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Urge la diputada Julieta Fernández a aplicar protocolos de la Ley de Trata

El secretario general de la CTM en el estado, Rodolfo Escobar Ávila, líderes sindicales y la diputada local priista Julieta Fernández Márquez de invitada en la asamblea y conferencia de prensa en las instalaciones de la sección 28 ubicadas en la avenida Constituyentes del Barrio de la Fábrica en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Jacob Morales Antonio

La diputada local priista Julieta Fernández Marquez, afirmó que es “terrible” qué en el Ministerio Público no haya protocolos para la protección de las víctimas que acuden a denunciar.
En declaraciones luego de asistir a una reunión en las oficinas de la Federación de Trabajadores de Guerrero (FTG), la diputada opinó que es necesario la aplicación de la Ley de Trata donde se establecen protocolos.
Agregó que muchos jóvenes y adolescentes que están en calidad de desaparecidos pueden haber sido víctimas de este delito, sobre todo en las colonias populares, donde les ofrecen trabajo y salario alto.
Indicó que hay un registro en Guerrero de 369 personas desaparecidas en los primeros tres meses en el estado de entre 15 a 25 años.
La diputada expresó que muchas mujeres víctimas son amenazadas de muerte si van y denuncian, por eso dejan de hacerlo “y es terrible”.
Dijo que a esto se suma que no hay una fiscalía especializada en la trata de personas y el delito es diferente porque no se tiene que comprobar que fueron engañadas, sino que con el hecho de ser explotadas sexualmente será suficiente para ordenar la captura del victimario. “Necesitamos que la ley se aplique y que se aplique bien”.
La priista dijo que “pareciera” que el delito de trata no existe porque no hay datos ni indicadores y todos los que existen son de organizaciones civiles.

 

Urgen colectivos de víctimas aprobar la Ley de Desaparición de Personas

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Ante la “crisis humanitaria” por las cifras de desapariciones que aumentan “cada día, cada hora y cada minuto”, siete colectivos de víctimas de Guerrero exigieron la aprobación “urgente” de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Guerrero.
En un boletín de prensa denunciaron que el Estado ha violentado “grotesca y dolosamente” los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares.
Los responsables del comunicado son los colectivos de familiares de víctimas que marcharon y bloquearon la Autopista del Sol el pasado 7 de marzo para pedir al Congreso local la aprobación de esa iniciativa de ley.
Después de la protesta se reunieron con la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, quien se comprometió con los representantes de los colectivos darle seguimiento de manera conjunta a la iniciativa, pero ha incumplido con las reuniones agendadas, según denunciaron.
Derivado de ello, en su boletín de prensa exigieron ayer a los diputados de todas las fracciones parlamentarias y comisiones del Congreso local “que inmediatamente aprueben la Ley en Materia se Desaparición de Personas del estado de Guerrero, su reglamentación y presupuesto emergente suficiente que permita hacerla operativa”.
Los colectivos son: la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM); el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; el colectivo Siempre Vivos de Chilapa;
Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos;
Familiares en Búsqueda María Herrera de Chilpancingo;
Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez, y los Otros Desaparecidos de Iguala.

Falta una estrategia para detener desapariciones

Reprochan: “La falta de estrategias de seguridad para detener la desaparición de personas y la falta de atención a las llamadas victimas indirectas; esposas, hijos, hijas, hermanas, hermanos, madres y padres, han provocado que la crisis humanitaria se profundice y se amplié, con lo cual los gobiernos federal, estatal y municipal terminarán incrementando esa deuda con el pueblo de México y de Guerrero en particular”.
Refieren que mucho se ha insistido en que la desaparición forzada y por particulares en México, ha sido una práctica recurrente en Guerrero sin que hasta la fecha las víctimas directas e indirectas hayan podido acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y a las garantías de no repetición.
“El estado ha violentado grotesca y dolosamente los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias, al no darles un marco jurídico sobre el cual caminen en la búsqueda de sus familiares, ha violentado los derechos de los hijos de los desaparecidos, en muchos de ellos al negárseles el derecho a recibir la pensión de sus seres queridos, ha revictimizado y minimizado el dolor de las familias; las familias caminan gritando para ser escuchadas, pero el Estado sigue siendo omiso y sordo”.
Insistieron que, lo prioritario, es la aprobación de la Ley en Materia de Desaparición de Personas, “ya basta de hablar de agendas económicas, es necesario hablar de derechos humanos que cubran y protejan a las familias de los desaparecidos hasta encontrar a quienes les fueron quitados por la falta de capacidad del estado de velar por la seguridad de Guerrero”.
Los colectivos se quejan que cada día se incrementan las familias que caen en esta crisis humanitaria, “sin que se pueda saber con certeza las cifras oficiales de las víctimas por años, sexenios o décadas; las cifras están muy manoseadas y existe un subregistro tal que no es posible dar cifras reales, y esa es precisamente una de las intenciones con la ley pendiente en el Congreso del estado”.

Se tiene miedo a denunciar

Consideran que actualmente puede haber un número que oscila entre los cuatro y seis mil desaparecidos desde 1964, “cifras maquilladas y manipuladas cuando bien sabemos que desde hace aproximadamente diez años atrás, en todas las regiones de Guerrero el hablar de gente que desaparecen es de todos los días, pero tienen miedo a denunciar, la gente tiene miedo a hablar, mientras las cifras aumentan cada día, cada hora, cada minuto”.
Frente a las cifras de desaparecidos, los colectivos piden que el Estado “tiene que dejar de simular que la desaparición es tema prioritario en su agenda”.
Los colectivos explican que la ley que piden se apruebe permitirá un marco jurídico que garantice la coordinación de todos los organismos de búsqueda y la localización de sus familiares desaparecidos, mejorando e implementando los mecanismos necesarios.
Asimismo, garantiza un presupuesto suficiente y la reparación del daño a todas las familias a las que les han entregado los cuerpos o restos de sus familiares desaparecidos después de haberlos identificado.
También, contiene la implementación de estrategias de seguridad para garantizar la no repetición de estos hechos, así como la elaboración de políticas públicas para evitar que hombres y mujeres de todas las edades se vean compelidos a incorporarse a los grupos delincuenciales, “brindando oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo y/o comunitario, reconstruyendo el tejido social y, por consiguiente, en un futuro podamos ver la baja en niveles de violencia”.

 

Buscan impunidad para militares marchas a favor del Ejército, advierte Abel Barrera

