Se ilegalizarían cuando haya una contraprestación económica o en especie, sin la voluntad expresa de las partes, “especialmente de las mujeres”. Busca garantizar la participación de éstas en decisiones por usos y costumbres. Sugiere Tlachinollan poner candados para evitar que grupos armados ajenos al sistema de justicia indígena sean reconocidos como policías comunitarios
Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2022. En las iniciativas enviadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en materia de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas se contemplan varios artículos en los que se prohíben los matrimonios forzados y en los que haya una contraprestación económica o en especie, sin la voluntad expresa de las partes, “especialmente de las mujeres”.
También se plantea que se debe garantizar la libre participación de las mujeres en las actividades sociales y políticas de estas comunidades, todos encaminados a garantizar sus libertades y derechos.
En la iniciativa de ley de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado enviada por Evelyn Salgado al Congreso de Guerrero, destacan una serie de artículos en los que se plantea la prohibición de matrimonios infantiles o forzados, ni ningún otro en agravio de las libertades y derechos de las mujeres.
Es el artículo 23 el que plantea claramente: “No podrán celebrarse convenios matrimoniales o de ninguna naturaleza similar o análoga, en los que se fije una contraprestación económica o en especie, sin la voluntad expresa de las partes, especialmente de las mujeres”.
Incluso en la propuesta se incluye la sección cuarta titulada Mujeres, Niñas, Niños y Adultos Mayores.
En esta sección, el artículo 67 establece que el Estado promoverá, “en el marco de las prácticas tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la igualdad de derechos y oportunidades entre la mujer y el hombre, la participación plena de las mujeres en tareas y actividades que tiendan a lograr su realización y superación, así como el reconocimiento y respeto a su dignidad y organización familiar”.
Orientación sobre salud reproductiva
En el siguiente artículo es plantea que tanto el gobierno estatal como los municipales “brindarán a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas campañas de información y orientación sobre: nutrición materno-infantil; salud reproductiva; prevención de enfermedades como cáncer de mama y cervicouterino; control de enfermedades crónico-degenerativas; erradicación de la violencia doméstica, abandono y hostigamiento sexual e higiene y salubridad”.
Y continúa señalando que también establecerán “las medidas necesarias para la protección y el acceso a la salud de las mujeres y niñas” en estos pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con lo que buscan atender “principalmente, a su salud sexual y reproductiva, proveyendo lo necesario en los aspectos de enfermedades de transmisión sexual y maternidad”.
En el artículo 69 se establece que el Estado “asume la obligación” de proporcionar la información, la capacitación, la educación, la difusión y el diálogo, para que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas “tomen medidas tendientes a lograr la participación plena de las mujeres en la vida política, económica, social y cultural”.
En seguida en el artículo 70 de la propuesta de ley se advierte que el Estado “coadyuvará para garantizar los derechos individuales de las niñas y niños indígenas y afromexicanos a la vida, integridad física y mental, libertad, seguridad de sus personas, educación, y salud, así como a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, vivienda, respeto y seguridad a su persona, y a la preservación de su identidad cultural”.
Finalmente, en el último artículo de esta sección, se plantea que textualmente se advierta que las mujeres indigenas y afromexicanas “tiene derecho a elegir voluntaria y libremente a su pareja”.
Y en un segundo párrafo se prohiben los matrimonios forzados a cambio de algún tipo de dote: “No podrán celebrarse convenios matrimoniales o de ninguna naturaleza similar o análoga en los que se fijen una contraprestación económica o en especie” o que contravenga lo establecido por el Código Civil del estado.
Garantizar participación de mujeres en usos y costumbres
En esta misma iniciativa de ley, en el doceavo artículo en el que se reconocen las “autoridades tradicionales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, nombradas por sus integrantes de acuerdo con sus propios usos y costumbres”, pero
se agrega que en estas decisiones se debe de garantizar “la participación efectiva y equitativa de las mujeres”.
Mientras que el 25 reconoce y garantiza el derecho a la “libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”, para, entre otras cosas aplicar sus propios sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos, pero estos deben sujetarse a los principios generales de la Constituciones políticas federal y estatal “respetando los derechos humanos, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres” se destaca.
