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Con el espionaje, el Ejército los hostiga, criminaliza, persigue y los pone en riesgo, dicen agraviados

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.

Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera

Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el

Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.

Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales

El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.

Infiltran movilizaciones: Héctor Torres

El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.

En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega

Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.

Es un disparate decir que el Ejército ya no es represor, opina Vidulfo de Adán Augusto

 

Aurora Harrison

El abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que fueron un disparate las declaraciones en el Congreso local del secretario de Gobernación, Adán Agusto López, quien dijo que el Ejército ya no es represor.
Este domingo en Cacahuatepec, al preguntarle su opinión sobre lo dicho por el secretario de Gobernación, el abogado dijo: “Son declaraciones políticas, que dejan de lado las graves violaciones a los derechos humanos que en Guerrero se han cometido. Creo que Guerrero, a diferencia a otros estados de la República, ha resentido la militarización en el pasado y el presente”.
Recordó que en la entidad se han dado una serie de violaciones a los derechos humanos que cometió el Ejército, desde la mal llamada guerra sucia y en la época de los años de 1990, donde hubo incursiones violentas. Por ello, es que no está de acuerdo con la extensión de los militares en las calles y “deben ponerse controles al Ejército”.
“Guerrero ha resentido la militarización, entonces, creo que agravia al pueblo que un funcionario federal se pare en el recinto legislativo e ignore todas estas series de violaciones que se han cometido. Máxime ahora frente al caso de Ayotzinapa”, declaró.
Mencionó que el Ejército no sólo es responsable de los hechos del pasado, sino también de las violaciones a la indígena Valentina Rosendo Cantú, y Rodolfo Montiel que fue torturado; además del caso de El Charco y en la actualidad el de Ayotzinapa.
Sostuvo que el Ejército ha estado cometiendo una serie de violaciones a los derechos humanos, que “permanecen en la impunidad y no se han esclarecido. Entonces, el funcionario debería de venir a Guerrero, hacer un llamado para que se esclarezca y pueda rendir cuentas frente a esos actos”.
“Soslayar esa parte, venir, pararse y decir que lo de Iguala quedó superado, me parece que es no mirar lo que ha sucedido en Guerrero”, declaró el abogado.
Añadió que “venir a Guerrero y no reconocer que hay una herida abierta y que está el caso de Ayotzinapa presente, e incluso, del presidente (Andrés Manuel López Obrador) es uno de los 100 compromisos que tiene, y venirte a parar y decir un disparate, me parece errado”.
Agregó que el gobierno federal alude que es un Ejército moderno, distinto pero no se ha visto que haya una restructuración, alguna modificación dentro de la estructura de las fuerzas armadas, la cual pasaría por una revisión de cuál ha sido el papel del Ejército en las graves violaciones a los derechos humanos desde 1968, la guerra sucia y las violaciones cometidas en Guerrero, Oaxaca, y lo de Ayotzinapa, y el Ejército debe rendir cuentas.
Rosales Sierra consideró que el gobierno federal debe hacer una modificación en la política del Ejército, “hoy en día tenemos un Ejército cuyo principal enemigo es el pueblo, y está muy preocupado, un 70 u 80 por ciento de sus actividades las enfoca en la contrainsurgencia, en contener la inconformidad social, la movilización”.
Explicó que el caso de los activistas de Guacamaya, donde salen documentos en los que ubican a los movimientos sociales como el principal enemigo, confirma que “es una mirada equivocada, que lleva violaciones graves a los derechos humanos. Porque enfocas como tu enemigo a los movimientos sociales y la función de las fuerzas armadas es sofocar, contener la inconformidad, silenciar voces de disidencias políticas y creo que eso es grave en un sistema democrático, eso no se puede permitir, en una dictadura a la mejor, pero aquí no”.
El abogado precisó que debe existir una restricción, para que los militares hagan sus funciones constitucionales y profesionalizar a las policías, para que hagan acciones de seguridad.

 

Absuelven a Abarca del delito de secuestro de los 43 de Ayotzinapa

Absuelven a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas; seguirá en prisión

La resolución de un juez de Tamaulipas “es un desafortunado acto de impunidad”, dice Alejandro Encinas y asegura que el ex alcalde de Iguala “es uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”

Agencia Reforma

Ciudad de México

Aunque continuará preso en el Penal del Altiplano, un juez federal absolvió a José Luis Abarca del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa porque consideró que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para el Acceso a la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas Rodríguez, calificó la resolución del juez como “un desafortunado acto de impunidad”, porque Abarca es “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, y aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene elementos suficientes para apelar.
El Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la sentencia absolutoria en favor del ex alcalde de Iguala, confirmaron allegados al caso.
La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República (FGR) puede apelar ante un Tribunal Unitario de Circuito.
El ex edil continuará internado en el Penal del Altiplano porque tiene otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero.
Un tercer juicio fue iniciado a Abarca por el delito de homicidio, pues le atribuyen los asesinatos de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona y Justino Carbajal Salgado.
La absolución de Abarca fue dictada apenas unas semanas después de que Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa concluyera que el ex alcalde ordenó la desaparición de los 43 normalistas, la noche del 26 de septiembre de 2014.
En la conferencia de prensa de aquel día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, mostró un “Análisis de vínculos a partir de mensajes” en el que Abarca es identificado como “A1”, clave utilizada para identificar a quien instruyó el ataque contra los estudiantes y, también, la recuperación de la droga que iba en uno de los autobuses.
–¿Quién dio la orden?, se le preguntó a Encinas en la conferencia de prensa el 18 de agosto.
–Estamos diciendo quiénes dieron la orden: A1, presuntamente José Luis Abarca; los dirigentes de Guerreros Unidos y en coalición con algunas otras autoridades que es lo que forma parte de la investigación, respondió Encinas.
Las gráficas presentadas detallaban nombres de integrantes del cártel Guerreros Unidos, policías, militares y autoridades civiles involucrados en el crimen.
De acuerdo con el diagrama, Abarca se coordinaba con el capitán José Martínez Crespo, integrante del 27 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con base en Iguala.
El militar, a su vez, se coordinaba con David H Cruz, alias Chino, identificado como bombero y jefe de comunicaciones, pero también como sicario del cártel Guerreros Unidos.
En un cuadro comparativo, que confronta la denominada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam y la nueva investigación de la Covaj, se advierte que “A1”, Abarca, es quien ordenó ir contra los normalistas.
“A1 y los líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles un escarmiento ejemplar”, citaba el cuadro.
Además, en el informe completo se señalaba: “A1 dio la orden de recuperar la mercancía: ‘me chingan a todos a discreción’ A1 seguramente ordenó la desaparición de todos los estudiantes porque no saben ‘quién es quién’ y se está calentando la plaza demasiado ‘mátalos a todos, Iguala es mío’”.

La FGR puede apelar la absolución de Abarca: Alejandro Encinas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reprochó la decisión de un juez federal de absolver a José Luis Abarca, señalado por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y dijo que la FGR tiene elementos suficientes para apelar la decisión del juzgador.
“Lo dicho. Nuevamente el juez de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa, hoy absolvió a José Luis Abarca, uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”, publicó en su cuenta de Twitter.
“La @FGRMexico tiene elementos suficientes para apelar este desafortunado acto de impunidad. Espero que se ejecuten de inmediato las órdenes de aprehensión contra los responsables de la desaparición de los jóvenes, como lo señalamos en el informe de #Ayotzinapa”.
El Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, dictó la sentencia absolutoria en favor del ex alcalde de Iguala, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
En caso de acceder a la petición del subsecretario, la FGR apelaría ante un Tribunal Unitario de Circuito.