La marcha del domingo para apoyar al Ejército en Chilpancingo Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la “exaltación” del Ejército mexicano por parte de grupos de personas que se manifestaron en su favor el domingo pasado, busca impunidad.
En tanto, el presidente del Colectivo de Esposas e Hijos de Desaparecidos y Desplazados de la Guerra Sucia, Octaviano Gervasio Serrano, informó que esas movilizaciones son una reacción a las que han realizado los familiares de víctimas del Ejército que piden justicia por sus asesinados y desaparecidos durante la llamada Guerra sucia.
El representante de las víctimas añadió que esperan que no con ello se busque una salida para la impunidad de los militares responsables.
En entrevista por teléfono, Barrera explicó que las movilizaciones del domingo son parte de la postura que tiene el gobierno federal de “enaltecer al Ejército”, haciendo abstracción de la histórica y cruenta violencia que han vivido los guerrerenses por parte de las fuerzar armadas a través de las desapariciones forzadas, ejecuciones y torturas.
Añadió que ahora que los militares tienen facultades no sólo en tareas de seguridad pública, sino como un actor político, así como en obras emblemáticas “se le quiere colocar en un nicho, como un instituto inmaculado y sacarlo de la historia de las atrocidades que ha cometido”.
Para el defensor de derechos humanos, “existe una tendencia a querer glorificar al Ejército para irlo colocando como un actor político ante el debilitamiento de las instituciones del Estado, que, dijo, deben estar fuertes y debe haber una institucionalidad basada en el derecho, en la razón, y en el respeto a los derechos humanos, no tanto en la fuerza”.
Añadió que los militares siempre van a tratar como enemigos y adversarios a los ciudadanos porque están entrenado para vencer a quien considera su enemigo y usar la fuerza de forma letal, como ha pasado en los diferentes episodios en los que ha violentado los derechos humanos.
Barrera Hernández declaró que es preocupante que no se esté considerando esta naturaleza, “que define al Ejército como un actor armado del Estado y que está llamado a actuar en tiempos de defender a la patria, de proteger las fronteras y enfrentar las amenazas externas”
Sin embargo, insistió que ahora ha sido colocado para enfrentar al enemigo interno, “y, sobre todo, en Guerrero esta estrategia de contrainsurgencia que se sigue aplicando, el enemigo interno viene siendo el luchador social, el periodista crítico, el defensor de derechos humanos, los movimientos sociales y los movimientos de víctimas”.
Agregó que eso es así porque ese es el libreto de la guerra; “los planes de contrainsurgencia que se aplicaron y que se siguen reproduciendo a lo largo de los años, independientemente que sea guerra contra el narcotráfico, es una guerra al final de cuentas”.
Explicó que esto quiere decir que se cataloga al ciudadano como un peligro; “es como ver en quien protesta, en quien levanta la voz, como un adversario al que hay que contener, acallar y hasta aniquilar como ha pasado”.
Al respecto, Barrera Hernández opinó que estamos ante un escenario poco propicio para el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque los vacíos de estas instituciones, ya sea la Fiscalía General, la
Secretaría de Seguridad Pública, los cargos estratégicos relacionados con el cuidado de las fronteras, aeropuertos o los programas del Bienestar, los están cubriendo las fuerzas armadas, sobre todo en los estados más vulnerables como Guerrero, “en detrimento de las instituciones y corporaciones civiles que deben fortalecerse”.
Barrera Hernández añadió que por ello ahora “hasta manifestaciones a favor del Ejército hay para pedir impunidad, para pedir que liberen a los militares que están siendo señalados como los que cometieron las ejecuciones en Tamaulipas”.
“Ahora estamos volviendo al pasado, en lugar de que los militares estén a disposición del Ministerio Público civil, están ante la Procuraduría de Justicia Militar y se supone que los cambios que se han dado en la Constitución son para proteger los derechos humanos de la población civil y juzgar a los militares en la jurisdicción civil.
Para Barrera Hernández esto es una situación que preocupa, “porque estamos en un ambiente de crispación social, de polarización política, y donde la tentación del uso de la fuerza está a la vuelta de la esquina, en el sentido de que la institucionalidad no está robusta en términos de que las autoridades civiles no están preparadas para hacer frente a grandes desafíos que existen en términos de seguridad, de paz, de justicia y verdad.
Insistió que hay un gran vacío y ese lo están cubriendo las fuerzas castrenses con su presencia, con sus acciones cruentas y “es un peligro para nuestro país desde la perspectiva de los derechos humanos”.

El Ejército se molesta con demandas de familias de víctimas

Octaviano Serrano, declaró por su parte que hay gente del Ejército que le molesta que los colectivos se manifiesten buscando justicia.
Recordó que en el caso de Guerrero, el 19 de febrero, Día del Ejército, se manifestaron para exigir justicia en favor de más de mil víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos, tortura, personas encarceladas injustamente y víctimas de violaciones sexuales.
El representante de un grupo de víctimas de la Guerra sucia, añadió que no descarta que la movilización del domingo en defensa de los militares haya sido como reacción a las movilizaciones que han realizado las víctimas en los cuarteles desde el año pasado.
“Como que les molesta y se sienten mal que marchemos en contra del Ejército, como la protesta que realizamos el 19 de febrero para exigir justicia, cuando hasta nos pusieron enfrente a los antimotines, como si fuéramos delincuentes”.
Añadió que es esa la causa; “les molesta que uno marche, pero nuestra marcha es de exigencia de justicia”.

 

Reporta Ssa estatal una defunción por Covid-19 y 24 casos nuevos

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que este miércoles registró una defunción a causa de Covid-19, que se reportaron 24 contagios nuevos confirmados y sumó 152 casos activos, distribuidos en 26 municipios.
En su comunicado técnico diario, la dependencia resaltó que al corte del 21 de febrero se sumó una defunción a causa del coronavirus en Guerrero. En lo que va del año, se han reportado nueve fallecimientos en enero y tres en febrero. Desde el inicio de la pandemia se acumulan 6 mil 878 víctimas de la enfermedad.
Indicó que al corte del 21 de febrero se reportaron 24 contagios nuevos confirmados. En lo que va de 2023 se han registrado mil 246 y desde el comienzo de la epidemia acumulan 118 mil 768 enfermos.
La Ssa estatal manifestó que en el país, la incidencia de casos es de 19.02 contagios por cada 100 mil habitantes, mientras que en Guerrero, la tasa es de 4.1 contagios por cada 100 mil habitantes.
Respecto a los casos activos, reportó 152, seis más que un día anterior, ubicados principalmente en Acapulco, con 63; Chilpancingo, con 41; Tlapa con nueve; Iguala y Zihuatanejo con cuatro cada uno; Ayutla, Cuajinicuilapa, Taxco y Tecoanapa con tres cada uno, y Eduardo Neri con dos.
Expuso que la ocupación hospitalaria se mantiene en 1 por ciento en el estado, al reportarse sólo una mujer de 69 años de edad internada por coronavirus, en Chilpancingo, pero con estado de salud estable. (Emiliano Tizapa Lucena / Chil-pancingo).

Promoverá el TSJ que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género

Irinea Buendía Cortez madre de Mariana Lima víctima de feminicidio, en la conferencia en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia; la flanquean las magistradas Indalecia Pacheco y Norma Leticia Méndez y la acompañan las feministas Lourdes Juárez, Marina Reyna y Rosa María Gómez Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Norma Leticia Méndez Abarca, quien asistió ayer en representación del magistrado presidente Raymundo Casarrubias Vásquez a la conferencia Sentencia Mariana Lima Buendía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se realizó en el auditorio del TSJ, anunció que esta sentencia será distribuida en todos los distritos judiciales para que los casos de violencia feminicida se juzguen con perspectiva de género.
La conferencia que disertó Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima, asesinada en junio del 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, por su esposo, el policía ministerial Julio César Hernández, se realizó en el auditorio del TSJ.
Asistieron las magistradas Norma Leticia Méndez, representante del magistrado Casarrubias Vázquez, e Indalecia Pacheco León, integrante de la Comisión de Gé-nero, así como la presidenta de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, Marina Reyna Aguilar; la integrante de la Red Estatal de Mujeres Guerreren-ses por una Vida Libre de Violencia, Rosa María Gómez Saavedra, y la coordinadora de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez Díaz.
La magistrada Méndez Abarca explicó que la Sentencia Mariana Lima Buendía, como un parámetro nacional para juzgar con perspectiva de género de la SCJN, marca los pasos que los juzgadores deben de seguir en los casos de violencia de género contra mujeres y niñas.
Dijo que estos casos deben ser atendidos con debida diligencia para prevenir la más grave que es la violencia feminicida y que los parámetros de dicha sentencia estén acordes al marco normativo internacional.
“El reconocimiento de los derechos de las mujeres mandata la obligación del Estado para prevenir, atender y sancionar todas las violencias cometidas en razón de género, priorizando la protección de su libertad, seguridad y vida a través de políticas públicas que nos permitan fortalecer las instituciones para el acceso a la justicia”, dijo.
En función de ello, anunció que la Comisión de Igualdad de Género del TSJ, llevará esta sentencia a todos los distritos judiciales para que sea conocida.
“Esta sentencia sirve como un parámetro y un parteaguas en las investigaciones y averiguaciones previas a efecto de que las carpetas de investigación queden bien integradas”, dijo.