Para la elección de sus autoridades políticas o representantes, se plantea que tendrán que garantizar “la participación de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva, respetando el principio de paridad de género, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos”.
Dichos pueblos deberán participar en el diseño, desarrollo y aplicación de programas y servicios de educación, “a fin de que respondan a sus necesidades particulares, de acuerdo a su identidad cultural” también se establece que se contemplarán “mecanismos que permitan garantizar la eliminación de los prejuicios, la discriminación y el uso de adjetivos que denigren a las personas indígenas y afromexicanas, en particular a lo referente con la dignidad e integridad de las mujeres”, según se plantea en el artículo 61 de dicha propuesta.
Educación indígena y afromexicana
Entre las iniciativas enviadas por la gobernadora al Poder Legislativo, está una de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley número 464 de Educación, en este se agrega el capítulo sexto de Educación indígena y afromexicana.
En esta propuesta se “reconoce y garantiza” el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos.
También que la educación que se imparta en dichos pueblos debe atender las necesidades educativas con pertinencia multicultural y multilingüe; en el artículo 40 plantea que las autoridades educativas estatales y municipales, durante el procedimiento legislativo en materia educativa, previamente llevarán a cabo una consulta con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, de forma adecuada, informada y de buena fe, de acuerdo con las disposiciones legales estatales, nacionales e internacionales “respetando su autodeterminación en los términos del artículo segundo de la Constitución General”.
Entre lo que “podrán” realizar las autoridades educativas, es desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos, “promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y transmitir el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías” y elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas que existen en Guerrero.
En la propuesta también se habla de “fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües interculturales”, y la adscripción de maestros en las localidades y regiones lingüísticas a las que pertenecen; así como “mejorar la enseñanza-aprendizaje en la lengua de los pueblos” pero también en el idioma español, para que al término de sus estudios de educación básica, “los educandos hablen y escriban con fluidez las dos lenguas, y de esa manera conozcan e interpreten la cultura propia y la nacional”.
Plantea que se deberán tomar en consideración las opiniones que emitan los pueblos indígenas y afromexicanos para la elaboración de los planes y programas de estudios para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo.
Debe legislarse sobre matrimonios infantiles como trata de personas: Angélica de la Peña
La violencia de género en las comunidades indígenas debe atenderse desde la interculturalidad, adentrarse al corazón de los pueblos y a su cosmovisión del equilibrio, planteó la activista me’phaa, Martha Ramírez Galeana, en el conversatorio sobre la situación de las mujeres y niñas indígenas de la Montaña de Guerrero, organizado por la nueva asociación política de mujeres 50+1.
Sin embargo, la presidenta nacional de la asociación, la ex senadora perredista, Angélica de la Peña Gómez, insistió en legislar los matrimonios infantiles o venta de niñas, y los calificó como trata de personas.
En la actividad publicada en línea, como invitada, la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, también presentó los programas y presupuestos a su cargo para este ejercicio fiscal 2022, y la anterior titular, Maira Martínez Pineda, como De la Peña Gómez, advirtieron que los preceptos son los mismos que han escuchado antes .
En la exposición del problema, la antropóloga universitaria, Maribel Nicasio Gonzalez, señaló que primero, debe entenderse que la pobreza es estructural e histórica en la Montaña de Guerrero, y genera las otras formas de violencia que no han resuelto los gobiernos de cualquier partido.
La pandemia agudizó las dinámicas socioeconómicas, de impunidad, de corrupción y de negligencia, donde mujeres y niñas son más vulnerables a la violencia física, familiar, patrimonial y sexual, indicó.
Precisó que no sólo hay violencias de género en los pueblos originarios, “es muy falaz pensar que una serie de dinámicas sólo las viven las indígenas por ser indígenas. Se acentúa, no es exclusiva”.
Destacó que en últimas fechas se ha escuchado de los matrimonios forzados, de niñas violentadas y de alto nivel de violaciones al interior de las familias; asimismo de violencia obstétrica y de revictimización en el acceso a la justicia porque las universidades no están formando profesionistas capacitados para entender la diversidad pluriétnica del país, “no es exclusiva de la montaña”.
