Falta Peña Nieto”, escribe en Twitter Félix Salgado
El senador Félix Salgado Macedonio señaló, luego de la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam, que “falta Peña Nieto” en referencia al ex presidente priista.
En un breve párrafo, escrito en su Twitter, el senador preguntó a quienes critican la política de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos no balazos, “qué dicen ahora, con el nuevo informe que presentó el jueves el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas”.
“Para aquellos que critican la política de seguridad de @lopezobrador_de ‘abrazos no balazos’ ¿qué dirán ahora con lo de Ayotzinapa? ¿Quién da la orden a las policías y al Ejército de actuar? Falta Peña Nieto.¡La mentira histórica! Crimen de Estado”. (Jacob Morales Antonio).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) rechazó que la recomendación por las violaciones graves cometidas en la investigación del caso Ayotzinapa tenga alguna consideración política, y aseguró que su contenido no legitima la versión de que los estudiantes fueron incinerados en Cocula, como dice la “verdad histórica”.
En un comunicado emitido este lunes la CNDH argumentó que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades, así como una serie de negativas y obstáculos para el desarrollo de sus labores”.
Insistió en que “la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional no atendió a cálculo o consideración política de ninguna índole”.
Por tanto, se dijo comprometida “con las víctimas y la obtención de la verdad”.
Dice que su investigación “estuvo determinada por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como una serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores”.
“Para determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida”, justificó.
Reiteró también que no avala la “teoría de la verdad histórica”, pero las críticas y cuestionamientos en contra de ésta y otras hipótesis “no pueden implicar que las posteriores investigaciones partan de un sesgo inicial o premisa de descartar cualquier elemento vinculado con las mismas”.
Explicó que ha sido su prioridad básica determinar el paradero y destino de los normalistas desaparecidos, y por eso llamó la atención “sobre la necesidad de que se revisen los más de 63 mil fragmentos óseos que habrían sido recuperados en el basurero de Cocula y en el río San Juan, y que obran en resguardo de la Procuraduría General de la República”.
Respecto a las irregularidades u omisiones que pudieran servir para corroborar que se cometieron durante la obtención de los fragmentos óseos aludidos, consideró que implicarían “la comisión de delitos o la apertura de nuevas líneas de investigación, que necesariamente tendrían que ser desahogadas con independencia de que se determine si los restos óseos hallados corresponden a los normalistas desaparecidos”.
Pidió dejar que “la ciencia hable” sobre los resultados de su investigación. “Si bien aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso tendrá en el trabajo desarrollado por la CNDH una guía y orientación”.
Revictimización de los padres
La recomendación de la CNDH presentada el 29 de noviembre fue criticada por Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En entrevista con Aristegui Noticias la abogada dijo que la información sobre los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula –que retoma en su informe la CNDH como una posible evidencia de que en el sitio fueron asesinados, quemados y tirados al río los normalistas– “puede llevar a equívocos”.
Buitrago detalló que esta versión recuperada por la CNDH en su informe podría “seguir revictimizando a los padres con la historia del basurero de Cocula”.
Este lunes tras la firma del convenio para crear una comisión investigadora del caso Ayotzinapa, una de las madres de los jóvenes desaparecidos desestimó el informe presentado por la CNDH, pues no tiene nada nuevo y retoma líneas ya descartadas.
“No nos aferramos a una visión, pero queremos todo demostrado científicamente”, exigió.
Los 43 fueron incinerados; la investigación de la PGR es “clara y contundente”, insiste Peña Nieto
“No hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”, reconoce en un video con motivo de su último informe de gobierno
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014 fueron incinerados por un grupo delincuencial, basado en las investigaciones “claras y contundentes” de la Procuraduría General de la República (PGR).
En un video difundido en su cuenta oficial de Twitter y Facebook con motivo de su sexto informe de gobierno, dijo que “se suscita el evento de Ayotzinapa, muy lamentable, la desaparición de 43 jóvenes, un 26 de septiembre del 2014”.
Agrega que la PGR atrajo lo que era un tema del orden local en el estado de Guerrero, para ver qué había ocurrido con los jóvenes que estaban desaparecidos. “De ahí vino una investigación profunda y amplia, y más cuando evidentemente se generó un eco ante la demanda muy sentida y justa de los padres de familia por saber qué había pasado con sus hijos”.
