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Hallan ejecutados a seis de los vecinos levantados en Chacotla; las dos mujeres fueron liberadas

Seis de los ocho vecinos que hombres armados levantaron la noche del lunes en Chacotla, Mochitlán, fueron hallados ejecutados la mañana de ayer en una carretera ubicada en los límites de Mazatlán, Chilpancingo, y Mochitlán.
Vecinos de la comunidad de Chacotla señalaron que antes de que asesinaran a los seis vecinos de esa localidad y Mazatlán, llegaron en la madrugada las dos mujeres levantadas caminando a su casa, y dijeron que sus compañeros aún estaban vivos cuando a ellas las liberaron.
En conferencia de prensa en Casa Guerrero, el vocero de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, y el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez, confirmaron la ejecución de seis de los ocho vecinos y la liberación de las dos mujeres.
Olea Peláez dijo que la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), no permitía el acceso a la escena del crimen, por lo que hasta las 11:40 de la mañana los seis cuerpos permanecían en la carretera federal Mazatlán-El Salado, cerca del kilómetro 31.
Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informaron que a las 6:19 de la mañana, recibieron un reporte al número de emergencia 911 del hallazgo de seis hombres asesinados en el camino Mazatlán-El Salado-Lagunillas, que conduce a dos poblados de Mochitlán. Las víctimas fueron encontradas a 3 kilómetros de Mazatlán.
Al lugar llegaron llorando familiares de las víctimas e intentaron entrar a la zona acordonada, para reconocerlos, sin embargo los peritos de la Fiscalía les impidieron pasar.
Los cuerpos de los cinco vecinos de Chacotla y uno de Mazatlán, entre ellos un menor de 14 años, fueron encontrados tendidos boca abajo en la carretera, tenían dos disparos en la cabeza y sólo uno llevaba zapatos. En el sitio se hallaron 12 casquillos percutidos.
Según un reporte policiaco, las víctimas son un joven que viste playera negra y pantalón de mezclilla, otro llevaba pantalón de mezclilla y suéter azul, un joven con pantalón amarillo, suéter negro, bóxer verde y playera rosa; otro joven vestía una bermuda café y tenis blancos con negro, llevaba desnudo el torso. Uno más sin playera y con pantalón de mezclilla y el sexto vestía pantalón de mezclilla y camisa café con rayas.
Al término de las diligencias de los peritos de la FGE, los familiares se llevaron los cuerpos en una camioneta a su lugar de origen para sepultarlos. La zona fue acordonada por militares, policías ministeriales y policías estatales.
Como se publicó en la edición de ayer de El Sur, un comando armado de 30 hombres irrumpió disparando la madrugada del martes a la comunidad de Chacotla, municipio de Mochitlán, se llevó a ocho vecinos de la localidad y saqueó viviendas.
Los delincuentes entraron a la comunidad, que está a 40 minutos de recorrido desde la ciudad de Chilpancingo, disparando y amedrentando a la gente que salió a esa hora de sus casas.
Ese día, entre lágrimas y llantos un familiar de unos de los levantados lamentó, “cómo le vamos a hacer, se llevaron dinero, se llevaron su arma de mi nieto que dejó guardado aquí, su cinturón bueno, mi nieto se estaba levantando cuando se lo llevaron”.
Otra vecina de la comunidad, quien se reservó su nombre, señaló que los civiles armados irrumpieron en su casa, le robaron dinero, oro, un teléfono celular, “se llevaron las sandalias nuevas que me había comprado, se llevaron tres hermanos, entre ellos un menor de 14 años y su mamá”.
Otro testigo detalló que el comando llegó en cuatro camionetas nuevas marca Chevrolet y Nissan, “llegaron y rafaguearon las viviendas”.
Vecinos envían mensajes en WhatsApp para denunciar amenazas de muerte; piden al Ejército

Vecinos de la comunidad de Chacotla hicieron circular mensajes en grupos de WhatsApp en los que se lee, “Queremos reportar que a los ciudadanos de Chacotla nos están amenazando por teléfono porque los que mataron llevaban números de amigos y familiares, y a todos nos están llamando y nos dicen que nos va cargar la verga si denunciamos lo que pasó en nuestro pueblo”.
Después sigue, “Nos hablan de un tal Celso Ortega y un tal Isaac Navarrete y nos están amenazando que van a entrar a matarnos con la comunitaria del señor Bruno. Pedimos al gobierno que nos ayude y nos mande el Ejército, porque tenemos mucho miedo, nos quieren matar por sólo ser amigos y familiares de los muchachos que mataron hoy en la mañana”.
“Le pedimos al gobernador Héctor Astudillo Flores que no nos deje solos con estos asesinos. Ayuda por favor”, concluye el mensaje.
Durante la conferencia, el vocero en materia de Seguridad, Álvarez Heredia justificó la falta de atención diciendo que hubo llamadas al 911 para “desviar la atención de los hechos ocurridos”. La Policía Estatal tardó en llegar a la comunidad 15 horas, después de que fueron levantados los vecinos.
En su descripción, el vocero no especifica la hora a la que llegaron los policías municipales enviados a resguardar la zona, y aseguró que se actuó de manera pronta.
“A la media noche del 30 de enero un grupo armado irrumpió a bordo de cuatro vehículos en la comunidad de Chacotla, derivado de este incidente hubo varios reportes al 911, específicamente de dos primeros que alertaban de un posible enfrentamiento armado en el pueblo de El Naranjo”, agregó.
Explicó que tras las primeras llamadas se decidió enviar a un grupo de cinco policías preventivos del municipio de Mochitlán para confirmar los hechos, pero estos no reportaron nada.
Después, sin especificar la hora, se decidió enviar a 30 policías estatales, tras obtener información sobre los hechos ocurridos en Chacotla, por lo que se inició un operativo de búsqueda.
“Inmediatamente la Policía Estatal desplegó un operativo para localizar a estas ocho personas y rescatarlos con vida; quiero señalar con responsabilidad, desde el primer instante el gobierno del estado recibió los reportes y hubo una respuesta inmediata; sin embargo, hay que reconocer que hubo intentos de desviar la atención, tal vez se actuó en algunos caso con dolo o en otros caso por un asunto que tiene que ver con el miedo, finalmente el día de hoy se localizaron seis personas de masculinos privados de la vida”, señaló.

La UPOEG no tiene nada que ver con el comando armado, responde el fiscal

Por su parte, el fiscal Olea Peláez dijo que iniciaron las investigaciones, pero puntualizó que tenían problemas para ingresar a la escena del crimen debido a que la Policía Comunitaria de la UPOEG, no les permitía levantar los cuerpos para trasladarlos al Servicio Médico Forense (Semefo).
“Tenemos problemas para acercarnos, la Policía Ministerial está pretendiendo entrar a estos poblados, para el efecto de seguir con las investigaciones”, agregó.
Dijo que a pesar de esto las investigaciones están avanzadas, pero no dio detalle, debido al “sigilo” de la averiguación.
También se le preguntó si los ejecutados tenían relación con la Policía Comunitaria de la UPOEG, a lo que respondió tajantemente que no. Ninguno de los dos funcionarios detalló el motivo de los hechos, ni dio nombres de presuntos responsables.