Abarca tiene seis acciones penales más, entre ellas por desaparición de los 43: Vidulfo

Hay datos de prueba de que él dio órdenes el 26 de septiembre en Iguala, su responsabilidad es clara y tendrá que responder ante la ley, dice el abogado de los padres

Alejandro Guerrero

Iguala

El abogado de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra informó que para ellos no es sorpresa el fallo de un juez federal a favor del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, porque se trata de una causa penal por el delito de secuestro elaborada por el gobierno anterior relacionada con las investigaciones de la llamada verdad histórica, sustentada en datos de prueba extraídos de manera ilícita, y puntualizó que el ex edil cuenta con seis acciones penales más, entre ellas de desaparición forzada.
Este miércoles, en la víspera del octavo aniversario de los ataques y la desaparición de los 43 normalistas, el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria en favor del ex alcalde por el delito de secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad, aunque permanecerá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
En declaraciones con reporteros de diversos medios de comunicación en esta ciudad antes del mitin realizado en el Campo Militar 35-C, sede del 27 Batallón de Infantería, el abogado de los padres mencionó que hasta ese momento, la una de la tarde, oficialmente no habían sido notificados de la resolución, aunque dijo que sí tenían conocimiento del fallo a favor del ex alcalde, “formalmente no se nos ha notificado”.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, explicó que se trata de una causa penal de secuestro (contra los normalistas) que se hizo en el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto.
Agregó que básicamente todos los datos de prueba que sustentan esa causa penal tienen que ver con investigación de la llamada verdad histórica, “entonces era obvio que la derrotero y la conclusión de esa investigación iba a derivar en una sentencia absolutoria, porque hay una debilidad probatoria dado que esa investigación está sustentada en datos de prueba extraídos de manera ilícita, por lo que es evidente que iba a ser absuelta esta persona (José Luis Abarca), como todas las causas (penales) que se armaron a la luz de la verdad histórica, y saben cuál ha sido el destino, y ésta también”, dijo a los reporteros.
Indicó que para ellos no es una sorpresa esa resolución del juzgado federal, “pero sí decir que el señor (José Luis Abarca Velázquez) tiene más acciones penales, estamos hablando de unas seis acciones penales más por diversos delitos, entre ellos de desaparición forzada de personas”.
Dijo que “solo cayó ésta” causa penal, que era una acción penal que se realizó con prueba que se obtuvo con esta investigación que se le denominó verdad histórica.
De acuerdo con las investigaciones, el ex alcalde postulado por el PRD, José Luis Abarca, tiene otros procesos en curso: dos por delincuencia organizada; por vínculos con la organización criminal Guerreros Unidos; otro relacionado con operaciones de lavado de dinero de procedencia ilícita, y el homicidio del dirigente de la Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, este último ocurrido el 30 de mayo de 2013.
En las declaraciones, Rosales Sierra sostuvo que Abarca Velázquez no ha sido judicializado por los delitos de desaparición forzada y otros delitos más relacionados con el caso, pero que las acciones penales ahí están.
A preguntar si a pesar de este fallo seguirán a favor de que el ex alcalde permanezca en la cárcel, el abogado de los padres respondió, “el que desaparece debe ir a la cárcel, y el que es responsable de asesinatos tiene que pagar por la ley”.
Afirmó que sí hay pruebas en contra del ex edil de Iguala y es por eso que se libraron las órdenes de aprehensión en su contra, “estoy hablando que hay seis acciones penales más, lo que quiere decir que los jueces federales ya hicieron un análisis de su probable responsabilidad”.
Asentó que hay indicios razonables por ahora que permiten establecer la responsabilidad de Abarca Velázquez en los hechos, “para nosotros sí es responsable de la desaparición, pues él era el presidente (municipal), tenemos datos de prueba dentro de la investigación que él dio órdenes, para nosotros su responsabilidad es clara y tendrá que responder ante la ley por ello”.
Del caso de los mandos militares implicados, entre ellos el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, Jesús Rodríguez Pérez y del entonces comandante de la 35 Zona Militar, Alejandro Saavedra, el abogado informó que no han tenido noticias respecto a las acciones y las órdenes de aprehensión contra militares, y que lo único que saben “es lo mismo que ustedes saben que había 20 órdenes de aprehensión contra militares y fuera de ahí no se nos ha informado más”, dijo a los reporteros.
Manifestó su preocupación por la “inacción” y por la falta de ejecución de esas órdenes de aprehensión, “nos preocupa que no se hayan ejecutado y que la aprehensión de (Jesús) Murillo Karam sea una estridencia política nada más, y que contra los militares no haya nada, eso es una preocupación que tenemos”.

Abarca “y su banda” son responsables, pero en los juzgados hay corrupción, dice Melitón Ortega

Alejandro Guerrero

Iguala

El vocero de los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, afirmó que el ex alcalde José Luis Abarca Velázquez “y su banda” son responsables de los hechos ocurridos en septiembre de 2014 porque eran autoridades, y señaló que hay indicios muy claros de su responsabilidad, pero en los juzgados federales siempre ha habido corrupción en la que impera el dinero, el compadrazgo y las influencias.
El representante de los padres ofreció declaraciones a reporteros antes del mitin realizado en el cuartel militar que alberga al 27 Batallón de Infantería, luego de que se conoció que el Juzgado Tercero de Distrito en procesos penales federales de Matamoros, Tamaulipas, dictó sentencia absolutoria en favor del ex alcalde José Luis Abarca por el delito de secuestro de los 43 normalistas, al estimar que no existen evidencias de su plena responsabilidad.
A pregunta de un reportero si no es una contradicción del gobierno federal que primero señaló en su informe del 18 de agosto a Abarca Velázquez (A-1), como parte de una estructura que dio la orden para desaparecer a los normalistas y después “dejarlo en libertad”.
Melitón Ortega afirmó que “hay indicios muy claros” de que el ex alcalde es responsable de los hechos, “y que en los juzgados federales siempre ha habido esa corrupción a intereses de los implicados y finalmente porque impera el dinero, el compadrazgo y la influencia que tienen estos personajes, cómo es el caso de (José Luis) Abarca”.
Sostuvo que el ex alcalde de Iguala “es responsable de los hechos y no se puede negar eso”, y destacó que en el reciente informe entregado por la Comisión Presidencial del caso “lo señala que está involucrado en la desaparición de los estudiantes”.
El vocero de las madres y los padres de los 43 muchachos desaparecidos advirtió que hay intereses de desactivar las protestas y considerar a Abarca como inocente, “pero creemos nosotros que si eso pasa es porque los jueces federales lo están permitiendo”.
Considero que en este proceso hay dinero de por medio “nosotros entendemos cómo se practica dentro de los juzgados, hay jueces que comparten esa corrupción”.
A preguntar del apoyo que la clase política ha dado al ex alcalde de Iguala que ha participado en marchas y dado declaraciones para pedir su liberación, entre ellos el actual alcalde priista David Gama Pérez, el vocero de los padres dijo que (los políticos) “siempre han estado apoyando, sin embargo, la lucha de los padres no lo permitirá y siempre vamos a señalar cómo la familia de José Luis Abarca es responsable de la desaparición de los estudiantes, responsable de la agresión y de la coordinación que pasó en el 2014”.
Sostuvo que la liberación de Abarca Velázquez no podría darse “por eso están las instituciones y por eso la lucha de los padres sigue vigente señalando a Abarca y su banda que ellos son los responsables, ellos eran las autoridades en este municipio en 2014, y hoy no se puede decir que no es responsable de los hechos de Iguala”.
Destacó que seguirán señalando y exigiendo que son los responsables de esos hechos graves, de los que hoy se sabe que fue un crimen de Estado en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno durante el periodo de Enrique Peña Nieto.
Asimismo recordó que Abarca Velázquez además está señalado como responsable de asesinar de manos de él al dirigente Arturo Hernández Cardona, “de eso no nos queda duda”.