La sentencia Mariana Lima

La Sentencia Mariana Lima Buendía fue emitida el 25 de marzo del 2015 y constituye el primer pronunciamiento de la SCJN relacionado con feminicidio.
Irinea Buendía, madre de la víctima, cuyo nombre se impuso a la sentencia, realiza un recorrido por el país dando a conocer el contenido de la sentencia, y con Guerrero ha visitado siete estados.
Por la mañana, se reunió en privado con magistrados, jueces, proyectistas y personal administrativo del TSJ a quienes dio a conocer el contenido de la sentencia.
Después, en la conferencia explicó que el documento cuenta con todos los pasos que deben seguir los investigadores y jueces en los casos de violencia hacia las mujeres.
Argumentó que cuando no hay perspectiva de género se desconocen las razones y motivos que hay para acreditar un feminicidio.
“Qué bueno que ganamos la sentencia Mariana Lima Buendía porque con ello ganamos que todas las muertes violentas de mujeres se investiguen con perspectiva de género y debida diligencia, no solo en el caso de Mariana Lima Buendía sino de todas las muertes violentas de mujeres”, dijo.
Antes, había reseñado la historia de su hija asesinada por su esposo, la negligencia y las trabas por la negligencia de las autoridades judiciales que tuvo que pasar durante cinco años, antes de la sentencia.
“Por eso esta sentencia es histórica y viene a sentar precedentes no solamente en el Estado de México sino en toda la República”, dijo.
Añadió que, ahora, cada estado tiene la obligación de integrar a su Código de Procedimientos Penales lo que se tiene que hacer y que ganamos en la sentencia de la SCJN”.
Por ejemplo, agregó que con ella se ganó que se sancionará a los servidores públicos que intervienen en una carpeta de investigación, y son omisos, negligentes, que cometen falencias, que obstruyen la investigación y obstruyen la justicia.
“Ganamos, también, la reparación del daño” y que todas las autoridades de los tres niveles y principalmente los que están en las áreas de equidad de género deben conocer qué es la perspectiva de género”.
A su vez la magistrada Indalecia Pacheco, aseguró que el Poder Judicial “está haciendo todo su esfuerzo para que se juzgue con perspectiva de género utilizando no solo esa sentencia, sino la que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) donde se establecen los estándares tanto para investigar como para juzgar.
“Esa sentencia es importante porque de manera técnica da el lineamiento federal para que las agencias del Ministerio Público entiendan que están obligadas a hacer una investigación bajo la perspectiva de género porque ahora con el nuevo sistema penal acusatorio se deja mucho que desear porque se siguen arrastrando vicios enormemente malos”, reconoció la magistrada.

Aumenta la violencia digita

Activistas del Frente Amplio Feminista de Guerrero denunciaron que hay omisión en atender el problema de violencia digital en las escuelas de nivel medio superior y superior. El coordinador de comunicación de la organización, Enrique Solano López, indicó que el año pasado registraron 120 casos y en lo que va de este 2023 van 37.
En conferencia de prensa en el Zócalo de Acapulco, Solano López indicó que la violencia digital consiste en el uso de los teléfonos celulares como medios para agredir a mujeres. Precisó que se puede manifestar con el envío de mensajes con palabras ofensivas o invitaciones a tener relaciones sexuales o imágenes de penes hacia la víctima.
El Frente informó que como parte de sus actividades realiza un monitoreo sobre el uso de la tecnología y su impacto en la violencia de género, lo que les arrojó que hay un aumento en el problema.
Añadió que las redes sociales son útiles en diferentes sentidos, pero también son la causa de nuevos problemas como robo de identidad y hasta secuestro, siendo las víctimas mujeres adolescentes. “La preocupación es que se recrudezcan este tipo de situaciones ante la omisión de una estrategia adecuada oficial”.
De Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina pidió que la Secretaría de la Mujer dé acompañamiento a las víctimas de violencia y que no las deje solas, y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que revise el protocolo violeta.
El Frente llamó al secretario de Educación Marcial Rodríguez Saldaña, y a la secretaria de la Mujer Violeta Pino Girón, a que sus campañas no se queden solo en anuncios, lonas o fotografías.
También llamó a la Fiscalía General del Estado, al TSJ y a la Secretaría de Seguridad Pública a que atiendan este problema y den cuenta de las carpetas de investigación que tienen y que avances llevan. (Daniel Velázquez).

 

Reportan en Ciudad Altamirano alza en hackeo y fraudes en cuentas de WhatsApp

Israel Flores

Durante la última semana se reportó un incremento en los robos vía WhatsApp a diferentes sectores de la población en Ciudad Altamirano, de quienes piden a su nombre depósitos bancarios.
Maestros, comerciantes, y empleados municipales informaron que fueron objeto de hackeo de sus cuentas, por personas que solicitan préstamos bancarios a sus diferentes contactos.
Les envían mensajes señalando que les urge un préstamo o un depósito que van desde los mil hasta los 20 mil, según se han presentado los reportes.
De estos casos no hay denuncia formal en el Ministerio Público pero se ha detectado un reporte en donde solicitaron apoyo de la Policía Cibernética, donde les informaron que la forma en la que están robando las cuentas de Whatsapp es solicitando las claves de acceso a través de llamadas telefónicas para lo cual bloquean haciendo llamadas al número de su víctima, al mismo tiempo para que el código quede en el buzón de voz y después los delincuentes puedan recuperar ese código ingresando al buzón de voz que por lo general cuentan con una clave genérica fácil de identificar, lo cual facilita a los delincuentes acceder y tomar el código que les han enviado.
En todos los casos están pidiendo depósitos bancarios a la cuenta 1542338500 de Bancomer a nombre de María Dolores Macario Álvarez.
El robo ha sido común como método de fraudes en donde solicitan préstamos o depósitos, las personas creen que están ayudando al dueño de la cuenta pero se trata de un fraude.

 

No acostumbrarse a la violencia y orar por las víctimas, pide el arzobispo de Acapulco

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González señaló que “vivimos días difíciles”, por lo que llamó a la ciudadanía a no acostumbrarse a la violencia y orar por las víctimas.
El prelado emitió su comunicado dominical a través de redes sociales y en el contexto de la Jornada de Oración Mensual por la Paz, cercana a la celebración de la virgen de Guadalupe.
González González dijo que “vivimos días difíciles. En algunas regiones y ciudades se ha recrudecido la violencia, recordemos hoy a quienes desde la pasada jornada de oración hasta ahora, han sido ejecutados, secuestrados, desaparecidos. Nos duele e indigna lo que les hicieron, no nos acostumbremos a esta situación”.
Pidió orar por ellos y por sus familiares, así como por quienes sufren de extorsión y quienes tienen que pagar un tributo por sus cosechas, incluso, por las autoridades para que puedan encontrar la mejor estrategia y cumplan proteger a la ciudadanía, respetando los derechos humanos y las leyes.
El arzobispo pidió reflexionar durante la celebración de la virgen de Guadalupe y todos “acojamos su invitación a la unidad nacional por la paz”.
También llamó a reforzar las medidas preventivas ante el aumento en casos de Covid-19, sobre todo en Acapulco, y leyó un fragmento del comunicado de la Secretaría de Salud del estado. Recordó que el cuidado de uno es en beneficio de todos. (Jacob Morales Antonio).