Capacitará la Fiscalía a la UPOEG en Costa Chica; sólo atenderá delitos menores, acuerdan

 

La Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) coordinación con su estructura de seguridad comunitaria, capacitación, la creación de una oficina para la investigación del abigeato y dos morgues para la región Costa Chica, porque la inseguridad “desplazó” a las instituciones y a los ciudadanos, según el dirigente Bruno Plácido Valerio.
Ayer en la tarde la Fiscalía informó en un boletín de la reunión de representantes de la UPOEG con el fiscal Xavier Olea Peláez, para establecer los lineamientos de coordinación entre la dependencia y “un grupo importante de comisarios municipales”, pero no se precisó cuántos ni de qué comunidades ni municipios.
Dijo que acordaron mantener una capacitación permanente de los comisarios, policías, comandantes, promotores y defensores comunitarios en el nuevo Sistema de Justicia Penal y en el combate al abigeato.
Además, mantener reuniones de coordinación, evaluación de comisarios con fiscales regionales en seguridad y dar seguimiento a los hechos delictivos, así como la habilitación de una funeraria como Servicio Médico Forense en la región Costa Chica.
Al respecto se consultó vía telefónica al dirigente de la UPOEG, quien informó que la inseguridad desplazó a las instituciones y a los ciudadanos en esa región, por eso la UPOEG busca coordinación con las autoridades.
Por ejemplo, cuando la Policía Ciudadana detenga a delincuentes que no son la región pero fueron a extorsionar a sus comunidades, serán entregados a la FGE. Asimismo, se notificará de personas que se encuentren desaparecidas o se estime que se fueron del estado por su cuenta, y que se denuncian como secuestros, para que la Fiscalía trate de localizarlos en otras entidades de la República.
Agregó que los delitos menores se pueden resolver en las comunidades pero los secuestros y homicidios que ocurran en las comunidades serán turnados a la FGE.
Confirmó que la UPOEG va a entrar a una etapa de capacitación en juicios orales, sólo como información, y solicitó la creación de una Fiscalía para investigar el robo de ganado.
También solicitó una reunión con autoridades del sector salud y de la FGE para la creación de rastros porque en la región se introduce ganado robado o enfermo, no apto para el consumo humano, y el tema compete a las dos instituciones de gobierno.
Dijo que se pidió la creación de dos morgues para que la gente que muere en un accidente o por homicidio no sea trasladada al Semefo de Acapulco. Indicó que es muy costoso para las familias el traslado del cuerpo de vuelta a las comunidades.
Subrayó que es necesario el diálogo y coordinación de autoridades comunitarias con el gobierno estatal, pero “que nadie suplante a nadie, por ejercer una acción en su función que no lo persigan”.
Informó que hay más de 100 carpetas de investigación contra integrantes del sistema comunitario de seguridad que están atendiendo legalmente, presentando pruebas para agotar los procesos penales.
Adelantó que entre hoy y mañana continuará la mesa de trabajo con la Fiscalía para diseñar una agenda de reuniones y capacitaciones en municipios de Costa Chica.
De la denuncia de un desaparecido el 26 de noviembre en la carretera Ayutla-Tierra Colorada en el entronque de San Juan del Reparo, municipio de Juan R. Escudero, en un acto público el domingo, en las acciones contra el alza al precio de la gasolina donde se culpó a la UPOEG, dijo que no le han informado al respecto.
Se trata de un comerciante de la comunidad de El Pericón, Ayutla de Libres, quien fue privado de su libertad y señaló a grupos de la región. Su hermana aseguró que la policía de la UPOEG se lo llevó porque tenía tres grupos operando en la zona, aunque presentó la denuncia en la oficina antisecuestros indicó que las autoridades les exigen que ellos lleven las pruebas.

 

Marchan universitarios en la capital; exigen seguridad y justicia para la familia asesinada

Unos mil estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) marcharon en esta ciudad para exigir justicia para la familia Cabrera Rosado, asesinada el domingo en la capital, y seguridad en el estado.
Los universitarios le dieron al fiscal general Xavier Olea Peláez, 48 horas para que dé resultados de la investigación del asesinato de la maestra e integrante del Comité Ejecutivo Central del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Jeany Rosado Peña, su esposo y médico internista del IMSS, Nicéforo Cabrera Rojas y su hijo Isaac Daniel, de lo contrario continuarán las manifestaciones y exigirán su renuncia.
En la marcha maestros y trabajadores administrativos de la UAG mediante el equipo de sonido que llevaban le reclamaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, que en un año de su administración la violencia y la inseguridad han ido en aumento, le exigieron que si no es capaz de brindar el orden y la paz que prometió en campaña que deje su cargo.
En la movilización participaron integrantes del STAUAG, del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia al Servicio de la UAG (STTAISUAG), estudiantes de las escuelas de la Universidad en Chilpancingo, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG), el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach) y la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales.

La marcha

La marcha salió a las 10:40 de la mañana de la alameda Granados Maldonado y concluyó con un mitin en Palacio de Gobierno, en el recorrido los manifestantes se detuvieron en el Palacio Municipal y en el Congreso local.
Al frente del contingente marcharon integrantes del Comité Ejecutivo Central del STAUAG, encabezados por el secretario general Ofelio Martínez Llanes, seguidos por integrantes del STTAISUAG con la secretaria general Brenda Alicia Alcaraz González al frente, el secretario general de la CETEG Ramos Reyes Guerrero, universitarios y activistas.
Los manifestantes portaban pancartas en las que se leyó: “Astudillo ¿dónde está el Guerrero de orden y paz? Justicia”, “UAG, exigimos a las autoridades correspondientes justicia expedita para los universitarios asesinados”, “Gobierno ¿de qué me sirve pagarte mis impuestos si no me das seguridad?” y otros mensajes similares.
También coreaban consignas como “Astudillo no hace nada, que se vaya a la chingada”, “Justicia, justicia, justicia” y “el pueblo unido jamás será vencido”.
Frente al Palacio Municipal el secretario de Conflictos del STAUAG, David Molina Francisco dijo que los universitarios quieren que se haga justicia a los crímenes en su contra, “el gobernador está callado, no dice nada, por eso vamos al Palacio de Gobierno para ver qué mentiras nos va a decir Astudillo Flores”.
Consideró que el gobernador tiene la oportunidad “todavía” de dar resultados claros, pero si no puede “que nos presente su renuncia, que se vaya”. Pidió que también renuncie Olea Peláez y aseguró que desde que él llegó a la FGE aumentaron los asesinatos en el estado.
El maestro Galdino Nava Díaz dijo que los universitarios le dan 48 horas a Olea Peláez para que de resultados de la investigación, de lo contrario le exigirán que renuncie a su cargo.
En el Palacio Municipal los universitarios reclamaron que en Chilpancingo “no hay autoridad” y aseguraron que el presidente municipal priista, Marco Antonio Leyva Mena es un mal gobernante pues “no hace nada”.
En el Congreso local el maestro Antonio García Quiroz cuestionó qué harán los ciudadanos que decidan defenderse de un ataque, explicó que jurídicamente deben de tramitar un juicio de amparo, luego huir “porque la justicia de manera oficiosa lo va a perseguir y encarcelar, ese ciudadano tendrá que huir porque los cómplices de los delincuentes estarán tras sus huesos”.
Dijo que se deben de modificar el Código Penal y las leyes que fundamentan la acreditación de la defensa, porque “la legítima defensa en Guerrero es letra muerta, ciudadano honesto, trabajador que se defiende es víctima del estado”, y exigió a los diputados que legislen al respecto.
“Si no lo pueden hacer consulten a los universitarios y si no pueden, dejen ese espacio tan placentero y váyanse a hacer lo que mejor saben, nada”, advirtió que si en un término no mayor a tres meses, el Congreso local no discute el tema, “vendremos a invitarlos a que dejen su espacio, para que entren los que tienen ganas de trabajar”.