 

Queman estudiantes de Ayotzinapa un camión en el 27 Batallón de Iguala y destruyen la fachada

En el tercer día de protestas, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron que sean detenidos los 20 militares implicados en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014. Este batallón “tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros”, señala el abogado Vidulfo Rosales. Jóvenes encapuchados metieron el vehículo a las instalaciones del Ejército y ya adentro le prendieron fuego mientras lanzaban piedras y petardos e intentaron derribar un dron con el que los vigilaban desde el aire

Alejandro Guerrero

Iguala

Padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes, protestaron en su tercer día de jornada de lucha en el Campo Militar 35-C, sede del 27 Batallón de Infantería, donde lanzaron petardos, hicieron pintas y quemaron un camión con el que abrieron el portón, para exigir que se ejecuten las 20 órdenes de aprehensión en contra de mandos militares y soldados vinculados con los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante el mitin que duró alrededor de 20 minutos antes de iniciar la protesta afuera del cuartel militar ubicado en el Periférico Oriente de Iguala, el abogado de los padres y las madres de los 43 muchachos desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, denunció que a casi ocho años de los hechos “nos queda claro que el 27 Batallón de Infantería tuvo una responsabilidad directa en la desaparición de nuestros compañeros”.
Señaló que no sólo es una responsabilidad por omisión, no sólo que ocultaron información, “hoy nos queda claro que de manera directa participaron, hay prueba objetiva de que un coronel ordenó y perpetró el asesinato directo de seis compañeros estudiantes”.
“Eso aquí y en el mundo se llama asesinato, y eso se tiene que castigar con todo el peso de la ley. Que les quede claro a los militares, que los padres y madres de familia no vamos a cesar en nuestra lucha hasta ver en la cárcel a los 20 militares (implicados) y no sólo a los 20 militares, sino también a todos aquellos que tengan responsabilidad, vamos a ir hasta el más alto nivel”, advirtió.
Denunció la infiltración que el 27 Batallón de Infantería y la 35 Zona Militar hicieron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y advirtió que por eso fue la protesta en este cuartel militar “por la dignidad, por el coraje y por la legitimidad que nos da el ser víctimas de una desaparición forzada y una de las peores y más graves violaciones sin nombre en todo el mundo que se ha cometido en contra de los 43 compañeros. No cejaremos hasta ver en la cárcel a estos militares asesinos”.
Antes, la señora Joaquina, mamá de Martín Getsemany Sánchez García, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, reiteró el reclamo de que no se han ejecutado las órdenes de aprehensión que se les dijo en el informe del 18 de agosto, entre ellas las giradas en contra de miembros del Ejército e insistió en que no es suficiente con la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam, “piensan que con eso ya nos vamos a quedar en las casas a que él diga la verdad, pero no, vamos a seguir en esta lucha hasta que demos con la verdad y sepamos qué pasó con nuestros hijos”.

La protesta

Al finalizar participación del abogado de los padres, Vidulfo Rosales, e iniciar la intervención de un representante estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa, alrededor de la 1:50 de la tarde, una comisión de alrededor de 50 jóvenes, todos cubiertos del rostro, iniciaron pintas en las bardas, en el portón y el piso del acceso al batallón con consignas como: “43 razones para seguir”, “fue el Estado”, “maldito Ejército asesino”, y “Ayotzi vive”.
Conforme pasaba el tiempo la protesta iba escalando. Con tubos y fierros que encontraron en la misma zona o que arrancaron de las mismas barricadas puestas en el acceso del batallón empezaron a golpear el portón y la puerta, antes uno de los padres y otro joven lanzaron piedras con resorteras a las dos cámaras de seguridad en la entrada a las instalaciones, pero que no pudieron romper al estar protegidas con maya. También le tiraron a un dron del Ejército que sobrevolaba la zona a más altura.
Otro grupo arrojó gasolina en la puerta y portón, y encima colocaron cinco colchones viejos que después quemaron.
Asimismo bajaron a golpes estacas hechas con tubos gruesos que habían sido soldadas a unas rejas junto al portón del batallón y quitaron vallas de rieles metálicos con alambres de púas. Enseguida, lograron introducir un camión de productos refrigerados de la empresa Sigma que ya llevaban, el cual lograron pasar por encima de una zanja que abre el cuartel para evitar el paso de vehículos, pero que con mucha presión un joven lo pasó sobre dos rieles de metal de este canal que al parecer es de desagüe pluvial.
El joven que manejaba el camión le dio la vuelta y en dos intentos de reversa logró abrir el pesado portón de unos cuatro metros de ancho por cinco de alto. Estando en la mera entrada del cuartel le reventaron el parabrisas con piedras, y le lanzaron varios petardos en la cabina y debajo de él hasta que se incendió.
Las decenas de estudiantes, entre los que se dijo iban de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), lanzaron piedras y petardos al interior del cuartel. También derribaron dos postes de alumbrado público afuera del batallón y parte de un muro de bienvenida al batallón.
Varios proyectiles de estos explosivos fueron lanzados al camión y a la entrada, al grito de algunos de los jóvenes que no dejaran de lanzar hasta que se prendiera bien el vehículo y evitar la salida de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército con equipo antimotines que desde afuera se observó que se empezaban a aproximar al portón, pero que no respondieron a las agresiones regresando piedras como ocurría en el gobierno federal pasado.
Luego de que el camión prendió en su totalidad, tras unos 20 minutos de protesta radical, los jóvenes iniciaron la huida a las 2:11 de la tarde para abordar cerca de 14 autobuses en los que llegaron y se retiraron de Iguala.
Desde dentro del batallón y por el Periférico Oriente, llegaron bomberos de Protección Civil estatal y municipal que iniciaron trabajos para apagar el incendio del camión con el apoyo de pipas con agua.
Soldados colocaron un acordonamiento con cinta amarilla y llegaron peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las diligencias y posteriormente el camión fue retirado con una grúa y soldados del Ejército iniciaron la limpieza de la zona.
Para este jueves, de acuerdo con la calendarización de las actividades en esta jornada de lucha “Por los caminos de la verdad”, se espera que en las instalaciones de la escuela Raúl Isidro Burgos en Tixtla, a las 11 de la mañana se realice el foro: La Opacidad de las Fuerzas Armadas.