Manifestó que la investigación ahí está, pero ante la negativa y el rechazo de los padres por aceptar los alcances, donde había evidencias “claras y contundentes”, de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados en el basurero de Cocula por un grupo delincuencial que operaba en Guerrero.
Indicó que fue necesario incluso abrir la investigación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que sus integrantes pudieran conocer la averiguación de la Procuraduría.
En el video Enrique Peña Nieto expresó que “en lo personal y con el dolor que causa, y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción que lamentablemente pasó lo que justamente la investigación arrojó”.
Continúo, “sé que lamentablemente la pérdida de un hijo no hay forma de repararla, son hechos que nunca más se deben de repetir en nuestro país. Me quedo con la insatisfacción de aquello que no se logró atender suficientemente y será un gran reto para la próxima administración, que es en el ámbito de la seguridad”.
En su mensaje celebró que en los primeros años de su administración hubo una reducción significativa en los índices de criminalidad, pero lamentó que al cierre de este sexenio nuevamente hubo un repunte.
Aceptó que, “no hemos alcanzado el objetivo de darle a los mexicanos paz y tranquilidad en cualquier parte de la geografía nacional”.
El 21 de agosto en entrevista con la periodista con Denise Maerker, Enrique Peña Nieto manifestó que lo que marca su administración es “la pena que embarga a los padres, o el dolor que tuvieron o siguen teniendo durante estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos, yo espero que encuentren la paz y la tranquilidad en su interior”.
Externó que más allá de dudas y cuestionamientos se queda con la convicción de que “muy lamentablemente el crimen organizado ha permeado en los gobiernos municipales”, que tuvieron que ver en la desaparición de los jóvenes y que los hayan quemado en el basurero.
Peña Nieto aseveró que todos los elementos de la investigación concluyen lo mismo, incluso información reciente conocida por los padres y quienes le dan seguimiento a este caso saben de labores de inteligencia del gobierno norteamericano que interviene llamadas de un grupo delincuencial que operaba en Chicago y que tenía vínculos con el grupo delincuencial en México, que confirman, “los quemamos en el basurero”.
“Yo creo que esto fue lo que ocurrió, si la investigación tuvo errores y fallas bueno está abierta y sigue en curso”.
Según la PGR los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula y debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético, versión que ha sido desmentida científicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense y otros expertos.
Reprueban padres de los 43 las declaraciones de Peña Nieto respecto al caso Ayotzinapa
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos reprobaron las declaraciones de Enrique Peña Nieto, tanto en entrevistas como en un mensaje de la Presidencia de la República con motivo del Sexto Informe de Gobierno, en las que los responsabiliza de que el caso no está concluido porque ellos no aceptan la versión de que los jóvenes fueron incinerados, llamada “verdad histórica” por la Procuraduría General de la República (PGR).
“No es la reticencia de los padres y las madres a aceptar dicha versión el principal pendiente del caso, sino la ausencia de esclarecimiento sostenido en pruebas científicas irrebatibles”, señalaron los familiares.
En un escueto mensaje mencionan que la investigación de la PGR que señala que los jóvenes fueron ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas vertidas en el río San Juan, “fue reprobada por todas las instancias externas al gobierno federal que la han revisado”: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito de Reynosa, Tamaulipas.
Destacaron que contrario a lo que ha dicho Peña Nieto en entrevistas y en el promocional de la Presidencia, “los mensajes de telefonía enviados por presuntos integrantes de la delincuencia organizada la noche de los hechos desde Chicago hacia Iguala, no corroboran la hipótesis oficial como lo afirma el presidente”, sino que evidencia la existencia de “un esquema de macrocriminalidad no acotado a la esfera municipal”.
Los padres y madres consideraron contradictorias “las expresiones de solidaridad” de Peña Nieto cuando ha encabezado una “campaña en la que al menos 10 dependencias de su gobierno han presentado más de 200 recursos y escritos jurídicos para impugnar el fallo” del Tribunal Colegiado, que ordena la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso.
