Luego de la ceremonia oficial con motivo del 168 aniversario de la creación del estado de Guerrero, asegura que la detención de los llamados policías comunitarios de Mezcala, fue porque fueron detenidos cuando estaban cometiendo un delito y que será la PGR la que investigue
Nota: Zacarías Cervantes
Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo, Guerrero.- Frente a la declaratoria de “emergencia de salud” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien culpó a México y a China por el incremento del consumo de drogas en su país, el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien gobierna uno de los estados primer lugar en producción de amapola, reiteró su propuesta de que su cultivo sea visto con otra “visión”, en referencia a su insistente opinión de que se legalizarse con fines medicinales.
Con respecto a la detención de los llamados policías comunitarios de Mezcala, la tarde del jueves, declaró que fueron detenidos cuando estaban cometiendo un delito y que será la PGR la que investigue, sobre todo el uso de las armas largas que portaban, pero se negó a responder si su gobierno aplicará la misma medida contra los otros grupos de autodefensa que operan en el estado.
El gobernador Astudillo respondió algunas preguntas de los reporteros después de la ceremonia oficial con motivo del 168 aniversario de la creación del estado de Guerrero, que se realizó a las 9 de la mañana en la explanada del Palacio de Gobierno.
Astudillo Flores encabezó una ceremonia breve. Contó apenas con cuatro números: el izamiento de la bandera, la interpretación musical de Viva Guerrero, por Rubí, una artista Guerrerense; la participación del declamador calentano J. Félix Cruz, quien comenzó con un: “Al pie de la Sierra Madre del Sur, clamo por la paz, mi río Balsas, también brama por la paz”; y, finalmente, el gobernador Astudillo Flores dio un breve discurso.
De lo destacable, habló del motivo de la ceremonia: los 168 años de que el estado de Guerrero fue conformado para formar parte de México. Luego habló de sus contrastes: “sus montañas y sus mares; pobreza y mucho oro”.
Recordó que ayer también se cumplieron dos años de su gobierno y comenzaba el tercer año de su mandato constitucional.
Enseguida, aun cuando el principal problema de este Gobierno es la violencia y la inseguridad, como él mismo lo ha reconocido, el gobernador expresó un reconocimiento al secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes, “todos los elementos de la Secretaría, y de la Policía Estatal tienen el reconocimiento del gobernador, ha sido una policía que se ha esforzado y entregado, y poco el reconocimiento que le hemos hecho”, dijo.
Consultado después, respecto a la declaratoria de “emergencia de salud” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien culpó a México y a China por el incremento del consumo de drogas en su país, el gobernador Astudillo Flores insistió en su propuesta de legalizarla con fines medicinales.
“Tal y como lo han hecho los analistas que se han expresado últimamente en los medios de comunicación, es urgente que el país tenga otra línea respecto a la legalización de las drogas, porque mientras sigamos como estamos, la violencia seguirá brillando y nosotros no queremos eso”, dijo.
Otro reportero preguntó por la situación de los llamados policías comunitarios detenidos la tarde del jueves en Zumpango y en Mezcala, y declaró que las instancias correspondientes le darán cause y seguimiento al caso.
En concreto, planteó que será la PGR la que indague los motivos por los que fueron detenidos, entre éstos el uso de las armas largas, adelantó.
El gobernador dijo que es importante que quienes “se mueven en este sistema que ha generado abusos, puedan tener limitaciones en términos de la ley”, pero se negó a responder si se aplicará la misma medida para los otros grupos de autodefensa.
– ¿Es un mensaje para el resto de policías de éste tipo?– preguntó una reportera.
– No, no es un mensaje, no lo vean así. Es una acción sencillamente que va conforme a derecho.
– ¿Pero se aplicará el mismo estándar para los otros grupos de civiles armados que transitan libremente en la entidad? –insistió otro reportero.
– Yo creo que este es un asunto que se dio en los términos jurídicos. Se dio en el momento en que estaba dándose y se actuó. No tenemos suficiente policía para que esté en todos los puntos, en donde puedan aparecer ese tipo de organizaciones armadas, pero se hizo lo que se tenía que hacer.
– ¿Los del Ocotito tendrá el mismo tratamiento?
– Se hizo lo que se tenía que hacer –contestó un tanto enfadado.
En el caso de la activista Yndira Sandoval, reiteró que debe haber colaboración de todas las partes para que el caso se investigue y se esclarezca. Con respecto a la advertencia de que acudirá a los organismos internacionales porque no confía en la justicia guerrerense, dijo que todos los mexicanos tenemos el derecho a defendernos, por lo que ella está en su derecho de hacer lo que considere conveniente.
También contestó de mala gana al señalamiento que le ha hecho la Asociación de Jueces del Estado de Guerrero, en el sentido de que quiere imponer a Paulino Jaimes Bernardino como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a pesar de que carece del requisito de una carrera de servicio profesional en el Tribunal, “ese es un asunto que está en manos del Congreso y es allí donde se tendrá que resolver”, respondió secamente.
– Los jueces lo acusan de que pretende imponer a Paulino Jaimes – insistió el reportero.
– Bueno, yo tengo facultades, y las facultades las ejerzo.
– ¿En el caso del fiscal (general del estado), también va a ejercer sus facultades para removerlo? – preguntó una reportera.
– Esa es una pregunta que no esperaba que me hicieras en este momento – respondió entre risas, en lo que se abría paso entre los reporteros rumbo al edificio Centro, donde tiene su oficina.
(Imagen: el comandante de la Novena Región Militar, Germán Javier Jiménez, recibió el premio al mérito civil, Eva Sámano de López Mateos, entregado por el gobernador, en la ceremonia por la celebración por el aniversario 168 de la erección del estado de Guerrero; observan la diputada federal Verónica Muñoz (PRI); el presidente del TSJ, Alberto López; el diputado local Eduardo Cueva (PVEM) y el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar)
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