El Sur / Ciudad de México, 28 de noviembre de 2020. El Juzgado Tercero de Distrito con sede en Tapachula, Chiapas, resolvió no aceptar el amparo que Emilio Zebadúa promovió para solicitar la suspensión definitiva de la orden de aprehensión que pesa en su contra.
Con esa decisión, la Fiscalía General de la República (FGR) podrá detener y confiscar los bienes del exoficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), bajo el mando de Rosario Robles, como parte de una acusación en su contra por lavado de dinero y otros delitos.
En la misma resolución, el Juzgado Tercero de Distrito también negó la suspensión definitiva a Lourdes Zebadúa, hermana de Emilio, a quien se señala por haber gastado 58 millones de pesos en casinos.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció ante la FGR a Emilio Zebadúa y a sus hermanos José Ramón y Lourdes, por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 205 millones de pesos.
El exoficial mayor pidió a la FGR que le permita obtener beneficios jurídicos, como el criterio de oportunidad; incluso ya declaró ante el Ministerio Público de la Federación por la llamada Estafa Maestra —que consistió en el desvío de más de cinco mil millones de pesos del erario federal—, a fin de convertirse en testigo colaborador.
Sin embargo, con la negativa del juez federal a la solicitud de amparo, Emilio y su hermana Lourdes podrán ser aprehendidos.
Testimonios de Zebadúa indican que publicista de Peña Nieto se benefició de la “estafa maestra”
Juan Carlos Limón García, el publicista que estuvo detrás de las campañas de Enrique Peña Nieto para la gubernatura del Estado de México (2006-2012) y después la Presidencia (2012-2018), también se benefició de la llamada “Estafa Maestra”.
Entre 2013 y 2016 recibió más de 64 millones de pesos de recursos desviados, cuyo monto terminó en ByPower, la razón social de Consulta y Estrategia Política SA de CV y Limón Publicistas SA de CV, ambas de su propiedad, de acuerdo con el portal Animal Político.
El entramado se tejió mediante convenios entre estas empresas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en tiempos de Rosario Robles y la Secretaría de Educación Pública cuando su titular era el también exgobernador del Estado de México, Emilio Chuayffet Chemor, a las que también se involucró a televisoras y dos universidades públicas, indicó.
Así lo declaró Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de Sedatu y de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), cuando las encabezaba Robles, quien igual que él busca acogerse a la figura de “criterio de oportunidad”, colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación sobre la llamada “Estafa Maestra” sobre el desvío de 7 mil 600 millones de pesos.
En su testimonio indicó que el dinero desviado se destinó a la publicidad de Peña Nieto cuando ya era presidente y para los ex secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de Sedatu, Rosario Robles, además de la candidatura presidencial de 2018.
Zebadúa explicó que debido a que la publicidad personal no está contemplada en partidas presupuestales, los involucrados encontraron la forma de pagarla con recursos públicos desviando los recursos firmando convenios entre dependencias de gobierno, universidades y organismos de comunicación públicos evadiendo la licitación y subcontratando empresas ilegales o fantasma, para al final desaparecer el dinero.
Procesan a dueño de empresa fachada que lavó más de 66 mdp desviados por Sedesol
Un juez federal vinculó a proceso y dejó preso en el Penal del Altiplano a Esteban Cervantes Rodríguez, dueño de una empresa “fachada” que presuntamente lavó 66 millones 170 mil pesos desviados por la Sedesol en la llamada Estafa Maestra.
Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, procesó a Cervantes por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Se trata del mismo caso en que se libró una orden de aprehensión contra Rosario Robles y otros 10 imputados, por un convenio de la Sedesol con la Universidad Autónoma de Morelos (UAMOR) por 77.8 millones de pesos, para levantar encuestas de beneficiarios de programas sociales que, en su mayoría, no se llevaron a cabo.
Texto: Redacción / Agencia Reforma / Foto: Archivo