En su comunicado, los familiares reiteraron el llamado que han hecho al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para que “demande garantías de que no se seguirá manipulando el expediente en los meses que quedan de este sexenio, para que la próxima administración impulse la justicia y la verdad, sancionando a quienes impidieron que ésta se alcanzara”.
Para los padres y madres de los 43 en este escenario, “adquiere especial relevancia la visita a México que realizará el Mecanismo Especial y de Seguimiento creado por la CIDH para el caso, mismo que acudirá a la Normal Rural de Ayotzinapa y sostendrá reuniones con el gobierno entrante”.(Agencia Proceso / Ciudad de México).
Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre de 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que acate la instrucción del poder Judicial, y “sepulte” la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR), con la creación de una comisión especial investigadora sobre el caso Ayotzinapa, como ordenó el Primer Tribunal Colegiado del Décimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.
En conferencia de prensa este jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los familiares expresaron que la sentencia del tribunal -la cual establece que en esa comisión tengan una participación preponderante los representantes de los padres y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)-, comprueba que “el actual gobierno les ha mentido y ocultado información”, y exhortaron al presidente a expresar públicamente la voluntad de su gobierno de acatar el fallo emitido el lunes.
A cuatro días de haber sido difundida la sentencia, Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, manifestó: “señor presidente Enrique Peña Nieto, le exigimos a usted que acate la resolución del Poder Judicial, ya que ustedes mismos nos decían que todas las resoluciones iban a ser cumplidas. Exigimos la voluntad de garantizar que se realice la comisión de investigación. Pedimos una declaración de voluntad política del presidente, el gobierno nos ha fallado una y otra vez”.
Acompañados del director del Centro Prodh, Mario Patrón, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan Vidulfo Rosales, y Humberto Guerrero de Fundar Centro de Análisis e Investigación, los familiares de los 43 normalistas hicieron “un reconocimiento a los valientes magistrados” por la sentencia que reconoce múltiples irregularidades e indicios de tortura contra algunos de los indiciados.
Las madres y padres también mencionaron el informe que presentó este miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que señala que la investigación tiene muchas deficiencias, además de refrendar la inviabilidad de la versión oficial que sostenía que los estudiantes fueron calcinados en el basurero de Cocula y sus cenizas vaciadas en el río San Juan. También demandaron que los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) vuelvan al caso.
Es necesaria una expresión pública del presidente, dice el Centro Prodh
Mario Patrón resumió que “en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el gobierno federal”, por lo que es necesaria “una expresión pública del mandatario de su voluntad de acatar la sentencia. El informe de la CIDH es devastador, nos dice claramente que hay que sepultar la teoría del basurero y cumplir la sentencia”.
Remarcó que la sentencia “es inédita y da la oportunidad para crear un mecanismo extraordinario de justicia y verdad. Estamos frente a un caso de graves violaciones a derechos humanos, habla de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones arbitrarias, y justo es alrededor de las condiciones de autonomía e independencia que deberían tener los órganos de Estado en este tipo de casos, en donde son las propias instituciones públicas las que están cuestionadas en la comisión de los hechos”.
Añadió que la CIDH “instó al Estado mexicano a acatar la resolución del primer tribunal, que ordenó que se reabra la investigación”, y que “es momento en que los candidatos presidenciales se pronuncien respecto al ordenamiento judicial, toda vez que buena parte de la ejecución de la sentencia le corresponderá implementarla al próximo gobierno”.
Hasta ahora, dijo, dos de los candidatos, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, “han hablado de mecanismos especiales para que se haga justicia en el caso Ayotzinapa, ahora, a la luz de la sentencia, sería importante que todos los candidatos se pronunciaran”.
“La justicia, lenta pero segura”
Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, informó que están trabajando con los familiares las propuestas que se harán “para integrar la comisión que investigará nuevamente la desaparición de los normalistas”.
Indicó que cuando el tribunal notifique a las partes la sentencia, “el Ministerio Público tendrá 10 días hábiles para cumplir el ordenamiento de presentar peritajes independientes del Protocolo de Estambul de los inculpados que apelaron en principio a la orden de aprehensión, origen de la sentencia del tribunal colegiado.
