La empresa Blunderbuss Company de México, ligada al ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue utilizada por Odebrecht para triangular millones de dólares; en las operaciones también saltan los nombres de Rubén Moreira, Alfredo del Mazo y del SAT.
Ciudad de México, 9 de abril de 2019. El actual Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, rastrea las operaciones financieras de Blunderbuss Company de México, empresa fantasma que el departamento de sobornos de Odebrecht utilizó para triangular 6 millones 112 mil dólares entre bancos de Panamá, la Isla de Antigua, Estados Unidos y México.
Ese dinero se transfirió a México entre 2009 y 2011, y es distinto a los sobornos de 10 millones de dólares que ex directivos de Odebrecht aseguran haber pagado durante la campaña electoral de Enrique Peña Nieto en 2012 y posteriormente ya durante su gobierno, entre 2013 y 2014, a cambio de contratos de obra en la refinería de Tula.
El rastreo del dinero de Blunderbuss lo realizan el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.
El SAT también investiga una red de 11 empresas fantasma ligadas con Blunderbuss, con la que compartían socios, representantes y apoderados legales.
Cuatro de las 11 empresas investigadas por el Sistema de Administración Tributaria participaron entre 2013 y 2018 como proveedores de la administración pública federal y de los Gobiernos de los Estados de México y Coahuila, con contratos por al menos 192 millones de pesos, de acuerdo con los documentos consultados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
En octubre de 2018, personal del SAT acudió al supuesto domicilio fiscal de Blunderbuss en Poza Rica, Veracruz, y constató que era inexistente.
También se efectuaron visitas domiciliarias a las 11 empresas ligadas a Blunderbuss y en todos los casos no fueron localizadas.
El 10 de diciembre de 2018, ya en el presente Gobierno federal, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León envió al domicilio fiscal de Blunderbuss un oficio en el que le notificó que había sido incluida en el supuesto de simulación de operaciones y le dio un plazo de 30 días hábiles para responder y defenderse.
Sin embargo, al no haber respuesta, el SAT publicó el 30 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación, el nombre de Blunderbuss en el listado de presuntas empresas fantasma.
Lo mismo hizo el SAT con las otras 11 empresas vinculadas con Blunderbuss.
El 12 de junio de 2017, MCCI reveló que dos empresas “offshore” utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos habían transferido 3 millones 754 mil dólares a Blunderbuss, una compañía constituida en Poza Rica que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
Nuevos documentos oficiales de la Fiscalía brasileña, a los que tuvo acceso MCCI, muestran que el monto superó en realidad los 6 millones 112 mil dólares.
En aquella investigación se documentó que detrás de Blunderbuss operaba una red de prestanombres ligada al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por Javier Duarte, así como a la oficina de Odebrecht en México.
Los traspasos
Las primeras transferencias a Blunderbuss se efectuaron a mediados de 2009, según los documentos obtenidos por MCCI. Ese año se traspasaron 2 millones 358 mil 108 dólares a través de la empresa panameña Constructora Internacional del Sur, utilizada por Odebrecht para ocultar sobornos, y con la intermediación de Credicorp de Panamá, Banorte y The Bank of New York.
En 2010 se transfirieron otros 2 millones 3 mil 918 dólares, y en una porción de estas operaciones Odebrecht recurrió a Innovation Research Engineering and Development Ltd (IREAD), empresa afincada en la Isla de Antigua, también utilizada para encubrir pagos ilegales a políticos.
Finalmente, en 2011 Blunderbuss recibió 1 millón 750 mil 784 dólares a través de las dos empresas fachada y con la intermediación de Credicorp, Monex y Meinl Bank Antigua, este último banco propiedad de Odebrecht.
Los documentos consultados no precisan los nombres de los beneficiarios de estos traspasos millonarios.
Queda pesquisa trunca con EPN
A partir de la información revelada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la anterior Administración federal inició una investigación sobre las operaciones de Blunderbuss y las transferencias con la red de sobornos de Odebrecht, pero la pesquisa quedó trunca.
Desde el 27 de septiembre de 2017 la Unidad de Inteligencia Financiera había obtenido una relación de los movimientos bancarios de Blunderbuss con Innovation Research Engineering and Development y Constructora Internacional del Sur, ambas utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos.
También la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había elaborado desde noviembre de 2017 un reporte de 50 páginas con información de movimientos de la cuenta 172268949 de BBVA Bancomer a nombre de Blunderbuss.
Mientras que la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) había recibido información de operaciones inusuales de Blunderbuss, a través de la Unidad Especializada de Análisis Financiero.
La coordinación de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comprobó que Blunderbuss es una empresa irregular, pues en sus registros no localizó antecedentes de la misma.
Además de revisar sus declaraciones fiscales, el SAT también investigó a la red de empresas fantasma vinculadas a Blunderbuss.
Pese a toda esta información recopilada, la investigación quedó trunca y la ahora Fiscalía General se enfocó en sólo integrar el expediente de Odebrecht con los sobornos confesados en la refinería de Tula.
En el arranque de la actual Administración federal, Hacienda reinició la investigación en torno a la red de empresas ligadas a Blunderbuss, las cuales fueron registradas en los Municipios de Poza Rica y Naranjos, al norte de Veracruz, y que comparten prestanombres, apoderados y representantes legales.
El pasado 30 de marzo de este año, el SAT incluyó en su lista negra de empresas presuntamente fantasma a Blunderbuss, que tiene como aparente dueño a Plinio Roldán Lecona Argüelles, residente en una humilde vivienda ubicada en un callejón de la periferia de Poza Rica, Veracruz.
Su supuesto socio es Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros de 68 años.
Simulan pagar limpieza
Cuatro de las empresas de la red fantasma que investiga Hacienda recibieron contratos públicos por 192 millones 597 mil pesos entre 2013 y 2018 por concepto de limpieza de inmuebles.
El mayor contrato, por 140 millones 968 mil pesos, lo asignó el Gobierno del Estado de México el 28 de diciembre de 2017, cuando Alfredo del Mazo ya había asumido la Gubernatura, a PLC Servicios, en una propuesta conjunta con dos empresas de Tampico.
Entre mayo y agosto de 2018 se otorgaron tres ampliaciones a ese contrato, por 31 millones 334 mil pesos adicionales, para sumar 172 millones 302 mil pesos.
La licitación de este contrato se realizó en forma irregular, pues como competidor se inscribió IECL de México, que está ligada a PLC y que también ha sido reportada por el SAT como presunta simuladora de operaciones.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) asignó otros siete contratos a tres empresas de esta red, por 13 millones 283 mil pesos, entre 2015 y 2018.
El mayor contrato, hasta por 10.3 millones de pesos, estuvo plagado de irregularidades, según reveló una auditoría interna.
Para obtener ese contrato se aliaron Adding Machine, IECL y SWT, las tres reportadas por el SAT. Los auditores encontraron indicios de que el servicio contratado no se había efectuado porque los formatos de supervisión de limpieza en instalaciones de la CFE fueron impresos en hojas recicladas que corresponden a 2016, cuando se supone se levantaron y firmaron en 2015.
En febrero de 2016, el Gobierno de Coahuila, encabezado en ese momento por Rubén Moreira Valdés, también asignó un contrato por 3.8 millones de pesos a Adding Machine y PLC Servicios.
El colmo es que hasta el SAT contrató a una de estas empresas presuntamente fantasma.
El 13 de diciembre de 2013 asignó a PLC Servicios un contrato por 3 millones 79 mil pesos para la limpieza de sus instalaciones.
Texto: Raúl Olmos / MCCI / Agencia Reforma / Foto: Archivo
