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Se investigará si el FUSDEG de Tierra Colorada, El Ocotito y Petaquillas tienen vínculos con el crimen: Olea

 

El fiscal Xavier Olea Peláez informó que los policías comunitarios del Frente Unidos para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) que operan en Tierra Colorada, El Ocotito y Petaquillas, serán investigados para saber si tienen vínculos con la delincuencia organizada.
Asimismo, pidió al FUSDEG que entregue a la Fiscalía General del Estado (FGE) a los detenidos que tiene y que vincula con el asesinato del comandante Julio Alarcón Astudillo, para investigar el caso.
El domingo a medio día, intengrantes del FUSDEG bloquearon más de seis horas la carretera federal México-Acapulco en Petaquillas, El Ocotito y Tierra Colorada, para exigir el esclarecimiento del asesinato de su comandante Julio Alarcón, la movilizacion originalmente fue planeada para demandar una audiencia con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
En declaraciones a reporteros a su llegada al hotel Princess, adonde acudió como parte del Comité Rector del Programa Estatal de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, Olea Peláez indicó que “más tarde” tendría información detallada sobre el caso.
Del asesinato del Comandante del FUSDEG Julio Alarcón Astudillo ocurrido el domingo a medio día mientras conducía una Urvan de la ruta Chilpancingo-Petaquillas, el fiscal dijo que “se van a hacer las investigaciones pertinentes para dar con los responsables”.
Al fiscal se le preguntó de la informacion que tiene la Fiscalía sobre el FUSDEG, y reiteró que el fiscal regional de Chilpancingo está a cargo de la investigación, con dos Ministerios Públicos en Petaquillas y dos en El Ocotito, para investigar el homicidio de Alarcón Astudillo.
Sobre la acusacion del coordinador del FUSDEG, Salvador Alanís Trujillo, de que el comisario de Petaquillas, Mario Flores Castrejón “está metido en la maña”, el fiscal dijo que, “tenemos que investigar, no puedo adelantarme a decirles qué es lo que está pasando, porque si no estropearía yo la propia investigación, estoy esperando que el fiscal regional me informe”.
—¿Se investigan vínculos de la delincuencia organizada y el FUSDEG?
—Hay que buscar vínculos, buscar, eso no quiere decir que sean miembro o tengan ligas con la delincuencia organizada, está la investigacion y vamos a seguir adelante.
Comentó que no descartaba nada, pero que primero debían investigar.
Sobre si el tipo de armamento que usan los policias comunitarios podría indicar sus nexos con la delincuencia, ya que portan rifles AR-15, el fiscal dijo que, “habría que estudiar eso, habría que investigar esas circunstancias, pero en principio, no”, y recordó que la Ley 701 permite a las policías comunitarias utilizar armas.
Sobre los cuatro hombres que fueron detenidos por el FUSDEG como sospechosos del asesinato de Julio Alarcón, porque lo habían amenazado de muerte, el fiscal dijo que debían entregarlos a la FGE, “a fuerza”.

 

Sepultan 500 vecinos y comunitarios al comandante del FUSDEG de Petaquillas asesinado el domingo en la capital

La tarde de ayer fue sepultado el comandante del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) de Petaquillas, Julio Alarcón Astudillo, quien era chofer de una Urvan del transporte público de la ruta Petaquillas-Chilpancingo, y que el domingo fue asesinado a balazos en el estacionamiento del mercado San Francisco, cerca del centro de la capital.
El coordinador del FUSDEG del municipio de Chilpancingo, Salvador Alanís Trujillo informó que hay tres líneas de investigación del asesinato de Alarcón Astudillo, en las que está interviniendo la Fiscalía General del Estado (FGE), en colaboración con la organización, para esclarecer el asesinato de su compañero.
A las 3 de la tarde de ayer, unos 500 vecinos y policías comunitarios del FUSDEG que participaron en el cortejo fúnebre llegaron a la iglesia de San Agustín, en Petaquillas, donde se llevó a cabo una misa de cuerpo presente. Al terminar la ceremonia, el ataúd del comandante del FUSDEG, acompañado de sus familiares, amigos, comunitarios y compañeros de trabajo, fue trasladado al panteón municipal para darle sepultura.
Alanís Trujillo comentó que, de acuerdo con las declaraciones de los cuatro detenidos, “está complicado, porque nos llevan a tres líneas diferentes de investigación, pero la Fiscalía junto con nosotros estamos trabajando para dar con los responsables”.
Recordó que, anteriormente Alarcón Astudillo fue víctima de la delincuencia organizada, lo que pudiera ser una línea de investigación, “para encontrar a la gente que mató a nuestro compañero”.
Explicó que los cuatro detenidos están bajo resguardo de 72 horas en la base comunitaria del FUSDEG para hacer las investigaciones, no tiene comunicación con su familia, para evitar la fuga de información, y por seguridad sólo reciben comida, como parte del protocolo de la organización.
Alanís Trujillo informó que, de acuerdo con la Fiscalía, dos de los detenidos tienen órdenes de aprehensión, uno por homicidio y otro por violencia doméstica, y agregó que hasta que se determine en las investigaciones que “no están relacionados en este homicidio, se entregarán a la Fiscalía para que responden por sus delitos”.
Por otro lado, el coordinador del FUSDEG en el municipio dijo que el conflicto que tiene en El Ocotito se debe a intereses delincuenciales, “hay gente a la que le conviene que como ciudadanos de pueblo nos estemos peleando”.
Comentó que en una plática, el fiscal general Xavier Olea Peláez les informó que procederá contra el grupo armado que encabeza José Deivid Barrientos por los delitos de lesiones graves, intento de homicidio y portación de arma de fuego exclusiva del Ejército.
Por último, exigió a las autoridades responsables de la seguridad de Chilpancingo que coloquen una instancia confiable para combatir la delincuencia organizada, “podrán meter mil policías o programas, no funciona porque no hay una instancia confiable, la muerte de nuestro compañero es el asesinato 180 en la capital, y no se va a quedar así, lo vamos a resolver, sí tenemos que llegar a la ciudad a detener gente mala, lo vamos hacer”.
El domingo, vecinos e integrantes del FUSDEG de Petaquillas y El Ocotito, municipio de Chilpancingo, y de Tierra Colorada, cabecera municipal de Juan R. Escudero, bloquearon más de seis horas en estos tres sitios la carretera federal Chilpancingo-Acapulco para exigir el esclarecimiento del asesinato del comandante Julio Alarcón Astudillo.