El mitin en Palacio de Gobierno

Martínez Llanes, Alcaraz González, Molina Francisco, Magdalena Salgado Patiño, la maestra de la escuela de Enfermería 1 Catalina Santiago, la viuda de Armando Chavarría Barrera, Martha Obeso Cázares, el integrante de Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense, Román Ibarra Flores, el integrante de la Comisión Política de la CETEG Carlos Botello Barrera, el secretario general del Sutcobach, Alfredo Ramírez García, el dirigente de la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero (APPG) Nicolás Chávez Adame, el maestro de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) José Luis Ayala García, y la trabajadora de Prospera despedida injustificadamente, Mayra Morales Sánchez estuvieron en el mitin en Palacio de Gobierno.
Martínez Llanes dijo que los universitarios “estamos de luto, hoy hemos decidido marchar para exigir justicia y seguridad para los guerrerenses y los universitarios, le exigimos al gobierno que cumpla su función de darnos seguridad”.
“No queremos que el gobierno diga que la compañera (Jeany Rosado) estaba en el lugar equivocado o que tenía pacto con la delincuencia, no cesaremos las protestas, persistiremos hasta que sepamos la verdad”, advirtió.
Alcaraz González dijo que el STTAISUAG le exige a los tres niveles de gobierno que esclarezcan todos los crímenes que afectaron a universitarios, y recordó que el maestro de la escuela de Psicología de Acapulco, César Urrutia Guerrero está desaparecido desde el 15 de diciembre pasado.
Lamentó que “ya ni en nuestros hogares estamos seguros” y dijo que “todos hemos pasado por situaciones de inseguridad y hoy salimos a exigir nuestros derechos”.
Ramírez García dijo que el Sutcobach apoyará todas las acciones a las que convoquen los universitarios, “de manera inmediata y especial exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de estos condenables crímenes contra los universitarios, desde aquí le decimos al gobierno del estado que estamos unidos”.
A pesar de que Reyes Guerrero participó en la marcha, “por cuestiones de salud”, fue Botello Barrera quien habló a nombre de la CETEG y dijo que durante los 27 años que el magisterio lleva manifestándose, los maestros han sido asesinados, perseguidos y encarcelados, y que no es tolerable la situación de inseguridad actual, “ya basta de tanta violencia”.
Puntualizó que “hoy tenemos que hacer una lucha unificada sin protagonismos, sin políticos, los ciudadanos tienen que dar la cara porque hemos sido atacados, ¿qué va a hacer la ciudadanía con los que sólo se vienen a enriquecer?”. Añadió que la CETEG se unirá al plan de acción de los universitarios y viceversa.
Chávez Adame lamentó que el Palacio de Gobierno estuviera rodeado de vallas, “hoy Guerrero se viste de luto, hoy frente a estas rejas venimos a manifestarnos, el gobierno insensible priista que ofreció orden y paz, no cumple, los únicos que se salvan son ellos, el gobernador, los diputados, los senadores, hoy las armas las tiene la delincuencia” y que ante esa situación “la unidad es la clave”.

Reclaman la ausencia del rector

En su intervención, Ibarra Flores dijo que los universitarios deben unirse, lamentó los constantes crímenes en el estado y que “este tipo de movilizaciones no las encabece el rector (Javier Saldaña Almazán), es su responsabilidad encabezarlas pero no lo está haciendo porque coincide con el proyecto político del gobernador de Guerrero”.
Algunos universitarios exclamaron “¡hay que correrlo!”, luego, el integrante del Colectivo Insurgencia Universitaria Guerrerense dijo que “afortunadamente” se avecinan las elecciones y en ellas “debemos de calificar su conducta”.
Molina Francisco lamentó que Saldaña Almazán no haya respondido a la invitación del STAUAG para que el rector encabezara la marcha junto al resto de los universitarios, y por ello “le haremos un fuerte reclamo”.
Añadió que pese a que las autoridades estatales rodearon con vallas las escalinatas del Palacio de Gobierno, “eso no nos va a impedir entrar”, aclaró que los universitarios no llegaron a la sede del Ejecutivo estatal para cerrarla, pero “el día que queramos hacerlo nadie nos lo va a impedir”.
Pidió a los policías estatales que resguardan el edificio que mejor salgan a cuidar a la sociedad y a dar seguridad en las calles.

Hay avances, les dice un vicefiscal en una reunión

Una comisión de universitarios y organizaciones sociales encabezada por Martínez Llanes se reunió en el Palacio de Gobierno con el representante de la Subsecretaría de Desarrollo Político, Jesús Vargas Vargas y el vicefiscal a cargo de la investigación del asesinato de la familia Cabrera Rosado, Néstor Fiallo Samayoa, quienes les informaron que “hay avances”.
Se acordó que la próxima semana los universitarios se reunirán en la Fiscalía de manera directa para conocer a detalle los avances en la investigación del crimen, a pesar de esto Martínez Llanes dijo que estarán atentos, porque “si el gobierno no puede debemos asumir nuestra propia defensa”.
Añadió que los universitarios exigirán justicia no sólo para la familia Cabrera Rosado, sino para todos los académicos, administrativos y estudiantes que han sido afectados por la inseguridad, “nunca más un crimen para las universitarias ni para los universitarios, ni tampoco para el pueblo de Guerrero”.
“Desde aquí le decimos al gobierno que nosotros también sabemos actuar racionalmente, los escuchamos, pero necesitamos respuesta y la próxima semana queremos que haya respuesta positiva, la impunidad es lo que nos está matando, el gobierno debe acabar con la impunidad”, expuso.

Llama el rector de la UAG a que liberen a los dos trabajadores de Psicología desaparecidos

 

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, intervendrá en el caso de los dos trabajadores de Psicología desaparecidos. Además indicó que un estudiante de la Facultad de Ingeniería que estaba desaparecido fue encontrado y reconocido por sus padres en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo.
Ayer el rector firmó un convenio con el Instituto del Deporte de Guerrero (Indeg) para que los atletas de alto rendimiento y universitarios puedan hacer uso de las instalaciones. El acto se hizo en el auditorio de la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación (UEPI) en Acapulco.
En su intervención, Saldaña Almazán dijo que los dos trabajadores Francisco Javier Ramírez García de 36 años y César Urrutia Guerrero de 34 años, fueron secuestrados en el tránsito a sus casas en Acapulco, “levantados, no sé que pasó, pero ya no llegaron”.
El rector informó que por la mañana el gobernador del estado lo llamó por teléfono y le informó que iba a intervenir en el caso y que atendería a los padres de los trabajadores desaparecidos.
Indicó que también recibió la llamada del fiscal del estado, Xavier Olea Peláez para ofrecer su disposición en las investigaciones y dar con el paradero de los trabajadores, “ojalá pronto los tengamos con nosotros”.
En declaraciones el rector lanzó un llamado a los captores de los universitarios, “pedir a las personas que los tienen que hagan una consideración, en nuestro juicio en lo que los conocemos en su vida universitaria son gente de bien. Por eso que nos atrevemos a decirles que hagan esa consideración con la universidad, porque en la universidad están todos, hijos de todos”.
Informó que las 5 de la tarde se reuniría con el fiscal Olea Peláez para saber de los avances de las investigaciones. A las 6:30 de la tarde informó que sólo platicaron por teléfono y que el fiscal le dijo que siguen las indagatorias y que han desplegado el mayor número de elementos para dar con el paradero de los trabajadores.