 

Destaca Astudillo atención a víctimas y protección a defensores y periodistas

Fomento del estado de derecho, atención a víctimas, proteccion a defensores de derechos humanos y periodistas, crecimiento económico, éxito en turismo, educación, infraestructura carretera y servicios públicos, pero en Salud no hay techo financero para personal y medicamentos, reconoció ayer el gobernador, Héctor Astudillo Flores, al ofrecer datos de sus tercer año de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.
En tanto que por sus logros de gobierno, fue reconocido por el presidente Enique Peña Nieto a través de su enviado personal, el el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa.
Mientras que por parte del Congreso del Estado no hubo respuesta al tercer informe de gobierno. La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada priista, Verónica Muñoz Parra se limitó a felicitarlo.
En la parte de su tercer informe en la que aporta los datos que sustentan sus acciones de gobierno, Astudillo Flores ratificó que su gobierno a la mitad de su mandato, se mantiene firme en atender a quienes demandaron la protección y el apoyo del estado, y por eso creo la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se impartieron 7 mil 500 asesorías jurídicas, cerca de 460 atenciones sicológicas y 940 gestiones en materia de trabajo social. A su vez, se otorgaron medidas de atención las víctimas indirectas por alrededor de un millón 800 mil pesos.
También resaltó que en abril de 2018, crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Guerrero, lo que les permitió que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, les diera un crédito por 10 millones de pesos que, complementados con recursos propios, permitieron atender la urgente necesidad de identificar a víctimas hasta ahora desconocidas.
Sobre la población migrante, informó que establecieron el Programa Guerrero Contigo, y entregaron de manera gratuita mil 400 certificados de inscripción de doble nacionalidad.
En la protección de la infancia, dijo que es una prioridad de su gobierno y con el Programa Alerta Amber emitieron 120 declaratorias, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad.
En materia de protección civil, informó que siguen contrarrestando los impactos del huracán Max, al concluir la rehabilitación de 62 escuelas y que también fueron rehabilitadas 29 unidades médicas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica y se rehabilitaron las carreteras, gestionaron cerca de 100 millones de pesos para apoyar a empresas afectadas por el huracán y por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Para el agro guerrerense, implementó el Programa Prevención y Manejo de Riesgos, que hizo válida la póliza del seguro agrícola por 23 millones 700 mil pesos, sobre más de 15 mil 700 hectáreas, en favor de casi 20 mil productores y hectáreas que fueron afectados por el huracán.
Para reparar los daños causados, dijo que dispuso de recursos del Fonden por mil 296 millones de pesos.

El Guerrero próspero

El gobernador enfatizo que de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 Guerrero registró un crecimiento económico anual por encima del 5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a Guerrero entre las tres entidades mejor posicionadas.
Mientras que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, registró en el primer semestre 2018 un crecimiento de 10.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que se debe al comportamiento positivo de las actividades relacionadas con la minería, la construcción y las manufacturas.
En materia de promoción turística, invertió 331 millones y medio de pesos de Inversión Estatal Directa, en apoyos al Consejo de Promoción Turística de México, socios comerciales y recursos del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, lo que representó un aumento de más del 17.3 por ciento comparado con el segundo año de gobierno.
De turismo, precisó que es una vocación emblemática que identifica a Guerrero y que realizaron 264 eventos de alto impacto promocional, que generaron una afluencia superior a 1 millón 500 mil turistas y proyectaron nuestros destinos turísticos a nivel nacional e internacional. Esta cifra de un millón 500 mil se refiere a visitantes por eventos de convenciones.
Volvió a informar que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador también ha ofrecido que el Tianguis Turístico continúe como se ha venido desarrollando, un año en Acapulco y otro año en otro punto turístico. Por esta información los presentes le aplaudieron.
En obras públicas, informó que destinó mil 700 millones de pesos para mil 536 obras y acciones, de las cuales mil 100 se encuentran concluidas y menos de 430 están aún en proceso.
Con 370 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conservó y reconstruyó caminos en las siete regiones del estado y 58 tramos carreteros, obras que actualmente se encuentran con un avance promedio del 50 por ciento.
En vivienda con al Sedatu, construyeron arriba de 7 mil 100 cuartos dormitorios, con una inversión de más 355 millones 300 mil pesos.
Sobre el agua potable, dijo que 15 mil habitantes guerrerenses se incorporaron al servicio y 9 mil personas al drenaje sanitario. Y canalizó una inversión superior a los mil 30 millones de pesos en agua potable, alcantarillado y saneamiento, en atención a las zonas urbanas rezagadas.
A fin de contribuir a la certidumbre y confianza de los inversionistas de la Zona Económica Especial de Puerto Unión, dio a conocer que propuso un paquete de incentivos fiscales: exención del Impuesto Sobre la Renta durante diez años; tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, y tratamientos especiales en seguridad social y régimen aduanero.
Y que ha firmado ya cartas de intención con seis empresas transnacionales para una inversión asegurada de 2 mil 500 millones de dólares, que se prevé que generen 3 mil 500 empleos directos.
En la construcción del Distribuidor Vial Crucero Chichihualco, en Chilpancingo, dio a conocer un presupuesto de 130 millones de pesos, donde encontraron problemas de suelo, que están atendiendo y esperan inaugurar el 1 de diciembre.
En educación atendió una matrícula de casi un millón 159 mil alumnos, por más de 70 mil maestros en cerca de casi 12 mil escuelas.
Algunos logros indican que el grado promedio de escolaridad pasó de 7.7 años para el ciclo escolar 2014-2015, a 7.9 años para el ciclo 2016-2017.
De igual forma, la cobertura de educación preescolar se incrementó del 87.4 por ciento al 91.3 por ciento. En tanto que la eficiencia terminal de educación primaria fue del 97 por ciento y la de secundaria 82.9 por ciento.
Finalmente, la cobertura de educación media superior se incrementó del 60.2 a casi 66 por ciento; mientras que el analfabetismo bajó de 13.5 a 11.4 por ciento.

Salud sin techo financiero

Aceptó que en Salud han vivido una etapa especialmente complicada en el tema de personal y en el tema de medicamentos, porque la Secretaria de Salud es una institución con personal que no tiene techo financiero para el suficiente pago, y sus recursos humanos no alcanzan para atender los hospitales y centros de salud.
A pesar de las carencias dijo que brindó cobertura en salud, mediante mil 100 establecimientos médicos, distribuidos por todo el estado. Mil 74 pertenecen a la Secretaría de Salud, atendiendo a 2 millones 240 mil personas.