Hallan el cuerpo del minero de Temixco que se ahogó al cruzar el Balsas cuando fue liberado


Este domingo por la tarde fue localizado el cuerpo sin vida del trabajador de la mina de Temixco municipio de Arcelia, que estaba secuestrado, y que de acuerdo con el reporte de los familiares de otros tres secuestrados liberados el sábado, fue quien no logró cruzar el río Balsas y se ahogó.
El joven fue localizado alrededor de las 3 y media de la tarde, entre las comunidades El Remanse y El Cubo, a orillas del río Balsas, en las colindancias de Arcelia y San Miguel Totolapan, en una zona baja donde el cuerpo quedó atorado entre las ramas de un árbol.
El joven fue identificado como Francisco, de 25 años de edad, vecino de Valle Galeana, quien era empleado de la mina, y se encontraba secuestrado desde el 27 de agosto, cuando seis personas fueron privadas de la libertad.
El agente del Ministerio Público tomó conocimiento y entregó el cadáver a los familiares.
La versión del cuarto minero liberado que se ahogó, que dieron los tres personas que llegaron a una clínica en Arcelia, finalmente se confirmó.
El 4 de septiembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado de prensa BOL/0253/2016, en el cual indicaba que “La Fiscalía General del Estado, informa que mediante trabajos de inteligencia y despliegue realizado por agentes de la institución y elementos del Ejército Nacional, fueron liberados 5 trabajadores de la Beneficiadora de Minerales S. A de C.V, ubicada en Temixco municipio de Arcelia”.
Este sábado en otro comunicado el vocero de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, informó que fueron liberadas seis personas más. Este domingo ratificó nuevamente la cantidad.
El boletín dice que “familiares de los afectados informaron a las autoridades que este fin de semana fueron liberados seis trabajadores de la mina que durante varios días permanecieron secuestrados por miembros de un grupo de la delincuencia organizada que opera en la región de la Tierra Caliente”.
En Arcelia, los familiares confirmaron que eran sólo tres personas liberadas, y una cuarta más, se había ahogado en el río. Los liberados que llegaron a la clínica son Víctor Hugo de 24 años. Juan Manuel de 16 años y Rodolfo de 36. Entre ellos está el hijo de la contadora de la mina, y el ingeniero que fueron secuestrados el 5 de septiembre.
Las dos versiones coinciden en que con el hallazgo de la persona muerta se completa la totalidad de los secuestrados.
Sin embargo, la información conocida actualmente no coincide con los datos difundidos en los boletines oficiales. Primero se habló de seis mineros secuestrados el sábado 27 de septiembre, cuando se dirigían a la empresa Beneficiadora de Minerales de Temixco procedentes de la cabecera municipal Arcelia. A mitad de esa semana hubo un reporte de que uno de los seis secuestrados había sido liberado, y después el 4 de septiembre, la Fiscalía General del Estado dijo que todos los plagiados habían sido liberados, pero sólo habló de cinco, y dijo que no se había pagado rescate por ninguno de ellos. Se suponía que con el liberado días antes ya estaban los seis, pero la versión oficial fue cuestionada por los mineros que negaron haber visto a sus compañeros.
El 5 de septiembre la contadora de la empresa, su esposo y de su hijo fueron secuestrados cuando se dirigían a la mina, y los criminales liberaron a la pareja y se quedaron con el adolescente de 16 años y un millón de pesos que llevaba la mujer para el pago de la nómina. Ese mismo día hombres armados irrumpieron en las instalaciones de la mina y se llevaron a un ingeniero.
Desde el 5 de septiembre la mina paró sus actividades porque los trabajadores tuvieron miedo de volver y se congregaron en el Ayuntamiento para exigir seguridad a las autoridades, pero ésta no se ha dado.
Desde ese día también compañeros y familiares organizaron brigadas de boteo y vendían comida para conseguir recursos para pagar el rescate que exigían los secuestradores que, según algunas versiones periodísticas, era de 4 millones 500 mil pesos.
Oficialmente quedaban dos secuestrados, pero este sábado en otro boletín oficial, la Fiscalía dijo que habían sido liberados seis, y con eso se mantuvo la confusión e imprecisión de los boletines oficiales.
Los familiares informaron de cuatro liberados, uno de ellos ahogado al cruzar el río.
Este sábado los secuestrados fueron llevados por sus familiares a una clínica particular para su revisión y después los llevaron a sus casas, sin que tuvieran mayor contacto con personal del gobierno del estado, pues tienen miedo a represalias. Los familiares confirmaron que la liberación se dio después de un pago de rescate.
Aun así el boletín oficial señala que “Álvarez Heredia puntualizó que se espera que en las próximas horas los afectados rindan declaración ante las autoridades ministeriales, y se desconoce si sus familias pagaron rescate por ellos”.