Encuentran el cuerpo del estudiante de Ingeniería en el Semefo de Chilpancingo

El rector informó que el estudiante de la Facultad de Ingeniería, Leonel Aarón Cantú Leyva quien desapareció el 15 de noviembre cuando viajaba de Tlapa a Chilpancingo fue identificado por sus familiares en el Semefo de Chilpancingo, y que hace tres días los padres del estudiante le pidieron ayuda para trasladar el cuerpo a su lugar de origen, “nosotros esperemos que las cosas mejoren, la parte de la seguridad”.
En declaraciones el rector abundó que el papá del joven egresado de la universidad “son gente de bien, ojalá y que esas pesquisas que tiene (la FGE), arrojen la captura de los responsables, lamentablemente lo encontraron sin vida”.
Dijo que ha exigido a los universitarios no salir a las calles por la complicada situación de seguridad, “nos ha ido mal en esta últimas dos semanas, hemos perdido a varios compañeros universitarios, algunos por muerte natural, como el maestro de la prepa 4, un maestro de Turismo, un asesor del STAISUAG, y un maestro de Enfermería, y de prepa 5”.

Insiste en su llamado al pacto social para revertir la inseguridad

En su intervención ante unos 70 universitarios que asistieron a la firma de convenio, reiteró su llamado al pacto social ya que eso llevaría a todos a reponer el estado actual de Guerrero, un acuerdo incluso entre los partidos políticos que dirigen el estado, la sociedad y los universitarios, con acciones dirigidas a que el estado transite hacia mejores condiciones pero que “no podemos decir que el gobierno no está haciendo nada, el gobernador está todo el tiempo trabajando”.
Saldaña Almazán agregó que el sábado se reunió con los integrantes de Grupo Universidad donde plantearon que “si dejamos sólo al gobernador difícilmente tendremos resultado a corto –plazo–“ y que se tienen que integrar los casi 90 mil universitarios para poder establecer una ruta que permita al poder Ejecutivo, Judicial, y Legislativo, “establecer condiciones para que podamos muy pronto revertir este ambiente de inseguridad, y podamos transitar hacia ser cosas que nos permitan ganar los espacios que necesita la sociedad”.

Urge a crear un plan integral desde
la federación

Luego de que el presidente Enrique Peña Nieto culpó a los gobiernos locales del aumento de la violencia en el país, el rector respondió a reporteros que para el estado de Guerrero se necesita un plan integral desde la federación “donde primero se capacite y que haya esa disposición” de las policías municipales y estales, además de la FGE.
Sostuvo que hay “municipios donde la policía municipal tiene más miedo que la población. O sea hay municipios donde las policías municipales están borradas, yo he estado y es algo que lamentamos mucho, debe de ser una capacitación integral”, donde se les retire de sus municipios para capacitarlos y después que regresen a dar seguridad.
Aunque también expresó que no es una situación de tener más policías sino de reconstruir el tejido social, “pensar que solamente con policías se va arreglar el tema. Guerrero necesita mayor información en proyectos sociales, y justicia para los movimientos sociales para que ya no sigan evolucionando y para ello se requiere una estrategia del gobierno federal.
Saldaña Almazán reprochó que mientras el estado tiene un presupuesto de poco más de 50 mil millones de pesos, el de Oaxaca es de 90 mil millones de pesos, “se debe de privilegiar más a Guerrero y en consecuencia a la universidad”.
En el acto fue acompañado por el director del Indeg, Román Bello Vargas, el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, el director de deporte de la UAG, Cristian Anuar Navarrete, y el coordinador de cultura y deporte, David Ávila Arizmendi.

Planta de nuevo el titular de la CEAV a familiares de desaparecidos en Chilpancingo

 

Familiares de desaparecidos nuevamente fueron plantados por el representante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Julio Hernández Barros, quien les aseguró que este lunes estaría atendiéndolos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), y que además estaría el fiscal general, Xavier Olea Peláez, representantes de la delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Salud (Ssa) y el alcalde capitalino, Marco Antonio Leyva Mena.
A la 1 de la tarde estaba programada la reunión en la Codehum donde llegaron puntualmente los familiares, sin embargo unos representantes de la CEAV los esperaban para informarles que se canceló la reunión.
Una de las familiares, Margarita López reprochó el incumplimiento de Hernández Barros, a quien el 17 de noviembre confrontaron porque los hizo esperar una hora y media para atenderlos e incumplió los acuerdos que pactaron. Ese día se comprometió que se reuniría con ellos el 24 de noviembre. A dicho encuentro no asistió y tampoco fueron representantes de la CEAV, sólo acudieron médicos y psicólogos que atendieron a las familias.
Margarita López dijo que se enteraron por el presidente de la CEAV en el estado, José Luis Gallegos Peralta, que Hernández Barros dijo que no se presentaría a la reunión ni notificaría a las autoridades porque temía que los familiares los trataran mal, como dice lo trataron en noviembre cuando le reclamaron que los apoyos no les estaban llegando y además pidieron su destitución.
Sin embargo nadie les notificó que no irían pues cinco días antes dijo Margarita López que le habló a Hernández Barros para preguntarle si irían y lo único que les dijo fue que ninguna autoridad hasta ese momento le había confirmado su asistencia.
Resaltó que a los familiares les preocupa que se sigan llevando cadáveres al Cementerio Estatal Forense de los que tienen conocimiento que no se han hecho pruebas de ADN y que entre esos cadáveres pueden estar familiares de ellos.
Agregó que pese a que la Procuraduría General de la República (PGR) hizo pruebas de ADN a familiares no existen las pruebas de los cadáveres para hacer las confrontas.
Criticó que aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró que ya se hicieron las pruebas de ADN a los 460 cuerpos que siguen sin identificarse en el estado, no se haya reunido con la PGR para comparar los resultados.
Sostuvo que se les hace extraño que hace dos meses les dijeron que no había reactivos para hacer la pruebas a los cadáveres y que ahora digan que ya tienen todas las pruebas de ADN.
Por lo tanto los familiares subrayaron que tienen “muchisísima” desconfianza de que todos los restos que se han llevado al cementerio forense ya tengan una cadena de custodia, que es donde lleva la fotografía, videos de donde se extrajo el cuerpo, la posición en la que estaba y la ropa que llevaban.

