Redacción / Europa Press
Lima / Madrid
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, renovó ayer parte de su gabinete para enfrentar el año y medio de gobierno que le queda, tras el recorte de su mandato y adelanto de elecciones nombrando primer ministro al abogado Alberto Otárola en lugar de Pedro Angulo.
Otárola se desempeñaba hasta ahora como titular de Defensa y fue una de las cabezas visibles del gobierno de Boluarte en el enfrentamiento de la crisis generada tras la destitución del presidente Pedro Castillo.
Bajo la gestión de Otárola al frente de Defensa —cuyo nuevo ministro es el militar en retiro Jorge Chavez— se declaró un estado de emergencia en Perú, que permitió a las Fuerzas Armadas intervenir en el control de las protestas que respaldaban a Castillo, según información de AFP.
Los partidarios de Castillo, sobre todo en poblaciones andinas, desataron protestas que fueron contenidas por las fuerzas de seguridad, con un saldo de 21 fallecidos hasta la fecha. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones. Como una forma de atenuar la crisis, el Parlamento aprobó el martes adelantar los comicios generales de 2026 para abril de 2024. Boluarte deberá entregar el mando a su sucesor en julio de ese año.
El primer ministro Otárola, con experiencia política en anteriores gobiernos, se desempeñó también como abogado de Boluarte cuando ella era vicepresidenta y enfrentaba una investigación en el Parlamento por una presunta infracción a la constitución, de la que salió librada.
También fueron renovados los despachos de Interior (Víctor Rojas, policía en retiro), Educación (Oscar Becerra) y Cultura (Leslie Urteaga). Los anteriores ministros de Educación y de Cultura habían renunciado en rechazo a las muertes durante la contención de protestas.
Por otro lado, la formación progresista Juntos por el Perú ha anunciado ayer que presentará ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra la presidenta, Dina Boluarte, por la supuesta violación de Derechos Humanos durante las protestas que están teniendo lugar en todo el país.
Así lo ha anunciado durante una entrevista con la emisora RPP la congresista Sigrid Bazán, quien ha asegurado que la mandataria peruana ha cometido “una infracción constitucional” por violar supuestamente los Derechos Humanos de los manifestantes.
“Yo estoy presentando a disposición de mi bancada un proyecto de acusación constitucional contra la señora Boluarte por violación a los derechos humanos, algo que consideraría yo una infracción constitucional”, ha aseverado Bazán, quien una semana antes presentó una moción de censura con el ahora ex primer ministro Pedro Angulo.
“Estoy presentando ya mi voto de confianza en contra de un Ejecutivo de la señora Boluarte que de cambios no ha tenido nada. Finalmente nos hemos aunado a las voces de que ella (la presidenta peruana) debe renunciar”, ha agregado la congresista de Juntos por el Perú.
En este sentido, Bazán ha adelantado que no dará el voto de confianza al nuevo gabinete liderado por el primer ministro, Alberto Otárola, quien ha tomado juramento de su cargo ayer.
“Lo que estamos viendo en esta gestión es un divorcio absoluto con el ser humano. Que no se haga nada y más bien se premie al ministro de Defensa con el premierato por asesinar personas. Se ha matado a mansalva y eso lo está recogiendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, ha manifestado.
Con todo, Juntos Por el Perú ha anunciado que ha presentado un proyecto de ley para intentar que la Asamblea Constituyente sea sometida a un referéndum, en modo de que la población decida si esta figura se aplica.
La CIDH se reúne con autoridades y familiares de fallecidos
en las protestas
Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha iniciado en Perú una batería de reuniones donde se verá con autoridades locales, miembros de organizaciones sociales y familiares de personas fallecidos en las últimas protestas.
La delegación, con presencia en Lima y en Cuzco, quiere “seguir recibiendo información sobre la crisis institucional” que atraviesa Perú, como ha explicado la CIDH en su cuenta de Twitter. El gobierno de Dina Boluarte había solicitado esta visita y, de hecho, el equipo ya se vio el martes con la nueva presidenta.
Por su parte, el equipo legal del expresidente peruano Pedro Castillo ha emitido un comunicado ayer a última hora pidiendo a la CIDH una reunión presencial con el exmandatario en la cárcel en la que se encuentra recluso.
Así lo ha pedido en una carta el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, alegando que su cliente se encuentra “arbitrariamente privado de libertad mediante un proceso judicial viciado de ilegalidad”, todo ello mientras el CIDH ha iniciado reuniones con autoridades locales y familiares de fallecidos en las protestas que tienen lugar en todo el país.
El nuevo gobierno de Perú “sigue los pasos” de Bolivia de 2019
El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) ha lamentado que las autoridades peruanas “sigan los pasos” del “gobierno de facto” de Bolivia, presidido por Jeanine Áñez, que lideró el país cuando él renunció por presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas ante posibles irregularidades.
Morales ha denunciado en sus redes sociales que el nuevo Ejecutivo de Perú ha tomado el ejemplo de aquel Ejecutivo boliviano que, además de “masacrar” a la población, “atacó a países amigos por defender la democracia”.
Finalmente, el exmandatario ha concluido su publicación en Twitter con un claro, pero conciso lema: “La represión incentiva la rebelión”.
De este modo, Morales ha comparado la situación en Perú con lo ocurrido en Bolivia a finales de 2019, cuando se vio forzado a dejar el cargo por las presiones de la oposición y parte de las Fuerzas Armadas, que no reconocieron los resultados electorales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) detectase posibles irregularidades.
Su renuncia abrió el camino para que Áñez ascendiera a la Presidencia del país, algo que derivó en multitudinarias protestas en la nación sudamericana que también fueron fuertemente reprimidas por los cuerpos de seguridad.
