Llegan más policías y militares y temen un desalojo en Media Luna, dicen paristas

▼ La empresa no cumplió la indemnización ni introdujo al 100% servicios en donde se reubicó a los afectados, señala ejidatario

Los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero van a oponer resistencia, advierte el delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones. Los desplegados publicados por la empresa son parte de una campaña para legitimarse, señala

Texto: Zacarías Cervantes
Fotos: Jesús Eduardo Guerrero

Nuevo Balsas, Cocula (Guerrero).- Trabajadores de la minera Media Luna, subsidiaria de Torex Gold, de capital canadiense, denunciaron este martes que la presencia de marinos dentro de las instalaciones, y los constantes patrullajes del Ejército cerca del plantón, son preparativos para un desalojo de trabajadores de la empresa minera, con el apoyo de los gobiernos federal y estatal.

El delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), Indalecio Pérez Morones advirtió que los trabajadores no van a caer en provocaciones, pero que si las fuerzas federales intentan desalojarlos van a oponer resistencia, y que llamarán a los pueblos a que defiendan el derecho de los trabajadores.

Declaró asimismo, que los desplegados en los que la empresa canadiense menciona prestaciones a los trabajadores y beneficios a los pueblos vecinos, es sólo una parte de una campaña que ha iniciado para legitimarse, pero que en los hechos no ha cumplido las acciones que menciona.

Ayer, a 12 días de iniciado el paro con el que los trabajadores exigen el cambio de su contrato laboral de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) al SNTMMSRM, los paristas, con el respaldo de habitantes de las comunidades vecinas, permanecieron a la expectativa en dos plantones, uno que se encuentra en el acceso 3, a unos 5 kilómetros de Nuevo Basas, en la carretera Valerio Trujano-Nuevo Balsas, y otro al extremo sur del cerro donde la minera explota oro y plata, cerca de la comunidad de Mazapa, municipio de Eduardo Neri.

Los trabajadores comenzaron su movimiento laboral a las 2 de la tarde del 3 de noviembre y a partir del sábado y el domingo pasado, comenzaron a recibir el apoyo de habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, municipio de Cocula, así como de Mezcala, municipio de Eduardo Neri, y de Colonia Valerio Trujano, de Tepecoacuilco.
Este martes, el ambiente se percibió tenso entre quienes participan en el primer plantón, ante el temor a un posible desalojo de las fuerzas federales, luego de que la tarde del lunes entraron a las instalaciones de la mina 70 o 80 policías de la Gendarmería, a bordo de seis patrullas y un autobús. Además, durante el transcurso de este martes se vio patrullar cerca del plantón a soldados del Ejército mexicano en dos camionetas Pick Up.

La presencia de la Marina y el Ejército se dio a la par de llamadas de la minera a trabajadores para que regresen a sus labores. En mensajes de texto les dicen que los patrullajes del Ejército y la presencia de la Marina son para “proteger a nuestra gente y a nuestras instalaciones”.

El delegado del SNTMMSRM, Indalecio Pérez Morones, denunció que los representantes de la minera no han dado la cara directamente a los trabajadores en paro, “no ha querido presentarse a buscar una solución a la demanda de los trabajadores, que es un derecho legítimo”, pues sólo quieren decidir qué sindicato los va a representar.

Declaró que la inconformidad de los empleados se debe a que empresa y sindicato “coludidos”, han estado cometiendo una serie de atropellos y violado sus derechos laborales, así como también sus derechos humanos.

No cumple la empresa su obligación de dar seguridad laboral, se quejan

Dijo que una de las situaciones más grave es que la empresa no cumple su obligación de observar las normas más elementales de seguridad, y ejemplifico que los trabajadores están obligados a laborar dentro de la mina en condiciones inseguras, “la empresa no les da el equipo de protección personal que se requiere, aun cuando sabemos que la minería es un trabajo de alto riesgo”, acusó.

Aseguró que desde que comenzó sus trabajos de explotación la minera Media Luna, en enero de 2016, dos trabajadores han muerto por la falta de medidas de protección, cuando ocurrió la volcadura de un camión.

Denunció que los trabajadores no reciben equipos de seguridad en condiciones óptimas, y que los caminos no son adecuados para que transiten ese tipo de camiones, porque están en pésimas condiciones.

“La empresa está poniendo en riesgo la seguridad de los trabajadores, y nosotros como representante de los mineros, siempre hemos dicho que la seguridad no puede estar por debajo de la producción, tienen que ir de la mano, y para que la empresa tenga una producción segura, debe de tener un trabajador seguro, y es la empresa la que tiene que darle la seguridad”, explicó.

Discriminan a trabajadores locales, denuncian

Destacó que la minera incurre en discriminación porque tiene clasificados a los trabajadores en “trabajadores locales y trabajadores foráneos”, y que los foráneos ocupan los mejores puestos, y tienen los mejores salarios y las mejores prestaciones, “les dan alojamiento, comida, viáticos para su traslado, y a los trabajadores de las comunidades los hacen trabajar jornadas de hasta 12 horas en actividades que son las más pesadas con salarios que van de mil 500 a 2000 pesos semanales.

El martes, la minera Media Luna publicó un desplegado en la prensa en el que asegura que el 99 por ciento del personal es de origen mexicano, el 66 por ciento es guerrerense y el 52 por ciento es de las localidades cercanas a la minera, pero consultado al respecto, el dirigente sindical aseguró que esto “es falso” y que, al menos en cuanto a trabajadores sindicalizados, 50 por ciento son foráneos y 50 por ciento son locales.