Martha Ramírez Galeana, intérprete en el caso de Inés Fernández Ortega, habló de su historia en una localidad de 700 habitantes, con una primaria multigrado y un maestro; a la fecha no hay secundaria.
Para ir a la secundaria, las niñas caminaban dos horas para llegar a la cabecera municipal, cruzando laderas en un contexto de agresiones sexuales en comunidades cercanas, “tampoco podemos ocultar estas realidades”.
Sus abuelas materna y paterna vivieron sin saber leer, en un escenario de mucha discriminación y violencias.
Destacó que tuvo a la educación, pese a la desventaja y racismo que enfrentan quienes no tuvieron acceso a una educación con un maestro por grupo, para entender la problemática social y generar estrategias de atención con mujeres aliadas.
“Hay cosas buenas cuando hay conciencia de regresar a nuestros entornos”.
De la venta de niñas, dijo que no se justifica, pero la erradicación de esta práctica, debe observarse en la pluriculturalidad, “existe una cosmovisión del equilibrio, de qué tan importantes son las mujeres y los hombres, como sí podemos participar en prácticas rituales en otras no, no porque se nos niegue, sino porque esta energía tan sagrada que tenemos en nuestro vientre”.
Para entrar desde el diálogo con los pueblos, señaló que “hay que adentrarse a corazón de nuestras comunidades, decir, estas prácticas no eran así originalmente ¿Qué pasó? ¿Que impacto tuvimos? Porque la migración, de la que hablamos incansablemente, es donde encontramos este escenario de matrimonios forzados, donde las niñas deben irse con los suegros, para tener (la familia) más ingresos económicos”.
Advirtió que es una gran tarea, que las niñas sueñen que pueden ir a la escuela, a pesar de que su mamá murió víctima de feminicidio.
Recordó que en el acompañamiento a Inés Fernández, aprendió que no basta que una intérprete transmita un mensaje, debe traducir la profundidad de nuestra palabra, llegar al corazón de lo que estás diciendo. Tienen que entender el cerebro, el espíritu y el alma”.
La también activista me’phaa y exconsejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Felícitas Martínez Solano, recriminó el trato institucional a las comunidades indígenas, “como si los pueblos somos salvajes, pero no sabemos (las instituciones), el contexto de la realidad”.
Señaló las comunidades de más difícil acceso, donde no hay escuelas ni doctor, y el maestro de Conafe, habla otra lengua originaria.
“A mí me obligaron a español, porque los otros no se obligan a hablar mi idioma. El texto del libro viene en español… (a la escuela ) sólo traía tortilla con sal, con un bote de agua.
“Las mujeres que sufren violencia si se atreven a denunciar al agresor, no tienen acceso a un debido proceso, no se respeta protocolos ni derecho de la niñe”z, no obstante, “gastan millones de pesos en un cartel, y no nos sirve porque las comunidades no saben leer”.
Semujer obtendrá 31 millones de inversión directa, y 29 de recursos federales
La siguiente en turno, la secretaria Violeta Pino Girón, precisó que aún está en discusión cómo se va a nombrar a esa práctica que persiste en algunas comunidades: venta de niñas o matrimonios forzados.
Pero aseguró que ya se formula una estrategia integral para la justicia y el bienestar de las mujeres en municipios de la Montaña y Costa Chica, a través de programas estatales y proyectos con financiamiento federal.
Destacó que el Congreso aprobó 31 millones 380 mil pesos, de inversión estatal directa a la Semujer, para nueve programas, entre estos, uno de prevención de matrimonios de menores de edad y protección de niñas en zonas indígenas.
En proceso de aprobación, 29 millones 350 mil pesos; del Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres de las Entidades Federativas (PAIMEFF), 10.1 millones de pesos, etiquetados a Semujer, y 11.8 millones de la convocatoria de fortalecimiento de la transversalidad, proyecto de 11.8 millones.
Además, 4.4 millones de pesos, para 8 meses de operación del refugio para mujeres que padecen violencia extrema, en Acapulco.
Para la atención y prevención del embarazo adolescente, “donde Guerrero ocupa un importante lugar en el país de esta problemática”, 2.9 millones de pesos.
Adelantó que hay un proyecto estatal para que el Centro Ciudad de Mujeres de Tlapa, que dejó de tener financiamiento federal, se convierta en un refugio.
