La reforma que propone la gobernadora al Congreso eleva a rango constitucional el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano y les faculta a realizar acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación. Acuerda la CRAC impugnar en la Corte el proceso de consulta a los pueblos indígenas. Los diputados no los toman en cuenta y ya no hay tiempo para hacer un ejercicio conforme a los estándares internacionales, argumenta. Rechaza la UPOEG que se hagan foros sólo para justificar la consulta, dice Bruno Plácido
Chilpancingo, Guerrero, 11 de marzo de 2022. La iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del estado que envió al Congreso local la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, regresa a la carta magna el reconocimiento expreso de las “policías comunitarias o rurales” pero además eleva a rango constitucional el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano en su conjunto, con el que se les faculta realizar acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación.
En consecuencia, surgen las propuestas de reformas a la ley reglamentaria del artículo 14 constitucional, la 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del estado de Guerrero, y también a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado.
Con la propuesta de reforma se reconoce “el universo completo de organización indígena y afromexicana al contemplar tanto a los pueblos como a las comunidades indígenas y afromexicanas” se lee en el documento enviado por Evelyn Salgado al Poder Legislativo.
El artículo 14
El texto del artículo 14 constitucional fue reformado en abril de 2014, establecía: “El Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado, y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad. Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Este texto fue modificado en julio de 2018 a propuesta del ex gobernador priista Héctor Astudillo Flores, en la que quitaron del texto constitucional las palabras “Policía Comunitaria o Rural”, con lo que quedó de la siguiente manera: “La ley establecerá las bases para una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, para que los pueblos indígenas y afromexicanos apliquen sus propios sistemas normativos. Tratándose de delitos que afecten bienes jurídicos propios de un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, o bienes personales de alguno de sus miembros, se estará a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable”.
Mientras que la propuesta enviada por la gobernadora Evelyn Salgado no solo se regresa al texto constitucional el reconocimiento de las policías comunitarias o rurales, sino que amplía sus facultades reconociendo también en su conjunto el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano, con el que se le faculta realizar acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación.
La propuesta de reforma enviada por Evelyn Salgado es amplia y plantea textualmente que el artículo quede de la siguiente manera: “El Estado reconoce el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano y está obligado a garantizar las acciones de impartición de justicia, de seguridad pública, de prevención del delito y de reeducación de los infractores, que implementen con sujeción a sus sistemas normativos, prácticas tradicionales y reglamento interno dentro de su jurisdicción. La implementación y seguimiento de la prevención de los delitos e infracciones se dará por conducto de su Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, integrada por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Comunitaria General”.
Continua “Para alcanzar los fines que persigue la seguridad pública, se establecerá una relación de cooperación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y afromexicanos y el sistema jurídico estatal, fundada en el pluralismo jurídico y el respeto pleno a la jurisdicción y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Y finalmente en un siguiente párrafo, como parte del mismo artículo 14, se acota: “El Código Nacional de Procedimientos Penales y la ley reglamentaria delimitarán la esfera de competencia del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano, ésta última establecerá los mecanismos de vinculación y coordinación que existan con los órganos correspondientes de los Poderes Ejecutivo y Judicial en el tratamiento de asuntos propios de la función que desempeñen”.
En su argumentación la gobernadora señala que su gobierno está interesado “por el bien de los guerrerenses acoger la resolutiva (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación) a efecto de generar una iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución del estado “que contribuya para que ese Congreso del Estado, esté en condiciones de dar cumplimiento en tiempo y forma a la citada sentencia”.
Salgado Pineda especifica que lo que se busca es “garantizar que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas mediante una consulta en forma previa, informada, culturalmente adecuada a través de sus representantes o autoridades tradicionales, y de buena fe, puedan hacer libremente el ejercicio de su autodeterminación y autonomía en materia de seguridad. Esta reforma incorpora también temas más específicos de seguridad pública y prevención del delito; la autodeterminación les permitirá elegir cuestionamientos sobre su policía comunitaria o rural mediante asambleas generales o populares”.
En esta argumentación se especifica que la reforma “no exime que las fuerzas de seguridad de dichas comunidades y pueblos sean ajenas al Estado, por el contrario, es vital una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública, en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación. Además, limita territorialmente el actuar del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano al determinar que podrá actuar únicamente “dentro de su jurisdicción”; es decir, únicamente dentro de las comunidades indígenas formalmente reconocidas que hayan integrado, a través de Asamblea General, a su policía comunitaria”.