Todo se hizo mediante trabajos de inteligencia, dice el fiscal Olea Peláez

El fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, dijo ayer que seis plagiados fueron liberados el sábado mediante una “negociación”, sin pagar rescate a los secuestradores, “ya que todo se hizo mediante trabajos de inteligencia”.
Olea hizo esta afirmación ayer, consultado por teléfono, cuando familiares de tres secuestrados ya habían informado que el sábado fueron liberados cuatro, y que uno de ellos se había ahogado en el río Balsas. Los familiares ya también habían informado que la liberación se dio tras el pago de un rescate. (Alfonso Marín Amezcua / Chilpancingo)

Critica Tlachinollan que el fiscal pida soldados para que ocupen los puestos de policías ministeriales

El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, calificó como “grave” la decisión del fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, de militarizar a la Policía Ministerial, mediante la petición al Ejército de que envíe soldados para que ocupen los puestos de agentes de esa corporación, con el argumento de que está involucrada con el crimen organizado.
“Meter al Ejército en la procuración de justicia es atentatorio a los derechos humanos y a las normas internacionales que piden que sean otro tipo de visiones las que predominen, como el respeto a los derechos humanos, la ciudadanización de las corporaciones policiacas, la investigación científica y no el uso de la fuerza”, dijo.
El sábado, el fiscal Olea Peláez declaró que debido a que agentes ministeriales están involucrados con la delincuencia organizada se hará una depuración, y que pedirá al Ejército que proporcione militares para incorporarse a las filas de la Policía Ministerial.
Vía telefónica, Barrera Hernández, opinó que la propuesta es “grave” porque la procuración de justicia no es un tema que tiene que ver con el uso de la fuerza, sino con una estrategia integral, garantizar la ciudadanización de las policías y el uso de mayores mecanismos de inteligencia.
El defensor de derechos humanos admitió que es necesario depurar a las corporaciones policiacas, pero no para que se militaricen, sino para crear nuevos cuerpos policiacos respetuosos de los derechos humanos, dijo.
Agregó que la del fiscal es una postura “regresiva” y no pensada en el respeto a los derechos humanos, “porque los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con formación militar”.
Añadió que la medida es cuestionable más ahora que los militares están señalados por los casos de la matanza de Tlatlaya, estado de México, y porque no han querido dar cuentas de su actuación en los ataques a estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, cuando desaparecieron los 43 normalistas.
Dijo que la propuesta del fiscal va a contrapelo de las recomendaciones de organismos internacionales de ciudadanizar y profesionalizar a los cuerpos policiacos en el campo de la investigación científica.
“Y yo creo que aquí se le está apostando a cerrar filas con el uso de la fuerza, a la represión y a seguir copando a las instituciones con militares cuando éstos no han dado resultados en el ámbito de la seguridad, y, por el contrario, han agravado las violaciones a los derechos humanos, porque no hay controles civiles en términos de rendición de cuentas”, declaró Abel Barrera.
El defensor de derechos humanos advirtió que con la medida de Olea Peláez se deja un espacio para que sean nuevamente los militares los que vayan incursionando en el ámbito civil.
Recordó que eso ya pasó en la época de la guerra sucia, “y eso es grave, es volver a reeditar un nuevo escenario de represión, de uso de la fuerza, de contención social, y se deja de lado el tema de la investigación científica y de la ciudadanización de las corporaciones policiales, que es lo que se necesita”, insistió.
Barrera Hernández opinó que no se justifica lo que dice el fiscal que algunos agentes ministeriales están involucrados con el crimen organizado, porque también “hay un Ejército que tiene cuentas pendientes con la sociedad por los crímenes que ha cometido desde la guerra sucia, hasta lo de Tlatlaya y, obviamente, lo que ha pasado en Guerrero con las violaciones graves a los derechos humanos”.
Agregó que con esos antecedentes “decir que se va a suplantar un cuerpo policiaco por otro represivo y que violenta los derechos humanos, no ayuda a dar más confianza a la ciudadanía, sino a generar mayor temor y terror, porque no sería un cuerpo de seguridad para la investigación científica, sino para la represión”, recalcó