Asimismo, informó que tienen un diagnóstico de venta de niñas, localidades de nueve municipios donde más se ocurre, para trabajar este año, con una estrategia que se elabora con activistas, organizaciones, Inmujeres, Conavim, ONU Mujeres, UNICEF y alto comisionado de Naciones Unidas.
La moderadora, Maira Martínez, destacó el seguimiento a los programas de la anterior administración.
Angélica de la Peña Gómez señaló que más allá de los programas “que los hemos escuchado desde antes… siguen los pueblos sin acceder a derechos fundamentales que exige la constitución”.
Señaló que el problema nacional de alta discrimiación contra mujeres y hombres indígenas por su color de piel, y de los afromexicanos, y de quienes viven en áreas rurales.
Insistió en enfocarse en la educación para atender las inercias de los acuerdos matrimoniales por un trueque de dinero, “estamos hablando de trata”.
reconoció que el problema es complejo, y tiene que ver con leyes que necesitamos que se entienda la importancia de acceder a esos lugares, para que las autoridades que están al frente de los sistemas normativos entiendan que están frente a una violacion a la ley.
La representante del capítulo Guerrero de 50+1, e la priista, Guadalupe Gómez Maganda.
Un “avance limitado”, la iniciativa de Evelyn que reconoce a la Policía Comunitaria: Abel Barrera
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, opinó que la iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución Política del estado que reconoce el sistema de seguridad y justicia comunitario es un “avance limitado”.
En declaraciones por teléfono, dijo que los pueblos y comunidades indígenas han venido demandando una reforma integral, en la que se reconozca el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas y afromexicanos.
También dijo que se requiere la participación de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas, en el proceso de consulta y elaboración de las iniciativas de leyes que inciden en su territorio, puesto que se necesitan candados para evitar que otros grupos armados ajenos al sistema comunitario se aprovechen de estas leyes para cometer atropellos a la ciudadanía.
Ayer se conoció que la iniciativa de reformas al artículo 14 de la Constitución Política del estado que envió al Congreso local la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoce a las policías comunitarias y rurales, además de que eleva a rango constitucional el Sistema de Seguridad Comunitario Indígena.
Al respecto, Barrera Hernández reconoció que “se está tratando de subsanar las fallas que se han dado en otros momentos por las autoridades al desacreditar el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria”.
Barrera Hernández agregó: “Como organizaciones y pueblos que estamos acompañando a las comunidades indígenas y afro mexicanos estamos pidiendo que debe ser una reforma integral de los derechos de los pueblos indígenas”.
Opino que reconocer el Sistema de Seguridad y Justicia y, sobre todo, que forme parte de los órganos de justicia del estado, como parte de la pluralidad jurídica que debe prevalecer en nuestro sistema democrático “es un avance limitado”, puesto que los
los pueblos van a tener que seguir luchando y peleando por cada derecho que les nieguen”.
Declaró que los pueblos indígenas reclaman la libre determinación como un derecho “que cubre todos los demás derechos” y que permitiría a los pueblos elegir a sus propias autoridades por usos y costumbres como un derecho “y no como algo que se tenga que consultar”.
Recordó que esto ocurrió en los municipios de Tecoanapa y San Lus Acatlán, “donde maniobran los grupos políticos y los partidos para negarles ese derecho, por esa razón nosotros hemos dicho que se necesita una reforma integral donde haya un reconocimiento pleno a la libre determinación de los pueblos y donde se contemple que los pueblos indígenas se rigen por sus propios sistemas normativos”.
El activista por los derechos humanos que ha dado acompañamiento a la CRAC tanto en la presentación de controversias constitucionales en contra de las reformas a la Ley 701 y a la 777 de Seguridad Pública, así como para la elaboración de una iniciativa que está congelada en el Congreso local, declaró que si hubiera
un compromiso real, serio y profundo para la transformación del sistema jurídico, “tendría que haber un reconocimiento pleno a las instituciones de los pueblos indígenas, tendría que haber una apertura mayor a las formas de organización, a la toma de decisiones y a las formas de gobierno de los pueblos indígenas”.