Ley 777
La gobernadora también envió una iniciativa de Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con la que se derogaría la Ley Número 777.
En la iniciativa de ley propuesta por Evelyn Salgado hay una sección única en la que se habla de manera específica de la “Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana”.
En esta sección, en el artículo 150 se establece que la “Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, es una organización auxiliar del Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y Afromexicano y funcionará únicamente en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, de conformidad con sus sistemas normativos internos, tiene por objeto la prevención de los delitos e infracciones”.
Y en el artículo 151 dice que esta policía “coadyuvará en la función de seguridad pública que se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instancias e instituciones señaladas en el artículo 6 de esta Ley, de conformidad con sus sistemas normativos internos y lo establecido en la Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos”.
Y el artículo 152 se refiere a la actuación de la Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, que “por su propia naturaleza y características, no generará ninguna relación y obligación laboral, ni podrá considerarse a ninguna autoridad como patrón, por considerarse gratuita y constituir una tarea en beneficio de su comunidad”.
Reconocimiento a derechos y cultura indígenas y afromexicanas
Otra iniciativa enviada por la gobernadora es la de Ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del estado, la equivalente a la 701.
En esta iniciativa de ley hay una segunda sección en la que se refiere de manera particular a la Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, en la que se establece que esta es auxiliar del su sistema de seguridad y funcionará únicamente dichos pueblos y comunidades “de conformidad con sus sistemas normativos internos, tiene por objeto la prevención de los delitos e infracciones”.
En su artículo 46 de esta iniciativa establece que también coadyuvarán “en la función de seguridad pública que se realizará en sus ámbitos de competencia por conducto de las instancias e instituciones reconocidas, de conformidad con sus sistemas normativos internos, esta Ley y demás normatividad aplicable”.
Dicha policía comunitaria se conformará y organizará por personas indígenas o afromexicanos; de acuerdo con sus usos y costumbres, sin contravenir lo establecido en la Constitución Federal, Tratados Internacionales, Constitución Estatal y demás leyes federales, estatales y municipales; se designarán en asamblea general.
También se apunta que las personas que no tengan el carácter de indígena o afromexicano y que resida en alguna comunidad, sólo podrán formar parte, si la asamblea general así lo determina; el servicio que presten será honorífico, voluntario, gratuito y podrá objetarse conciencia para su ejercicio; su actuación se regirá por los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, además del respeto a los derechos humanos, a la no discriminación; a la igualdad, certeza, objetividad e imparcialidad.
Se establece también que la la adquisición, portación, conservación, y el uso de las armas, se sujetará al artículo 10 de la Constitución Federal; y deberán tener un registro de identificación actualizado, que contenga mínimamente: nombre, domicilio de los miembros de la policía, en su caso clave de credencial de identificación electoral.
En el artículo 48 se plantea que la Policía Comunitaria Indígena y Afromexicana, colaborará en el ámbito de su jurisdicción, en las acciones de orientar y prestar los servicios de prevención del delito, vigilancia, auxilio y protección a los habitantes, y en apoyo a las instituciones de seguridad pública federal, estatal o municipal, y auxiliar a la autoridad de procuración e impartición de justicia, cuando sean requeridos.
Capacita IEPC a equipo legislativo para consulta de leyes indígena y afromexicana
El equipo técnico del Poder Legislativo que trabaja en el proceso de preconsulta para poder crear, reformar, adicionar o derogar las leyes en materia indígena y afromexicana, participó en un taller que impartieron funcionarios del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC).
Los asistentes fueron mayoritariamente secretarios técnicos y asesores, aunque también estuvieron presentes unos diez diputados de los 46 que integran la legislatura.
Acuerda la CRAC impugnar en la Corte el proceso de consulta a los pueblos indígenas
En asamblea que se realizó el sábado pasado, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, renovó a sus cinco coordinadores y cuatro comandantes regionales.
Asimismo, nombró como vocero de esa Casa de Justicia a Raúl de Jesús Cabrera, quien en declaraciones por teléfono advirtió que la institución comunitaria acordó ese mismo día impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los trabajos que comenzó el Congreso del estado y el gobierno estatal para la consulta a los pueblos indígenas y la reforma a los artículos 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, así como la 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado.
De Jesús Cabrera subrayó que la impugnación es porque no están siendo tomados en cuenta y porque ya no hay tiempo para que se realice una consulta conforme a los estándares internacionales.