“Lo que los magistrados piden, en el caso de los inculpados, es una investigación por las denuncias de tortura y una reposición de procedimiento acerca de un caso que fue construido sobre montajes, y una vez que ello ocurra se podrá dar lugar a la creación de la comisión en los siguientes 10 días”.
El vocero de los padres, Felipe de la Cruz insistió en que se trata de una sentencia que debe ser acatada.
“Hoy no estamos ante una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o de la Organización de Naciones Unidas, hoy es una sentencia de un juez mexicano y tiene que acatarla”.
“Una vez más se confirma que nunca existió la ‘verdad histórica’ y que el resolutivo judicial confirma que la justicia es lenta pero llega”.
Los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos informaron su decisión de rechazar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización, y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la PGR.
Asimismo propusieron una mesa para crear la comisión de la verdad.
María Elena Guerrero, madre de uno de los estudiantes desaparecidos, dijo que la sentencia les da “otro motivo para estar de pie, para sepultar la verdad histórica y que se abran nuevas líneas de investigación”.
En opinión de Blanca Nava, otra de las madres, la formación de una comisión “es una oportunidad para que regresen los expertos del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes. Es lo que queremos, porque ellos descubrieron anomalías del gobierno y dejaron líneas de investigación que no se han cumplido”.
Los padres de familia exhortaron a los candidatos presidenciales a comprometerse a cumplir la sentencia del tribunal, que ordena establecer una comisión de la verdad en caso de que no pueda lograrse en lo que resta del año.
Para incinerar a los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta borrar su ADN se habrían necesitado alrededor de 15 toneladas de madera, en el mejor de los casos, concluye un nuevo estudio científico sobre hogueras a cielo abierto.
Aun así, habría quedado alguna materia orgánica, acotan 23 expertos que participaron en una investigación publicada en la revista Fire safety journal, diario oficial de la Asociación Internacional de Ciencias de Seguridad contra Incendios.
“En condiciones ideales –cuerpos pequeños y alimentación continua de combustible– es necesario un mínimo de cinco veces el peso del cuerpo en madera seca para lograr la destrucción casi completa de toda la materia orgánica”, refiere el estudio.
Esto significa que para quemar a los 43 estudiantes al grado que indicó la Procuraduría General de la República (PGR), se habrían requerido 15 mil 50 kilogramos de madera, si cada joven pesara 70 kilos.
Según la hipótesis central de la PGR, los normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y, debido al alto nivel de exposición de calor, sus restos quedaron tan deteriorados que fue imposible obtener de ellos un perfil genético.
En la investigación titulada Estudio experimental sobre los requisitos de combustible para la degradación térmica de cuerpos por medio de la cremación de pira abierta, se encontró también que la presencia de múltiples cuerpos no favorece al fuego, sino que lo apaga.
“Es menos eficiente quemar una multitud de cadáveres que un cuerpo individual”, sostiene.
Los expertos, coordinados por Luis Yermán, y entre los que se encuentra el peruano José Torero, hicieron, con apoyo de la Universidad de Queensland, en Australia, seis diferentes piras, con uno o hasta cuatro cerdos en cada una de ellas.
“La relación entre el nivel de destrucción de un cuerpo y la eficiencia de quemado, la intensidad y la duración de los posibles incendios debe demostrarse para inferir la validez de una hipótesis de cremación”, indica el estudio.
“Un ejemplo de alto perfil donde esta correlación se convirtió en clave para establecer la validez de una hipótesis forense se relaciona con lo que se ha denominado la ‘verdad histórica’ en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”, agrega al referirse a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
Los especialistas en Australia continuaron el trabajo que dejó pendiente el grupo de peritos consensado entre la PGR y GIEI, en el que al final se advirtió la necesidad de una prueba a gran escala.
“El grupo de expertos en fuego ha convenido realizar más pruebas en las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos, los resultados de esas pruebas serán dados a conocer en su momento”, señaló entonces Ricardo Damián Torres, pero eso nunca ocurrió.
En la tercera jornada de protesta por el estudiante detenido organizada por el Colectivo Revueltas, padres de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa y dirigentes de la escuela normal convocaron a estudiantes y académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) a participar en las acciones de protesta por los tres años de los ataques y desaparición forzada de sus compañeros el 26 de septiembre.
