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Prepara el fiscal una versión “inverosímil” del asesinato de Chavarría, denuncia su viuda

La familia del quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, no aceptará los resultados de una investigación “inconclusa, sesgada y que tiene como propósito continuar con la protección de los asesinos y sellar la impunidad que prevalece en el estado”, respondió al fiscal Javier Olea Peláez la viuda del diputado asesinado, Martha Obseso Cázares.
Entrevistada en la casa donde al salir el 20 de agosto del 2009 fue asesinado el diputado local perredista y aspirante a la gubernatura del estado, Armando Chavarría, Obeso Cázares dijo que el fiscal se prepara para presentar una versión “inverosímil” y que es la misma versión que presentó Zeferino Torreblanca Galindo en el ocaso de su gobierno, en el sentido de que fue la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) la que ordenó el asesinato de su esposo. Agregó que con ello se pretende proteger al responsable intelectual que, insistió, fue el ex gobernador Torreblanca.
La viuda denunció que desde que llegó Olea Peláez a la Fiscalía la ha recibido en una sola ocasión y se ha negado a proporcionarle copia del expediente, igual que los anteriores procuradores.
Asimismo, dijo que también se ha negado a recibirla el gobernador Héctor Astudillo Flores, con quien quiere reunirse ante el riesgo de que el actual fiscal pretenda cerrar el caso “con una investigación a todas luces inconclusa, sesgada y a modo”.
El lunes, en su comparecencia ante el Congreso local, el fiscal Olea Peláez aseguró que ya están identificados los asesinos del diputado Armando Chavarría y anunció que en dos semanas tendrá resultados de la investigación y que habrá detenciones.
Consultada al respecto, la viuda de Chavarría declaró que lo que dijo el fiscal “es una impostura más de las que ya nos ha acostumbrado”.
Se quejó, también, por la “irresponsabilidad” con la que se refirió al caso del asesinato el 20 de agosto de 2009 de quien era la cabeza del poder Legislativo estatal y seguro candidato del PRD al gobierno del estado con muchas probabilidades de ganar las elecciones de febrero de 2011. “La forma en que lo tocó y el anuncio que hizo es una irresponsabilidad y no puede tomarse en serio”, dijo.
Agregó que lo que dijo quien presume ser un buen abogado, es un dislate que no cometería ni un estudiante de leyes. “Decir que en dos semanas, o tres máximo, revelará quiénes son los asesinos, me parece una absoluta impostura, una bravata más, una declaración sensacionalista, quizá para distraer los reclamos fuertes que hay de la sociedad guerrerense”, denunció.
La viuda del diputado también se quejó de la opacidad con la que ha actuado el fiscal. Dijo que desde que llegó al cargo, la ha recibido en una sola ocasión a raíz de una solicitud que fundamentó en el derecho de la familia para coadyuvar en el caso basado en la Ley General de Atención a Víctimas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y Políticos y en estricto apego a los convenios internacionales en materia de derechos humanos que tiene suscritos México.
En julio de 2016 el fiscal le adelantó lo que ahora pretende hacer público, dice

La solicitud la hizo en julio del 2016, “para conocer el estado que guarda la indagatoria por el asesinato del diputado Armando Chavarría Barrera” y agregó que en ese mismo mes la recibió, pero que a pesar de la seriedad de la solicitud no tuvo la atención ni el trato que merecía la entrevista.
“Fue por demás déspota y desdeñoso al adelantar lo que dijo ayer a los diputados en el sentido de que ninguno de los anteriores procuradores había realizado investigación y que el expediente contenía pura basura”.
Explicó que en esa entrevista el fiscal le adelantó la exoneración del ex gobernador Zeferino Torreblanca, quien ha sido señalado de ser el autor intelectual del homicidio, pues frente a ella sostuvo que no había elementos para investigarlo e indiciarlo y que la única procuradora que había realizado avances en la investigación era Martha Elba Garzón Bernal.
Le dijo también que en los próximos días estaría en condiciones de darle las conclusiones del caso porque había retomado una línea de investigación y que le daría a conocer el móvil o los móviles del asesinato.