 

Asesinan al subdirector de la Prepa 5 de Ometepec; estaba amenazado por el crimen, informa el rector

El subdirector de la Preparatoria 5 de la UAG, Juan Carbajal Merino fue perseguido y asesinado a balazos en Ometepec la noche del martes, cuando se dirigía a su casa.
De acuerdo con información oficial, a las 9:20 de la noche el maestro se trasladaba en un motoneta rumbo a su casa, pero en el trayecto, presuntamente dos hombres armados le dieron alcance y lo atacaron, entre las calles Galeana y Lerdo de Tejada, en el barrio de la Cruz Grande, cerca de la capilla en dirección a Xochistlahuaca.
Según versiones de vecinos, el profesor trató de protegerse atrás de una camioneta de redilas, pero los agresores que lo siguieron le dispararon y lo mataron. En el lugar fueron encontrados al menos 19 casquillos percutidos calibre .9 milímetros.
Ayer se rindió un homenaje de cuerpo presente al subdirector en las instalaciones de la escuela, ubicadas en el centro de la ciudad, de donde lo trasladaron al cementerio para darle sepultura.
El rector de la UAG, Javier Saldaña Almazán confirmó el hecho y dijo que habló con el fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, para que se investiguen los motivos del asesinato.
Recordó que desde hace un mes, ocho de los 12 directores de escuelas de la Costa Chica fueron amenazados por integrantes de la delincuencia organizada, y recordó también que había pedido desde la semana pasada que los directores tomaran precauciones para su seguridad y la de los alumnos. “Es algo que lamento mucho”, y más tratándose del subdirector, declaró.
“Les dije a los maestros que terminaran sus exámenes para que se regresaran a su lugar de origen, pero hoy (miércoles) tenían una reunión con padres de familia, y a mí me llegó la noticia de que a las 8 de la noche dos sujetos armados le quitaron la vida al maestro”, comentó Saldaña Almazán.
El rector explicó que los maestros de aquella zona recibieron llamadas telefónicas de extorsión, “los maestros me dijeron que recibían llamadas para pedirles dinero”, por eso dió la indicación de suspender labores.
Reiteró que, “ya no quiero que sigan pasando estas cosas, por eso he planteado que en un pacto social donde participemos todos, la sociedad, el gobierno estatal, la universidad, dirigentes de los partidos y los tres niveles de gobierno, para reimplantar una estrategia que encabece el gobernador, Héctor Astudillo, para que nos permita llegar a una estabilidad, donde la inseguridad la podamos abatir”.

Sigue desaparecido el estudiante de Ingeniería levantado en noviembre; podría seguir con vida

Asimismo, informó que el estudiante de la Unidad Académica de Ingeniería de la UAG, Leonel Aarón Cantú Leyva sigue desaparecido, y dijo que espera que las autoridades den resultados, porque hay líneas de investigación que indicarían que sigue con vida.
En un mensaje difundido el 15 de noviembre en la cuenta de Facebook de SoloChilpo, se pide la colaboración de los usuarios para encontrar al estudiante. En el texto se indica que, desde el 13 de noviembre no se sabe nada del universitario, quien salió de Tlapa hacia Chilpancingo.
Saldaña Almazán denunción que continúan las amenazas de muerte contra él, por lo que, “tengo que tomar todas las precauciones de vida, porque es complicado transitar y que te sigan carros o que te llamen por teléfono”.

Es más humano colocar los cuerpos sin identificar en gavetas que en la fosa común, responde el gobernador

 

El gobernador Héctor Astudillo Flores informó que los cuerpos que serán inhumados en el Cementerio Forense Estatal de Chilpancingo no han sido identificados por sus familiares pero se cumple con un protocolo.
En conferencia de prensa después de la inauguración del 18 Congreso Internacional en Adicciones, se le preguntó al respecto y dijo que es “más correcto y más humano colocarlos (en las gavetas) que mandarlos a la fosa común”.
Héctor Astudillo reconoció que se trata de un asunto delicado e importante pero asume la responsabilidad de esa decisión.
Del reclamo de la falta de identificación de los cuerpos, el gobernador lamentó que no hay familiares que reclamen los cuerpos, “ese fue el motivo para enviarlos a un cementerio donde se tomaron una serie de medidas de carácter de salud y de trato humano a quienes fallecieron”.
“Entiendo que habrá personas que van a estar diciendo bueno por qué se los llevan si no han sido identificados, pues por eso exactamente porque no han sido identificados”, agregó.
Después el gobernador explicó que donde fueron depositados los cuerpos se trata del “primer panteón ministerial del país” y que en la inhumación de los cuerpos se cumplieron los protocolos internacionales para la conservación e identificación de cuerpos.
Explicó que a los cadáveres se les realizaron diversas pruebas periciales, antropológicas, genéticas, dactiloscópicas, odontológicas, para generar un banco de información y expedientes que permita cruzar información con otras fiscalías y la Procuraduría General de la República (PGR), y de esta forma localizar e identificar familiares vinculados a los cuerpos.
También informó que “las gavetas y bolsas que se utilizan en el panteón ministerial, fueron donadas por la Cruz Roja Internacional, y permiten conservar los cuerpos hasta 50 años”.

Es injustificable la inconformidad de los familiares, dice el fiscal

El fiscal del Estado, Xavier Olea Peláez declaró ayer que es injustificable la inconformidad de los familiares de los desaparecidos por el traslado de cuerpos del Servicio Médico Forense (Semefo) al Cementerio Forense Estatal, y aseguró que se están cumpliendo las reglas y protocolos establecidos en la materia, además, que la Fiscalía cuenta con la base de datos para una posible identificación posterior.
Consultado por teléfono el fiscal informó que los protocolos que se están aplicando son los que les proporcionó la Cruz Roja Internacional, y que continuará el traslado hasta completar 60 en una primera etapa, mientras continúa la aplicación de las pruebas al resto de los 460 que hay en los semefos del estado.
En cuanto a las denuncias que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab y ante el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Ismael Eslava Pérez de la falta de resultados en las investigaciones para encontrar a los desaparecidos, argumentó falta de presupuesto, pero que aún así hay avances y que hasta les dieron a conocer lugares donde pudiera haber fosas posiblemente con cadáveres.
Dijo que la tarde del martes se reunió con el visitador de la CNDH Ismael Eslava a quien le explicó que los cadáveres que comenzaron a ser trasladados al cementerio ministerial son los que no han sido identificados.
“A mí me salta un problema porque dicen que no están identificados los cuerpos. Los cuerpos no pueden ser identificados si ningún deudo los identifica, lo que tenemos identificado es el ADN, las periciales de antropología forense, dactiloscopia, criminología, tenemos todo, pero son desconocidos”, aseguró.
–Pero la inconformidad de los familiares de desaparecidos es que no se ha hecho una confronta–, se le aclaró al fiscal.
–Están confrontados, cómo que no hay una confronta. Pero si no se sabe quiénes son no puede haber familiares.
Explicó: “si yo me muero tengo quien me reconozca, mi esposa o mis hijos. Aquí no es ese el caso, aquí son cadáveres que no han sido reconocidos por ningún familiar. Entonces la colectividad cómo puede estar en contra si no están reconocidos”.
Olea Peláez aseguró también que se cumplieron los protocolos, “los protocolos nos los dio la Cruz Roja Internacional. Somos el primer estado de la República en crear esto, porque en todos los estados y en la Ciudad de México se ha determinado el tiempo que están los cadáveres no reconocidos en Semefo, y son enviados a la fosa común, sin sacarles el perfil de ADN, sin nada”.
En cambio, explicó que con la medida que se aplicó aquí, “si un hermano mío está desaparecido y ya lo metieron a la gaveta, me sacan sangre y saliva e inmediatamente me van a decir: es el número 5 que está en tal lado”.
–En estas condiciones, ¿va a continuar el traslado?
–Evidentemente que va a continuar porque estamos rebasados en el número de cadáveres que podemos tener en los semefos.
Confirmó que en una primera etapa se van a trasladar 60 de un total de 460 cuerpos que hay en los semefos del estado. El martes fueron trasladados 20, ayer miércoles serían enviados otros 20 y este jueves 20 más, “y hasta allí paramos”.
Agregó que después van a continuar aplicando las pruebas al resto de los cadáveres para que “en un tiempo razonable” se trasladen otros 20, “y así vamos a ir descongestionando los semefos”.
Además aseguró que la Fiscalía cuenta con una relación “perfectamente cotejadas”, y dijo que los datos se encuentran en un libro de gobierno.