Deuda pública, igualdad de género

Informó, que la deuda pública recibida originalmente era de dos mil 374.4 millones de pesos, pero a junio de 2018 se redujo a mil 981.8 millones de pesos, una reducción del 16.6 por ciento respecto al inicio de la administración.
También informó el apoyo a mil 400 emprendedores, donde invertió tres millones 400 mil pesos, para fomentar proyectos productivos y empleos.
“Para la estrategia de igualdad de género ejercimos 109 millones 400 mil pesos de inversión estatal y federal.
“Llevamos a cabo más de 11 mil 500 acciones de atención psicológica, médica, de trabajo social y orientación jurídica, en beneficio de siete mil 586 mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia.
“Para dar atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, se realizaron acciones con una inversión de 25.8 millones de pesos, de los cuales 19 millones corresponden al estado y 6.8 a la federación”.

Reconocimiento de Peña Nieto

El representación del presidente, Enrique Peña Nieto, el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, le hizo un reconocimiento al gobernador por su tercer informe.
“Me es muy grato, para un servidor cumplir con el encargo que me han dado al refrendar al gobernador Héctor Astudillo Flores y a toda la sociedad guerrerense, el aprecio y reconocimiento del gobierno de la República por todo lo que juntos se ha logrado”.
Al secretario de la Sagarpa, Baltazar Ochoa, le cedieron la palabra al final de la sesión solemne y dijo sentirse honrado al acudir a esa soberanía.
“Hoy aquí el gobernador del estado ha descrito de forma detallada la atención que su gobierno ha dado a los temas centrales del desarrollo económico, del desarrollo rural, de la educación, la salud, el empleo, el desarrollo urbano y la seguridad y todas las acciones y obras que ha requerido el ejercicio del gobierno en cumplimiento del mandato del pueblo de Guerrero”.

 

La inseguridad, tema de Astudillo y los partidos en el tercer informe

El problema de Guerrero no son las diferencias
políticas, sino la violencia, sostiene el gobernador

“El problema de Guerrero no es político, es la violencia”, sostiene Astudillo en su informe

Sostiene que a partir de las estrategias conjuntas de los órganos de seguridad federal y del estado se logró disminuir en más del 26% los delitos en el estado. Destaca la intervención que hubo en las policías de Acapulco, Chilpancingo y Zihuatanejo. Defiende la reforma al artículo 14 de la Constitución local, y sostiene que no limita las atribuciones de la Policía Comunitaria. La seguridad será prioridad en el presupuesto de 2019. Reivindica la autoría de la iniciativa de legalizar la amapola

 

En su mensaje ante el pleno del Congreso del Estado, por su tercer año de gobierno, el gobernador Héctor Astudillo Flores afirmó que “el problema de Guerrero no es político, el problema de Guerrero es la violencia”.
Informó que las tareas de inteligencia con el gobierno federal, les han permitido detectar la presencia de seis grupos criminales de alcance nacional y 14 grupos locales, sin mencionarlos por su nombre.
Dijo que se han detenido a casi mil 100 personas vinculadas con actividades ilícitas o con la comisión de un delito, además de ser presentadas ante la autoridad ministerial 340 imputados; se rindieron más de 10 mil 700 informes de investigación, fueron recuperados mil 250 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 174 armas largas, 326 cortas, dos lanzagranadas, 12 granadas y 20 mil 618 municiones de diversos calibres.
Otro dato que destacó es que su gobierno participó en 88 operativos conjuntos en materia de seguridad pública. Y que en la lucha y combate al delito de secuestro se liberaron 46 víctimas y se detuvieron 43 probables responsables.
Reiteró que el principal problema de Guerrero es la violencia y aseguró que por las estrategias conjuntas de los órganos de seguridad federal y del estado, obtuvieron “mejores resultados”, porque en este año en relación al 2017, “disminuyó más del 26 por ciento de la incidencia del impacto delictivo”.
Optimista, precisó que el delito de robo en Guerrero ha caído 27.6 por ciento. Las modalidades de robo a la baja son: robo a transeúntes en casi 60 por ciento; de vehículos en 15 por ciento; a casas habitación en cerca del 17 por ciento y a negocios en 6.6 por ciento.
También presumió que evaluaron con éxito a más de 4 mil elementos de las instituciones de seguridad pública, de nuevo ingreso y permanencia. Y en el en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, avanzaron el 94 por ciento en la evaluación del personal activo.
Informó que en un esfuerzo coordinado con el Ejército mexicano, la Marina Armada de México, la Policía Federal, la Policía del Estado, así como de las policías ministeriales de la Fiscalía del Estado y de la PGR, procedió a desarmar a las policías de Zihuatanejo, por contar con pruebas suficientes para presumir la infiltración de la corporación municipal por parte de grupos delictivos.
Tambiñen señaló que en enero pasado intervinieron para hacer una revisión de fondo en la policía municipal de Chilpancingo.
Y otro caso reciente fue el ocurrido el pasado mes de septiembre en Acapulco, en donde desarmaron a 2 mil 112 policías, y la Fiscalía General del Estado detuvo a dos de sus mandos por presuntas responsabilidades delictivas.
Luego informó que como un bastión más para la seguridad de los guerrerenses, destinaron con el gobierno federal recursos para la construcción del Cuartel Militar de Teloloapan, el cual aloja el 41 Batallón de Infantería, en donde el gobierno del estado destinó 280 millones de pesos para la construcción de estas instalaciones.
Los asistentes y diputados, brindaron un largo aplauso cuando reconoció a marinos, soldados, policías federales y estatales, por su ayuda.
En otro tema que tiene que ver con la seguridad, el de la Policía Comunitaria, el gobernador informó que con la pasada Legislatura, donde su partido el PRI tenía la mayoría, aprobaron el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena, como un sistema auxiliar de la autoridad estatal.
Explicó que ese sistema contribuirá al orden público, a la preservación de la paz social y obedecerá al Sistema Normativo Indígena.
No se refirió al rechazo que esa ley causó entre los pueblos indígenas, pero resaltó que con ese marco legal podrá haber Asambleas Comunitarias y Comités de Policía Comunitaria Indígena en cada comunidad, a través de las cuales se establecerá una “colaboración estrecha” con el Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Y que cada uno de sus integrantes será un policía con cargo honorífico, voluntario y gratuito, designado en asamblea por sus propios vecinos y así promoverá y garantizará la justicia comunitaria.
Antes al inicio de su mensaje, Astudillo Flores enfatizó que Guerrero necesita que el ejercicio pleno de los derechos sociales y culturales sean una realidad y por ello promovió en el Congreso del Estado la reforma al artículo 14 de la Constitución local, para delimitar las competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, entre los sistemas normativos indígenas y el marco jurídico de la entidad.
Justificó que no trató de “disminuir la presencia ni la fuerza de la Policía Comunitaria Indígena, sino por el contrario, de darle un mayor marco jurídico que permitiera que todos aquellos grupos organizados indígenas, pudiesen encuadrar correcta y legalmente sus policías comunitarias indígenas”.
Además que esas modificaciones, contribuyen a que las mujeres y niñas de estos núcleos, no sean objeto de matrimonios por acuerdos económicos.
Mientras que la población indígena y afromexicana se beneficiará de acuerdo a estas reformas, con la percepción directa de hasta el 70 por ciento de los derechos de explotación racional de los recursos naturales de las comunidades, para destinarlos a la obra pública que así determinen estas comunidades.