La viuda dijo que se mostró extrañada y que le contestó al fiscal que no le parecía seria la manera en que los estaba atendiendo, que ella pedía avances serios y que le daba la impresión que, como siempre, le estaba dando la vuelta al tema, porque Martha Elba Garzón había avalado las mismas conclusiones con las que quiso cerrar el caso Zeferino Torreblanca y que eso le parecía un verdadero error y falta de respeto.
Por eso dijo que cree que nuevamente el fiscal va a salir con esta versión “inverosímil” de que fue el ERPI quien ejecutó a su esposo, porque fue la misma que trascendió en las postrimerías del mandato de Zeferino Torreblanca, cuando dijo que el caso estaba concluido y que únicamente faltaba detener a los responsables.
Recordó que después de muerto el dirigente del ERPI, el comandante Ramiro, el entonces gobernador Torreblanca estaba presionando al Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo para que ejercitara acción penal en contra de cuatro supuestos miembros del ERPI como responsables, “sin aludir nunca el móvil que tuvieron para matarlo”.
Obeso advirtió que si sale con esta misma versión el fiscal Olea, “va a ser una ofensa y un agravio más para la inteligencia de la sociedad guerrerense y para el propio Congreso que representaba Armando Chavarría al momento de ser asesinado”.
Recordó que esta línea de investigación fue desechada por el Juzgado Séptimo de Distrito desde el año 2010, cuando exoneró a quienes estaba implicando el ex gobernador Torreblanca.
Insistió que con esta línea quieren proteger a Torreblanca “quien es una pieza del sistema de lo más rancio y conservador. Zeferino tuvo la suerte de ser impulsado por el PRD, pero todos sabemos de dónde proviene y los intereses que representa, de otra forma no se explica ese proteccionismo”.
Insistió que en la reunión de junio del 2016 con el fiscal le pidió copias del expediente y la fecha en la que podía pasar a recogerlas. Entonces le prometió que en 20 días, “y en 15 días ya se va a cumplir un año de esa entrevista y me ha negado hasta otra entrevista, denunció.
Ante ello, dijo que solicitó una audiencia con el gobernador, por el riesgo de que el fiscal tratara de dar conclusiones y cerrar el caso, “con una investigación a todas luces inconclusa, sesgada y a modo”, para continuar la protección a los asesinos de su esposo.
Pero denunció que tampoco ha tenido respuesta de Astudillo.
Subrayó “por esa razón no se puede tomar como serio el posicionamiento que el fiscal externó ante los diputados”.
Frente a ello, advirtió, “mi fa-milia no va a aceptar los resultados de ninguna investigación inconclusa y sesgada que tiene como propósito continuar con la protección a los asesinos y de esa forma, peligrosamente, sellar la impunidad que prevalece en el estado de Guerrero y que ha ocasionado esta grave crisis humanitaria por la que estamos atravesando”.

Política de exterminio, crimen de Estado y denuncia ante tribunales internacionales

Para Martha Obeso, la información que anunció el fiscal es una medida reactiva porque se acerca el octavo aniversario de la ejecución extrajudicial de su esposo.
“Siempre, a medida que se acerca un aniversario más, suelen salir este tipo de declaraciones que únicamente ofenden no sólo a la familia de Chavarría Barrera, sino a la sociedad guerrerense, sobre todo por el cúmulo de asesinatos despiadados, selectivos y también contra la población, como una política de exterminio ante la parálisis, la omisión y la complacencia de las autoridades encargadas de procuración de justicia”, dijo.
Insistió que el asesinato de Chavarría fue un crimen de Estado porque participaron policías ministeriales, “y esa no es idea mía ni de los medios, a nosotros siempre nos han negado el acceso a la información y al expediente, fue un ex procurador, Alberto López Rosas, quien reveló que los ejecutores materiales fueron policías ministeriales”, recordó.
Y dijo que si fue un crimen de Estado, hay redes de complicidad de muy alto nivel para impedir que se conozca la verdad, que se haga justicia plena, y que vayan a la cárcel los autores intelectuales.
Añadió que por ser crimen de Estado está consciente que sus ojos no vean la justicia y no vean presos a los autores intelectuales de este magnicidio. Pero dijo que el valor cualitativo de su lucha es pensando en que las cosas no siempre serán igual y que tendrán que cambiar.
