Un juez dejó en libertad a otros 24 detenidos por caso Ayotzinapa, entre ellos, miembros de “Guerreros Unidos” y funcionarios de Protección Civil estatal, con lo que suman 77 liberados. La liberación “ofende e indigna a todos los mexicanos, pero principalmente a sus familias”, opina Héctor Astudillo.
Ciudad de México, 16 de septiembre de 2019. Un juez dejó en libertad a otros 24 detenidos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero, en septiembre de 2014, con lo que suman 77 liberados, de un total de 142, acusó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.
El funcionario consideró como la vieja práctica del “sabadazo” la resolución del Juez Primero de Distrito en Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ordenó ayer la liberación absoluta e inmediata de policías municipales de Iguala y Cocula, así como miembros de Guerreros Unidos y funcionarios de Protección Civil estatal.
“De mantenerse esta tendencia y como es evidente la intención política de hacerlo, quizá en los próximos días, y con motivo del quinto aniversario de los hechos de la noche de Iguala, pueden otorgarse diversas libertades”, advirtió.
La resolución del juez Samuel Ventura Ramos de liberar a 24 inculpados en la desaparición de los jóvenes de #Ayotzinapa es una afrenta a las víctimas y a los padres y muestra la miseria del Sistema de justicia en el país. pic.twitter.com/nGPiOPyUPf
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 15, 2019
Ante esta situación, el también presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creada por decreto presidencial, acusó que el Poder Judicial está en la “podredumbre” y encubre a torturadores.
Encinas refirió que la resolución es una afrenta a los trabajos de investigación que realiza el Gobierno federal, pues el juez habla de tortura, pero no finca ninguna responsabilidad a los supuestos torturadores, como debe ser.
“El juez interpreta con mucha laxitud la ley pero no imparte justicia, y causa graves daños a la búsqueda de la verdad, y esto representa de nueva cuenta las viejas inercias de corrupción, incapacidad y parcialidad del régimen anterior”, expuso en conferencia de prensa.
“En política no hay coincidencias, y si vemos las resoluciones, con toda seguridad y mucho en ánimo de calentar el ambiente político, y desviar la atención, yo digo, para proteger ?porque a quién se le está acusando, a nadie- al régimen anterior y sus responsabilidades, se están otorgando libertades absolutorias a los perpetradores”.
Con esta tendencia, agregó, podrían salir libres otros de los principales perpetradores del ataque a los estudiantes, como Sidronio Casarrubias y César Nava.
El subsecretario recordó que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que iniciará procesos para determinar la responsabilidad de funcionarios que incumplieron con sus responsabilidades en la investigación, en particular Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de al República; Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, y José Aarón Pérez Cano, quien era titular de la Oficina Especial para el Caso Ayotzinapa cuando se fincó la llamada “verdad histórica”.
Posteriormente, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, pronunció este domingo en su cuenta oficial de Twitter que la liberación de los implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “ofende e indigna a todos los mexicanos, pero principalmente a sus familias”, y agregó que la resolución “No es aceptable ni jurídica ni moralmente”.
La liberación de 24 implicados en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos y de las demás personas fallecidas ese día, nos ofende e indigna a todos los mexicanos, pero principalmente a sus familias. No es aceptable ni jurídica ni moralmente.
— Héctor Astudillo (@HectorAstudillo) September 15, 2019
Apenas ayer el representante de los padres de los normalistas, Melitón Ortega, denunció que toda la investigación del caso Ayotzinapa estuvo mal desde que se armó el expediente en Guerrero.
En declaraciones en la Alameda Granados Maldonado en un acto llamado “Antigrito”, Ortega señaló que durante la administración de Enrique Peña Nieto hubo una pacto de silencio, incluso, dijo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) nunca denunció que había deficiencias en la investigación, “ni siquiera denunciaron las torturas, las detenciones arbitrarias, la simulación, fabricación de delitos y hoy es la consecuencia de lo que hoy se está viviendo, la salida de varios de los detenidos, uno de ellos es El Cabo Gil que se ha mencionado mucho que es responsable de la desaparición”.
El pasado 31 de agosto, fue liberado Gildardo López Astudillo, El Cabo Gil, uno de los líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, uno de los principales vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes el pasado 26 de septiembre de 2014.
El Cabo Gil seguía dos procesos penales, uno por delincuencia organizada del que fue absuelto en junio del año pasado, y otro por secuestro, que es por el que se investiga la desaparición de los estudiantes y por el que había permanecido en prisión hasta este sábado. Fue liberado porque las pruebas que presentó la PGR fueron desechadas porque se obtuvieron mediante tortura, y la actual Fiscalía no presentó otras.
Quien fuera el líder local de Guerreros Unidos fue detenido después de la presentación del primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual rebatió la llamada “verdad histórica” del caso, que planteaba que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula.
Él fue el primero en declarar que los estudiantes fueron divididos en al menos dos grupos con diferentes destinos, unos entregados a policías de Iguala y otros a policías de Cocula, es decir que no todos fueron asesinados en el basurero de Cocula.
Según el segundo informe del GIEI, López Astudillo no es testigo presencial de los hechos, negó haber participado y denunció también haber sido torturado.
Su detención también fue objeto de crítica por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), pues en conferencia de prensa las autoridades informaron que fue capturado en Taxco, Guerrero, pero en la cumplimentación de la orden de aprehensión se indica que la detención se concretó frente a la SEIDO, en la Ciudad de México.
Texto: Redacción, con información de Anarsis Pacheco / César Martínez / Agencia Reforma / Foto: Twitter
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