Encuentran diversas incongruencias en el proyecto. Como está redactado, los médicos pudieran declararse objetores a practicar la interrupción del embarazo
Chilpancingo, Guerrero, 21 de abril de 2022. La iniciativa de despenalización del aborto, en proceso de dictaminación en la Comisión de Justicia del Congreso local, sigue criminalizando a quienes acuden al procedimiento si han rebasado las 12 semanas de gestación, y deja de lado la prevención en el sector educativo, de salud y en el presupuesto, denunciaron integrantes de un comité promotor de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Las promotoras fueron entrevistadas en el Congreso, donde esperaron casi tres horas una cita acordada con las diputadas de Morena que presentaron la iniciativa en enero, Citlali Calixto Jiménez, Nora Velazquez Martínez y Beatriz Mojica Morga.
Las activistas Lourdes Juárez Díaz y Liduvina Gallardo Suástegui, revelaron que la iniciativa que pudo ser aprobada fast track se detuvo por “quienes observaron estas deficiencias, y han estado en anteriores legislaturas”.
Uno de los cuestionamientos fue la inclusión del término “personas gestantes”, porque sólo las mujeres pueden embarazarse, precisaron.
De la Red de Mujeres Indígenas y Afromexicanas, y Obvio Guerrero, Juárez Díaz aclaró la noticia de que la Comisión de Justicia aprobó un cronograma de reuniones con expertos para dictaminar el proyecto las obligó a retomar el tema.
Explicó que el 7 de abril estuvo en una visita académica informal, con la relatora especial de violencias contra las mujeres de la ONU en la Ciudad de México, donde otras activistas de Guerrero informaron que la Comisión de Justicia de Guerrero había aprobado un cronograma para discutir derechos.
Subrayó que los derechos no se discuten ni consultan, y en ese momento las guerrerenses se dieron a la tarea de analizar con detalle la iniciativa. De diversas inconsistencias, señaló que la más grave es que no se estableció diferencia entre la interrupción del embarazo por elección, y por causal de violación.
Recordó que la norma establece que la gestación por violación sexual puede interrumpirse en el tiempo que decida la víctima, y puede implicar “un procedimiento invasivo”, por lo que el personal médico debe explicar los riesgos.
En el aborto electivo, permitido hasta las 12 semanas, pueden ser un tratamiento en domicilio, con seguimiento médico. Sin precisar estas diferencias, aseguró que “el principio de progresividad es regresivo”.
De la asociación Siempre Vivas del Sur, Liduvina Gallardo Suástegui, advirtió que este documento tendría que atender la demanda de las mujeres desde los años 70: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, y aborto legal para no morir. Pero sólo se refiere al Código Penal “con límites de tiempo para sancionar”, recriminó.
Pidió que la propuesta se remita a las leyes de educación y de salud, para informar, sensibilizar, capacitación y abastecer con suficientes anticonceptivos, para que se otorguen otorgar sin objeción ni limitación.
Destacó la urgencia de capacitar al personal médico para que brinden el servicio con medicamentos en hospitales y centros de salud. “En primera instancia se tendrían que colocar placas para informar que ‘en esta unidad brinda servicio libre de objeción de conciencia’”.
Aseguró que como está la redacción del escrito, el personal médico continuará negándose a prestar atención como objetor de conciencia. En este peregrinar de las usuarias, para acceder a los servicios, habrán pasado las 12 semanas permitidas.
Juárez Díaz añadió que si con esta propuesta el Congreso pretendía atender la medida de la segunda Alerta de Violencia de Género por agravio comparado de 2020 para la atención de las víctimas de violación, no lo conseguiría.
Recordó que la medida pedía retirar el requisito de la demanda penal para poder acceder a los servicios de salud, por la situación de emergencia. “No pedimos que se metieran con el tiempo, porque las implicaciones y procedimientos (del aborto por violación y el electivo) son distintos”.
Aunque el gobierno estatal asegura que garantiza los servicios, aclaró que las usuarias que han acompañado siguen enfrentando muchas dificultades.
Recordó el caso conocido de la niña indígena de 9 años de un embarazo avanzado, de este año, no tuvo acceso a la interrupción hasta que se denunció la negligencia médica.
Finalmente, Gallardo precisó que el movimiento está en el mejor ánimo de acompañar y respaldar las propuestas, cuando tengan clara la ruta de trabajo del Congreso.
Texto: Lourdes Chávez