Recordó que dos días después (el 7 de marzo) de que se renovó a los coordinadores y comandantes regionales se reunieron con diputados locales para solicitar información de los trabajos que realizan pero dijo que no tuvieron respuesta satisfactoria, “además de que sabemos que los días que tiene el Congreso de plazo (el 14 de abril) no da para sacar una consulta como lo marcan los estándares internacionales”.
Añadió que la idea es que acudirán ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante la SCJN para impugnar los trabajos que realizan los diputados y el gobierno del estado.
Declaró que buscarán reunirse con el presidente de la SCJN “porque lo que están haciendo está peor que lo que hizo el ex gobernador Héctor Astudillo Flores, que le llevó tres meses hacer el simulacro de consulta y a estos diputados les queda menos de un mes, imagínese qué tipo de consulta van a hacer”.
Además dijo que saben que los foros que se van a hacer están muy lejos de donde tiene sus casas de justicia la CRAC; “de hecho no están considerados los municipios de San Luís Acatlán ni Malinaltepec que son el cimiento y los lugares donde nació la CRAC”.
Informó que saben que estos municipios no están considerados para que se realicen foros y que como CRAC “ni si quiera estamos invitados a estos foros y por eso ya les hicimos saber que no vamos a participar en su consulta o foros que convoquen”.
Informó que en el transcurso de la próxima semana estarían presentando el recurso de impugnación, “antes estamos revisando el protocolo que ellos ya dictaminaron para ver el contenido”, explicó.
De Jesús Cabrera informó que fueron electos como nuevos coordinadores él, que es de la comunidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco; Rolando Bahena de la comunidad de Zoyatlán, municipio de Marquelia, y Luis Pablo Ortega de la comunidad de El Mango, municipio de San Luis Acatlán.
También fue nombrada provisionalmente Rubí Martínez Díaz, de la comunidad de Pazcala del Oro, de San Luis Acatlán. Mientras que la comunidad de Tototepec, municipio de Tlapa, entregó un acta para el nombramiento de uno de sus representantes pero no se presentó aunque sí resultó electo.
También fueron electos los comandantes regionales de las comunidades de Nejapa, municipio de San Luis Acatlán; Potrerillo Coapinole de San Luis Acatlán, otro de Capulín Chocolate, municipio de Marquelia, y uno más de El Aguacate, municipio de Marquelia.
El nuevo vocero agregó que participaron en la asamblea 19 comisarios municipales, seis comisariados de Bienes Comunales, 22 consejeros, así como los principales de las comunidades.
Rechaza la UPOEG que se hagan foros sólo para justificar la consulta: Bruno Plácido
El líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, informó que este domingo se reunirán promotores de esta organización en Copala, para discutir su participación en la consulta pública, para la reforma de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Ley 777 del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.
Aseguró que los poderes Legislativo y Ejecutivo no pueden hacer foros centralistas o regionales “para justificar la consulta”, porque “no es llamar a los representantes ni nada más pedir la opinión a los presidentes municipales”, se debe dar voz y opinión a todos los pueblos afromexicanos e indígenas, incluso los migrantes, de lo contrario “echarán abajo la consulta”.
Este jueves entrevistado en la Secretaría General de Gobierno, en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del estado, en Chilpancingo, Plácido Velerio aseguró que el retraso del Congreso local para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de realizar una consulta previa, libre e informada para la reforma se debe a la altos niveles de “discriminación y racismo” hacias las poblaciones indígenas y afromexicanas.
Afirmó que los diputados “lejos de que sean los defensores de los derechos ciudadanos, se convierten en los opresores” pues a más de diez meses que tuvieron oportunidad para hacer la consulta existe una omisión.
“Nosotros esperamos que se tiene que construir y fortalecer la toma de decisión para las comunidades afromexicanas e indígenas, hay una estructura de gobierno que son las asambleas de las comunidades, donde participan hombres y mujeres, estudiantes de mayor edad, para decidir su destino”, explicó.
Argumentó que los poderes Legislativos y Ejecutivo no pueden hacer foros centralistas, regionales “para justificar la consulta, porque hay que replantear la demanda, la demanda de echar abajo la consulta”, pues agregó que a la ciudadanía se le tiene que informar qué se va a discutir, que sea de buena fe, y finalmente la población decidirá si quiere o no ser consultada, y decidir su destino.