El día del Estudiante Detenido-Desaparecido coincide con la semana internacional de la Desaparición Forzada y se conmemora cada año, por el grupo jóvenes, desde la agresión a los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, de manera independiente a Rectoría y a la dirección escolar, en la Unidad Académica de Filosofía y Letras, siempre con el acompañamiento de los padres y representantes estudiantiles de la normal rural.
El representante de los padres, Melitón Ortega, habló de la lucha de la presentación de los normalistas y de las irregularidades en el proceso, cometidas por autoridades para criminalizar a los jóvenes desaparecidos, a fin de deslindar la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública de los tres órdenes de gobierno involucrados.
Denunció que la entonces Procuraduría del estado dijo que 17 jóvenes estaban enterrados en fosas, un duro golpe para los padres, y fue descartado con el análisis de ADN del Equipo Argentino de Antropología Forense, “ahí comenzaron las inconsistencias, comenzaron a mentir y la campaña de descalificaciones” contra los estudiantes.
Añadió que cuando la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación, los padres recibían mucha información en la escuela del posible paradero de los estudiantes y pidieron que la Policía Federal fuera con ellos buscar a los estudiantes en casas abandonadas, barrancas, cerros y colonias. Ahí, “mandaban por delante a los papás, para que ellos (los padres) les dijeran a los policías por dónde ir, ¡fue pura simulación!”, recriminó.
Destacó que la intervención del mecanismo internacional de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, permitió descartar la tesis oficial del basurero de Cocula, que daba por muertos y quemados hasta las cenizas a los 43. Lamentó que el gobierno insista en mantener esa versión en la investigación, para proteger a los perpetradores y a quienes elaboran “la falsedad de la verdad histórica”.
Un dirigente estudiantil denunció que las agresiones a la normal de Ayotzinapa reflejan el odio contra una institución que abre las puertas a los jóvenes más pobres, cuyas opciones son el narcotráfico, las corporaciones policiacas o la normal rural. Por esta misma razón, los estudiantes hacen una defensa entrañable de la escuela, al grado que los cuerpos policiacos acosan cada acción de los normalistas, mientras en el estado están ocurriendo tantos asesinatos en las regiones.
Convocó a los universitarios, estudiantes y académicos, a acudir a las acciones que preparan a tres años de los hechos de Iguala.
En la jornada participaron académicos y reporteros. Hoy se espera al representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, Alan García Campos, entre otros invitados.
El gobierno abandonó las recomendaciones de los expertos internacionales en la investigación, miente y los agrede, denunciaron los padres de los 43 normalistas desaparecidos, ayer en la marcha de la Acción Global por Ayotzinapa en esta ciudad en la que participaron unos mil activistas, a 31 meses de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Como cada día 26, los padres de los normalistas desaparecidos marcharon en la Ciudad de México para expresar su indignación y reiterar sus reclamos de justicia. Este miércoles tuvo un valor simbólico particular: se cumplió un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su segundo y último informe sobre la investigación del caso Ayotzinapa.
En este documento, los expertos reafirmaron que era insostenible la llamada “verdad histórica”, señalaron irregularidades y omisiones graves en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) y pidieron a las autoridades seguir nuevas líneas de investigación, entre ellas, las acciones de los militares la noche del 26 de septiembre de 2014 y la posible vinculación del caso con las redes de tráfico internacional de heroína entre Iguala y Chicago, Estados Unidos.
Los padres señalaron que los ex titulares de la PGR, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez impidieron que las investigaciones se hicieran con verdad y justicia para las víctimas, y Raúl Cervantes, actual titular de la PGR, no indaga las cuatro líneas de investigación que propuso el GIEI.
Ayer los padres informaron que la mamá del normalista Luis Ángel Abarca Carrillo, Metodia Carrillo Lino fue hospitalizada por una crisis por un cuadro de diabetes que detonó el gas lacrimógeno que policías federales lanzaron a los padres de los desaparecidos en la Secretaría de Gobernación el martes, a donde fueron a pedir que se retomen las líneas de investigación que propuso el GIEI para esclarecer los hechos. En la noche se integró al plantón frente a la PGR.
