Ciudad de México, 20 de diciembre de 2022. La contraloría de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) inició una investigación de oficio para aclarar la compra de 228 fusiles calibre 50, destinados a la Guardia Nacional (GN), luego de que el contrato de más de 3 millones de dólares no fue adjudicado a Barrett Firearms Manufacturing, la empresa estadounidense que fabrica este tipo de armas.
El Barrett es el arma de alto poder favorita de los cárteles del narcotráfico, capaz de derribar aeronaves y perforar vehículos a mil 800 metros de vehículos.
La licitación fue ganada el 26 de septiembre por Intman, una comercializadora de armas y artículos de defensa con oficinas en Polanco, que ofertó 3 millones 181 mil dólares.
Barrett, que fue una de las empresas demandadas en 2021 por México ante una Corte de Boston por el tráfico de armas hacia el país, cotizó 3 millones 31 mil dólares, 4.7 por ciento menos, pero su oferta fue derrotada por la de la empresa mexicana.
La causa fue la evaluación técnica, elaborada por el Teniente José Luis Corona Lacomba y el Capitán Edmundo Alva Alva, con visto bueno del General de Brigada Gerardo Serna Melchor, Comandante del Cuerpo de Policía Militar.
Intman obtuvo 41.5 puntos, por 31.5 de Barrett. La razón fue que esta última incluyó en su oferta la frase “especificaciones aproximadas y sujetas a cambios sin previo aviso”, lo que para los evaluadores implicó que no había garantía de que se entregarían los fusiles tal y como fueron requeridos, por lo que no se asignó un solo punto de los diez previstos en el rubro.
Otro detalle fue que Barrett no anexó un folleto para verificar los cinco cartuchos por fusil incluidos en la compra, lo que restó cinco puntos adicionales.
El pasado 22 de noviembre, Intman promovió un amparo contra la intervención de oficio iniciada por el Órgano Interno de Control (OIC) en la Sedena para revisar todos los actos de la licitación y paralizar la compra.
Intman pidió una suspensión para el efecto de que no se le impida concretar la entrega de los fusiles, misma que fue negada el 6 de diciembre por Blanca Lobo, jueza Décimo Segunda de Distrito en Materia Administrativa.
Texto: Agencia Reforma