Falta presupuesto para investigar los casos de desaparecidos

En cuanto a la denuncia que presentaron familiares de desaparecidos ante el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab y al visitador de la CNDH Ismael Eslava en el sentido de que no hay avances en las investigaciones para localizar a personas desaparecidas y esclarecer los asesinatos, el fiscal argumentó que la Fiscalía carece de presupuesto para hacer su trabajo.
Informó que la tarde del martes se reunió con el representante del Alto Comisionado, “y le dije claramente las penurias que pasa la Fiscalía en ese aspecto”.
Agregó que le explicó al enviado de las Naciones Unidas la escasez del presupuesto, “le expliqué que Guerrero no es Coahuila, no es Chihuahua y que es muy difícil encontrar cadáveres. Le expliqué claramente qué es lo que estamos haciendo y cómo vamos avanzando”.
Dijo que el Alto Comisionado y el visitador de la CNDH le recomendaron que de alguna manera se tiene que fortalecer la Unidad o Fiscalía de personas desaparecidas.
“El problema es que hoy no tenemos el presupuesto, y vamos a ver si para el año que entra se puede hacer crecer la Fiscalía de desaparecidos”.
Olea Peláez aseguró que el representante del Alto Comisionado y el visitador de la CNDH “estuvieron 100 por ciento de acuerdo” con su respuesta.
La reunión fue en la Fiscalía entre las 5 y 7:15 de la noche y posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Gobierno, en donde se reunieron también con el secretario Florencio Salazar Adame.
En esta segunda reunión los funcionarios entregaron un documento que contiene información de los lugares donde existen fosas posiblemente con cadáveres, y les explicaron que en el caso de las que fueron encontradas en Zitlala con 34 cadáveres y 9 cabezas humanas, fueron encontradas en función del trabajo de la Fiscalía, cuando llegaron a un campamento del crimen organizado en donde habían sepultado a 34 de sus víctimas.
Asimismo, informaron al Alto Comisionado y al visitador de la CNDH que en algunas barrancas profundas puede haber más fosas, “y les dijimos en qué parte del estado pueden estar”.
Agregó que con eso demostraron que “sí estamos trabajando y que tenemos en proceso de avance aún cuando no tenemos el presupuesto adecuado”.

Es un proyecto único

En un boletín de prensa conjunto la Fiscalía y la secretaría de Salud informaron que el Cementerio Forense Estatal (como se lee en las placas que pusieron a las gavetas donde depositaron cuerpos este martes), es un proyecto único en su género y que es coordinado por la Secretaría de Salud y la Fiscalía General del Estado.
Se informó que los cadáveres que fueron llevados el martes al panteón ministerial son los que tienen completo el proceso de identificación, “es decir, se realizó la cadena de custodia y las diligencias de traslado, para que todo quede plenamente identificado”
Las dependencias explicaron que cada gaveta fue sellada para inhumación, “misma que cuenta con una placa metálica con número de averiguación previa y fecha de resguardo, previamente se realizó doble verificación de cada cuerpo, es decir peritaje, cuestionario ante mortem y post mortem”.
Se informó que el traslado de los cuerpos será paulatino, mientras continúa el proceso de las pruebas de ADN de todos los cadáveres por el estado en que se encuentran, esto implica que el proceso puede prolongarse, para inhumar los que se encuentran en servicios médicos forenses de Iguala, Chilpancingo y Acapulco.
Las dependencias informaron que en esta etapa de inhumación están concluidos cuatro módulos de 80 gavetas, 40 por cada lado y faltan tres módulos más por construir, “existe un libro de gobierno para ingresar el día y la hora de los cuerpos, un mapa del panteón y cada espacio tiene una ubicación específica”.
“El manejo y tratamiento de los cuerpos se hace bajo los protocolos homologados de necropsia, y el fin último es que en el Panteón Forense se preserven los cuerpos en un lugar específico, para que en la base de datos de genética creada se ingresen los perfiles de los familiares y se haga la correlación de manera sistematizada, previa práctica de los estudios correspondientes de los cuerpos identificables”, agrega.
Se informó que el proceso de inhumación lo hizo la Secretaría de Salud, y que en la primera etapa se tuvo asesoría de la Cruz Roja Internacional, que dotó de un software para facilitar la elaboración de los perfiles genéticos, “señalando que no habrá cadáver en gaveta si no está identificado con todos los estudios que se tendrán al 100%, los cuales se ingresarán a la base de datos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la FGE”.

 

Anuncia el fiscal nuevo operativo para “detener” al Tequilero; lleva despensas a San Jerónimo