Explicó que tampoco es una buena medida porque “sabemos que el Ejército es una institución que no obedece a los ciudadanos, que tiene su propia lógica bélica, y que siempre va a ver a los ciudadanos como enemigos”.
Barrera Hernández añadió que si los militares se han negado a comparecer por el caso de Iguala, para aclarar su participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, mucho menos van a querer rendir cuentas cuando actúen en cuestiones de ejecutar órdenes de aprehensión, “pues sabemos que siempre hay una tendencia del Ejército de ver al ciudadano como un enemigo de la sociedad, como alguien que atenta contra las instituciones, siempre con una lógica guerrerista”.
Alertó que la presencia de militares en la Policía Ministerial, “dañaría bastante” a la sociedad y esa no va a ser la solución.
Subrayó que lo que se necesita es lo que siempre han propuesto los organismos de derechos humanos, que se depuren las corporaciones policiacas, pero no para que se militarice la procuración de justicia, sino para que se sustituya por un nuevo modelo policial formado en derechos humanos, en investigaciones científicas y acorde con las nuevas reformas que obligan a la capacitación de las corporaciones y éstas actúen protegiendo los derechos humanos, usando tecnologías que ayuden a ser una policía profesional y no necesariamente usar la tortura como método de investigación, “que es a lo que recurre el Ejército todavía”.
Recalcó que pensar que es el Ejército la solución es una postura “regresiva”, que no está pensada en la perspectiva de los derechos humanos, “mucho menos en atender las recomendaciones de los organismos internacionales, con relación a la ciudadanización de las instituciones policiacas y transparentarlas mejor, capacitarlas en el tema del respeto a los derechos humanos y sobre todo profesionalizarlas”.
Barrera Hernández concluyó que decir que ahora los militares van a incorporarse como policías de investigación en un estado donde hay “graves violaciones” a los derechos humanos cometidas por el Ejército y donde la corrupción y el involucramiento con el crimen organizado sigue siendo un problema que afecta al sistema de justicia y de seguridad, “implica que los ciudadanos quedaremos inermes ante cuerpos policiacos con una formación militar”.

“Necesito detenidos” de la emboscada en Tlacotepec, dice Olea Peláez a la Ministerial

Karina Contreras

El fiscal general del Estado, Xavier Olea Peláez informó que inició la investigación del enfrentamiento en la sierra del municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), para dar con los responsables de las muertes de tres policías estatales y de tres presuntos policías ciudadanos, ante lo que urgió a la Policía Ministerial: “necesito detenidos”.
En breves declaraciones tras la inauguración de la segunda asamblea plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos en el hotel Princess, sobre el caso de Heliodoro Castillo el fiscal dijo que se iniciaron las investigaciones correspondientes y “está la Policía Ministerial buscando las líneas de investigación para dar con los responsables, mi instrucción es que se dé con los responsables”.
De si eran policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) con los que se enfrentaron los policías estatales, respondió que no podía adelantar nada “por el sigilo de la carpeta de investigación en este caso, pero lo que sí puedo adelantarles es mi instrucción a la Policía Ministerial, en el sentido de que necesito detenidos”.
Se le preguntó qué información tenía del secretario de Obras de Chilapa, José Luis Jiménez Parra, quien, junto con su chofer y su escolta, fue privado de su libertad por civiles armados el martes alrededor de las 4 de la tarde, en la carretera Chilapa-Chilpancingo, cerca de la comunidad de Ojitos de Agua, municipio de Tixtla, y respondió que tenía información, pero “no voy a declarar nada porque los familiares hasta este momento no han presentado denuncia”.
Añadió que, sin embargo, la fiscalía “inició las investigaciones correspondientes”, y a pregunta de si se trataba de un secuestro, el fiscal respondió, “ahorita vamos a llamarle una desaparición, no hay una llamada para pedir un rescate y, como consecuencia, no puede haber un secuestro”.
Sobre la participación de la delincuencia organizada en los hechos, Olea Peláez dijo que instruyó a la Policía Ministerial para que se reuniera, “con un par de testigos para obtener los datos correspondientes, visuales, de testigos presenciales, es todo los que le puedo decir”.

