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Identifican vecinos a civil armado miembro del crimen en la operación policiaca en Teloloapan

Redacción

Chilpancingo

En la operación desplegada el sábado por la Policía Estatal en la cabecera municipal de Teloloapan, efectivos de esta corporación retiraron cámaras de vigilancia en casas y negocios en los que habrían irrumpido sin una orden, y con ellos iba un civil armado al que pobladores ubican como presunto miembro del crimen organizado.
Los hechos quedaron grabados en cámaras de video vigilancia en algunas de esas casas y negocios en los que se ve parte las operaciones en las que además participaron efectivos de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), y que fueron compartidos a El Sur.
En un primer video que grabó 2 minutos con 25 segundos, pero debido a la cámara rápida tiene una duración de 44 segundos, se observa la fecha del sábado a las 7:53 de la noche.
En éste se alcanzan a ver tres patrullas de la Policía Estatal. De la primera que llega afuera de una casa bajan cuatro agentes uniformados y armados de la batea, quienes se dirigen a la propiedad, y de una segunda patrulla que los sigue sólo van el conductor y un copiloto, quienes se bajan del vehículo pero se quedan vigilando la zona.
Los cuatro primeros que bajan de una patrulla se despliegan como en operación de ataque pero el que va al frente observa a los 20 segundos que hay cámaras de vigilancia en los dos lados de la propiedad. El segundo agente de la fila señala las cámaras, y al parecer es el que da la orden al último para derribarlas, indicación que obedece y con un bastón desplegable derriba la que está más cerca de ellos y en seguida la segunda, que es desde donde quedaron guardadas las imágenes.
En un segundo video en el que una cámara de vigilancia registró la hora 8:11 de la noche del sábado grabó poco más de 4 minutos de una segunda operación realizada en lo que parece un taller mecánico o de hojalatería, pero que mediante cámara rápida la grabación dura 2 minutos y medio.
En la grabación se observan desplegados dentro y fuera de la propiedad a más de 20 agentes, entre policías estatales y ministeriales. Se alcanza a ver a un hombre al que parece que interrogan, y al que un policía que está a espaldas de él, le propina un manotazo en la cabeza y después lo toma por el cuello.
Al menos cinco agentes salen de una construcción que hay dentro del terreno, y entre ellos va un civil cubierto de la cabeza con el gorro de una sudadera que llevaba puesta, viste pantalón y tenis, además lleva chaleco antibalas, así como un fusil colgado al cuello que sostiene de las manos y a la cintura se le aprecia una pistola. Según la versión de pobladores, este hombre habría sido identificado como presunto miembro de la delincuencia organizada.
Cuando este hombre sale de la construcción, lleva en las manos una bolsa, y después de que sale de la propiedad se dirige a una de las patrullas en la que se sube a la cabina. A partir de eso el resto de los policías se empiezan a subir a la batea de la patrulla y a distancia se ve que otros policías cruzan corriendo la carretera aparentemente para iniciar una retirada.
Luego del operativo desplegado el sábado por efectivos de la Policía Estatal y Ministerial con apoyo del Ejército y Guardia Nacional en Teloloapan, se supo que pobladores que fueron golpeados y otros a los que presuntamente les robaron dinero y alhajas durante estos cateos, presentarían denuncias ante el Ministerio Público, pero la gente tiene miedo ante las posibles represalias que tomen los policías.
La difusión de estos videos se dio luego de que el secretario general de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez, afirmó en declaraciones con reporteros que fue un “operativo limpio” en Teloloapan, que no hubo violencia y no hubo golpes, “no hubo nada, no hubo detenidos”, y que el empresario que según los pobladores murió a causa de golpes que le propiciaron los policías, falleció a consecuencia de cirrosis.
El hecho se da también en el contexto de las denuncias hechas por pobladores de la comunidad de El Parotal, localidad serrana del municipio de Petatlán, que el 28 de enero presuntamente se enfrentaron a balazos con policías estatales y civiles armados que iban con ellos, presuntos miembros del grupo criminal La Familia Michoacana, hecho en el que dos agentes y tres civiles fueron asesinados.