La amapola, detonante de la economía de campesinos

El gobernador les recordó a los diputados que hace dos años promovió la legalizacion para uso medicinal de la amapola, y se congratuló que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene el mismo propósito.
Reiteró que la legalización de la siembra de la amapola es un tema central con beneficios múltiples, porque disminuiría la violencia en la entidad y el país, donde se produce droga por cultivo.
La bondad de la legalización de la amapola con fines medicinales, permitirá formalizar empleos de la población guerrerense, mejorarían las condiciones de los campesinos y jornaleros, y se les brindaría una alternativa para abandonar las condiciones de pobreza y detonará el desarrollo de la región, pero sobre todo, legalizar la amapola con fines medicinales, constituye una alternativa a una política prohibicionista, que no ha dado resultados, dijo.

La nueva realidad en Guerrero, pese a la violencia

En su tercer informe que inicio a las 10:20, el gobernador destacó que hay en la entidad una situación distinta a la que recibió hace tres años cuando inició su periodo de gobierno (en el que hubo dos gobernadores en cuatro años, Angel Aguirre Rivero del PRD y Rogelio Ortega Martínez, propuesto por el PRD), porque ahora puede hacer planes y programas públicos y hay condiciones para la inversión.
Y que pese a los desastres naturale y la violencia, el turismo sigue siendo el motor de la economía.
La mañana de este miércoles, el gobernador acudió al Congreso a la sesión solemne para dar cuenta del estado que guarda la administración pública y rendir cuentas, aunque por el formato aprobado no hubo preguntas ni debate ni interpelaciones, pero sí escuchó las posturas expuestas por cada uno de los coordinadores parlamentarios y representantes de los partidos, MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y Morena.

Destaca Astudillo atención a víctimas y
protección a defensores y periodistas

Reconoce que en Salud no hay techo financiero suficiente para pago de personal y falla el abastecimiento de medicamentos. Expone que de acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 hubo un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a la entidad entre las tres mejor ubicadas

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Fomento del estado de derecho, atención a víctimas, proteccion a defensores de derechos humanos y periodistas, crecimiento económico, éxito en turismo, educación, infraestructura carretera y servicios públicos, pero en Salud no hay techo financero para personal y medicamentos, reconoció ayer el gobernador, Héctor Astudillo Flores, al ofrecer datos de sus tercer año de gobierno ante el pleno del Congreso del Estado.
En tanto que por sus logros de gobierno, fue reconocido por el presidente Enique Peña Nieto a través de su enviado personal, el el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa.
Mientras que por parte del Congreso del Estado no hubo respuesta al tercer informe de gobierno. La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada priista, Verónica Muñoz Parra se limitó a felicitarlo.
En la parte de su tercer informe en la que aporta los datos que sustentan sus acciones de gobierno, Astudillo Flores ratificó que su gobierno a la mitad de su mandato, se mantiene firme en atender a quienes demandaron la protección y el apoyo del estado, y por eso creo la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Explicó que a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se impartieron 7 mil 500 asesorías jurídicas, cerca de 460 atenciones sicológicas y 940 gestiones en materia de trabajo social. A su vez, se otorgaron medidas de atención las víctimas indirectas por alrededor de un millón 800 mil pesos.
También resaltó que en abril de 2018, crearon la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Guerrero, lo que les permitió que la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, les diera un crédito por 10 millones de pesos que, complementados con recursos propios, permitieron atender la urgente necesidad de identificar a víctimas hasta ahora desconocidas.
Sobre la población migrante, informó que establecieron el Programa Guerrero Contigo, y entregaron de manera gratuita mil 400 certificados de inscripción de doble nacionalidad.
En la protección de la infancia, dijo que es una prioridad de su gobierno y con el Programa Alerta Amber emitieron 120 declaratorias, lo que permitió localizar y recuperar a 81 menores de edad.
En materia de protección civil, informó que siguen contrarrestando los impactos del huracán Max, al concluir la rehabilitación de 62 escuelas y que también fueron rehabilitadas 29 unidades médicas en Acapulco, Costa Grande y Costa Chica y se rehabilitaron las carreteras, gestionaron cerca de 100 millones de pesos para apoyar a empresas afectadas por el huracán y por el sismo del 19 de septiembre del año pasado.
Para el agro guerrerense, implementó el Programa Prevención y Manejo de Riesgos, que hizo válida la póliza del seguro agrícola por 23 millones 700 mil pesos, sobre más de 15 mil 700 hectáreas, en favor de casi 20 mil productores y hectáreas que fueron afectados por el huracán.
Para reparar los daños causados, dijo que dispuso de recursos del Fonden por mil 296 millones de pesos.

El Guerrero próspero

El gobernador enfatizo que de acuerdo al Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, en el primer trimestre de 2018 Guerrero registró un crecimiento económico anual por encima del 5 por ciento, respecto al mismo periodo de 2017, que coloca a Guerrero entre las tres entidades mejor posicionadas.
Mientras que el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa, registró en el primer semestre 2018 un crecimiento de 10.6 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y que se debe al comportamiento positivo de las actividades relacionadas con la minería, la construcción y las manufacturas.
En materia de promoción turística, invertió 331 millones y medio de pesos de Inversión Estatal Directa, en apoyos al Consejo de Promoción Turística de México, socios comerciales y recursos del impuesto a la prestación de servicios de hospedaje, lo que representó un aumento de más del 17.3 por ciento comparado con el segundo año de gobierno.
De turismo, precisó que es una vocación emblemática que identifica a Guerrero y que realizaron 264 eventos de alto impacto promocional, que generaron una afluencia superior a 1 millón 500 mil turistas y proyectaron nuestros destinos turísticos a nivel nacional e internacional. Esta cifra de un millón 500 mil se refiere a visitantes por eventos de convenciones.
Volvió a informar que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador también ha ofrecido que el Tianguis Turístico continúe como se ha venido desarrollando, un año en Acapulco y otro año en otro punto turístico. Por esta información los presentes le aplaudieron.
En obras públicas, informó que destinó mil 700 millones de pesos para mil 536 obras y acciones, de las cuales mil 100 se encuentran concluidas y menos de 430 están aún en proceso.
Con 370 millones de pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, conservó y reconstruyó caminos en las siete regiones del estado y 58 tramos carreteros, obras que actualmente se encuentran con un avance promedio del 50 por ciento.
En vivienda con al Sedatu, construyeron arriba de 7 mil 100 cuartos dormitorios, con una inversión de más 355 millones 300 mil pesos.
Sobre el agua potable, dijo que 15 mil habitantes guerrerenses se incorporaron al servicio y 9 mil personas al drenaje sanitario. Y canalizó una inversión superior a los mil 30 millones de pesos en agua potable, alcantarillado y saneamiento, en atención a las zonas urbanas rezagadas.
A fin de contribuir a la certidumbre y confianza de los inversionistas de la Zona Económica Especial de Puerto Unión, dio a conocer que propuso un paquete de incentivos fiscales: exención del Impuesto Sobre la Renta durante diez años; tasa de cero por ciento del Impuesto al Valor Agregado, y tratamientos especiales en seguridad social y régimen aduanero.
Y que ha firmado ya cartas de intención con seis empresas transnacionales para una inversión asegurada de 2 mil 500 millones de dólares, que se prevé que generen 3 mil 500 empleos directos.
En la construcción del Distribuidor Vial Crucero Chichihualco, en Chilpancingo, dio a conocer un presupuesto de 130 millones de pesos, donde encontraron problemas de suelo, que están atendiendo y esperan inaugurar el 1 de diciembre.
En educación atendió una matrícula de casi un millón 159 mil alumnos, por más de 70 mil maestros en cerca de casi 12 mil escuelas.
Algunos logros indican que el grado promedio de escolaridad pasó de 7.7 años para el ciclo escolar 2014-2015, a 7.9 años para el ciclo 2016-2017.
De igual forma, la cobertura de educación preescolar se incrementó del 87.4 por ciento al 91.3 por ciento. En tanto que la eficiencia terminal de educación primaria fue del 97 por ciento y la de secundaria 82.9 por ciento.
Finalmente, la cobertura de educación media superior se incrementó del 60.2 a casi 66 por ciento; mientras que el analfabetismo bajó de 13.5 a 11.4 por ciento.