Los policías estatales actuaron en legítima defensa porque los atacaron: Salazar Adame

El secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, dijo que los policías estatales actuaron en legítima defensa durante el enfrentamiento ocurrido en la sierra, y que se trató de un encuentro donde “grupos” los atacaron.
“Creo que los hechos son contrastables, a nosotros lo que nos importa es que la sociedad reconozca que el esfuerzo que hacen los cuerpos de seguridad es serio, responsable y que lo menos que podemos hacer en este caso es reconocer a estas familias que perdieron a sus policías, a estos elementos que nos hacen falta en el gobierno del estado”, agregó.
Los tres civiles muertos en un enfrentamiento con policías estatales en la sierra de Tlacotepec pertenecen a de la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). Dos fueron velados en la comunidad La Vuelta con uniformes de la organización y uno más fue trasladado a Chilapa, de donde es originario.
Se le preguntó al funcionario si se confirma que se trató de policías de la UPOEG, y contestó que el vocero de seguridad emitiría el comunicado donde se detallaría la información.
Se le preguntó sobre la queja de policías estatales de que no cuentan con el equipo necesario para brindar seguridad, y contestó que los acuerdos con los policías se cumplirán en varios meses, porque implican presupuesto, dignificación de lugares y compra de equipo. (Anarsis Pacheco Pólito / Chilpancingo ).

Pidió al fiscal enviar un equipo para investigar la ejecución de Tepecoacuilco, informa el gobernador


Luego de los hechos violentos en la colonia Las Brisas de Tepecoacuilco, donde fueron ejecutados siete miembros de una familia, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que pidió al fiscal general Xavier Olea Peláez que de “manera inmediata organice todo un equipo para que se fueran directamente a Tepecoacuilco”.
En breves declaraciones al concluir un acto en el municipio de La Unión, al gobernador se le preguntó sobre ese hecho y dijo que había hablado con el fiscal Xavier, Olea a quien le pidió que un equipo fuera a Tepecoacuilco, y que éste le informó que “la investigación está corriendo y que espera tener información en el transcurso de este mismo día”.
El Sur informó en su página de internet la ejecución de siete personas, entre ellos una niña de 6 años, un adolescente, tres mujeres y dos hombres, todos integrantes de una familia que vivía en dos casas colindantes.
De acuerdo con el informe fueron asesinados la madrugada de este sábado en la colonia Las Brisas de Tepecoacuilco, a unos 200 metros de la carretera federal Iguala-Huitzuco.
Fuentes de seguridad pública informaron que presuntamente los homicidios ocurrieron alrededor de las 3 de la madrugada de ayer, porque los vecinos escucharon una balacera pero los cuerpos fueron hallados la mañana de este sábado.
El gobernador también comentó sobre la reunión que tuvo con alcaldes el viernes, donde informó que fueron tratados temas generales y ya para particularidades tendrán reuniones por regiones.
Añadió que el punto central fue la exigencia de que se “encuentre a los asesinos de Ambrosio Soto y que se les aplique todo el rigor de la ley”.
Señaló que entre todos harán un análisis de la circunstancias de seguridad de los presidentes municipales, pero precisó que no se habló de algo en particular sino de generalidades y “vamos a pasar a las particularidades en reuniones regionales”.
Este sábado el gobernador Héctor Astudillo Flores estuvo en los municipios de Coahuayutla y La Unión, en la región de la Costa Grande, donde reanudó su gira de trabajo que suspendió el fin de semana pasado ante el asesinato del alcalde perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte
En ambos actos, Astudillo Flores pidió disculpas por posponer su gira por dicha región, y explicó que como todos sabían había sido “asesinado cobardemente el presidente municipal de Tierra Caliente y decidí no hacer la gira por respeto y solidaridad a nuestro paisano que había sido asesinado y para estar al pendiente del desarrollo de ese acontecimiento”.
El primer lugar que visitó fue el municipio de Coahuayutla, donde la bienvenida se la dio el alcalde Felipe Heredia Hernández, quien le agradeció los apoyos llevados, pues es un municipio con una alta marginación y con carencias.
Indicó que es un municipio que necesita obras de telecomunicación, carreteras y agua potable.
Informó que con una mezcla de recursos con el gobierno del estados, el municipio pondrá 2 millones 250 mil pesos y se construirán 250 viviendas.
Astudillo Flores dijo a los presentes que ese municipio cuenta con “su amigo el gobernador, con todo”.
Se informó que para mejora de escuelas en ese municipio se invertirán 8 millones 750 mil pesos. Cuatro millones 800 mil pesos son de Escuelas al Cien y 3 millones 950 mil pesos del programa de la reforma educativa.
Een carreteras se están invirtiendo 17 millones en el camino La Unión-Coahuayutla-La Garita, para pavimentar dos kilómetros.
En obras de agua más de 5 millones de pesos y en la remodelación del hospital comunitario se invirtieron 12 millones de pesos.
Durante el acto se entregaron diversos apoyos como mochilas escolares, zapatos, ropa y bicicletas para alumnos con los mejores promedios.
Luego, Astudillo Flores se dirigió al municipio de La Unión, donde se comprometió a estar frecuentemente porque le interesa que esa zona económica especial crezca, que se pueda promover para que haya inversión y por lo consiguiente empleo.
Dijo a los presentes que estaba ahí con el ánimo de trabajar y ayudar, y que va a regresar cuantas veces fuera necesario, porque “venimos a ayudar y estar cerca de ustedes, vamos a apoyar, no tenemos distancia, no tenemos ningún problema (con el alcalde del PRD), tenemos el ánimo conjunto de servirle a este municipio”.
Mientras que en su mensaje, el alcalde del PRD en La Unión, Aviud Rosas Ruiz, manifestó que el gobernador es una persona sensible a las necesidades de los guerrerenses y ha sabido atender con exactitud cada uno de los planteamientos que se le han hecho.
Dijo que ha sabido atender las “contingencias sociales que se han presentado en Guerrero” y agradeció el apoyo que le ha dado a su gobierno y los programas que han llegado, como el del fertilizante, que se entregó a los campesinos de manera gratuita.
El alcalde perredista subrayó que la situación en la que se encuentra Guerrero no es fácil porque como todos saben “hay problemas, hay quienes se oponen para que se gobierne, hay quienes quieren obstaculizar el desarrollo de gobierno, de los que lo están haciendo, y no podemos permitir eso, no podemos frenar el desarrollo del estado y por eso doy mi respaldo como presidente municipal a Héctor Astudillo Flores; estaremos muy pendientes de las decisiones que tome para respaldarlas en su momento y que Guerrero siga caminando por la ruta del desarrollo que lleva”.
El alcalde indicó que todas las regiones tienen problemas de inseguridad, además del tema magisterial, pero “nuestro gobierno ha demostrado que ha tenido la capacidad de enfrentar esos problemas, de atenderlos y de darles la mejor salida; hoy hemos visto cómo el gobernador ha tomado decisiones que han sabido darle rumbo al estado, por eso tenemos que desde la sociedad para aportar lo que nos toca como ciudadanos y coadyuvar para que las acciones de gobierno sean encaminadas a la tranquilidad, el desarrollo y a la prosperidad del estado”.
Se informó que para infraestructura en escuelas se van a invertir 12 millones de pesos en las comunidades de Naranjillo, Las Tinajas, Lagunillas, Barrancas de Marmolejo, La Ciénaga y La Estancia, entre otras.
Estuvieron en la gira la presidenta del DIF y esposa del gobernador, Mercedes Calvo; el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Terri-torial, Rafael Navarrete Quezada; el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos; el director general del IGIFE, Jorge Alcocer; el director de CAPASEG, Arturo Palma Carro; el delegado regional del gobierno del estado, Julio César Vargas Calvo, y el director general del DIF Guerrero, Francisco Solís Solís. También los diputados locales Crescencio Reyes, del PRD, y Silvano Blanco de Aquino, de Movimiento Ciudadano.