Ratificaron que pese a las consecuencias no dejarán su lucha para exigir la presentación con vida de los 43 desaparecidos y justicia para los heridos y asesinados.
El señor Emiliano Navarrete aseguró que desde la agresión a los normalitas en Iguala, el gobierno tiene las respuestas de lo ocurrido, aunque se empecina en ocultarlo con mentiras, pero los padres están dispuestos a morir para exigir respeto.
“No vamos a dejar de buscar a nuestros hijos, aunque me llamen revoltoso. Me va a doler que pierda la vida algún compañero o compañera, pero estamos conscientes de que puede pasar y no habrá marcha atrás. Vamos a luchar para que este año nos digan dónde están nuestros hijos, ya estamos en la puerta (de la Procuraduría General de la República en un plantón), vamos a entrar en cualquier momento”, advirtió.
En el mitin político sobre la avenida Reforma, frente al hemiciclo a Juárez, reveló que los padres se han entrevistado con los detenidos, a propósito de la difusión de la detención en Querétaro de Walter Alonso Deloya Tomás, La Medusa, integrante de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos, a quien se vincula con la desaparición de los normalistas.
“Los visitamos en Almoloya para que nos digan la maldita verdad, y hasta parece que están a gusto encerrados. No van a hablar, no le conviene al gobierno que hable esta porquería”, dijo.
Mencionó que el exprocurador Jesús Murillo Karam dijo que una vez detenidos se tendrían todos los elementos de prueba para confirmar su versión de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero de Cocula. Aclaró que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, su director de seguridad pública y el líder de Guerreros Unidos ya están en prisión y los hechos siguen impunes, y la “verdad histórica” desfasada.
Aclaró que no se niegan a creer lo que diga el gobierno, pero no van a aceptar mentiras “no se puede aceptar algo que no existe”, y afirmó que fue Ejército el que desapareció a los 43 normalistas, pero “el gobierno sólo ha dado mentira, ¡nos han querido callar con mentiras!”.
La marcha
La protesta comenzó a las 4:30 de la tarde en el plantón que los padres instalaron el jueves de la semana pasada (20 de abril) en la sede de PGR, hasta que la dependencia dé algún indicio de que avanza en la investigación a los militares, que va a profundizar la investigación del trasiego de droga de Iguala a Chicago (lo que podría explicar el nivel agresión y de coordinación para los ataques a los normalistas), y entregue resultados del análisis de la telefonía celular.
Avanzaron despacio y se detuvieron en el campamento de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Industria Eléctrica, instalado en Reforma en contra de la reforma energética y por la reducción de los altos costos del servicio.
En el plantón de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) a un lado de oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), algunos manifestantes gritaron consignas de apoyo al paso de la marcha.
Más adelante el contingente encabezado por los padres se desvió a una calle lateral porque al frente se acercaba una marcha de campesinos, avanzaron por la vía lateral contraria.
Decenas de policías de la Ciudad de México permanecieron en accesos de calles alternas, como en entradas de hoteles y centros de negocios. Sólo algunas agentes de Tránsito siguieron a pie la manifestación a poca distancia de los bloques que, en distintos estilos, mantuvieron viva la protesta con bandas de música de viento, baterías, cantos y consignas de lucha. A las 6 de la tarde, comenzó el mitin político frente a la Alameda Central.
El representante de los padres, Melitón Ortega Carlos denunció el abandono del gobierno al trabajo del GIEI, “al parecer la investigación de los expertos el gobierno la está mandando al basurero”.
Ratificó que la tesis del basurero fue inventada y validada con tortura por los detenidos, manipulación de la escena y alteración de evidencia, como lo demostró el GIEI.
El papá de Jorge Álvarez Nava, Epifanio Álvarez, cuestionó, “¿hasta cuándo, nos preguntamos los padres, la madres, hasta cuándo habrá una respuesta clara, una verdad, algo que no sea sucio?, queremos abrazar de vuelta a nuestros hijos, queremos tenerlos con nosotros, tenemos que contarle todo lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido, y (saber) cómo los ha tratado este gobierno, porque ya no nos queda duda, porque es claro que no nos quieren dar respuesta”.
