Aunque las indagatorias siguen abiertas, la Secretaría de la Función Pública ya encontró elementos de conductas irregulares atribuibles a Carlos Lomelí Bolaños, quien renunció el viernes pasado.
Ciudad de México, 15 de julio de 2019. La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga los vínculos de un alto funcionario del ISSSTE con la red de empresas farmacéuticas que controla el ex superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños.
De acuerdo con informes preliminares de la SFP, a los que el periódico Reforma tuvo acceso, se trata de Ramiro López Elizalde, actual director Médico del ISSSTE.
El funcionario es socio de la empresa “Instituto Internacional de Prácticas de Microcirugía y Endoscopía”, que a su vez tiene nexos con “Corporativo Internacional Vigilando tu Salud”.
En esta última compañía, que forma parte del complejo entramado que tejió Lomelí en los últimos 13 años, el ex delegado figura como socio y representante junto con su esposa.
López percibe un sueldo mensual neto de 91 mil 957 pesos y tiene entre sus funciones administración de bienes, labor de supervisión, así como manejo de recursos financieros y humanos.
Fue nombrado director médico del ISSSTE el 2 de febrero de 2019, después de ser subdirector de Gestión y Evaluación del mismo Instituto, de diciembre de 2018 hasta esa fecha.
Antes, ocupó la dirección del Hospital Regional, “Valentín Gómez Farías”, en Jalisco, que pertenece al ISSSTE, y fue Jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan Menchaca”.
El neurocircujano egresado de la Universidad de Guadalajara no reportó conflicto de interés alguno a la SPF en su más reciente declaración patrimonial fechada el 28 de mayo pasado.
La SFP, a través de cuatro de sus direcciones generales y la Unidad de Ética e Integridad Pública, tiene informes de siete expedientes sobre la red de Lomelí.
Aunque las indagatorias siguen abiertas, la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval Ballesteros ya encontró elementos de conductas irregulares atribuibles a Lomelí, quien renunció el viernes pasado.
En mayo pasado, REFORMA publicó los nexos de Lomelí con López, como parte de una extensa red de empresas que incluía 21 sociedades anónimas y tres asociaciones civiles vinculadas al funcionario federal y que opera a través de familiares, socios y empleados.
Inhabilitaría hasta 20 años al empresario
La Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó que el ex superdelegado federal en Jalisco, Carlos Lomelí, habría incurrido en faltas graves a la normatividad derivadas del manejo una red de empresas farmacéuticas con la cual ha obtenido contratos millonarios.
En un avance de la investigación que la SFP ha realizado sobre dicha red, a la cual REFORMA tuvo acceso, se advierte que Lomelí presuntamente incurrió en conflicto de interés, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, y tráfico de influencias.
Además se detectó que Lomelí no reportó 35 cuentas bancarias.
El dictamen, que se desprende del expediente denominado “Abastecedora de Insumos”, indica que si bien las investigaciones se encuentran en etapa inicial, dichas faltas pueden implicar la destitución, sanción económica e incluso una posible inhabilitación hasta por 20 años.
Señalan omisiones de Carlos Lomelí
Carlos Lomelí, el ex delegado federal en Jalisco, habría incurrido en una serie de presuntas omisiones en sus declaraciones patrimoniales, a fin de ocultar su patrimonio y evitar ser investigado por conflictos de interés.
Un informe preliminar de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre la red de empresas farmacéuticas que controla Lomelí muestra presuntas inconsistencias.
Las pruebas
Documentos de la SFP a los que REFORMA tuvo acceso, señalan que Lomelí podría no haber declarado información personal y de su cónyuge “de la mayor relevancia”.
Según el desglose de la UIF, Lomelí habría omitido reportar la existencia de 35 cuentas bancarias, entre ellas 12 de HSBC, 5 de Banco Regional de Monterrey, 4 de Banorte, 3 de Santander, 2 de HSBC y 1 con Banco Monex.
Además, no habría declarar ante la SFP que él y su esposa Karina Lucía Navarro Pérez son socios de la empresa Lomedic, la cual tan sólo entre 2010 y 2018 obtuvo 261 contratos, ya sea del Gobierno federal o de Administraciones estatales como Baja California Sur, por 417.4 millones de pesos.
Tampoco reportó que que Lomedic sería socio de Laboratorios Solfran, empresa que obtuvo otros 4 contratos por 392.5 millones de pesos, entre 2015 y 2017.
El ex delegado, quien renunció el 12 de julio, no informó sus vínculos ni los de su cónyuge con Medic Express, Academia y Deporte, y Sistema de Administración de Medicamentos.
Otra empresa que forma parte de la red y no habría sido reportada en su declaración, es Servicios Educativos y de Negocios, de la cual es socio.
De acuerdo con información preliminar de la UIF, esta empresa estaría boletinada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser parte de la red de lavado del narcotraficante Raúl Flores Hernández.
Lomelí además no habría detallado sus nexos con las empresas CCCTT360G, Plastic World, Proveedora de Insumos Hakeri, Medic Joint, y Reclutamiento Integral de Occidente.
El ex funcionario posee, pero tampoco habría declarado, una casa en Avenida Las Ceibas de Bahía de Banderas, Nayarit; y un departamento en la Colonia Vallarta San Jorge de Guadalajara, Jalisco.
Asimismo, los documentos consultados indican que podría no haber declarado 13 vehículos; ni haber reportado el registro de más de 20 marcas por las que podría obtener remuneración económica, como Zincruda y Bioterra.
Viola la ley
La SFP contaría con información que relaciona a las empresas de Lomelí con adjudicaciones que no estuvieron apegadas a la norma, o bien, que se otorgaron ya estando en funciones en la presente Administración federal.
Para la dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval, el ex delegado podría haber incurrido en la falta administrativa de “enriquecimiento oculto” que está prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Esta violación a la ley se configura cuando se falta a la verdad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, con el ánimo de ocultar el incremento de su patrimonio, o el uso y disfrute de bienes y servicios que no sean explicables o justificables.
Por ejemplo, Abastecedora de Insumos para la Salud, que tendría vínculo comercial con Lomedic, de la cual Lomelí es socio, obtuvo al menos 11 contratos en 2019 por un monto de 223.4 millones de pesos.
De ellos, 6 son con el Instituto Nacional de Pediatría, por 2.1 millones de pesos; 4 con el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas (CRAE), por 184.7 millones; y 1 con el Gobierno de Veracruz, por 36.5 millones.
El Gobierno federal, a través de la UIF, habría comprobado la “participación activa” entre ambas empresas con el envío de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI’s) de Lomedic a Abastecedora, por 859 millones 862 mil pesos, y de la segunda a la primera, por 148 millones 447 mil pesos.
De acuerdo con la indagatoria, que sigue en curso, se presume que Lomelí sí recibió un “beneficio indirecto” de las contrataciones obtenidas por la empresa AbiSalud.
Además, habría actuado bajo serios conflictos de interés.
Texto: Antonio Baranda / Agencia Reforma
Foto: Especial / Agencia Reforma
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