Liberan y reaprehenden a El Deivid en Morelos; lo señalan de amenazas a maestros y homicidio

David Canek Palma Analco, El Deivid, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva, fue puesto en libertad por un juez federal, y al momento de su liberación fue aprehendido nuevamente por agentes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, en colaboración con la Fiscalía de Morelos.
En un comunicado de prensa, el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero (GCG), Roberto Álvarez Heredia informó sobre la liberación de Palma Analco, presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva.
Palma Analco El Deivid de 28 años fue detenido el 5 de junio en un hotel del centro de Cuernavaca, Morelos, cuando, al parecer, se encontraba con una agente de la Policía Federal.
El vocero indicó en el comunicado que, tras la liberación fue aprehendido por los agentes ministeriales de Guerrero y Morelos, y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
Al presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva se le relaciona, como presunto autor intelectual, con “actos vandálicos” contra planteles educativos y amenazas a profesores, además de homicidios como el del ex director del área de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco, Carlos Yebale, y con varios secuestros.
El 5 de junio, en conferencia de prensa en el centro de convenciones Expo Mundo Imperial, el fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez informó que Palma Analco tiene tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado, “y más de 10 averiguaciones previas, por extorsión, secuestro y homicidio calificado, que no han sido consignadas”. Indicó que el detenido dirige un grupo que “es escisión” de los Beltrán Leyva.

