Responde el secretario de Gobierno al director de Tlachinollan, Abel Barrera, quien dice que la Ley 701 es “regresiva” y contraria a los derechos de los pueblos indígenas. No hay ningún golpeteo político contra la CRAC, replica.
Chilpancingo, Guerrero, 31 de julio de 2019. La reforma al artículo 14 constitucional así como la Ley 701 “en ningún caso desconocen la presencia de la Policía Comunitaria bajo el régimen de usos y costumbres, lo que hace es normarla”, respondió el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Este lunes en conferencia de prensa, Barrera Hernández declaró que la Legislatura pasada aprobó una “ley regresiva y contraria a los derechos de los pueblos indígenas” que vulnera el sistema comunitario que promueve la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitarias (CRAC-PC), desde hace 24 años.
En la conferencia que encabezaron representantes de las cinco casas de justicia de la CRAC-PC, el activista señaló que esta organización hizo un replanteamiento de sus documentos con base a las propuestas de iniciativa de ley que fueron entregadas al Congreso local hace dos años, pero no fue tomado en cuenta.
En entrevista para El Sur, Salazar Adame señaló:
“Para nosotros las policías comunitarias que, en efecto son resultado de las comunidades, son bienvenidas porque contribuyen a la seguridad de sus respectivos pueblos, de tal manera que aquí no se ajusta a la verdad la declaración del dirigente de Tlachinollan”.
El secretario de Gobierno sostuvo que la iniciativa de ley enviada al Congreso y que fue aprobada, es “de avanzada” y puede ser discutida por especialistas.
Criticó que Tlachinollan no haya invitado al gobierno del estado a participar en los foros recientes en los que discutieron las reformas a la Constitución y la ley, que se efectuaron en el Congreso local, y que por su parte el organismo tampoco participó en los espacios organizados por el gobierno, que expidió convocatorias bilingües.
“Ahí tuvieron la ocasión para dar a conocer sus puntos de vista, de tal manera yo rechazo de manera determinante esa expresión, que digan que hay un golpeteo, da la impresión de que los perseguimos y no es cierto”, comentó.
En la conferencia el director de Tlachinollan reprochó que el secretario general de gobierno Florencio Salazar Adame ha estado obstruyendo los esfuerzos de la CRAC, porque cada vez que se realizan reuniones envía documentos diciendo que la Ley Indígena ya fue aprobada y que es la mejor legislación con la que se cuenta en el estado.
El secretario de Gobierno sostuvo que lo único que hace es difundir en diferentes medios de comunicación el contenido de la reforma “para que se den cuenta de que sí es una reforma de avanzada, y en ningún caso nos referimos a ninguna policía comunitaria, no nos pueden señalar de golpetear porque rechazamos que persigamos a alguien por sus ideas”.
Insistió que el gobierno tiene que divulgar lo que se ha hecho en materia de derechos de los pueblos y las culturas indígenas a partir de que se promulgó y fue aprobada la Ley 701 y la reforma al artículo 14 de la Constitución de Guerrero.
“Respetamos todos los derechos de los pueblos, nos sumamos a preservar sus costumbres y nos ajustamos al espíritu de la ley”, agregó.
Para el secretario general de Gobierno, Barrera tiene “un doble discurso”, y puso como ejemplo un caso en que el director de Tlachinollan acompañó a un grupo de gestores de Tlapa que solicitaban servicios públicos, a quienes se les dio “respuesta puntual a sus demandas, y, sin embargo, en su siguiente artículo publicado (en El Sur) decía que el gobierno era insensible”.
Narró que habló con el director de Tlachinollan al respecto, y su respuesta fue que la organización mandaba el artículo una semana antes, de ahí que consideró que tiene elementos para considerar que el activista “tiene un doble discurso”.
Dijo que no desconoce el carácter de luchador social de Barrera Hernández, de un hombre comprometido con los problemas indígenas y específicamente de los pueblos de la Montaña.
“Yo creo que ni siquiera se ha preocupado en conocer a fondo las reformas legales, porque si las conoces no tendría las expresiones que dice, y mucho menos estaría acusando de que lo estamos golpeando”, agregó.
Insistió en que durante el procesamiento de la iniciativa de ley, invitó a los representantes de organizaciones indígenas que se verían afectados por la propuesta, sin embargo ninguno de los líderes participó en esos foros.
“Hubo algunos grupos que demandaban que la CRAC se mantuvieran dentro del artículo 14 constitucional y les explicamos, como ha señalado el doctor Eduardo López Betancourt, que fue un acierto haber eliminado del artículo la denominación expresa de policías comunitarias porque eso no entra dentro de la norma constitucional sino de las leyes”, enfatizó.
Dijo que el gobierno del estado cumplió puntualmente la lógica legislativa y la filosofía del derecho, porque se asesoró de especialistas en la materia y no se trató de actos arbitrarios u ocurrencias.
Texto: Anarsis Pacheco / Foto: Archivo El Sur
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