También habría el reconocimiento, dijo, a las formas de realizar la obra pública por los propios pueblos, como parte de un nuevo modelo de derechos reconocidos en la Constitución en beneficio de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Barrera Hernández, aclaró, además, que la iniciativa que mandó la gobernadora al Congreso local, es producto de la lucha de los pueblos que son quienes van a determinar, al final de cuentas, si ésta iniciativa es la que están planteando.
“Lamentablemente no las están contemplando como lo indican los estándares internacionales en el derecho a la consulta”, criticó.
Agregó que todo el proceso de consulta, desde el diseño, y desde lo que llaman el protocolo, tiene que ser analizado y discutido por los pueblos, “porque de nada sirve que te den a cucharadas los derechos; eso es como tratar como niños a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas saben gobernarse, saben tomar decisiones y, obviamente, saben defender sus derechos”.
Sin embargo, denunció que los diputados y ciertos sectores de la clase política “quieren darles cucharadas de derecho a los pueblos indígenas y hacerles los protocolos a la medida de los partidos políticos para que no cambie nada”.
Opinó que en ese sentido se tiene que replantear el formato porque y tomar en cuenta que este dialogo tiene que partir con los pueblos en sus comunidades “porque todo se está haciendo en la ciudad, en el Congreso, en sus escritorios, sin que muevan un lápiz para poder hablar con los pueblos. Yo creo que eso todavía les hace falta a los diputados”, criticó.
El director de Tlachinollan adelantó que si las comunidades indígenas y las instituciones como la CRAC deciden impugnar el proceso que ya inició el Congreso local y el gobierno del estado, Tlachinollan los acompañará jurídicamente.
“Tlachinollan siempre ha estado del lado de la CRAC y de quienes son víctimas de violaciones a los derechos humanos y los estaremos acompañando, no es la primera vez, siempre hemos estado de lado de ellos y que bueno que la CRAC ha estado fijando posturas firmes y claras de que ya no va a permitir más simulaciones y consultas a modo, mucho menos que sean personajes ajenos a los pueblos, a los verdaderos protagonistas que han construido este modelo de seguridad los que digan cómo va a funcionar este sistema”.
Añadió que si los pueblos indígenas no se sienten identificados con la propuesta, la gobernadora tiene que tomar en cuenta la opinión de quienes son los titulares de estos derechos que son precisamente las autoridades comunitarias y los mismos pueblos y sus asambleas.
“Creo que es un llamado muy importante hacia las autoridades. Estamos ante un proceso inédito, donde el Congreso y la misma gobernadora tiene que entender que hay una pedagogía de los pueblos indígenas que se cimenta en la comunitariedad y en sus costumbres de la toma de decisiones en colectivo y en las consultas abiertas hacia todos los ciudadanos, yo creo que ahí es donde se nutre la democracia directa”.
Por otra parte declaró que para que no se aprovechen otros grupos que nada tienen que ver con la comunitariedad, es importante consultar a los pueblos que realmente están practicando el sistema comunitario como un proceso seguro, con controles firmes, claros y precisos para el funcionamiento de la Policía Comunitaria, que, dijo es una buena propuesta.
De lo contrario admitió que existe el riesgo de que gente externa a los procesos comunitarios “usurpen el diseño de la Policía Comunitaria sin que sepan cuáles son los candados y los mecanismos eficaces para que haya controles internos de este sistema”.
Explicó que en el sistema de la Policía Comunitaria no se autonombran, mucho menos tienen el poder que demuestran los grupos de la delincuencia, en donde los personajes son los comandantes armados. “No, en el sistema comunitario la fuerza no radica en las armas ni en los comandantes, ni en los policías, la fuerza de este sistema radica en las asambleas comunitarias y en la autoridad que son los comisarios y los principales”.
Explicó que en el sistema comunitario los consejeros controlan el funcionamiento interno de los policías, los que vigilan su comportamiento, “ahí es donde radica la fuerza y la legitimidad”, explicó.
Advirtió que si no se cuidan todos estos candados por parte de los mismos pueblos indígenas “es obvio que no serán policías comunitarios, si no civiles armados.
Texto: Rosalba Ramírez García, Lourdes Chávez y Zacarías Cervantes / Foto: Archivo
