Gaspard Estrada
El día de ayer, Iván Duque tomó posesión como nuevo presidente de Colombia después de una campaña marcada por la polarización política ligada al acuerdo de paz firmado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Durante la campaña, el entonces candidato del partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente Álvaro Uribe (el padrino político de Duque), se manifestó a favor de una revisión en profundidad de ese acuerdo para revocar una de sus principales medidas: la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Esta Jurisdicción, inspirada en otros países que sufrieron guerras o conflictos internos como Sudáfrica, permite que unos individuos puedan ver sus penas de cárcel disminuir, a cambio de explicar en detalle lo sucedido durante los años del conflicto armado. Si bien Duque ha matizado su posicionamiento después de su victoria, queda claro que la preservación del acuerdo de paz será uno de los principales puntos de fricción con los congresistas, que en su mayoría son uribistas y se oponen al acuerdo de paz como tal.
Hace dos semanas, el Congreso colombiano, que fue renovado hace unos pocos meses, rechazó reglamentar una serie de leyes secundarias que tenían como objetivo regular los procedimientos prácticos de esta Jurisdicción, mandando una señal clara de la voluntad política de la mayoría de los congresistas de no dar mayor juego a las JEP.
Frente a este escenario, el futuro político de la oposición tiene una relevancia muy importante. Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, obtuvo el 42 por ciento de los votos, lo cual le permitió obtener un escaño como senador (a raíz de la última reforma electoral, el candidato perdedor de la segunda vuelta obtiene automáticamente un escaño en el Senado).
Su ambición es hacer de este escaño una tribuna para afianzar su liderazgo como líder de la oposición progresista, y consolidar la creación de un frente político que sea capaz de competir electoralmente con el uribismo. Dicho sea de paso, Juan Manuel Santos, si bien logró obtener una mayoría política en el Congreso y obtuvo la ratificación del acuerdo de paz con las FARC, fue incapaz de construir un heredero político que le dé continuidad a su plan de gobierno, situación que permite a Petro estar en condiciones de dirigir efectivamente esta oposición al gobierno entrante.
El primer tema de fricción entre el gobierno y la oposición será, sin duda, el lugar que ocupe el ex presidente Álvaro Uribe, tanto en la articulación política del gobierno de Duque como en el plano judicial. Uribe nombró a la mayoría de los ministros de las carteras estratégicas, como Hacienda, Interior o Defensa.
De ahí que la oposición ha intentado desacreditar la idea de “unidad nacional”, como lo ha venido anunciando Iván Duque desde su victoria. En el plano judicial, el pasado 24 de julio la Corte Suprema de ese país abrió una investigación en contra del ex presidente por obstrucción a la justicia y manipulación de testigos. En efecto, en 2012, el entonces diputado de izquierda Iván Cepeda, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, reveló que el ex presidente Uribe había logrado comprar el silencio de testigos que podrían implicar a miembros de su grupo político en el escándalo de la parapolítica, que dominó sus dos mandatos.
Desde entonces, la justicia hizo su trabajo, y el tema fue atraído por la Suprema Corte de Justicia. Lo que sorprende desde el punto de vista político, es el timing escogido por los magistrados para divulgar la apertura de esta investigación, a pocos de días de la investidura de Iván Duque. Para este último, esta investigación enturbia el inicio de su gobierno visto que buena parte de la integración de su gabinete depende de Uribe. Si Duque quiere mandar una señal de independencia frente a éste, tendría que aprovechar esta ventana de oportunidad para hacerlo. Veremos en los próximos meses si Duque es más de lo mismo, o si tendría el coraje de independizarse de Uribe, como lo hizo Santos en 2011.
* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.
Twitter: @Gaspard_Estrada