 

Se acusan de violencia los candidatos de Morena y PRI en Xochistlahuaca

Entre acusaciones, agresiones verbales y físicas de simpatizantes y candidatos, transcurren las campañas a la alcaldía de Xochistlahuaca. Por un lado, el candidato de Morena, Daniel Sánchez Néstor, acusa a la alcaldesa con licencia y candidata del PRI, Aceadeth Rocha Ramírez, de entregar despensas y a él lo señalan de comprar credenciales en comunidades.
A través de redes sociales se han difundido al menos dos videos de un hecho ocurrido la noche de este lunes, en la comunidad Plan Maguey, donde se observa cómo el propio candidato de Morena, Sánchez Néstor, y un grupo de simpatizantes priistas discuten e intercambian palabras en amuzgo.
En un comunicado difundido en la cuenta de Facebook del candidato de Morena, se señaló que su esposa pasaba por la comunidad alrededor de las 9 de la noche, cuando el nieto de Rocha Ramírez, Jonathan Torres Arce, atravesó una camioneta en la carretera, impidiéndole el paso, y por ello él acudió a auxiliarla.
En el texto, el candidato señaló que la candidata del PRI “ha hecho todo tipo de mañas y artimañas, politizando el programa de fertilizante, violando el derecho de los beneficiarios”. Además, denunció la entrega de láminas, huipiles y dinero a cambio de obtener el voto, así como la campaña a favor de Rocha Ramírez que realiza la actual alcaldesa interina, y nuera de la candidata, Monserrat Arce Alarcón.
“A través de su nieto Jonathan Torres Arce ha contratado a un grupo de pistoleros, fuertemente armados, es decir matones a sueldo, que están al mando de éste, y que se desplazan con toda libertad e incluso han establecidos puestos de revisión en varios puntos del municipio”, además de que están protegidos por la Policía Municipal.
El candidato de Morena negó que su esposa haya estado en las comunidades comprando votos, como lo asegura el hijo de la candidata y parte del equipo de campaña.
En el escrito, distribuido también en las redes sociales y compartido por militantes priistas, se lee: “La desesperación que ya trae el candidato Daniel Sánchez Néstor es obvia, a tal grado de enviar a su propia mujer, de nombre Xóchitl, en las madrugadas a realizar compra de votos”.
Además, señaló que el equipo de campaña del PRI, entre los que estaba, acudió a Plan Lagarto, y no Plan Maguey como señala el candidato de Morena, luego de haber sido alertados por los propios habitantes de la retención de una mujer que estaba comprando votos, y fue ahí como se dieron cuenta de que el candidato de Morena agredió a una simpatizante priista.
En una foto que compartió, se observa el brazo al parecer de una mujer con moretones, del que no se aprecia su rostro, y fue acompañada de otra gráfica de supuestas credenciales compradas, y un video donde se observa que el candidato de Morena reta a otro simpatizante del PRI a golpes.

 

Detiene la Policía Estatal a 10 personas en Arcelia por los saqueos a El Surtidor