Salud sin techo financiero

Aceptó que en Salud han vivido una etapa especialmente complicada en el tema de personal y en el tema de medicamentos, porque la Secretaria de Salud es una institución con personal que no tiene techo financiero para el suficiente pago, y sus recursos humanos no alcanzan para atender los hospitales y centros de salud.
A pesar de las carencias dijo que brindó cobertura en salud, mediante mil 100 establecimientos médicos, distribuidos por todo el estado. Mil 74 pertenecen a la Secretaría de Salud, atendiendo a 2 millones 240 mil personas.

Deuda pública, igualdad de género

Informó, que la deuda pública recibida originalmente era de dos mil 374.4 millones de pesos, pero a junio de 2018 se redujo a mil 981.8 millones de pesos, una reducción del 16.6 por ciento respecto al inicio de la administración.
También informó el apoyo a mil 400 emprendedores, donde invertió tres millones 400 mil pesos, para fomentar proyectos productivos y empleos.
“Para la estrategia de igualdad de género ejercimos 109 millones 400 mil pesos de inversión estatal y federal.
“Llevamos a cabo más de 11 mil 500 acciones de atención psicológica, médica, de trabajo social y orientación jurídica, en beneficio de siete mil 586 mujeres, hijas e hijos, en situación de violencia.
“Para dar atención a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, se realizaron acciones con una inversión de 25.8 millones de pesos, de los cuales 19 millones corresponden al estado y 6.8 a la federación”.

Reconocimiento de Peña Nieto

El representación del presidente, Enrique Peña Nieto, el secretario de la Sagarpa, Baltazar Hinojosa Ochoa, le hizo un reconocimiento al gobernador por su tercer informe.
“Me es muy grato, para un servidor cumplir con el encargo que me han dado al refrendar al gobernador Héctor Astudillo Flores y a toda la sociedad guerrerense, el aprecio y reconocimiento del gobierno de la República por todo lo que juntos se ha logrado”.
Al secretario de la Sagarpa, Baltazar Ochoa, le cedieron la palabra al final de la sesión solemne y dijo sentirse honrado al acudir a esa soberanía.
“Hoy aquí el gobernador del estado ha descrito de forma detallada la atención que su gobierno ha dado a los temas centrales del desarrollo económico, del desarrollo rural, de la educación, la salud, el empleo, el desarrollo urbano y la seguridad y todas las acciones y obras que ha requerido el ejercicio del gobierno en cumplimiento del mandato del pueblo de Guerrero”.

Llama el PRI en el Congreso a una cruzada por
la reconciliación y para recuperar la seguridad

El coordinador de la bancada, Héctor Apreza, convoca “a los poderes públicos y a la sociedad” a combatir la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas

Rosalba Ramírez

Chilpancingo

En la sesión con motivo del tercer informe de gobierno de Héctor Astudillo Flores, el coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón, convocó a los poderes públicos “y a la sociedad en su conjunto” a impulsar una cruzada para el combate a la corrupción y fortalecer la rendición de cuentas, “y especialmente una cruzada por recuperar la seguridad ciudadana”.
El llamado del priista fue similar al que realizó el 19 de octubre del 2017 el gobernador en esa misma tribuna, cuando rindió su segundo informe, y aprovechó para convocar a los poderes Legislativo y Judicial, pero también a los alcaldes, a un Pacto por la Seguridad, que con los partidos políticos sólo se concretó en dar seguridad a candidatos amenazados en el proceso electoral pasado.
Apreza Patrón aprovechó la presencia de diferentes actores en el recinto para convocarlos a que juntos, “poderes públicos, a los órdenes de gobierno y sociedad en su conjunto, a que impulsemos juntos una cruzada por la reconciliación social de Guerrero, donde la rendición de cuentas sea práctica cada vez más normal y más fortalecida y en la que todos trabajemos por recuperar la seguridad ciudadana… en contra de la violencia, la desigualdad, la corrupción y la impunidad”.
A nombre de la bancada priista, expresó a Astudillo Flores “nuestro respaldo absoluto en todas aquellas causas que son para el beneficio de Guerrero, lo conocemos y lo reconocemos como un hombre de trabajo que está incansablemente recorriendo el estado, qué bueno que así sea, lo invitamos a que no decaiga, a que continúe, cuenta con nosotros”.
Al presidente de la República electo, Andrés Manuel López Obrador, le envió el mensaje que “con el grupo parlamentario de el PRI, cuenta en todos aquellos aspectos que sean para el bien de Guerrero, unamos esfuerzos, juntos podemos construir la nueva historia que necesita Guerrero, nuestras coincidencias deben ser mayores que nuestras diferencias”.
Dijo también que los tiempos exigen entendimiento y corresponsabilidad en el quehacer político y pidió que “no nos distraigamos en apasionamientos del pasado”.
Dijo también que en los tres primeros años de gobierno de Astudillo Flores, hubo avances sustanciales, “usted da la cara y dice: ‘aquí estoy y da la cara, bienvenida la critica constructiva’”, pero llamó a “los actores sociales a que no sólo se queden en la crítica y digan en que están dispuestos a participar en la terea de reconstruir Guerrero”.
A tres años del gobierno de Héctor Astudillo Flores, el coordinador de la bancada del PRI insistió en que fue un logro salir del problema de gobernabilidad en el estado con el que inició la actual administración.
“Guerrero estaba en una crisis política, social y financiera notable que colocó al Estado en una situación de posible desaparición de poderes”, reiteró Héctor Apreza.
Incluso dijo que “Guerrero en ese momento se estaba desangrando, se estaba desintegrando como sociedad”, en referencia a la movilización social que se generó a partir del ataque, detención y desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala a manos de policías municipales y sicarios, a quienes el priista no mencionó.
Apreza Patrón continuó detallando cómo recibieron el gobierno hace tres años, antes de hablar del último año de gobierno de Héctor Astudillo Flores que era el tema en la sesión solemne.
El ex secretario de Finanzas y Administración de Astudillo Flores, festejó que “hoy Guerrero vive una situación diferente a la señalada. En estos tres años el diálogo se restableció como eje para analizar los problemas, dirimir las diferencias y lograr entendimientos de beneficio colectivo”.
Aplaudió también que la actividad turística “se relanzó, las inversiones públicas y privadas han fluido, generando empleo e ingresos para las familias guerrerenses. Las obligaciones financieras del gobierno se cumplen; y los programas sociales se desarrollan normalmente para atender a los grupos mas necesitados de Guerrero”.
Apreza Patrón aprovechó su intervención en tribuna para agradecer al presidente de la República priista Enrique Peña Nieto “el apoyo” para Guerrero en las afectaciones por desastres naturales.