Se reúnen ganaderos de Tierra Caliente con el fiscal; denuncian extorsión de policías ministeriales

 

Este martes en la mañana el fiscal Xavier Olea Peláez vino a Ciudad Altamirano y se reunió con el diputado Isidro Duarte Cabrera y ganaderos de la región de Tierra Caliente, quienes exigen la intervención de las autoridades ante el abigeato y las extorsiones de agentes ministeriales que les impiden transportar su ganado.
El encuentro fue en un salón alterno a la pista aérea de Santa Bárbara, municipio de Pungarabato, y se llevó a cabo a puerta cerrada sin la presencia de los medios de comunicación.
La reunión duró unas 2 horas, el fiscal se retiró en un helicóptero luego del reporte de un homicidio en el centro de Altamirano.
Al salir los ganaderos informaron que el encuentro fue para que dieran a conocer el problema del abigeato (robo de ganado) y contaran cómo les roban a sus animales en las diferentes comunidades de la región de Tierra Caliente, no sólo en Cutzamala donde recientemente el líder de la asociación Eutimio Pinzón, el señor Catalino Mancilla Reyes denunció robo de ganado después de que fue agredido a balazos.
Los ganaderos le reclamaron al fiscal que los agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) colocan retenes en las carreteras y exigen pagos de extorsión por transportar animales en la vía federal, buscando diversos pretextos como la documentación de los vehículos y el permiso para transportar ganado.
Señalaron que los ministeriales no han cuidado la legalidad de los animales que son transportados, ya que dijeron que han estado pasando animales robados ante sus ojos a pesar de que todos los días colocan filtros en la carretera.
También exigieron la atención del MP para levantar las denuncias correspondientes por el robo de ganado, ya que les han sido omisos y ha provocado el desinterés de varios ganaderos ante la falta de apoyo de las instituciones locales.
El profesor Rafael Higuera Sandoval, quien es reconocido como líder de los ganaderos de Coyuca de Catalán y ex presidente municipal, dijo que en la reunión se pidió que quitaran a la Policía de Tránsito de las carreteras estatales, pues los agentes sólo se dedican a parar a los ganaderos y extorsionarlos por diversos motivos y no han servido para impedir el robo de los animales.
“Tengo una camioneta vieja como todos los ganaderos, que la uso para mover ganado o para mover alimento. Nosotros pedimos que nos condonen el pago de tenencia porque salen más caros esos pagos que la camioneta. Pero si te topas con los policías te quieren sacar todo”, reclamó.
Rafael Higuera dijo que “cuando vemos un retén de judiciales nos da miedo en lugar de que nos sintamos protegidos. Le quitan a los campesinos lo poco que tienen. Pedimos que se revise esto porque los campesinos son gente de trabajo”.
Dijo que tuvieron la promesa del despido de una mujer del MP que no atendió a un denunciante.
“Cuando denunciamos los ministeriales (y) el MP primero piden para la gasolina”, dijo Rafael Higuera.
Se pudo conocer que durante la visita del fiscal no se tocó el problema con ninguna organización o autoridad sobre los 10 vecinos que fueron levantados la noche del domingo y la madrugada del lunes por hombres armados en tres comunidades del municipio de Ajuchitlán.

No existe ninguna orden de aprehensión contra Nestora Salgado en el estado, confirma la Fiscalía

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Xavier Olea Peláez informó que la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá, Nestora Salgado García puede entrar y salir libremente de Guerrero, sin temor a ser detenida por la Fiscalía, porque no existe ninguna orden de aprehensión en su contra.

“Ya no tengo ninguna orden de aprehensión en contra de ella, teníamos esas tres por las que decretaron su libertad”, agregó.
Vía telefónica, el fiscal Olea Peláez señaló que su dependencia no está promoviendo ningún recurso legal contra la lideresa de la CRAC.
Este viernes en la mañana, tras dos años siete meses en prisión fue puesta en libertad Nestora Salgado, quien fue acusada de secuestro y otros delitos.
El fiscal sostuvo que, el único órgano que podría revocar el auto de libertad es el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a través de los magistrados que “conozcan el asunto”.
A pregunta expresa sobre si la Fiscalía tiene o no alguna investigación activa en contra de Nestora Salgado, el funcionario dijo que ninguno, pero advirtió que no puede dejar de cumplimentar lo que un juez llegue a ordenar.
“Ninguno… ninguno… ninguno, quiero reiterar que todos los procesos que se iniciaron contra Nestora Salgado no los inició el fiscal Xavier Olea”, dijo.
“Yo hago una manifestación jurídica, porque el Ministerio Publico tiene el deber de interponer el recurso de apelación, eso es todo, yo nunca he dicho que estoy en contra del auto de libertad que le dictó un juez”, señaló.
Explicó que el Ministerio Público, durante el proceso se convirtió en un órgano acusador, por lo que está obligado a apelar, pero le corresponderá a las salas penales resolver.
“El órgano acusador, que es el Ministerio Público, ya no investigador porque, repito somos parte del proceso, entonces ya será el Tribunal Superior de Justicia quien resuelva al efecto, si confirma su libertad o revoca su libertad”, agregó.
A pregunta expresa sobre si tenía conocimiento de que iniciará el proceso de apelación el órgano acusador, dijo que tres días después de que se le notifique sobre la libertad se inicia el proceso.
Aclaró que el proceso siempre se aplica en cualquier persona que haya sido condenada, por lo que el Ministerio Público tiene que interponer una apelación por el auto de libertad únicamente.
“Es decir, si al Ministerio Público le dejan en libertad a un reo, el tiene la obligación de interponer la apelación, porque el Ministerio Publico, primero, es autoridad cuando investiga, y luego es parte en el proceso”, detalló.
Se le preguntó entonces qué ministerios públicos presentarían la apelación, a lo que respondió que le corresponde a los adscritos a los tres juzgados que le dictaron su libertad.
A pregunta expresa sobre si él tenía conocimiento sobre el inicio de la apelación por el auto de libertad, dijo que no, e insistió en que la instrucción siempre es que se “apele sea quien sea”.
Detalló que un proceso de apelación versa sobre el auto de libertad que le fue concedido, únicamente, ya que el Ministerio Público no inicia ninguna averiguación.
Dijo que el Ministerio Público que esté en las salas correspondientes tendrá que hacer agravios en contra de la resolución del juez, y éste a su vez al juez superior, que son tres magistrados los que tendría que resolver en definitiva.
“Si fuera al revés, que a ella se le dictara auto de formal prisión, ella puede apelar y luego irse al amparo, nosotros no, también en este caso están las víctimas del delito… si me preguntan si ya apelaron las víctimas del delito, les contesto que lo ignoro”, sostuvo.