 

Vidulfo: cómo murieron los 43, la mayor debilidad del informe sobre Ayotzinapa

Cómo murieron los 43, la mayor debilidad en el informe sobre Ayotzinapa: Vidulfo

Una prueba técnica sustenta la versión de que los desaparecidos están sin vida, pero falta que la analicen el GIEI y la FGR, dijo el abogado de los padres y madres en una reunión con organizaciones en Cdmx

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

El abogado y representante legal de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, externó que consideran como la “mayor debilidad” del Informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, el cómo habrían perdido la vida los estudiantes.
El sábado, en una reunión con diversas organizaciones llevada a cabo en las instalaciones del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) en la capital del país, el abogado indicó que no existe una “prueba plena” que pueda indicar lo sucedido con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014.
Rosales indicó que, en el Informe, existen dos novedades. La primera correspondiente a la participación del Ejército mexicano en la desaparición de los 43 normalistas, hecho del cual aseguró ya tenían conocimiento debido al Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Interdisciplinarios (GIEI).
“La novedad que nos presenta ahora este Informe es ya de una participación directa de por lo menos 20 militares directamente en la desaparición y algunos involucrados incluso en el asesinato”, comentó Rosales Sierra.
Mencionó que la segunda novedad del Informe es una prueba técnica, misma que sustentaría la versión de lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Aclaró que no se puede revelar el contenido de la prueba técnica debido a los procesos legales que se están siguiendo, además de que la deberá analizar tanto el GIEI como elementos especializados de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Hay muchas partes sueltas, sobre todo de lo que pudo haber pasado con los jóvenes, del destino de los estudiantes, digamos no está sustentado por otras pruebas, hasta el día de hoy es esa nada más y si acaso el testimonio de El Gil que no coincide”, indicó Vidulfo Rosales.
A pesar de que en la reunión con organizaciones estaba previsto tocar el tema de las actividades que se llevarían a cabo por los ocho años de desaparición de los 43 normalistas, al finalizar la presentación de información a las organizaciones, se le solicitó a los medios de comunicación presentes el retirarse, debido a que en las reuniones tienen prohibido realizar grabaciones de los temas que ahí se tratan.
Marchan en Iguala familiares, amigos y ex funcionarios a favor de los Abarca

Alrededor de mil personas exigen al gobierno federal la excarcelación del ex alcalde, de quien afirman que no es culpable en el caso de la desaparición de los estudiantes. Asisten al acto dos padres de los normalistas

Alejandro Guerrero

Iguala

Más de mil familiares, amigos, ex ediles y ex funcionarios, así como ex policías y policías municipales y dos padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcharon la tarde de este domingo para exigir al gobierno federal la excarcelación del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, de quien afirman que no es culpable en el caso de la desaparición de los estudiantes.
Al concluir la movilización, en el estacionamiento de la plaza comercial Galerías Tamarindos, en un mitin realizado, el señor Francisco, padre del normalista Everardo Rodríguez Bello, y esposo de la señora Minerva Bello Guerrero, quien falleció en la lucha por la presentación de su hijo, dijo que “ya basta de tantas mentiras, José Luis Abarca no es el culpable”.
El padre del normalista, titubeante, repitió lo dicho por los familiares del ex alcalde en la conferencia de prensa que dieron el viernes, de que Abarca Velázquez no era identificado con la clave A-1, sino que él era A-5, “hay muchas claves que no me las sé porque no soy policía municipal, pero son engaños y ya estamos cansados”.
Demandó claridad, justicia, castigo y verdad de los hechos, “yo perdí un hijo, a Everardo y a mi señora también, Minerva Bello, aquí estamos y seguimos en la lucha, pero queremos justicia y castigo de verdad”.
Agregó: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Arriba nuestra organización y José Luis, él no tiene culpa, la llama grande está en la normal de Ayotzinapa”.

La marcha

A las 5:20 de la tarde, el numeroso contingente de unas mil 500 personas, 3 mil según los organizadores, salieron en marcha de la esquina de las calle Álvaro Obregón y Reforma, en la colonia Centro; caminaron por la calle Juan Aldama, tomaron un tramo de la carretera federal México-Acapulco para seguir al bulevar Heroico Colegio Militar, hasta llegar a la plaza Tamarindos, donde realizaron un mitin.
Al frente de la marcha, a la que han llamado “marcha por la justicia”, con las consignas de “Vivos se los llevaron. Nos faltan 43”, y “la verdad de los Abarca”, iban los hermanos y sobrinos del ex alcalde, el empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, así como los dos padres de los jóvenes desaparecidos Celso García Aristeo y Francisco Rodríguez, y un hijo de este último.
Las cientos de personas, en su mayoría de colonias populares, como Fermín Rabadán, San Miguelito y Líderes del Sur, llevaban cartulinas y lonas con consignas como: “No más persecuciones a la familia Lara Abarca”, “resolución del caso”, “ocho años de una mentira histórica”, “expediente fabricado a modo”, “libertad para a los Abarca”, “Abarca inocente”, “Abarca y Pineda, inocentes”.
Entre los asistentes se vio a los dos síndicos en el gobierno de Abarca Velázquez, Oscar Chávez Pineda y Mario Castrejón Mota; al ex candidato a la alcaldía Erik Catalán Rendón, así como ex funcionarios del gobierno abarquista, policías y ex policías municipales y sus familias.

Está muy enfermo, le deben dar prisión domiciliaria

La hija del ex alcalde, Yazareth Abarca Pineda, dijo en declaraciones a reporteros durante la marcha que su padre está muy enfermo y pidió que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria, para seguir su proceso.
Dijo que su condición es muy vulnerable y ya en tres ocasiones su salud ha estado muy, muy grave, casi de muerte. Pidió que se haga una revisión de los casos Abarca-Pineda y Lara-Abarca, y señaló que está segura que las autoridades del actual gobierno federal saben que su papá es inocente, “es un preso político y por consigna”.

El mitin

Durante el mitin, el sobrino del ex alcalde, Said Lara Abarca, destacó la presencia de dos de los padres de los 43 jóvenes desaparecidos y la unión de dos movimientos, “es histórico el movimiento que se ha creado, porque estamos conscientes y López Obrador lo ha dicho, esto fue un crimen de Estado, y José Luis Abarca no fue responsable”.
Insistió en que José Luis Abarca no está en alguna investigación por el caso de la desaparición de los 43 normalistas, y reiteró que “el A-1 no es el presidente municipal, sino que es el A-5, todas las personas que están dentro de la organización de Protección Civil, Policía Municipal y Policía Estatal saben que el A-5 es el presidente municipal, el A-1 representaba a otra persona a nivel estatal, era el entonces gobernador”, dijo nuevamente, sin decir el nombre de Ángel Aguirre Rivero.
La señora Esther Velázquez agradeció a las personas que participaron en la marcha de apoyo a su familia y exigió la liberación de su hijo José Luis Abarca, “si están aquí es porque creen en su inocencia”.
En su mensaje, al que dio lectura, la madre del ex alcalde dijo llorando que las madres “entienden que es muy doloroso no estar cerca de su hijo y ver que su salud se está complicando y se va deteriorando”.
Agradeció a los padres de los normalistas de Ayotzinapa por acompañarlos, “mi familia y yo también estamos en su lucha”, dijo a los dos padres presentes.
En su intervención, Yazareth Abarca agradeció a las autoridades del actual gobierno federal “que están tomando cartas en el asunto y que están revisando este caso”. Reconoció también a los papás de dos de los 43 jóvenes desaparecidos, a quienes les dijo: “sufrimos la misma pena y hoy nos unimos para poder superar toda esta situación”.
Al presidente Andrés Manuel López Obrador le dijo: “usted sabe que mis papás son inocentes y lo ha dicho” y “que los verdaderos culpables pasen mucho más de nueve años en la cárcel, porque para eso que hicieron no hay explicación”.

Se lanza Pedro Segura contra Vi-dulfo Rosales y agradece “pitazo” de Rubén Figueroa

El empresario y ex candidato a gobernador de PT y PVEM, Pedro Segura Valladares, destacó que fue él quien convocó a los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y dijo que “unos no pudieron llegar, otros están aquí abajo (del templete), pero estamos todos unidos, ya basta de tanta injusticia aquí”.
Afirmó que Abarca “no tiene nada que ver en esto, y simplemente lo usaron para salvarse los de arriba, y me reservo los nombres, y el gobierno federal sabe quiénes son”.
Se lanzó en contra del abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, “le mando un saludo a Vidulfo, el licenciado que está en Chilpancingo, y si de veras López Obrador quiere hacer un buen gobierno, que investigue a Vidulfo, el abogado de los 43 que se ha ‘mamado’ todo el dinero y no quiere que se aclare este caso, porque le conviene que siga”.
En su discurso, contó un anécdota en la que hace cinco años presuntamente el gobierno federal lo pretendía detener, “sembrando” armas y muertos en su rancho en la comunidad Los Sauces, en Teloloapan, pero se escapó gracias al “pitazo” que le dio el ex gobernador Rubén Figueroa, “le debo ese gran favor a un hermano que doy la vida por él, y es el ex gobernador Rubén Figueroa, fue él que me echó el pitazo”.

