René Vargas Pineda
La jornada electoral del 1 de julio cimbró profundamente al sistema político en todos sus niveles. La participación y decisión ciudadana expresadas en las urnas, se traduce en un rechazo contundente a la forma tradicional de hacer y ejercer la política y el gobierno, y esto tiene que ver fundamentalmente con la aspiración de un cambio en la vida pública y política, ahí en ese espacio donde coexisten las relaciones entre ciudadanía y gobernantes.
Los resultados de la elección terminaron por derrumbar la concepción errónea de reducir la democracia a lo estrictamente electoral, es decir, la concepción limitada de que la participación ciudadana termina en el momento del sufragio. En este sentido, se debe asimilar una primera lección de la elección: la exigencia de pasar de una democracia meramente representativa a una democracia con mayor participación social, y esto requiere de una reingeniería en las relaciones entre sociedad y gobierno. Es decir, la lección es entender que la democratización de estas relaciones no es solo una necesidad sino una exigencia.
Una segunda lección de la elección ha sido para el sistema de partidos políticos, porque los resultados electorales profundizaron la crisis que habían venido desarrollando a lo largo de las últimas décadas y que generó que cayeran en un nivel de confianza social que, de acuerdo al Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México, está por debajo del 20 por ciento. En este punto habría que identificar la lección en dos sentidos: para los partidos tradicionales y los partidos emergentes que apenas en los años recientes han alcanzado su registro. Por un lado, para los partidos tradicionales que vieron disminuidos severamente los espacios de representación en el poder público que venían ocupando, hay un rechazo rotundo a la forma de hacer política y en cuanto al ejercicio del poder, a sus resultados. En este sentido, deberán cambiar su conducta o su futuro como opción política podría ser la extinción. Por tanto, lejos de sentir una taquicardia que los lleve al infarto, deben concebir esta lección como una gran oportunidad de cambio en su vida institucional, un replanteamiento en sus documentos básicos que recoja y esté a la altura de las exigencias de la sociedad y, principalmente, evolucionar hacia un ejercicio más democrático de la política.
Y para los partidos que, siendo emergentes, han alcanzado un altísimo nivel de representatividad en los cargos de elección popular, la lección es puntual: hacen un cambio o correrán la suerte de los partidos tradicionales. La amplísima confianza social con que están arribando al poder público, de ninguna forma es un cheque en blanco, es una exigencia de cambio en todas las dimensiones y en todos los niveles de la vida pública. De otro modo, tendrán que asumir los costos de haber decepcionado a la confianza de la ciudadanía.
Una tercera lección de la elección, es para la propia sociedad, porque ha logrado entender los alcances del poder que tiene el sufragio y más aún, cuando su participación aumenta. Esta lección deberá entenderla a sí misma desde la perspectiva de un cambio de conducta, tanto individual como colectiva, que esté basada en el respeto al conjunto de normas que regulan las relaciones sociales, la concepción del bien común por encima del individual y su participación decidida y dinámica en los asuntos públicos.
En todo este contexto, las lecciones de la elección dejan un reto fundamental: construir gobiernos democráticos. En este sentido, una primera condición es elegir democráticamente a los gobiernos, a través de elecciones imparciales, equitativas, objetivas, transparentes, libres y periódicas.
Una segunda condición se encuentra en el ejercicio del poder público. Todo gobierno que se aprecie de ser democrático tiene una característica fundamental: el respeto a los derechos humanos. En esta idea, resulta imprescindible que en el diseño e implementación de las políticas públicas se aplique, como eje transversal, la transparencia, los principios de igualdad y no discriminación, y fundamentalmente el respeto, promoción, garantía y protección de los derechos humanos y, sobre todo, concluir –cosa que no ocurre actualmente– con su ciclo: la evaluación periódica de la implementación y sus resultados. Desde esta condición, se podrá tener un primer acercamiento a un criterio indispensable para evaluar qué tan democrático es un gobierno y la calidad misma de la democracia.
Una tercera condición es la participación ciudadana. Si bien, existe un marco legal en esta materia, se requiere esencialmente del diseño de espacios e instrumentos efectivos de participación para que la sociedad acceda a un mayor involucramiento e influencia en los asuntos públicos y, en la construcción de las políticas públicas.
Dado el ambiente social existente, en que el nivel de la confianza hacia las instituciones es muy penoso, y donde la percepción sobre el cumplimiento de las leyes es muy baja, reconstruir el estado actual de las relaciones entre gobierno y sociedad no será nada fácil, pero el ejercicio democrático como forma cotidiana y fundamental de ejercer el poder, será una primera muestra de un cambio en la vida pública y política.