“No podemos soportar ni resistir lo que estamos viviendo en Guerrero y en México, esta grave crisis humanitaria por la que tristemente somos noticia todos los días en todo el mundo”.
Agregó que por la misma causa ha resuelto acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seguir dando la pelea “porque yo sé que aquí no van a hacer una investigación científica que satisfaga el anhelo de justicia de mi familia y del pueblo de Guerrero”.
Explicó que ha resuelto ir a los tribunales internacionales por la ausencia de justicia y por los niveles de impunidad que se viven en Guerrero y en México, “si algún estado del país es fallido es el de Guerrero”.
A través del presidente de la Red Década contra la Impunidad, Raúl Vera, Obeso Cázares presentó la solicitud a la CIDH en septiembre del 2015 y en diciembre de ese mismo año acudió personalmente para solicitar su admisión. Dijo que en breve acudirá nuevamente para insistir en que se admita el caso debido a que en México no ha encontrado justicia.
Desde la noche del lunes, cuando conoció lo que dijo el fiscal en el Congreso, Obeso Cázares emitió su opinión en su cuenta de Facebook: “No tengo ninguna razón para creer en la palabra del fiscal. Durante su gestión, igual que sus antecesores, también nos ha negado el acceso al expediente del caso, violando nuestro derecho constitucional. Una sola ocasión me ha recibido en audiencia, por cierto, se cumplirá un año este próximo mes de julio”.
También advirtió: “mi familia y yo, sólo aceptaremos los resultados de una investigación altamente profesional, cuyo expediente responda a los estándares del derecho internacional. Concluyó: “el 20 de agosto se cumplirán ocho años de la ejecución extrajudicial del diputado Armando Chavarría Barrera. Mi familia y la sociedad guerrerense seguimos esperando justicia. No mas mentiras ni cortinas de humo, no más protección a sus asesinos. No más impunidad”.

Las diferencias de Zeferino con Chavarría, base de la petición para que la CIDH investigue el asesinato


En el Amicus Curiae (Amigo de la Corte) que la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) presentó en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que ésta investigara el asesinato del diputado Armando Chavarría, también remarcó las diferencias que tenía con el entonces gobernador Zeferino Torreblanca Galindo.
En este documento entregado a la CIDH en noviembre del 2015 se destaca que el desacuerdo que desencadenó la renuncia de Chavarría Barrera como secretario de Gobierno en la administración zeferinista “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla de los Libres”.
El entonces secretario de Gobierno consideró que con este operativo detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región.
Asimismo, destaca que el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ejecutado el 20 de agosto del 2009 afuera de su casa en esta capital, era considerado “como el más viable candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones de 2011”.
En el escrito se subraya, además, que los familiares de la víctima siguen sin tener acceso a las copias del expediente y que no existe una investigación oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria mexicana para esclarecer los hechos.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCI), a través de la cual fue presentado el amicus curiae, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica ayer que este escrito sigue vigente a nueve meses de que fue presentado.
El documento denominado “Armando Chavarría Barrera P-1459-15 en contra de los Estados Unidos Mexicanos” fue presentado por la UAG a la CIDH “en calidad de amicus curiae, con el objetivo de lograr una justicia transicional integral para este caso”.
Fue presentado por la institución educativa debido a que Chavarría Barrera fue egresado de la Escuela de Economía de la casa de estudios, y durante su época estudiantil fue líder de la Fede-ración Estudiantil Universitaria Guerrerense (FEUG).
La UAG elaboró un análisis del estado que hasta noviembre del 2015 guardaba el caso del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, con el objeto de “abordar, en particular, la obligación incumplida del Estado mexicano de investigar este caso”, dice el documento.
El amicus curiae fue firmado por el rector Javier Saldaña Almazán y en él la institución pide que la CIDH le otorgue la admisibilidad de manera pronta, “para que las víctimas indirectas tengan acceso a la verdad, la justicia y la reconciliación”.
Además se establece que la petición tiene la intención de fortalecer la búsqueda de la verdad en el caso del diputado Armando Chavarría, cuyo asesinato cumple siete años el próximo sábado 20.
El documento subraya que este caso al igual que otros de dirigentes sociales y de activistas, permanece en la impunidad.
En el escrito se establecen las diferencias que había entre el político perredista con el entonces gobernador Torreblanca.