La Policía del Estado reportó que este martes por la tarde fueron detenidas al menos 10 personas en Arcelia, presuntamente vinculadas con los saqueos a las tiendas El Surtidor el pasado domingo.
Al mediodía de este martes, la corporación comenzó recorridos por las calles del centro y por la tarde se confirmó que hubo 10 detenidos, entre ellos tres mujeres, a quienes policía relaciona de manera directa con los delitos ocurridos el domingo, de acuerdo con lo captado por las cámaras de seguridad.
También se reportó que algunas personas se encontraban nuevamente dentro de la tienda principal y que estaban buscando la forma de llevarse algo.
Los detenidos estaban dentro de las patrullas y la Policía Estatal se estableció por algunos minutos en la plaza principal, en donde estuvo tomando datos de ellos y se esperaba que en las próximas horas fueran puestas a disposición del Ministerio Público.
La tienda El Surtidor, ubicada en el centro de Arcelia, cuenta con una matriz amplia que es el local principal, que fue saqueado desde la madrugada del domingo. A un costado, a pocos metros, se ubica una tienda pequeña de la misma empresa El Surtidor, con los mismos logotipos.
Esta segunda tienda comenzó a ser saqueada aproximadamente a las 7 de la mañana, pero tras la llegada de la Policía del Estado se paró el saqueo. Sin embargo, en la noche del mismo domingo las personas terminaron de saquear por completo la segunda tienda. Al lugar llegó el Ejército, con lo que se paró el saqueo, sin que hubiera detenidos.
En un comunicado de prensa, el gobierno estatal señala que de acuerdo con el vocero de seguridad, Roberto Álvarez Heredia, “la autoridad local fue totalmente negligente, ya que nunca actuó ni siquiera para reportar los hechos que estaban en curso”.
Según el texto, no fue “hasta que se recibió una llamada a la línea de emergencia 911 que la policía del estado y la Policía Federal, División Gendarmería, acudieron al sitio de los hechos”, donde verificaron los actos de rapiña cometidos por personas.
Un comunicado oficial del 30 de abril dice también que el saqueo fue hecho por “personas azuzadas por un grupo delictivo”, presuntamente en referencia a La Familia Michoacna.
Precisa que el domingo a las 4:00 horas “se introdujeron varias personas a dos tiendas para robar diversa mercancía con valor aproximado de treinta y cinco millones de pesos”. “Las dos tiendas fueron saqueadas por alrededor de 800 personas civiles, entre adultos y niños, que después de sustraer el 100% del producto de las ventas se dieron a la fuga”.
En Arcelia permanece un grupo de la Policía del Estado, y el Ejército y la Marina, que recorren la zona cercana a las tiendas El Surtidor.
Del saqueo, hay videos de las cámaras de vigilancia, los que muestran claramente los rostros de las personas que participaron, la forma en la que entraron y cómo se llevaron todo lo que había en la tienda.
Sin embargo, por lo ocurrido hasta el momento no hay denuncia formal en el Ministerio Público, debido a que el dueño tiene temor a represalias.
Para conocer su postura acerca de los hechos, se buscó a José Edgar Estrada Cortés, alcalde priista interino, que tomó posesión el pasado martes, pero no se le pudo contactar. Él entró en sustitución de Adolfo Torales Catalán, quien solicitó licencia para buscar la reelección por el PRI.
El Surtidor no es la única empresa que ha reportado presiones de la delincuencia organizada. Existen en Arcelia tres gasolineras, pero sólo una está abierta, desde hace más de tres años. Las demás argumentan su cierre por amenazas.
La Coca Cola cerró en 2014, luego de que cinco camiones fueron quemados por presiones de la delincuencia. En 2015, se hizo oficial el despido de todo el personal y el cierre de la planta.

 

Enfocarán padres de los 43 normalistas su lucha en la investigación del quinto autobús

