Humberto Musacchio
El actual gobierno ha declarado la guerra a los consejeros del INE, no a todos, sino a los que vienen de antes de este sexenio, pues se sospecha que actuaron con indiferencia o disimulo, cuando no con dolo, ante las maniobras desplegadas por los adversarios de Morena. Puede ser, pero…
El Instituto Nacional Electoral es el producto de una larga lucha ciudadana, pues había que arrebatarle a los gobiernos priistas el control que ejercían sobre absolutamente todo el proceso comicial. En las alturas se nombraba a los integrantes de todos los órganos electorales, desde la cabeza de la comisión nacional respectiva –que era el secretario de Gobernación en turno—hasta los funcionarios de las casillas; se instalaban éstas donde les resultara más favorable, solían rellenar urnas con votos falsos a su favor, monopolizaban el recuento de los sufragios y daban las cifras “definitivas” como se les pegaba la gana.
Gracias a la sensibilidad de Jorge Carpizo, esas miserias de nuestra vida política empezaron a cambiar en el annus horribilis de1994, cuando el presidente Carlos Salinas quedó entrampado entre el levantamiento zapatista y el asesinato de Colosio, hechos causantes de un descontrol de orden mayor y de un descrédito que amenazaba seriamente el orden.
Carpizo comenzó por ciudadanizar la Comisión Electoral, llamó a un grupo de ciudadanos de diversas tendencias para integrar su consejo y, pese a que subsistían los vicios del aparato de control estatal, los contendientes aceptaron el resultado de aquella votación que, más chueca que derecha, le otorgó el triunfo al inepto Ernesto Zedillo.
Lo importante es que se había iniciado un proceso de reforma que desembocó en la creación del IFE –hoy INE– como un órgano autónomo que propició la alternancia en el poder. Desde luego, nunca el IFE-INE ha sido perfecto, pues su consejo directivo lo integran seres humanos con filias y fobias, tendencias políticas, ambiciones e intereses de uno u otro tipo. Todo eso es irrebatible, pero así ha funcionado, y no habrá sido tan mal si, por citar un caso, se considera que la credencial que expide el Registro Nacional de Electores es el documento de identidad más aceptado, indispensable ya.
Desde luego, ganar esa autoridad ha tenido un alto costo económico, pero no necesariamente por culpa de actuales ni de los anteriores consejeros, pues no fueron ellos, sino los legisladores de los años noventa los que establecieron salarios estratosféricos para los integrantes del consejo, quienes disponen de asesores, secretarios y secretarias, choferes, viajes, ¡despensa! y otros beneficios ciertamente prescindibles o recortables, todo lo cual ha hecho del INE un oneroso aparato público.
Hoy la manzana de la discordia es la ocurrencia de la revocación de mandato (ratificación, le llaman los morenistas), nuevo, defectuoso y superfluo dispositivo jurídico que costará unos 3 mil 830 millones de pesos, algo cercano a la cuarta parte del presupuesto del INE, al que se obliga a realizar esa consulta cuando se le ha reducido drásticamente el presupuesto, caso que el citado Instituto llevará a la Suprema Corte.
Lo más lamentable es que, lejos de buscar consensos para bajar el costo del paquidérmico Instituto, se multiplican los ataques contra él, muy especialmente contra dos de sus consejeros, a los que Morena y el Ejecutivo consideran sus enemigos. Las cosas han llegado a extremos vergonzosos, como ocurrió en la comparecencia de Lorenzo Córdova, cuando la bancada mayoritaria asumió un comportamiento grosero.
El INE tiene que revisar y bajar sus gastos, reducir su planta permanente de personal y adoptar la austeridad como norma. Pero mal servicio le hará al país el binomio gobierno-Morena si insiste en destruir lo que llevó tantos años construir. La democracia es la búsqueda de acuerdos, pero el choque frontal es la guerra.