Dice, por ejemplo, que Chavarría Barrera renunció a la Secretaría de Gobierno el 6 de mayo del 2008 “por notorias diferencias político ideológicas con el gobernador”, y que el desacuerdo que desencadenó la renuncia “se dio con motivo de la instalación de las Bases de Operación Mixtas (BOM) que el gobernador Torreblanca en acuerdo con el presidente Felipe Calderón decidieron instalar en Ayutla”.
El documento sigue: “Armando Chavarría rechazó esta decisión porque consideró que detonaría la represión en contra del movimiento social y de los defensores de derechos humanos en la región, por lo cual renuncia y se incorpora a la campaña política de su partido, que lo llevó a ser diputado local en la LIX Legislatura y coordinador de la bancada perredista del estado, además de presidente del Congreso de Guerrero”.
Asimismo, destaca que era considerado como “el más viable” candidato de su partido (el PRD) a gobernador del estado en las elecciones del 2011.
También señala que en esos días Chavarría Barrera trabajaba en la construcción de las alianzas con otros partidos políticos para lanzar una candidatura fuerte que posibilitara ganar la elección, proyecto que venía consolidando y que, a la vez, preparaba un acto masivo para el 27 de agosto, en el cual tenía previsto hacer públicas sus aspiraciones políticas, pero fue asesinado siete días antes.
En la petición de la UAG a la CIDH dice que es imprescindible el esclarecimiento del caso, porque al momento de que fue ejecutado Chavarría Barrera era el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado y estaba considerado como el candidato más fuerte y viable para las elecciones a gobernador.
Asimismo dice que el caso es paradigmático, ya que el asesinato ocurrió a plena luz del día y frente a la casa de la víctima, pero que aún existe un retardo injustificado en las investigaciones.
También destaca que existen muchas irregularidades en el procedimiento de investigación.
Según el escrito, una de ellas tiene que ver con la custodia, recolección y manejo de evidencias de la ejecución, “mismas que no fueron resguardadas, con su consecuente omisión en la determinación de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados con las irregularidades”.
Menciona que otra irregularidad es el retraso injustificado y la inexistencia de avances sustanciales en las investigaciones, “lo que da por resultado que no se garantice un debido proceso jurídico”.
Menciona que el caso nunca fue resuelto, “y en algún punto Alberto López Rosas, procurador de Justicia –el primero de los designados a ese cargo por el gobernador Angel Aguirre–, anunció que el expediente de la investigación del homicidio de Armando Chavarría se había perdido durante el cambio de administración”.
Recuerda que por este caso, dos ex miembros de la Policía Investigadora Ministerial fueron arrestados, “pero los cargos en su contra no han sido revelados”, cuestiona, en referencia a los agentes Rafael Romero y/o Felipe Romero Romero y Jorge Luis García Jacinto, presos en los penales de Puente Grande Jalisco y de Tepic, Nayarit.
“Los familiares siguen sin tener acceso a las copias del expediente, no existe una investigación de manera oportuna, transparente, inmediata, seria e imparcial en la jurisdicción penal ordinaria penal mexicana para esclarecer los hechos mencionados”, denuncia.
Insiste que por estas causas el Estado mexicano ha incumplido este derecho en perjuicio de las víctimas indirectas de este caso, a las que se les ha negado el derecho a la verdad histórica de lo sucedido ese 20 de agosto de 2009.
“Es visible que el Estado mexicano ha incumplido la convencionalidad en el caso del Lic. Armando Chavarría Barrera, ya que no ha investigado de manera seria, precisa y transparente este caso, por lo que ha violentado la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, advierte.
Concluye que “a la luz de los derechos humanos, este caso permanece en total impunidad, y la impunidad es contraria a los derechos humanos, es denegación a la justicia e impide acceder al derecho a la verdad”.
Al respecto la UAG pide a la CIDH que le otorgue el per saltum a este caso, le conceda la admisibilidad, adjunte el memorial al expediente del caso y “adopte las posturas establecidas en el presente escrito”.
La secretaria técnica de la Red Solidaria Década contra la Impunidad, María Magdalena López Paulino, declaró vía telefónica que aun cuando no existe respuesta a este tipo de escritos, espera que el organismo internacional admita el caso para su investigación.