 

 

Muere de infarto Ezequiel Mora, padre de Alexander, uno de los 43 desaparecidos

Había participado en la manifestación de cada mes en la Ciudad de México, y se disponía a asistir a la marcha en Iguala organizada por familiares del ex alcalde preso. Esperaban el cuerpo en El Pericón, Tecoanapa, para el funeral

Lenin Ocampo Torres / Alejandro Guerrero

Chilpancingo / Iguala

Murió ayer Ezequiel Mora Chora, padre de Alexander Mora Venancio uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el primero que fue identificado por especialistas de la Universidad de Innsbruck, en Austria.
El deceso del campesino de El Pericón, Tecoanapa, que durante casi 8 años participó en las movilizaciones de los padres por la presentación de sus hijos y justicia, se debió a un infarto, cuando se encontraba en Iguala, después de participar en la Ciudad de México en la manifestación a 95 meses de los hechos.
Edith Mora, hija de don Ezequiel, confirmó que el deceso ocurrió en Iguala, a donde su padre había acudido a la marcha convocada por familiares del ex presidente municipal, José Luis Abarca, a la que además asistieron otros tres padres, Francisco Rodríguez, Celso García Aristeo y Juan Colón Juárez.
Consultada vía telefónica a la 12:04 de la medianoche, contó que les acababan de avisar y confirmar la muerte de su padre. Dijo que había fallecido en Iguala y no en Teloloapan como se indicó en las primeras versiones.
Un reporte policiaco indica que don Ezequiel falleció a causa de un infarto en el hotel Vida en el Lago del municipio de Tepecoacuilco, propiedad del empresario y ex candidato a gobernador, Pedro Segura Valladares, que fue a quien se adjudicó durante el mitin realizado al finalizar la marcha en Iguala este domingo, el haber convocado y llevado a los padres a participar en esta movilización. Posteriormente lo trasladaron a un hospital de Iguala, donde se confirmó que ya había fallecido y se dio a conocer el hecho.
Se informó que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encontraban realizando las diligencias, y familiares de don Ezequiel se habían trasladado a Iguala para ser informados del hecho.
La llamada verdad histórica del gobierno de Enrique Peña Nieto informó que el 7 de diciembre de 2014, en bolsas de plástico que hallaron en la ribera del río San Juan, había restos óseos calcinados y de uno de esos fragmentos se confirmó que correspondía al joven de 19 años, originario de la comunidad de El Pericón, municipio de Tecoanapa.
Poco antes, vía telefónica un allegado a la familia informó a El Sur, que Ezequiel Mora murió en el hotel Vida en el Lago, que se encuentra en la presa de Tepecoacuilco y es propiedad del empresario Pedro Segura, donde llegó a pernoctar el sábado para participar en la marcha de ayer en la ciudad de Iguala organizada en apoyo al exalcalde José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que se encuentran persos por diversos delitos pero también están implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Una fuente señaló que por la mañana antes de la manifestación, que al menos ocho padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa –entre ellos Ezequiel Mora– se reunieron en privado con el empresario y excandidato a gobernador por el PT-PVEM, Pedro Segura.
A la marcha que fue programada a las 5 de la tarde “don Cheque ya no asistió porque se sentía mal”.
La fuente informó que el padre de Alexander Mora falleció de un infarto.
Ezequiel Mora Chora era originario de El Pericón, municipio de Tecoanapa, era campesino y de vida humilde, en los últimos 8 años salió junto a los otros padres de los 43 desaparecidos a marchar por la aparición con vida de su hijo, aun cuando la Procuraduría General de la República (PGR) le había informado en diciembre del 2014 que habían identificado a Alexander en una parte de un hueso analizado por los expertos de Austria.
El hueso fue encontrado presuntamente en el Río San Juan, en Cocula y fue enviado a la Universidad de Innsbruck, donde con estudios de ADN fue identificado y ptesentado como parte de la “verdad histórica”.
A la media noche se informó que en su casa de la comunidad de El Pericón ya esperaban al menos 50 personas para velar el cuerpo de Ezequiel Mora Chona.

Reclaman que no hay avances en el caso de los tres normalistas asesinados

A 95 meses de los ataques en Iguala, padres y madres de los 43 alumnos de Ayotzinapa desaparecidos, normalistas y organizaciones sociales realizaron un mitin por los tres normalistas que fueron asesinados.
El pasado sábado, como cada día 27 realizaron un mitin minutos después de las 12 del día en el sitio donde localizaron asesinado al normalista Julio César Mondragón Fontes, y colocaron una ofrenda floral.
Ahí, Maximino Hernández Cruz, padre de Carlos Lorenzo Hernández Muñoz agradeció a las organizaciones y a los alumnos de Ayotzinapa, porque siguen apoyándolos.
Dijo que se cumple otro mes más y no hay castigo a los responsables del asesinato de Mondragón Fontes, de Daniel Solís y de Julio César Ramírez Nava.
El padre manifestó que: “se cumple un me más de sufrimiento, un dolor tan grande como padres y madres de los 43. Se van a cumplir ocho años y no hay ningún detenido, pero nosotros vamos a seguir hasta saber la verdad y se castiguen a todos los responsables”.
Posteriormente se dirigieron a donde fueron asesinados Daniel Solís y Julio César Ramírez, y ahí se colocó otra ofrenda y realizaron otro mitin. (Redacción).

No hay pruebas de que los 43 estén sin vida ni se han presentado los restos, cuestionan padres

Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa durante la marcha de ayer en la avenida Costera de Acapulco rumbo al monumento en memoria de los 43 desaparecidos Foto: Jesdús Trigo