El fiscal de Guerrero, Xavier Olea estuvo de nuevo en la comunidad de San Jerónimo el Grande del municipio de Ajuchitlán del Progreso y llevó despensas y en medio de un centenar de protestas por los secuestros masivos anunció un nuevo operativo para “detener” al Tequilero.
Cerca de la 1 de la tarde Xavier Olea arribó acompañado del jefe de la oficina del gobernador, Alejandro Bravo Abarca, además del secretario de Seguridad Pública (SSP), Pedro Almazán Cervantes.
Al momento de llegar ya lo esperaban alrededor de 200 personas de las cuales 100 de ellas tenían cartulinas con mensajes de protesta, había mensajes dirigidos al gobernador pidiendo que cumpliera con “el orden y la paz”, otras que exigían más seguridad, pero también había otras con mensajes directos para Xavier Olea que decían “No cumpliste fiscal”, y otras “Olea Mentiroso”.
La participación de los representantes del gobierno fue concreta y corta. Primero confirmaron que se mantendrán 20 agentes con dos patrullas que pondrán su base en San Jerónimo y harán recorridos a San Cristóbal, poblado del lado norte que colinda con Ajuchitlán.
También se anunció que el próximo viernes se reunirán varias dependencias de seguridad en Guerrero en la capital para comenzar un operativo para detener a Raibel Jacobo de Almonte mejor conocido como “El tequilero” y a quien responsabilizan de los secuestros masivos.
El fiscal reviró su versión de que le daría “pa’ bajo” al Tequilero y fue concreto en decir que la intención del operativo será “detener” pero ya no “acabarlo” ni tampoco “darle pa’ bajo” como dijo en su primera visita.
Pero en San Jerónimo la gente no reaccionó igual que la primera visita. Ahora, las participaciones eran interrumpidas por gritos de mujeres que exigían “seguridad”. En más de una ocasión el jefe de la oficina del gobernador tuvo que hacer llamados para que escucharan los mensajes y las propuestas.
También llegaron cerca de 300 despensas del DIF para repartir entre la gente. Los vecinos del pueblo confirmaron que San Jerónimo sufre de una pobreza fuerte. Vendieron terrenos, vendieron carros y sacaron sus ahorros para pagar el rescate de sus familiares.
Finalmente pagaron 200 mil por cada uno. Juntaron 1 millón de pesos en total para cubrir la deuda. “Esto nos tiene en el suelo. Estamos empeñados. No sólo vendimos todo, lo poco que vamos a ganar el siguiente año ya lo tenemos comprometido a pagar, y el del siguiente también. Todo está comprometido. Todo nos quitaron”, expresaron los vecinos.
Después de la reunión que se hizo en la cancha deportiva donde aterrizó el helicóptero, el fiscal se apartó a una casa donde se reunió con algunos de los secuestrados y con familiares. Dialogó con ellos y se anunció algunos apoyos de reactivación económica en cortoplazo pero no se dieron detalles.
Algunos de los que fueron plagiados confirmaron que en su cautiverio los tuvieron con los ojos vendados y que escuchaban voces de personas que monitorean las redes sociales, veían videos del levantamiento armado en San Jerónimo y después los sicarios los obligaban a identificar los rostros de las personas (que se levantaron en armas) e hicieron una lista y lanzaron amenazas contra ellos.
“Díganles que vamos a ir, y nos vamos a traer a sus mujeres y a sus hijas para que aprendan a respetar”, dijeron los sicarios a los secuestrados quienes sólo vieron a personas haciendo una lista de nombres.
Esto ha provocado una mayor actividad en el pueblo de la gente que sale a patrullar las calles. “Estamos saliendo en las noches, a pie y en carro. Si vemos algún vehículo extraño lo paramos y les preguntamos a donde van. Sobre todo diciéndoles con mucho respeto los motivos del problema”, dijo uno de los que forma la autodefensa en el pueblo.
Señalan que la Policía Estatal les ha pedido que si ven algo raro que mejor los llamen y no sae metan en problemas. “pero de aquí a que vengan, mejor reaccionamos”, expresaron.
Los vecinos le informaron públicamente a los enviados del gobierno del estado que el grupo de autodefensa se mantiene en el pueblo, porque no se sienten seguros ni con la presencia de la Policía Estatal.

El gobernador le ordenó “darle pa’bajo” a El Tequilero, dice el fiscal en San Jerónimo, Ajuchitlán

El fiscal Xavier Olea Peláez estuvo en San Jerónimo el Grande, municipio de Ajuchitlán, donde la semana pasada el grupo criminal Los Tequileros secuestraron a 10 vecinos de los que todavía hay siete en cautiverio; informó que la orden del gobernador Héctor Astudillo Flores no es detener al líder criminal Raibel Jacobo de Almonte, El Tequilero, sino “acabarlo, darle pa’bajo”.
Anunció una operación especial por tierra y aire con agentes de Guerrero y Michoacán para ubicar a los secuestrados.
El fiscal llegó a Ajuchitlán poco antes de las 11 de la mañana en cuatro helicópteros, acompañado de policías ministeriales, estatales y de agentes de la Procuraduría de Michoacán.
Ahí estuvo acompañado de los policías y dialogó algunos minutos con reporteros para después volar a San Jerónimo el Grande.
En Ajuchitlán agradeció el apoyo de los agentes de Michoacán en la operación conjunta. Agradeció al gobernador Silviano Aureoles en nombre de Héctor Astudillo, “no quiero bajas de ustedes, quiero una sola baja, a él (El Tequilero) y ya, porque tiene asolada esta región de la Tierra Caliente”.
“Vamos a demostrarles que la ministerial de Guerrero es honesta, y vamos a sacar adelante este trabajo”, dijo.
Xavier Olea expuso que el objetivo de su visita era encabezar la búsqueda y rescate de los siete secuestrados, además de detener a El Tequilero.
Dijo que la estrategia era rodear San Miguel Totolapan incluyendo la sierra para dar con su paradero, “no es fácil, hay muchas cuevas, la zona es abrupta entre los cerros pero vamos a lograrlo”.
Informó que van bien equipados, incluirán un avión de un solo tripulante para tomar fotografías y reconocer las zonas donde se estima que está escondido el líder del grupo criminal Los Tequileros y en dónde tiene a los secuestrados.
En San Jerónimo el Grande unas 30 personas lo recibieron pero poco a poco salió más gente de sus casas. Le dijeron que las personas estaban escondidas por miedo, a pesar de la presencia de la Policía del Estado.

Lloran vecinos ante el fiscal, le piden que regrese a sus secuestrados

“Ya no sembramos, ya no salen los jóvenes a las escuelas, estamos hablando para ver cómo el gobierno nos puede apoyar porque estamos afectados en nuestras actividades económicas, por el miedo a la inseguridad”, fueron las primeras palabras que recibió el fiscal de un vecino.
La gente se desahogó: “ayúdeme, hace ocho meses se llevaron a mi hijo y no lo he vuelto a ver y no sé nada de él, ahora no veo a mi nieto, se lo llevaron”, le dijo una mujer de unos 70 años en medio de su llanto.
Cinco mujeres más lo abrazaron llorando, “queremos primero que recupere a nuestros familiares”.
“Mi hijo fue a la leña, de ahí se lo llevaron, a eso se dedicaba señor”, dijo otra de las mujeres.
Xavier Olea dijo que llevaría todos los testimonios ante el gobernador, que le diría lo que vio, que “en San Jerónimo hay hambre, que está escaseando el trabajo porque la gente no sale a trabajar por miedo, que realmente están resguardados en sus casas”.
Dijo que “el mensaje que quiero que tengan es que es un operativo. La verdad yo no les puedo prometer el resguardo de la población porque traigo 80 policías solamente, 51 policías del Estado de Michoacán que nos están apoyando”.
Agregó que este viernes “nos mandan un avión para tomar fotografías, para buscar los campamentos. Ya se encontró un campamento por la Policía del Estado, desafortunadamente no estaban ahí los secuestrados. Esta gente se mueve en la noche, hace caminar mucho a sus secuestrados”.
“La intención con este sujeto, se los digo con el corazón en la mano, no es detenerlo, vamos a acabar con él, pero para que ustedes se sientan más tranquilos, para que ustedes trabajen a gusto y que puedan sobrevivir, que esta Navidad sea placentera, primero es el rescate y después le damos pa’bajo a ese sujeto o al mismo tiempo, pero primero son ustedes, ese es el mensaje del gobernador que les manda por mi conducto”.
“Que sepa el tipo este, El Tequilero, que están armados pero no anden pululando en las calles con las armas porque se pueden meter en problemas, ténganlas en sus casas”, pidió el fiscal.
En San Jerónimo la gente fue clara, “no tenemos empleos, no podemos vender nuestra leña por miedo a salir fuera del pueblo y topar esa gente, no podemos ni trabajar la tierra de riego porque los canales no sirven, y si salimos con una camionetita nos topamos con los ministeriales o con los federales que nos quieren extorsionar”. El fiscal se comprometió a tomar cartas en el asunto.