La mamá de César Manuel González Hernández, Hilda Hernández demandó verdad hasta las lágrimas, “son dos años y medio en los cuales hemos sido tolerantes, y a ellos no les importa entregarnos a nuestros hijos. Este dolor es muy grande como padres y madres, a veces cómo quisiéramos no estar viviendo esta pesadilla que nos atormenta cada día, pero por amor a nuestros hijos vamos a seguir hasta encontrarlos, hasta saber qué paso con ellos. Nos golpearán, nos intimidarán y nosotros no nos hacemos para atrás”.
Aclaro que no son necios, van a insistir en la presentación de sus hijos porque existen pruebas de que policías y militares participaron en los ataques y la desaparición forzada en Iguala.
Urgió a que se castigue al secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, quien cuando era director de la Agencia de Investigación Criminal manipuló evidencia en el río San Juan.
Dijo a la PGR que en los últimos dos años y medio “hemos sido tolerantes, por la vía del diálogo”, pero aseveró que, si el caso no se cerró se debe a la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La señora Cristina Bautista, de origen nahua denunció en su lengua y en español la agresión en la Segob, por la que la señora Metodia Carillo fue hospitalizada, “es una vergüenza para (el secretario Miguel Ángel) Osorio Chong que nos agreda, si no nos quiere ver gritar, exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, que nos los entreguen, claro que ellos saben dónde los tienen, a dónde se llevaron a nuestros hijos”.
El secretario general del Comité Estudiantil de Ayotzinapa llamó a la unidad en la organización y la lucha de los padres y normalistas.
Ante la agresión a los padres en la Ciudad de México no dudaron en accionar en Guerrero. Confirmó que tomaron radiodifusoras en Chilpancingo para denunciar la represión y quemaron dos camiones cuando fueron perseguidos por policías, “ellos (los policías) tienen balas, escudos, nosotros sólo tenemos la razón”.
Participaron en la protesta la Organización Popular del Poder Popular, el movimiento de San Salvador Atenco del Estado de México, representantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y del Partido Comunista de México, entre otros.
Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon ayer por Paseo de la Reforma al cumplirse 30 meses de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes desaparecidos, describió el ánimo de los padres, luego de que el gobierno federal revivió la llamada “verdad histórica” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo una lluvia tenue, los familiares marcharon del Antimonumento de los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez. Atrás de los padres caminan estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones campesinas y obreras.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos denunciaron que las autoridades pretenden cerrar la investigación de los ataques, asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes Iguala del 26 y 27 de septiembre, al sostener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de la verdad histórica, en el marco de la 30 acción global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el sentir de las consignas y discursos en la marcha y el mitin político de ayer, es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene la intención de cerrar el proceso, porque resulta muy costoso políticamente para sus aspiraciones a la Presidencia seguir administrando el caso.
No obstante, que no se han agotado las líneas de investigación abiertas, y que la línea de Huitzuco está fortalecida.
En consulta telefónica, informó que ayer, a dos años y medio de los hechos de Iguala hubo acciones en diferentes ciudades del país y en el mundo para exigir respuestas y justicia a las autoridades mexicanas. En la Ciudad de México, pese a la lluvia intensa en el comienzo de la protesta, estimó que alrededor de 3 mil personas apoyaron la manifestación. La protesta concluyó a las 7 de la noche, cuando la lluvia había terminado.
Dijo que se tenía confirmación de acciones por Ayotzinapa en Tlaxcala, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, y en Filadencia, Nueva York y Houston en EU.
Informó que una de las mamás de los 43, María de Jesús Tlatempa, participó en una manifestación en Francia, en la embajada mexicana, que es parte de una gira por Europa que comenzó en Austria, y seguirá en Madrid, Alemania e Italia.
En la Ciudad de México, ayer, tres madres de estudiantes desaparecidos: Carmelita Cruz, Cristina Bautista y Joaquina García fueron las oradores principales.
Ahí expresaron la molestia por el regreso de la “verdad histórica” en el pleno de las sesiones públicas de la CIDH en Washington, porque representa un retroceso en el curso de la exigencia de justicia y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y “que coloca en otro tono y tesitura el diálogo con el gobierno”.