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que en el informe de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) destaca que se reconozca como crimen de Estado el ataque a los estudiantes en Iguala, que se estableció responsabilidades a autoridades municipales y estatales, así como a fuerzas de seguridad y del Ejército, y que las agresiones fueron “un hecho complejo” por los diferentes escenarios en los que ocurrieron.
También, destacó que los padres y madres no desestiman el informe, pero tampoco hay una aceptación tal cual respecto a que indica que los estudiantes estén sin vida, “hay algunas pruebas técnicas científicas que estarían sustentando esta hipótesis, pero estas pruebas técnicas necesitan todavía ser corroboradas”.
Además, adelantó que hoy en una marcha en la Ciudad de México, los padres y madres darán un posicionamiento en torno al informe y que representa para ellos la detención de Jesús Murillo Karam, el entonces procurador general de la República.
Anoche en el programa transmitido en Facebook STRMnoticias, del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, fue entrevistado por Jesús García Arreguin, el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra informó que los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya hicieron una revisión del informe y que hoy darán al concluir una marcha en la Ciudad de México un “pocisionamiento formal oficial”.
Adelantó que tras la revisión observan tres cosas, primero que el informe reconoce que fue un crimen de Estado, “una situación complicada, pareciera muy superficial que se considera crimen de Estado, pero no, incluso para caracterizar así un hecho como el de Ayotzinapa y otras graves violaciones a los derechos humanos han tenido las víctimas que recurrir a instancias internacionales y a veces solo a través de la Comisión Interamericana es como este organismo internacional ha condenado el Estado mexicano diciendo que tal crimen o tal hecho es un crimen de Estado.
Destacó que el propio Estado lo reconoció así en la presentación del informe, donde estuvo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su gabinete pleno y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, “creo que no se debe relativizar y no se debe restar importancia, se debe tomar en su justa dimensión lo que se está diciendo”.
Argumentó que también destacaron del informe que se establecen responsabilidades de autoridades municipales y estatales, y no sólo de fuerzas de seguridad municipales sino de autoridades federales como la Policía Federal, y del 27 y 48 batallones de infantería, ambos con sede en Iguala, así como de la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.
Sostuvo que la tercera observación que hicieron del informe, es que contempla que la agresión del día 26 y madrugada del 27 de septiembre fue un hecho complejo, pues dijo “la comentocracia en México está diciendo que este informe que acaba de sacar el presidente de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia es igual a los informes anteriores, yo creo que no, habría que hacer una diferenciación”.
Mencionó que la diferencia es que las agresiones se desarrollaron en varios escenarios de Iguala como el crucero de Santa Teresa, el Periférico Norte, el Palacio de Justicia y otros escenarios que se mencionan, así como la agresión a Julio César Mondragón, por lo mismo, participaron varios actores estatales y no estatales para agredir a los estudiantes, es decir, “se trató de un hecho complejo, grande, de agresión y no es como se estableció con anterioridad, que en un punto determinado detuvieron a todos los estudiantes”.
Rosales Sierra destacó que quedó evidenciado que los estudiantes se movían en diferentes lugares y hubo la capacidad de los actores que agredieron de ocupar casi toda la ciudad de Iguala y sus alrededores en la periferia.
Añadió que para los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos causó polémica el paradero que señala el informe, “queremos ser muy objetivos, no vamos a desestimar lo que está aportando el informe, pero tampoco hay una aceptación tal  cual, por eso queremos ser muy puntuales y queremos la comprensión de las organizaciones”.
Explicó que según el informe los estudiantes probablemente estén sin vida, “hay algunas pruebas técnicas científicas que estarían sustentando esta hipótesis, pero estas pruebas técnicas necesitan todavía ser corroboradas, incluso aquí en México, la Covaj tiene un primer elemento, digamos, en un primer nivel, tiene esta prueba técnica, entonces esta prueba técnica necesita pasar un segundo nivel de corroboración para ver si eso efectivamente tiene el sustento que nos pueda dar una certeza científica”.
Aseguró que el subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, ya entregó las pruebas técnicas a la Fiscalía General de la República (FGR) para que las someta un tamiz científico, agregó que los padres harán lo propio con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Reiteró que por ahora no desestiman la prueba técnica que se presentó en el informe, “pero tampoco es que ya está dilucidado cabalmente”, y comentó que después de que se corrobore estarán en condiciones de decir si tiene sustento o no la prueba técnica con la que se pretende respaldar la hipótesis.
Vidulfo Rosales manifestó que el informe es relevante porque se habla de la participación de autoridades municipales y no sólo policías municipales de Iguala, sino a actores municipales y policías de Iguala, de Cocula, de Huitzuco y de Tepecoacuilco, “por lo menos hay cuatro municipios implicados en estos hechos, estamos hablando de una región completa en Guerrero”.
Expresó que los padres de los 43 merecen certeza científica y pruebas indubitables de que sus hijos ya no están con vida, dijo que exigen que les presenten los restos para que les puedan llorar y cerrar el ciclo, reprochó que organizaciones han enviado condolencias y pésames, “no estamos en ese nivel de que nos puedan mandar un pésame porque no tenemos la certeza”.
De si confía en la FGR para la corroboración de las pruebas, sostuvo que la Fiscalía tendrá que echar mano de todos los recursos que disponen y que han observado a Gertz Manero “en estos días, más comprometido con el caso, entonces eso da un poco de certeza”, aunque reiteró que el GIEI tendrá que que participar y colaborar en esas investigaciones.
Rosales Sierra dijo que los padres de los 43 esperan que el gobierno continúe las investigaciones para esclarecer cabalmente lo ocurrido, echando mano de más testigos, informantes y colaboradores, que se rompa el pacto de silencio y se dé con el paradero de los normalistas desaparecidos.
También agregó que esperan que el gobierno “proceda de inmediato” contra los responsables que se señalan en el informe, afirmó que esto no implica que “ya estamos todos contentos, no, no tenemos hoy en día a los jóvenes y se han identificado a tres estudiantes, del resto no tenemos nada”.
Detalló que hoy marcharán los padres de los 43 en la Ciudad de México para exigir verdad y justicia por la desaparición de los estudiantes, el contingente partirá del Ángel de la Independencia hacia el Hemiciclo a Juárez, donde en un mitin, los familiares de los normalistas darán un pronunciamiento en torno al informe y qué representa para ellos la detención de Jesús Murillo Karam, el ex procurador general de la República, a quien el miércoles, un juez lo vinculó a proceso por los delitos de tortura, desparción forzada y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.
Añadió que el 27 de agosto habrá una reunión a las 10 de la mañana en el Sindicato de Telefonistas en la Ciudad de México, con organizaciones sociales, para afinar los preparativos de la jornada de lucha con motivo de los ocho años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala.
Vidulfo Rosales dijo que la jornada iniciaría el 12 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre, un día antes, el 26 de septiembre habrá una marcha nacional en la capital del país, y el 27 la marcha será en Iguala.

 

Marchan padres de los 43 en Cdmx y acuerdan una reunión con el secretario de Gobernación

En el quinto día de la Jornada de Lucha en el Corazón 43×43 y en vísperas de que se cumplan 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, una comisión de 14 padres y madres de los desaparecidos, estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el abogado Vidulfo Rosales y el vocero Felipe de la Cruz, fue recibida este miércoles por el director de Atención Ciudadana y Concertación Política de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lorenzo Gómez Hernández y acordaron una reunión con el secretario Alfonso Navarrete Prida.
El encuentro fue después de que un contingente de alrededor de 100 personas llegara a las inmediaciones de la sede principal de la Segob, a las 11 de la mañana.
Desde una hora antes se desplegaron 600 granaderos de la Policía Federal en las calles de Bucareli y Abraham González. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública vigilaban las vallas sobre Bucareli al momento en que el contingente de familiares y estudiantes de Ayotzinapa avanzaba contando en coro del 1 al 43.
Cuarenta minutos después de su llegada la policía dio paso únicamente a la comisión que durante una hora estuvo adentro.
Poco antes de la 1 de la tarde el representante de los padres y papá del joven desaparecido Mauricio Ortega, Melitón Ortega solicitó a los presentes que marcharan al Antimonumento a los 43, sobre Bucareli y Reforma, para dar a conocer ahí los avances de la reunión.
Los manifestantes llegaron acompañados de representantes del Frente Popular Francisco Villa Independiente, del Comité del 68 Pro Libertades Democráticas y de la organización Nueva Constitución Ciudadana y Popular.
Felipe de la Cruz tomó el micrófono para informar que únicamente se llegó a un acuerdo: un encuentro entre padres y madres con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para hoy jueves 26 o mañana.
Vidulfo Rosales se refirió al caso de los tres estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco y expresó que ni este caso, ni el de los normalistas pueden quedar sin solución antes de que acabe este sexenio, “la lección es clara: no debemos dejar impunes los delitos en contra de los derechos humanos”.
Melitón Ortega expresó que las autoridades parecen estar más preocupadas por resguardar sus instalaciones que por dar resolución a las demandas de justicia. El martes hubo un intercambio violento entre la policía de la Ciudad de México y manifestantes. Posteriormente una comitiva se reunió con el secretario de Gobierno de la Cdmx, Guillermo Orozco para aclarar los hechos.
“Nosotros dejamos en claro que no buscamos confrontación con la policía de la ciudad. Nuestras movilizaciones se dirigen a las autoridades federales”, comentó Ortega.
“En esta jornada hemos visto una presencia masiva de la policía capitalina, lo cual consideramos un acto de intimidación. Por eso solicitamos a Guillermo Orozco que ofrezca garantía y seguridad al movimiento”, demandó.
Al finalizar la jornada la madre de César Manuel González, Hilda Hernández informó que a partir de hoy y hasta el 2 de octubre se realizarán las jornadas De Tlatelolco a Ayotzinapa, que culminarán el día del aniversario 50 de la masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Se contará con la participación del Comité del 68, Nueva Constitución Ciudadana Popular y el movimiento de padres, madres y estudiantes de la Normal de Ayotzinapa.