Piden 4 millones de pesos de rescate por los siete secuestrados; son campesinos y un chofer las víctimas

Los familiares de los secuestrados confirmaron que ya tuvieron contacto con los sicarios, quienes piden medio millón de pesos por cada uno de los que se llevaron, pero a uno de los siete le piden un millón de pesos.
La versión dada por los familiares indica que desde el primer día tuvieron contacto, “aquí sale la gente a pedir pero estamos cooperando entre el mismo pueblo y pues no podemos dar más, los muchachos que se llevaron se dedican al campo, cortan y venden leña, a uno lo levantaron poniendo una cerca, otro el que tal vez más modo tenga es chofer de una combi, pero cuánto puede dar, no tienen dinero sus familias para juntar medio millón”.
También se informó que los primeros tres liberados ya no están en el pueblo y que no pagaron rescate por ellos.

Vecinos armados vigilan desde los cerros

Vecinos de San Jerónimo el Grande instalaron tres puestos de control en las entradas y desde tres lomas ubicadas en puntos cercanos. No están a pie de la carretera pero se alcanzan a ver a lo lejos, y ellos ven todo vehículo que entra y sale.
“Lo decimos porque dicen que van a ir a los cerros a buscar, no se confundan, los que están aquí cerca son nuestros”, informó uno de los vecinos a los policías que llegaron.
En el pueblo no se ven los hombres armados, ahí permanece la Policía del Estado que instaló un grupo este miércoles. Ellos se encargan de la seguridad en la comunidad. Afuera están los civiles porque temen otra irrupción por brechas fuera de los caminos comunes.
La Policía del Estado convocó este jueves a una reunión con los vecinos. Llamó a los líderes de los hombres que están en la autodefensa a desarmarse y a permitir que la Policía Estatal se hiciera cargo de la seguridad.

Toman el Palacio de Teloloapan comunitarios de la Tecampanera en su segundo día de protestas

En su segundo día de protestas y el bloqueo de la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, policías comunitarios y autodefensas cerraron la tarde de ayer el Palacio municipal de Teloloapan, para presionar a las autoridades estatales a que atiendan sus exigencias de seguridad de la Marina y la Policía Federal, el rescate de los tres herreros secuestrados y permitir que las comunitarios sigan operando armados.
En el segundo día de protestas, los comunitarios de Teloloapan, Apaxtla y Cuetzala cumplieron más de 33 horas del cierre de los accesos a Teloloapan con los dos bloqueos a la carretera federal 51 Iguala-Ciudad Altamirano, en las salidas hacia Arcelia e Iguala, en el primer bloqueo total que se mantuvo desde la 1:30 de la tarde del jueves, y el segundo intermitente, que se abría cada dos horas para dar paso a algunos automovilistas.
A las 3:30 de la tarde y ante la desatención del gobierno estatal, unos 100 comunitarios armados tomaron la sede del Ayuntamiento de Teloloapan, el cual ya había sido desalojado por trabajadores y funcionarios, y al llegar ya estaba cerrado.
Afuera del Palacio, comunitarios en su mayoría armados, se quedaron en plantón, en tanto que los otros grupos en los que participan integrantes del Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón (MAAC) y la autodefensa de Cuetzala, se mantuvieron en los bloqueos de la carretera.
En la tarde, uno de los coordinadores de la Tecampanera informó de la integración de una comisión que había salido a las 7 de la noche de Teloloapan para reunirse en Chilpancingo con el secretario general de gobierno, Florencio Salazar Adame. Minutos antes de las 10 de la noche, informó que ya habían entrado a la mesa de negociaciones en la que también estaba el alcalde de Teloloapan, el perredista Robell Urióstegui Patiño y otros funcionarios del gabinete estatal.
En el segundo día de protestas, las calles quedaron vacías, casi dos mil negocios cerrados, las clases suspendidas en 30 escuelas de diferentes niveles y el transporte paralizado.
El jueves, unos 3 mil comunitarios de Apaxtla, Cuetzala y Teloloapan, marcharon en esa cabecera municipal, hicieron un mitin y bloquearon la carretera federal en las salidas hacia Iguala y Arcelia, que también es la entrada desde la región Norte a la Tierra Caliente, lo que dejó varios vehículos varados.

El pliego de peticiones

En su pliego de peticiones, los comunitarios exigen el recate con vida de los tres herreros secuestrados hace una semana en Totoltepec, a manos de un grupo armado de la organización La Familia Michoacana. Piden también la captura de los principales líderes de la organización criminal y la investigación al alcalde de Arcelia, el priista Adolfo Torales Catalán, a quien señalan de proteger a la organización.
En las demandas también exigen que brinden seguridad la Marina y la Policía Federal, ante la falta de resultados del Ejército.
En declaraciones por teléfono ofrecidas la mañana de ayer, uno de los comunitarios advirtió que no dejarán las armas, y dijo que entre sus exigencia está que el gobierno deje trabajando a los comunitarios, ante la exigencia y la amenaza del gobernador Héctor Astudillo Flores de desarmarlos.
En ese momento, había advertido que no levantarían sus protestas hasta que se firme un acuerdo en el que el gobierno se comprometa a dejar a los comunitarios seguir trabajando.
Por la tarde, después de la toma del Palacio otro comunitario dijo, también vía telefónica, que esa determinación fue porque, “el señor gobernador no ha resuelto nada de nuestras peticiones, no ha tomado cartas en el asunto y ayer (jueves) quedó que mandaría a alguien para hablar con nosotros, su secretario no llegó y hoy nos mandó un comunicado que en una hora estaba en Teloloapan, y volvió a pasar lo mismo, no llegó nadie”, dijo molesto.
Dijo que su lucha no es contra el gobierno ni la ciudadanía, “queremos que nos entiendan, que la desesperación en Teloloapan es grande, nuestros tres compañeros herreros son personas que salieron a buscar la vida, fueron a buscar el pan de cada día para su familia y fueron secuestrados por la Familia Michoacana”.
Señaló que, “creemos justo que el gobernador tome cartas en el asunto, que ya busque a estas personas que se dedican a secuestrar y a hacerle daño a muchas personas. Como vecinos de Teloloapan hemos vivido años de terror a causa de esa gente”.
Dijo al gobernador Astudillo y a la población que, “nosotros nos hemos visto en la necesidad de levantarnos en armas porque los que somos parte de la Policía Comunitaria somos comerciantes, campesinos, maestros o transportistas, y todos tenemos familia que han sido víctimas del crimen organizado con secuestros, extorsiones, desapariciones o asesinatos”.
“Hoy lo estamos haciendo por nuestros tres hermanos herreros, y después si hay necesidad, lo haremos por cualquier ciudadano de Teloloapan, aquí ya no se le va a dejar solo a ningún ciudadano de Teloloapan”, sostuvo.
A las 12 de la noche, aún no concluía la reunión de integrantes de la Policía Comunitaria Tecampanera, en Palacio de Gobierno, con el secretario general, Florencio Salazar Adame, y con el fiscal general de estado, Xavier Olea Peláez.
Tampoco se daban a conocer todavía los acuerdos entre la organización que exige que se respete su derecho a usar armas.