Las presuntas víctimas apelan los fallos de los jueces

Las presuntas víctimas de secuestro, de los que absolvieron a la coordinadora de Olinalá, Nestora Salgado García, porque no se configuró el cuerpo del delito, presentaron recursos de apelación contra los autos de formal prisión de las causas penales 05/2014, 48/2014-II y 50/2014-II
Los acuerdos, publicados en internet, indican que los recursos de revisión se presentaron el 16 de marzo pasado, luego de que los jueces dictaron los autos de formal prisión, sin embargo, la defensa estimó que las pruebas de descargo son bastante sólidas para que se desechen, por improcedentes.
La abogada de Defensa Estratégica de Derechos Humanos, Amanda Rivero Espinosa explicó que los recursos de apelación fueron turnados a la Sala Colegiada del Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde pueden resolver la confirmación y el revocamiento de libertad.
Aún así, quienes se sienten agraviados pueden recurrir a un amparo indirecto para inconformarse, para confirmar o revocar el auto de libertad.

Marchan y protestan en la FGE la CETEG opositora y el MPG; exigen la libertad de Nestora Salgado

 

Unos 200 integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) opositora y del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) marcharon en la ciudad y protestaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y exigir la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García.
En la FGE, un grupo encabezado por la integrante de la Comisión Política de la CETEG opositora, Antonia Morales Vélez, fue recibida por representantes del fiscal, Xavier Olea Peláez, con quienes se pactó una reunión que se llevará a cabo el 16 de marzo, en ella se abordarán asuntos como la liberación de los presos políticas y las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio disidente.
Casi a las 11:30 de la mañana, los manifestantes marcharon desde el plantón popular magisterial, de la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac, hasta la FGE; en el recorrido corearon consignas como “Vivan las mártires del 8 de marzo”, “No más feminicidios”, “No que no, sí que sí, ya volvimos a salir” y otras.
Durante la marcha, el secretario de Organización de la región Centro de la CETEG, Arturo Moctezuma Gatica declaró que el magisterio disidente y las organizaciones sociales del estado repudian la violencia contra las mujeres, y señaló que los feminicidios son graves y deben castigarse.
También dijo que es triste que en el Día Internacional de la Mujer, las madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa que fueron desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014, no puedan celebrar nada, “siguen sin tener noticias de sus hijos”.
En la FGE, los manifestantes se reunieron en las escalinatas de uno de los edificios, mientras que los trabajadores de la Fiscalía cerraron con candado el acceso al edificio principal, en donde se encuentra la oficina de Olea Peláez, para evitar la irrupción de los activistas.
Por su parte, Antonia Morales expresó que las autoridades han sido injustas con Nestora Salgado, pidió su liberación y que se deje de criminalizar a las mujeres que alzan la voz contra la corrupción, la violencia y para exigir igualdad de género.
En la FGE, Antonia Morales, acompañada de otros cetegistas, ingresó a las oficinas y fue recibida por representantes de Xavier Olea, a quienes les planteó la demanda de la liberación de Nestora Salgado, de los presos políticos y del fin de las órdenes de aprehensión contra los maestros.
Según se informó al concluir la reunión, el 16 de marzo el sub fiscal de Asuntos Penales atenderá las demandas de la CETEG y el MPG, ya que Xavier Olea Peláez no estuvo presente para recibir a la comisión; tras el acuerdo los manifestantes volvieron al plantón en el Zócalo capitalino.