 

 

 

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa

Ordena un tribunal una comisión de la verdad para el caso Ayotzinapa; PGR no fue imparcial

Estará integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el MP federal, y las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse. Por la resolución de un amparo se deberá reponer el proceso a cuatro presos presuntos miembros de Guerreros Unidos

Agencia Reforma

Ciudad de México

En un hecho inédito un tribunal federal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, al concluir que la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
La comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, pero sólo las dos primeras decidirán las líneas de investigación y las pruebas que deberán desahogarse, de acuerdo con el fallo judicial.
Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con sede en Reynosa, Tamaulipas, determinaron en el mismo fallo reponer el procedimiento a Gildardo López Astudillo, El Gil, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Salvador Reza Jacobo, presuntos miembros de Guerreros Unidos.
“Debido a que en México, lamentablemente no contamos con una Fiscalía independiente, se considera que el mecanismo a implementar en el caso concreto, a fin de contrarrestar y superar los defectos en la investigación”, afirma, el fallo “consiste en permitir que sean las propias víctimas, en específico los familiares de los estudiantes desaparecidos, quienes dirijan la investigación, desde luego, con la participación del Ministerio Público.
“De ese modo entre el Ministerio Público, los representantes de las víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se integrará una comisión, con permanente y estrecha relación, especialmente entre estos dos últimos, a la que para efectos de mayor precisión y claridad se denominará Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)”, dice el fallo suscrito por los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez.
En esta comisión podrá validarse la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
Según la resolución a los cuatro presuntos delincuentes también se les deberá volver a determinar su situación jurídica sólo en el proceso iniciado por el delito de delincuencia organizada, derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El colegiado refiere que para definir si serán o no procesados, antes se deberá requerir a la PGR para que presente dictámenes independientes en las pruebas del Protocolo de Estambul.
De no hacerlo, según el tribunal, el juzgado a cargo del proceso deberá dar por ciertos los testimonios de los presuntos sicarios de Guerreros Unidos y concluir que, efectivamente fueron torturados.
Esto no implicaría en automático la libertad de los presuntos sicarios, sino la cancelación de sus confesiones como pruebas en el juicio. pues en el caso Ayotzinapa la mayoría de los imputados tienen dos procesos por delitos graves en curso.
Los magistrados invocan en su sentencia el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, previsto en el Artículo 17 constitucional, cuyo objeto es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repitan este tipo de graves violaciones de derechos humanos.
También justifican su fallo en los artículos 20 y 21 constitucionales sobre el derecho de las víctimas a participar en la investigación y la atribución para indagar del Ministerio Público.
Los quejosos que con sus amparos propiciaron la orden para crear la Comisión de la Verdad son Gildardo López Astudillo, El Gil, acusado de ordenar la captura, asesinato e incineración de los 43 normalistas la noche del 26 de septiembre de 2014.
También Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, Duba o Duvalín, supuesto lugarteniente de El Gil; Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los acusados de incinerar a los estudiantes, y Salvador Reza Jacobo, halcón o vigilante de Guerreros Unidos.

Rechaza la PGR la orden del tribunal; desconoce división de poderes y facultades del MP, reclama

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron la creación de una Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público federal.
En un comunicado la dependencia dijo que si bien no ha sido notificada oficialmente del fallo, ya hizo una revisión de la versión pública de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas y, con base en ella manifiesta su desacuerdo.
“La PGR no ha sido notificada hasta este momento, sin embargo realiza un análisis sobre la versión pública de la resolución del amparo en revisión dado a conocer por el Poder Judicial de la Federación para determinar las acciones que correspondan conforme a derecho”, indicó en un comunicado.
“No se comparte el criterio de los magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, pues desconoce la división de poderes y las facultades de persecución, investigación y el ejercicio de la acción penal que, de acuerdo al Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Ministerio Público de la Federación”.
En la resolución el tribunal concluye que la investigación de la PGR sobre la desaparición de los normalistas no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.
Ordenó reponer el procedimiento a cuatro implicados en el caso por existir indicios de que su confesiones fueron obtenidas bajo tortura.
Al respecto la PGR señaló que la Unidad Especializada tiene abiertas diversas carpetas de investigación en las que constan los dictámenes practicados por peritos certificados y con autonomía técnica, conforme al Protocolo de Estambul.
“La investigación continúa y se trabaja en diferentes líneas, entre ellas las sugeridas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Seguimiento, y toma en cuenta las observaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, añadió.
“La Procuraduría General de la República continuará ejerciendo sus facultades constitucionales, en estricto respeto a los derechos humanos y el debido proceso”. (Agencia Reforma / Ciudad de México).

 

Celebran ONG el fallo por el caso Ayotzinapa y califican de “histórica” la sentencia

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las asociaciones civiles de derechos humanos que representan a los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, calificaron de “histórica” la sentencia del Tribunal Colegiado de Tamaulipas que ordenó reponer el procedimiento de la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, y la creación de una Comisión para la Justicia y la Verdad para este caso.
Destacaron entre otros puntos de la sentencia, “la actuación parcial y sin autonomía” de la Procuraduría General de la república (PGR) que no exploró líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército y a la Policía Federal, ni posibles actos de tortura que también se atribuyen a la Secretaría de Marina Armada de México.
En un comunicado Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación (Fundar), y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) consideraron importante la resolución como un aporte del Poder Judicial de la Federación para alcanzar la verdad y la justicia en el caso, frente a múltiples señalamientos críticos a la llamada “verdad histórica” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y de la propia Oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Mencionan que el gobierno federal siempre dijo que serían los tribunales mexicanos los que emitirían la calificación final de la indagatoria, “hoy lo han hecho y su veredicto es contundente: la acusación de la PGR es insostenible, y toda la investigación debe ser revisada de manera autónoma e imparcial”.
Aclararon que los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017 que motivaron la sentencia Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito fueron presentados por algunos acusados, que señalaron haber sido objeto de tortura, no fueron promovidos por las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

La investigación de la PGR estuvo dirigida

De la sentencia destacaron que el tribunal “pone especial énfasis en la existencia de pruebas respecto de la práctica de la tortura dentro de la investigación y en ese sentido, llama a que se recurra a peritos ajenos a la PGR que formen parte de instituciones públicas o privadas independientes”.
La resolución “insiste en que en el actual contexto institucional y sobre todo en el presente caso, la PGR ha actuado con parcialidad y sin autonomía, por ello, la resolución debe entenderse como un llamado a la creación de una Fiscalía genuinamente autónoma”.
Señalaron la ausencia de independencia e imparcialidad de PGR que se plasma en el párrafo 1033 de la sentencia, donde dice que “no se aprecia que se hayan explorado siquiera las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano y la Policía Federal, y encima de ello tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México”.
Asimismo, en el párrafo 1148 de la sentencia se indica que la investigación de la PGR “estuvo dirigida a practicar y poner sólo énfasis en aquellas pruebas que pudieran apoyar una versión de los hechos que narraron varios detenidos en sus declaraciones autoincriminatorias, acorde a la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula y el depósito de sus restos en el río San Juan”.
En el 1149 agrega que “al conceder un peso excesivo a la referida versión se dejaron de explorar otras líneas de investigación”.
Por lo anterior el tribunal ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala, como un “procedimiento alternativo” (párrafo. 1102) para subsanar y corregir la deficiente actuación de la PGR.
Puntualiza que en su conformación debe haber participación de las víctimas, de sus representantes, de la CNDH y de organismos internacionales, y recomienda un nuevo periodo de participación del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), que coadyuvó dos periodos en la investigación.
Las ONG exigieron un compromiso público del gobierno federal en lo que resta del sexenio de que no se manipulará el expediente para impedir el esclarecimiento del caso, y que la implementación del fallo sea previamente consultada con las víctimas y sus representantes.

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