Incertidumbre por la liberación de Lula da Silva

La noticia del excarcelamiento de Lula, la mañana de este domingo, la posterior suspensión del mandato y el rebate por darle la libertad al exmandatario ha mantenido a...

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8 julio,2018 5:15 pm
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Texto: Apro/ EFE/ Foto: EFE
Sao Paulo, Brasil, 8 de julio de 2018. La liberación de Luiz Inácio Lula da Silva e inmediata suspensión de dicha orden ha generado una controversia en Brasil.
El juez Rogerio Favreto, del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región, concedió un “habeas corpus” que otorgaba la libertad al expresidente brasileño que argumenta falta de fundamentos jurídicos para mantener a Lula da Silva en prisión.
Sin embargo, el juez federal brasileño Joao Pedro Gebran Neto, instructor de los procesos del caso Lava Jato en segunda instancia, suspendió hoy la decisión de un magistrado de liberar de prisión al expresidente.
Gebran Neto es uno de los tres jueces que integran la octava sala del TRF-4 de Porto Alegre, corte que condenó este año a Lula en segunda instancia a 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero.
“Para evitar un mayor tumulto para la tramitación de este ‘habeas corpus’, y porque la decisión proferida en carácter de guardia podría ser revista por mí, juez natural para este proceso, en cualquier momento, determino que la autoridad coercitiva y la Policía Federal del (estado de) Paraná se abstengan de practicar cualquier acto que modifique la decisión colegiada de la 8ª Sala”, determinó Gebran Neto en un comunicado.
Al momento, el juez Rogerio Favreto volvió a ordenar la liberación inmediata de Luiz Inácio Lula da Silva, encarcelado por corrupción, después de que Gebran Neto revocara la medida y decidiera mantener al expresidente brasileño en prisión.
No obstante, en medio de una intensa batalla de decisiones judiciales, Favreto ordenó en su último auto que Lula sea puesto en libertad en el plazo de una hora después de la publicación de la decisión, realizada a las 16:12 horas local (19:12 GMT).
Finalmente, el presidente del Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4), Thompson Flores, zanjó la batalla judicial entre dos magistrados de dicha corte por la libertad de Luiz Inácio Lula da Silva y determinó que el expresidente de Brasil continúe en prisión.
En una decisión sorpresiva, Favreto ordenó la mañana del domingo la libertad de Lula tras un pedido de “habeas corpus” solicitado por diputados del Partido de los Trabajadores (PT), formación creada por el expresidente en la década de los ochenta.
Los diputados argumentaron que no había fundamentos para el encarcelamiento de su máximo líder y además pedían que fuese liberado para que participase en eventos de campaña de cara a las elecciones presidenciales del próximo octubre, en la que lidera los sondeos cuando faltan tres meses para su celebración.
El anuncio de la libertad de Lula da Silva provocó una ola de reacciones en Brasil. El juez federal Sergio Moro, responsable en primera instancia del caso Lava Jato y que condenó Lula a nueve años y medio de prisión el año pasado, aseguró que Favreto no tiene la competencia para liberar a Lula.
Por su parte, el fiscal regional de la República de guardia este domingo, José Osmar Pumes, pidió la “reconsideración” de la decisión del juez del TRF-4.

Lula fue condenado el año pasado por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por haber recibido supuestamente un apartamento en el litoral del estado de Sao Paulo por parte de la constructora OAS a cambio de favorecerla con contratos con Petrobras, algo que el ex mandatario niega.
Tras presentar un recurso, el TRF-4 aumentó en enero la condena a 12 años y un mes de prisión, que Lula empezó a cumplir el pasado 7 de abril en la sede de la Policía Federal en Curitiba (sur del país).
Desde entonces, su defensa había presentado varios recursos para lograr su libertad, todos ellos desestimados hasta la decisión hoy del juez Favreto.
Lula da Silva pretende presentarse a las elecciones presidenciales de octubre, en las que lidera todos los sondeos, aunque para ello necesita estar en libertad y ser autorizado por la Justicia Electoral, porque la ley brasileña no permite que una persona condenada en segunda instancia, como es el caso de Lula, se presente a unas elecciones.

 

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