Propuso que como las poblaciones indígenas y afromexicanas generan muchos migrantes nacionales e internacionales, las autoridades deben buscar los mecanismos para que los migrantes tengan voz y opinen, y sean parte de la consulta.
Dijo que “los pueblos se están preparando a la impugnación, si no son llamados a una consulta pública”, es decir que no están de acuerdo con consultas en “centros estratégicos o concentraciones”, añadió que se debe hacer asambleas en cada una de las comunidades, “de lo contrario algunas comunidades donde no llegue la consulta, pueden impugnarla, porque la consulta no es llamar a los representantes ni nada más pedir la opinión a los presidentes municipales, la consulta es con la población, no es con representantes religiosos y políticos…porque este derecho no es de nadie, es derecho colectivo, derecho de pueblos y comunidades indígenas”.
No serán sujetos pasivos
De si la UPOEG impugnará el proceso o si se involucrarán, Bruno Plácido respondió que este domingo en Copala se reunirán los promotores de la organización de Ayutla, Cruz Grande, San Marcos, Marquelia, Ometepec, Cochoapa el Grande y Metlatónoc, “tenemos una reunión precisamente para discutir la participación de los compañeros en la consulta pública, para que seamos sujetos del derecho público, que no nada más nos manipulen”.
Reprochó que ya existe la Ley 701 pero no sé ha cumplido, “por qué no han hecho lo que está escrito, yo le he pedido al Instituto Electoral (IEPC) que difunda los derechos que tenemos, que marca la ley y no lo hacen, ahora quieren consultar el tema de seguridad, pero falta educación, entonces qué pasa con las leyes que ya están escritas y que el Estado no difunde los derechos”.
Cuestionó que el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, con “qué autoridad moral va a recorrer, a pedirle a que sean consultados indígenas, cuando él está usurpando a los indígenas para tener un puesto público, cuando es promotor de la corrupción, yo me pregunto qué va a decir en la asamblea pública el diputado Alfredo… a poco va a promover indígenas, que sigan así como están, nosotros vamos a seguir representando ocupando su nombre usurpando su nombre o sea es algo preocupante”.
Afirmó que serán observadores de que la consulta se cumplan conforme lo marcan los derechos internacionales, “si no se cumple los principios va para abajo”, pidió que que el proceso sea transparente, y que se consulte a la población no a organizaciones, sino “a las comunidades afromexicanas e indígenas, porque este derecho no es derecho ni de la UPOEG ni de la CRAC-PC es derecho de los pueblos indígenas”.
Respecto al último ataque este 6 de marzo en la comandancia de la Policía Ciudadana de la UPOEG en Buenavista de la Salud, municipio de Chilpancingo, Bruno Plácido manifestó que “es una muestra que la impunidad en Guerrero está al día, en la política están infiltrados los delincuentes, que ocupan dinero para llegar al poder, después llegan como diputados, llegan como presidentes y facilitan a la delincuencia organizada para seguir existiendo”.
Señaló que “la delincuencia organizada no existiría si no hubiera complicidad en la política pública, sino existiera complicidad en los partidos, si no existieran infiltraciones en algunas autoridades, por eso el cuento es de nunca acabar, porque cada día hay más traidores a las instituciones y a la ciudadanía”.
–¿Hay esa complicidad en esta nueva administración?
–Pues mira ya estamos en marzo, ahorita no estoy culpando a este gobierno, pero debemos entender que el que ya estaba cuando llegaron, el que nunca se cambia pues tiene la información de cómo se mueve la delincuencia en Guerrero.
Recriminó que las autoridades se justifican que no tienen en elementos suficientes, como el Ejército “ entonces a quién vamos a acudir”, en referencia a la declaración del comandante de la 27 Zona Militar, el general Federico San Juan Rosales, quien sostuvo que no tiene el personal suficiente castrense para atender las tareas de seguridad en Acapulco.
El líder de la UPOEG dijo que la propia sociedad contribuye a la delincuencia “al comprar carros chuecos, comprar balas, comprar droga, o sea, también somos cómplices de este mal que vivimos, no esperemos que la policía cambie, también tenemos que cambiar”.
Bruno Plácido se reunió ayer con el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, pero no detalló los asuntos que trató con el funcionario.
Texto: Rosalba Ramírez García, Zacarías Cervantes y Emiliano Tizapa Lucena / Foto: Cuartoscuro