La próxima etapa de lucha de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos, se enfocará en la línea de investigación del quinto autobús en el que viajaban 14 de los 43 normalistas, y del que no ha informado la Procuraduría General de la República (PGR).
Ayer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que seguir esta línea de investigación es clave para saber el paradero de los 43 jóvenes detenidos-desaparecidos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala, y que para ello también es clave conocer qué pasó con los videos que fueron grabados por el sistema de vigilancia del Poder Judicial de Iguala, que captó la detención con violencia de este autobús en donde viajaban 14 de los desaparecidos, pues persiste la sospecha de que el material videográfico no existe porque fue destruido.
Adelantó que para esclarecer estas dudas van a pedir la permanencia de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando menos por otros 6 meses, para que se pueda esclarecer que pasó con el quinto autobús.
El abogado declaró ayer a los medios de comunicación durante un mitin afuera de la Ciudad Judicial de Chilpancingo en donde familiares de los detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), padres de los 43 estudiantes desaparecidos y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, exigieron la libertad de todos los presos de la Policía Comunitaria tras la liberación de la coordinadora de esa organización en Olinalá, Nestora Salgado García.
El abogado de los padres reiteró que persiste la percepción de que la PGR y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destruyeron el material videográfico con las imágenes del 26 y 27 de septiembre de 2014, tomadas por el circuito cerrado instalado en la sede de Poder Judicial en la salida de la ciudad de Iguala, donde fue detenido con violencia este quinto autobús del que bajaron a los 14 estudiantes.
“Para nosotros allí debemos enfocarnos, allí debe estar nuestra lucha y también exigir que se amplíe el plazo de los expertos, porque creemos que sólo ellos nos pueden ayudar a esclarecer esta línea de investigación”, dijo Rosales Sierra.
Expuso que por lo menos debe ampliarse otros seis meses y que la petición la plantearán en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que comienza los primeros días de abril.
De los videos tomados afuera del Poder Judicial de Iguala la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Robespierre Robles Hurtado declaró el 9 de marzo que entregó a la PGR un respaldo en una memoria USB y que forma parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.
Dijo que el original está instalado “completito”, “y cuando hablo de respaldo, hablo de una actuación del Ministerio Público en donde va, comparece, verifica, obtiene la información, la certifica y se la lleva, pero el aparato físicamente sigue instalado en el mismo lugar”, aseguró en referencia al original.
Sin embargo Rosales Sierra reiteró que en la memoria que entregó a la PGR, igual que en el original del que habla Robles Hurtado, no hay imágenes que hayan sido tomadas los días 26 y 27, “sí hay imágenes anteriores y posteriores, menos de esos dos días”.
Añadió que eso implica que desaparecieron o destruyeron esos videos, puesto que hay constancia también de que cuando la PGR no encontró ninguna imagen en el USB que le entregó el TSJ, se constituyó en el Palacio de Justicia de Iguala para buscar en la base de datos que tiene el área de informática para realizar una inspección.
“De la inspección encontró que, efectivamente, en esos días hubo de tres a cuatro ingresos de personas para revisar esos videos que por alguna razón ya no están allí, entonces eso es lo que tenemos y no nos queda hoy la menor duda de que no existen esos videos, porque los desaparecieron”.
Insistió que por eso ahora enfocarán su lucha a exigir una investigación exhaustiva de la cadena de mando y la cadena de custodia de los videos, “para saber quién del personal del Tribunal Superior de Justicia ingresó, dónde están esos videos y que se sancione a esas personas”.

Solicita el MP los videos del asalto a los gerentes de los bancos robados

 

 En ambos casos no se cuenta con éstos

A cuatro días del robo a dos instituciones bancarias, el agente determinador de la primera agencia del ministerio público, Enrique Gil Mercado, informó que está en espera de que el gerente de la sucursal Santander-Serfin, le mande los videos del asalto que ocurrió el jueves pasado.

Por otro lado, su similar en Costa Azul, Alberto Ortiz Miranda, giró ayer un oficio con carácter de urgente al gerente del Banco Nacional de México (Banamex), para que le entregue los videos del asalto y así obtener las características físicas de los asaltantes.

Ambos funcionarios declararon lo anterior, por separado, a reporteros.

En el caso del robo a Santander-Serfin, ubicado en la calle Andrés de Urdaneta, esquina con Juan Sebastián Elcano, donde según las cajeras asaltadas, un delincuente se llevó un botín de 86 mil pesos, Gil Mercado se limitó a decir que esta en espera de los videos.

