La Procuraduría General de la República dio a conocer a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos que el ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, implicado en la manipulación de la investigación y la alteración de evidencias, sólo será investigado administrativamente y no penalmente, como lo exigieron los familiares de las víctimas.
Ayer, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos denunciaron “complicidad” y “falta de voluntad” de las autoridades federales para resolver la desaparición forzada de los jóvenes, al término de una reunión encabezada por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade.
El encuentro de este jueves ocurrió después de seis meses del rompimiento de diálogo entre familiares de los desaparecidos y la PGR, luego de que la entonces procuradora, Arely Gómez, incumplió el acuerdo de concluir las indagatorias por las actuaciones irregulares del entonces director de la Agencia de Investigación Criminal.
Zerón de Lucio es señalado de sembrar evidencias en el río San Juan de Cocula para soportar la versión de que los 43 estudiantes fueron incinerados y sus restos arrojados en ese lugar, ya que fue videograbado en la zona con bolsas.
Del rompimiento del diálogo el abogado Vidulfo Rosales resaltó que en el encuentro las autoridades presentaron un acuerdo de conclusión que “dista mucho” del documento que fue dado a conocer por la revista Proceso y otros medios de comunicación. En él se hace referencia a las responsabilidades de Zerón de Lucio y de al menos cinco funcionarios de la PGR en esa visita del 28 de octubre de 2014, que no está en el expediente del caso Ayotzinapa.
Dijo que el documento mencionaba la pertinencia de someter a los involucrados a “sanciones incluso penales, en el acuerdo de conclusión presentado, la sanción más alta es hacer del conocimiento del superior jerárquico las irregularidades cometidas por los funcionarios”.
No obstante en el caso de Zerón de Lucio dijo que en el documento que les fue entregado, sólo se habla de “sanciones administrativas”.
Además los 18 puntos en los que se describían las responsabilidades de los funcionarios en aquel reporte se redujeron a siete, omitiéndose “varias en las que se instruía dar vista al Ministerio Público”.
Vidulfo Rosales señaló que en la reunión no hubo respuestas concretas a las preguntas de padres sobre las investigaciones a funcionarios públicos como al actual director de la AIC, Omar García Harfuch, cuyo número de contacto y el del ex secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, están en una libreta que se le decomisó al supuesto líder del grupo criminal Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Tampoco se dio información de los datos ocultados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre ellos el trasiego de droga de Iguala a Chicago en camiones de pasajeros desde Iguala, ni de la estructura criminal de Guerreros Unidos.
Ante esas deficiencias, dijo Rosales, los padres exigieron a Osorio Chong y a Cervantes Andrade que “no oculten más información a los integrantes del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con quienes se sostendrá una reunión en marzo en Washington”.
Los padres de dos de los desaparecidos, Emiliano Navarrete y Mario González denunciaron la falta de avances en las investigaciones para localizar a sus hijos en los seis meses en que suspendieron el diálogo.
Los padres se manifestaron inconformes porque las autoridades les dieron a conocer información del número de detenidos, “que todos ya conocemos”, sin llegar a fondo en lo fundamental, que es el paradero de los estudiantes.
Navarrete preguntó “¿cómo es posible que después de 28 meses en que desaparecieron nuestros hijos, el gobierno no sepa dónde están?, no podemos aceptar tanta ineptitud y que no puedan dar respuestas. Lo que vemos es que en la PGR no hay voluntad para dar con nuestros hijos y esclarecer los hechos”.
González señaló que la falta de avances “ya es un síntoma de complicidad de las autoridades para ocultar los hechos”.
Felipe de la Cruz, el vocero de los padres, destacó que los dos acuerdos concretos a los que se llegó este jueves fueron incrementar el número de agentes encargados del caso y continuar la búsqueda utilizando tecnología Leader y disponer de mayores recursos.
Se informó que la próxima reunión con el procurador será el 9 de marzo, fecha en que los padres y madres evaluarán los avances.
En la reunión estuvieron la subprocuradora de Derechos Humanos Sara Irene Herrerías, el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrián y el subsecretario de Relaciones Exteriores Miguel Ruiz Cabañas.

Tiene siete procesos contra funcionarios por el caso Ayotzinapa; entre ellos a Tomás Zerón: PGR

Tras formar un cerco en la puerta principal de la Procuraduría General de la República (PGR), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa entraron a la dependencia para dialogar con autoridades.
La PGR informó que inició siete procesos administrativos contra funcionarios que participaron en la investigación del caso Ayotzinapa, entre ellos a Tomas Zerón de Lucio, el ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
Según el abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, “había 18 responsabilidades contra funcionarios, irregularidades cometidas en la investigación interna, en la resolución que hoy nos presentan sólo tienen siete responsabilidades”.
Luego de más de 3 horas de reunión con los titulares de la Secretaría de Gobernación (Segob) Miguel Ángel Osorio Chong y de la PGR, Raúl Cervantes Andrade, el vocero de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz dijo que algunos de los compromisos mínimos adquiridos por el gobierno federal fue continuar la búsqueda de los estudiantes en polígonos en Guerrero, a dos años y cuatro meses de su desaparición en Iguala.
“Vemos cómo de manera tendenciosa y mañosa este gobierno pretende dejar en el olvido este caso; dentro de los compromisos que adquirieron, porque no negociamos”.
“Uno de los compromisos principales fue que se va a incrementar el número de agentes para llevar a cabo la investigación y más tecnología, que es un compromiso ya viejo, lo que queremos son respuestas prontas”, indicó De la Cruz.
Los padres exigieron a las autoridades la localización de los 43 normalistas y el castigo a funcionarios de la PGR, al Ejército y a la Policía Federal.
Las autoridades, “se mantienen con la política de encubrir a los responsables”, dijo Gabriel Hernández, uno de los familiares de los estudiantes desaparecidos.

La Función Pública determinará la sanción a Zerón de Lucio

La posible sanción contra Tomás Zerón será determinada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), informó ayer Alfredo Higuera, Fiscal Especial para el Caso Iguala.
“Se dispuso que fuera la SFP quien determine el campo de responsabilidades correspondientes contra este personaje (Zerón) por lo que será ahí donde se dé a conocer la sanción administrativa que se le impute”.
“Habría que saber los momentos y tiempos de la SFP para este evento y de ahí habría que intervenir el tipo de sanción, pero en lo que se refiere a un plazo para que de su determinación no se podría dar como tal”, dijo tras la reunión de padres de los normalistas y funcionarios de la PGR y Gobernación.
Ahí se informó a los familiares que se abrió una investigación contra Zerón, pero no penal como lo exigieron, sino administrativa.
Los padres demandaron la localización de los jóvenes y castigo a los funcionarios de la PGR, el Ejército y la PF que, de acuerdo con su versión, enviciaron la investigación.
“Habían 18 responsabilidades contra funcionarios, irregularidades cometidas en la investigación interna. En la resolución que hoy nos presenta la PGR sólo tienen siete responsabilidades. Quedan a deber con la resolución”, dijo Vidulfo Rosales.