 

 

Toman padres de los 43 de Ayotzinapa la caseta de Tlalpan y marchan en la Cdmx

Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa tomaron ayer la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México durante cuatro horas y marcharon desde la Procuraduría General de la República hasta el Hemiciclo a Juárez, para exigir la presentación con vida de los jóvenes.
Las manifestaciones son parte de la Acción Global por Ayotzinapa, que se realiza los días 26 de cada mes, para exigir el esclarecimiento de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, durante los cuales fueron asesinados tres normalistas y 43 desaparecidos.
Ayer se cumplieron 35 meses de los ataques. Los padres de familia encabezaron las protestas en la Ciudad de México, y participaron integrantes de distintas organizaciones sociales del país.
En la marcha, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, avizoró que para 2018, por los tiempos electorales, el gobierno intentará “ensombrecer el tema” de Ayotzinapa, por eso aseguró que de no haber resultados el próximo 29, el movimiento radicalizará sus acciones.
A dos años 11 meses de que policías municipales de Cocula, Huitzuco e Iguala, presuntamente con miembros del grupo de la delincuencia organizada Guerreros Unidos, y la participación de efectivos del Ejército, la principal consigna de los padres en un mitin fue que las autoridades den resultados de las cuatro líneas de investigación pendientes.
Las acciones en la Ciudad de México comenzaron a las 10 de la mañana. Padres, integrantes de organizaciones sociales y normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FCSM) se reunieron en el antimonumento a los 43 ubicado en el Paseo de Reforma, luego partieron a la caseta de Tlalpan donde estuvieron hasta las 14:00 horas dando paso libre.
Los contingentes llegaron cerca de las 17:00 horas a la Procuraduría General de la República (PGR). Los esperaban otras organizaciones para comenzar la marcha que salió de esa sede hacia el Hemiciclo a Juárez. Faltaba una hora para que lloviera cuando los normalistas junto a los padres gritaron: “¡Ni la lluvia, ni el viento, detendrán el movimiento!”.
“¡Ayotzi vive, la lucha sigue!”, repitieron miembros de La Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Brigada por Ayotzinapa, Ciudad de México con Ayotzinapa; también personas portando pancartas con tres fechas: 2 de octubre, masacre de Tlatelolco; 10 de junio, Halconazo; 26 de septiembre, desaparición forzada de los 43.
La Brigada Marabunta, como en cada marcha en la ciudad, colocó una cuerda de protección para el primer contingente, el de los padres portando gallardetes con el nombre de sus hijos, luego iban formados los estudiantes de primer año de Ayotzinapa, los llamados “pelones” por su rapado obligatorio al entrar a la normal, después las demás agrupaciones.
Alrededor de las 18:00 horas la lluvia comenzó cuando los manifestantes llegaban al antimonumento que simboliza un número 43 con letras rojas; Melitón Ortega, vocero de los padres, pidió una parada allí para leer los nombres de cada uno de los 43. Luego de que Melitón repetía cada nombre, los demás contestaban: ¡presentación con vida!”.
La parada no duró más de 5 minutos porque comenzó a llover y la gente avanzó. Un activista regaló rosas a las mamás de Ayotzinapa y colocó pétalos en forma de corazón en el piso y una cartulina: ¡35 meses de impunidad y la esperanza de los 43, sigue!”.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, reiteró que son cuatro líneas pendientes, entre éstas que les den un informe de las llamadas de todos los involucrados en el caso, que se investigue el trasiego de droga de Iguala a Chicago, la investigación al Ejército y quedan pendientes consignaciones contra policías de Huitzuco.
Consideró que el tema electoral “va ser un nubarrón que va invisibilizar la justicia para Ayotzinapa. Los padres tenemos que hacer una revisión acuciosa para ver cómo remamos contra esa vorágine electoral que va a venir. Por eso la posición de los padres es poder avanzar en estos meses, arreciar las movilizaciones, para ver si hay un cambio de posición”.
Lamentó que el presidente Enrique Peña Nieto haya administrado el conflicto hasta ahora, “dan avances a cuenta gotas, es una estrategia que ya tienen. No quieren ahondar en las líneas de investigación, que se devele las instituciones medradas por la corrupción, que están inmiscuidos con la delincuencia organizada, eso le resta votos al PRI en el 2018, ahondar sería evidenciar a un gobierno corrupto”.
El vocero de los padres, Melitón Ortega, advirtió que si el 29 próximo la PGR no da avances a la comisión de seguimiento de las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aumentará el tono de las movilizaciones; el próximo 2 de septiembre inician giras por Guerrero, para que del 15 al 26 las movilizaciones a nivel nacional sean simultáneas.
Hubo varias participaciones durante el mitin que continuó aún con la lluvia, y concluyó con el himno socialista Venceremos.

 

Levantan plantón en PGR padres de los 43 tras acuerdo de seguimiento de las líneas del GIEI

 

Los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos levantaron ayer el plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), en el que estuvieron 26 días para exigir que el gobierno federal siga las líneas de investigación que estableció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para buscar a sus hijos.
De acuerdo con el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, este martes unos 700 integrantes de organizaciones sociales, nacionales e internacionales, que formaron la Asamblea Nacional Popular (ANP), marcharon con los padres de los normalistas desde el anti monumento a los 43, ubicado en el Paseo de la Reforma, hasta el plantón frente a la PGR.
Más tarde, en una conferencia de prensa, los padres dieron a conocer un balance de las acciones que llevaron a cabo durante los 26 días que mantuvieron el plantón, y a la una de la tarde comenzaron a desarmar el campamento, para regresar a la Normal Rural de Ayotzinapa, en Tixtla.
Vía telefónica, Felipe de la Cruz dijo que las autoridades federales se comprometieron a dar seguimiento a las líneas de investigación que estableció el GIEI, es decir, el trasiego de drogas, los teléfonos de los jóvenes, la intervención de la Policía Municipal de Huitzuco y del Ejército en los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la responsabilidad del entonces gobernador, Ángel Aguirre Rivero, y del entonces fiscal Iñaky Blanco Cabrera.
Además, en una reunión el viernes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifirán se comprometió a que en los siguientes días los padres de los normalistas desaparecidos y sus representantes tendrán una mesa de trabajo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Señaló que aún no se les indica la fecha, lugar y hora, para llevar a cabo la mesa de trabajo con Osorio Chong, aunque los padres de los normalistas desaparecidos consideraron que luego de las marchas, bloqueos y protestas en la Ciudad de México, es una avance que el gobierno federal decida reanudar las mesas de diálogo y seguir las cuatro líneas de investigación.
De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, el levantamiento del plantón se da después de acordar con el gobierno federal una reunión con representantes de la PGR y las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 31 de mayo y otra en la primera quincena de junio con Osorio Chong.
Previo a esas reuniones, los padres y madres sostendrán un encuentro preparatorio con el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrián, en la que se reafirmarán las cuatro peticiones que sostuvieron en esta movilización.
Rosales Sierra explicó que las mesas de trabajo fueron acordadas con Campa Cifrián en reuniones interinstitucionales el pasado 10 de mayo.
Vidulfo Rosales reconoció que, “hay un desgaste en la salud y en la situación física de los padres de familia, y no podemos jugarnos todo en un plantón, la lucha continúa, ésta es una más”.