Su homólogo en la colonia Costa Azul, Ortiz Miranda, dijo que la averiguación previa por el robo al Banamex, sucursal 456, ubicado en calle Antón de Alaminos, número 2085, en la Costera, se integra y por medio del apoderado legal del banco, Miguel Angel Lobato Lugo, se le pide al gerente que urgentemente les mande los vídeos para que la Policía Judicial del Estado pueda contar las características físicas de los asaltantes.

El jueves de la semana pasada, ambas sucursales fueron asaltadas por hombres casi de manera simultáneamente en la mañana, y en céntricas avenidas de la ciudad.

Al respecto, Ortiz Miranda opinó que el hecho de que las Fuerzas Federales de Apoyo y la Policía Preventiva municipal no hallan evitado esos asaltos, no es porque no cumplan su función, según los justificó, son hechos que no se pueden predecir. Agregó que difícilmente ambas corporaciones puedan cubrir el área al 100 por ciento.

Se dispone de retratos hablados y videos de los asaltantes de bancos, informa la PJE

* Primera vez que se cometen asaltos de ese tipo, dice

 

  Jorge Nava * La Policía Judicial del Estado (PJE) informó que ya cuenta con retratos hablados y videos de los asaltantes que cometieron el robo a dos instituciones bancarias de esta ciudad el jueves.

La Procuraduría General de la República (PGR) atribuyó que delitos como estos se deben a la circulación de armas de fuego, mientras que el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado, Arturo Lima Gómez, se deslindó de esa situación y dijo que sería el Ayuntamiento con quién se vería “qué es lo que está pasando”.

Por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el comandante regional de la PJE, Alfredo Camacho Millán indicó que ya les pidieron su intervención por medio del Ministerio Público.

En declaraciones a reporteros, explicó que comenzaron las primeras líneas de investigación con retratos hablados y los videos que toman las sucursales bancarias.

Aclaró que pudieran establecerse una o dos líneas de investigación, pero que eso se dará en el transcurso de la investigación.

Dijo que es la primera vez que se cometen asaltos de ese tipo, porque “no había existido uno aquí en el puerto de esa índole”.

Se negó a contestar que haya inseguridad en la ciudad, tampoco que les falta capacitación a los cuerpos de policía, porque explicó que les dan cursos para todo el personal. Dijo que “desgraciadamente la situación que se dio ayer, es muy diferente a las demás”.

Aclaró que no fue ningún comando el que actuó en el robo al Banco Nacional de México (Banamex) y Santander-Serfin.

Afirmó que como se dio el robo, son similares a los que suceden en la ciudad de México.

Indicó que por el momento pueda decirse que el personal de ambos bancos o policías estén involcrados en los robos.

El delegado de la PGR, José Alberto Rodríguez Calderón, dijo que el hecho de que las armas estén circulando con mucha facilidad entre la población, provoca la posibilidad de que se genere otro tipo de delitos como lesiones, homicidios y asaltos.

Explicó que ambos robos, son robos del fuero común; pero que bajo una línea de colaboración y apoyo entre las procuradurías, si hace falta alguna información, algún dato que ellos pudieran aportar, colaborarán.

Sobre la presencia de las Fuerzas Federales de Apoyo que se encuentran en la Costera, dijo que dan un “gran apoyo” a la seguridad pública y de procuración. Lamentablemente, dijo, son pocos los motocilistas que trae la Policía Federal Preventiva, para vigilar la Costera.

El secretario de Seguridad Pública, Arturo Lima Gómez, expuso que esa situación de los robos se debe de analizar junto con el Ayuntamiento.

Mencionó que el gobierno del estado ha establecido operaciones conjuntas en el estado, “estoy enterándome de esa circunstancia, hay que ver con la policía municipal sobre la mecánica táctica operativa que se estará desplazando para evitar que ocurran esos incidentes”.

Aclaró que no hay bandas de delincuentes de la ciudad de México que estén operando en la ciudad, porque dijo que tendrían que hacer un estudio de esta circunstancia; pero afirmó que “hay qué ver con el Ayuntamiento qué es lo que está pasando”.