Karla Galarce Sosa
El presidente de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno afirmó que la inseguridad exige consolidar el respeto a los derechos humanos.
“Exige a nuestra institución a redoblar esfuerzos en la búsqueda de resarcir los derechos de la gente, pero en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de un reencuentro con la sociedad y exaltar los valores éticos desde la familia para generar confianza, valores en los jóvenes que nos permita sustraerlos o que no se agreguen a la delincuencia”, expresó en el acto inaugural de la Segunda Reunión Regional Zona Sur 2018, de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos de ayer a puerta cerrada en el salón C1 del Centro de Convenciones Mundo Imperial, en Acapulco.
“La inequidad en las políticas públicas, históricamente en los estados con los que compartimos desgraciadamente las dificultades económicas, y que nos hacen como consecuencia el factor fundamental: la pobreza para la violación de los derechos humanos. La pobreza ancestral en la zona de La Montaña es ya una flagrante violación a los derechos humanos”, expresó ante los representantes de las comisiones de derechos humanos de Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Campeche, así como representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Posteriormente en declaraciones a El Sur, Navarrete Magdaleno consideró “una asignatura pendiente” la protección de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas, ante el exhorto que hizo la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Es una asignatura que tenemos pendientes los países, y en México no escapamos de esa petición que es permanente en el respeto a nuestra cultura, a nuestras raíces y desde luego que en la comisión de derechos humanos estamos trabajando porque sean respetados los derechos de los indígenas, tanto los que están en sus zonas indígenas, como los que están fuera de ellas, los que se han incorporado en las zonas urbanas a realizar trabajos, buscando la manera de encontrar apoyo académico”, expresó.
La ONU exhortó de manera general a todos los países, afirmó.
Dijo que “resaltan a la vista” los conflictos de La Parota en el Acapulco rural, donde los grupos se manifiestan contra la explotación de los recursos naturales, además de la región Montaña, “donde se encuentran asentados nuestros pueblos originarios que sin duda tiene el problema de la pobreza”.
Indicó que durante la reunión sería abordada la pobreza como uno de los principales factores para la violación de los derechos humanos.
“En sí la pobreza es una violación flagrante a los derechos humanos. Históricamente nuestra Montaña se ha distinguido por tener el mayor número de grupos vulnerables y es ahí donde identificamos un problema que tenemos que atender, que no es de ahora pero que tenemos que avanzar mucho en la protección de los derechos humanos”, agregó.
Afirmó que el gobierno estatal ha aceptado y cumplido las recomendaciones emitidas por la Codehum, pero no precisó cuáles son ni en qué consistieron.
“Tenemos muchas que están en proceso de cumplimiento, la importancia viene de que no sólo se acepten, sino que se cumplan. Nosotros manejamos un 90 por ciento de cumplimiento total de recomendaciones, y un 10 por ciento siempre queda en proceso de aceptación, hay recomendaciones que no se cumplen con una sola acción, sino que paulatinamente se van generando acciones que permitan a largo plazo declarar cumplidas las recomendaciones”, explicó.
Indicó que el mayor número de quejas de violaciones a los derechos humanos los tienen los cuerpos policiacos.
“Siguen siendo porque tenemos las policías municipales diseminadas en todo el estado y juntas hacen un número importante. Como hay un menor control de acceso a las policías en los municipios, desde luego que no hay la capacitación permanente de las corporaciones policiacas y es ahí donde tenemos el mayor número de violaciones a los derechos humanos”, expuso.
De la reciente modificación al Artículo 14 de la Constitución guerrerense que desaparece la figura de la Policía Comunitaria o Rural, comentó que se ha dado cuenta de “algunos excesos” de “algunos grupos armados” y mencionó que en la zona de El Ocotito y Tierra Colorada hay agresiones directas a ciudadanos, tanto a los guerrerenses como a los turistas.
“Son cosas que no se deben dar, hay que revisar mucho las acciones que realizan estos cuerpos, y que desde luego no son policías, no entran en la denominación que la Constitución otorga. Sí hay un problema, ha variado la labor que tenían las policías llamadas comunitarias, que al principio fueron bien vistas y desde luego tenemos una percepción desde la sociedad muy distinta a la que cuando fueron creadas”, dijo.
De la modificación promovida por el gobernador Héctor Astudillo consideró que no está en prohibir, sino en encontrar un cauce legal por el cual las policías “ya establecidas”, puedan “hacerse con gente que esté comprometida en las comunidades pero como tal”.
Añadió que las actuales policías comunitarias “no tiene cabida constitucional la existencia de estos grupos armados”.
Antes, la presidenta del Comité Directivo de la Federación, Namiko Matzumoto Benítez dijo en su mensaje inaugural, que la inseguridad aqueja a las entidades asistentes en la junta.
“La inseguridad no es privativa de un estado en particular, muchos estados estamos sufriendo ese flagelo. Veracruz lo ha estado sufriendo y los efectos. Las comisiones de derechos humanos somos un órgano muy importante en los procesos de prevención, procuración y justicia.
El encargado de inaugurar el acto fue el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, quien dio la bienvenida a los asistentes de siete entidades del país.