El recuento de actividades

Acompañados de estudiantes de normales rurales del país y de organizaciones sociales, los familiares de los desaparecidos marcharon del anti monumento a los 43 al plantón en la PGR, donde presentaron un balance de las actividades que llevaron a cabo en la capital y anunciaron el levantamiento del plantón.
A Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, le correspondió leer el pronunciamiento en el que informaron que desde que se instalaron en plantón, el pasado 20 de abril, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa y sus simpatizantes marcharon 14 veces en distintas partes de la Ciudad de México, hicieron cinco mítines de denuncia, ocho actos político culturales y tuvieron cuatro reuniones con autoridades.

 

Pretende el gobierno cerrar el caso Ayotzinapa con la hipótesis del basurero de Cocula, denuncia padres

Padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa marcharon ayer por Paseo de la Reforma al cumplirse 30 meses de los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
Indignación y coraje fueron las palabras con las que Melitón Ortega, papá de uno de los estudiantes desaparecidos, describió el ánimo de los padres, luego de que el gobierno federal revivió la llamada “verdad histórica” frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bajo una lluvia tenue, los familiares marcharon del Antimonumento de los 43 hacia el Hemiciclo a Juárez. Atrás de los padres caminan estudiantes normalistas e integrantes de diversas organizaciones campesinas y obreras.
Los padres y madres de los normalistas desaparecidos denunciaron que las autoridades pretenden cerrar la investigación de los ataques, asesinatos y desaparición forzada de los estudiantes Iguala del 26 y 27 de septiembre, al sostener en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de la verdad histórica, en el marco de la 30 acción global por Ayotzinapa, en la Ciudad de México.
El abogado Vidulfo Rosales Sierra explicó que el sentir de las consignas y discursos en la marcha y el mitin político de ayer, es que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, tiene la intención de cerrar el proceso, porque resulta muy costoso políticamente para sus aspiraciones a la Presidencia seguir administrando el caso.
No obstante, que no se han agotado las líneas de investigación abiertas, y que la línea de Huitzuco está fortalecida.
En consulta telefónica, informó que ayer, a dos años y medio de los hechos de Iguala hubo acciones en diferentes ciudades del país y en el mundo para exigir respuestas y justicia a las autoridades mexicanas. En la Ciudad de México, pese a la lluvia intensa en el comienzo de la protesta, estimó que alrededor de 3 mil personas apoyaron la manifestación. La protesta concluyó a las 7 de la noche, cuando la lluvia había terminado.
Dijo que se tenía confirmación de acciones por Ayotzinapa en Tlaxcala, Guadalajara, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, y en Filadencia, Nueva York y Houston en EU.
Informó que una de las mamás de los 43, María de Jesús Tlatempa, participó en una manifestación en Francia, en la embajada mexicana, que es parte de una gira por Europa que comenzó en Austria, y seguirá en Madrid, Alemania e Italia.
En la Ciudad de México, ayer, tres madres de estudiantes desaparecidos: Carmelita Cruz, Cristina Bautista y Joaquina García fueron las oradores principales.
Ahí expresaron la molestia por el regreso de la “verdad histórica” en el pleno de las sesiones públicas de la CIDH en Washington, porque representa un retroceso en el curso de la exigencia de justicia y por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y “que coloca en otro tono y tesitura el diálogo con el gobierno”.

En las caravanas norte y sur, padres de Ayotzinapa exigirán avances en las investigaciones: Vidulfo

Con la nueva caravana por el norte y sur del país, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa buscan construir un mecanismo de supervisión que exija avances en las investigaciones de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, informó el abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra,
En consulta telefónica sobre la gira que comenzó el sábado en Chiapas y ayer pasó por Oaxaca, en el sur del país; y en la ruta del norte, comenzó ayer en Querétaro, explicó que el mecanismo especial de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un “motor” importante en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR), sin embargo, no tiene el mismo peso que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que podía “meterle el hombro a la investigación”.
Ahora, indicó que toca a los padres impulsar la investigación ante los mínimos resultados de la PGR, desde la salida de los expertos en abril de 2016.
Aclaró que por medio de los abogados coadyuvantes y con el acompañamiento de las organizaciones, van a construir un mecanismo de supervisión en las mesas de seguimiento mensual que se retomaron el 9 de febrero con la PGR y la Secretaría de Gobernación.
Recordó que en la mesa la PGR y Segob se comprometieron a consignar a los policías federales y municipales de Huitzuco involucrados en la detención de un grupo de los 43 desaparecidos “en un plazo breve”; a continuar la búsqueda de los estudiantes sin escatimar recursos, a fortalecer la oficina de investigación para impulsar el análisis de la telefonía celular e investigaciones en campo, y a continuar las reuniones de información mensuales.
Desde Querétaro, en el mitin que se realizó en el jardín de la Corregidora, explicó que en esta caravana van a recorrer sólo los puntos donde hay colectivos muy activos que mantienen la demanda de presentación con vida de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, cada mes, desde el 26 de septiembre de 2014.
Explicó que en los mítines y reuniones los padres van a actualizar la información que recibieron de la investigación, y a invitarlos a la quinta convención que realizarán en la ciudad de México el 25 y 26 de septiembre para discutir la situación actual de los movimientos, y la manera de cómo seguirán construyendo referente nacional de lucha de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa.
Consideró que la información del caso, a veces por la distancia, llega difusa a los estados, y los padres llevan los líneas de investigación que no ha abordado la PGR, los obstáculos para avanzar en las mismas y los obstáculos sobre las investigaciones internas a los funcionarios que ha impedido tener resultados.
Antes, dijo que esperaban que en la mesa de seguimiento con funcionarios de PGR y Gobernación, el 9 de febrero, acudiera algún integrante del Mecanismo Especial de Seguimiento de la CIDH, pero ayer aclaró que no fue posible. No obstante, el equipo operativo técnico del mecanismo tiene prevista una visita este mes y otra a fines de marzo o principios de abril con el relator para México, Enrique Gil Botero.
Adelantó que en las sesiones de marzo de la CIDH, habrá una audiencia del caso Ayotzinapa en la sede de la CIDH, para que México, como Estado, informe sobre el cumplimiento de las medidas cautelares para los 43 normalistas desaparecidos, la atención de los heridos y demás víctimas de los ataques a balazos en Iguala, Guerrero, ocurridos hace 28 meses.
La caravana que va en la ruta norte, estará en San Luis Potosí, seguido de Guadalajara, hará paradas en Irapuato, Guanajuato, y terminará en el 17 en Tiripetío y Morelia, Michoacán.
El vocero Felipe de la Cruz, que viaja en la ruta sur, informó que en Chiapas fueron recibidos en la sede del sindicato de maestros de la sección 7, en Oaxaca, por la sección 22; en los dos estados tuvieron reuniones y mitines. Hoy llegarán a Puebla, continúan en Tlaxcala y terminan el 17 en Hidalgo.