En cuanto a los salarios y prestaciones a los que se refiere la empresa en el mismo desplegado, en el que destaca que cuenta con las mejores remuneraciones, Pérez Morones, declaró que pudiera ser, pero que estos beneficios son sólo para el 50 por ciento, de la gente foránea, que es el que ocupa los mejores cargos, y los mejores salarios y prestaciones, “lo cual consideramos que no es justo, porque el trabajo debería de ser preferentemente para la gente de las comunidades, que es de donde se están llevando esas empresas extranjeras la riqueza que existe aquí”.

Aseguró que en la región hay personal calificado para ocupar esos puestos, pero que la empresa simplemente no los contrata, tampoco capacita, como es su obligación, a los trabajadores locales ya contratados para que tengan oportunidad de ascender a mejores cargos.

Según el desplegado de la empresa, 450 millones de pesos fueron destinados a la adquisición de bienes y servicios en las comunidades vecinas, lo que desmintió el dirigente local, que dijo que esa es otra de las inconformidades, porque la empresa y la dirigencia de la CTM acapararon las concesiones del servicio de transporte y de maquinaria.

Dijo que también incumplió el compromiso de que sus directivos y empleados consuman los productos de las localidades, porque la empresa les construyó zonas habitacionales a los trabajadores foráneos, en donde tienen todos los servicios y productos, que traen de fuera de la región.

“Estamos ante una empresa extranjera que viene a México a invertir, y que debe de respetar las normas y las leyes de nuestro país, pero no lo hace. Mientras el gobierno se debería de encargar de que esta empresa respete las leyes, a los trabajadores y a los pueblos, pero que tampoco lo hace”, criticó.

Pérez Morones denunció que, frente a las justas demandas que están planteando los trabajadores, la empresa está contestando de otra manera. “Tal parece que le quiere apostar al enfrentamiento, tal parece que lo que quiere es un desalojo, y no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que en este lugar vuelva a suceder lo del 20 de abril del 2006 en la siderúrgica de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo un intento de desalojo y perdieron la vida dos trabajadores, y más de 100 fueron heridos”, advirtió.

Advirtió que los trabajadores no quieren eso, “porque esa no es la forma de solucionar los problemas, pero si la empresa quiere apostarle a eso, nosotros también vamos a responder defendiéndonos. Estamos dentro del marco de la legalidad, estamos participando en este movimiento pacíficamente y la empresa nos quiere provocar”, denunció.

Pérez Morones aseguró que cuentan con el respaldo de los pueblos vecinos, porque la empresa tampoco les ha cumplido los compromisos, y que se han involucrado en el movimiento. Advirtió que, ante un posible desalojo recurrirían al apoyo de los pobladores para defender sus derechos.

Mientras tanto, entre los trabajadores que participan en el paro, se percibió el temor tanto por la presencia de la Gendarmería que llegó la tarde del sábado y permanece dentro de las instalaciones, como por los patrullajes constantes de los militares cerca de donde se encuentran en plantón, pero también a causa de las advertencias que la minera les ha enviado a través de mensajes.

Este martes, ninguno de los trabajadores que participan en el movimiento quiso declarar, salvo el dirigente del SNTMMSRM, “es lógico, los tienen amenazados”, dijo Pérez Morones cuando ninguno de los trabajadores respondió las preguntas del reportero.

El domingo y el lunes, les hicieron llegar un comunicado membretado de Torex Gold, en el que les advierte que el bloqueo es “ilegal” y que la empresa “está haciendo planes para llevar a cabo el reinicio eficaz de la planta, una vez que se levante el bloqueo”.

“El ejército está patrullando el área y la operación periódicamente”, dice el texto, y agrega que, “Le avisaremos cuando hayamos programado las reuniones en persona para los empleados en el sitio y tratar los asuntos de carácter laboral y los planes para regresar a trabajar”, y los conmina a regresar a su trabajo, “una vez que el cuerpo de seguridad esté en el sitio”.

A pesar de que la empresa ha insistido en que los trabajadores están bloqueando el acceso a la minera, el plantón no obstruye la entrada. Las carpas y lonas con las que se protegen del sol se encuentran a la orilla del acceso principal, y el paso de vehículos está libre; incluso, en el módulo de seguridad, después del plantón, hay policías estatales y policías auxiliares de empresas, que controlan el paso e impiden la entrada más allá del módulo.

 

No apoya la minera Media Luna a las comunidades de la zona, dice ejidatario

La empresa no cumplió con la indemnización a los afectados ni al 100 por ciento con la introducción de servicios públicos en el sitio donde fueron reubicadas las familias

Texto: Zacarías Cervantes

Chilpancingo, Guerrero.- Habitantes de al menos seis pueblos que se sumaron al movimiento de los trabajadores de la minera Media Luna, reclamaron que la empresa no ha cumplido los compromisos que hizo cuando comenzó sus trabajos de exploración, entre otros, la introducción de servicios públicos y la indemnización de sus tierras.

Se sumaron al movimiento, habitantes de Nuevo Balsas, Real de Limón, La Fundición y Atzcala, del municipio de Cocula; así como Mezcala, de municipio de Eduardo Neri, y Colonia Valerio Trujano, municipio de Tepecoacuilco.

Uno de los ejidatarios más veteranos, Juan Artega Medina, quien fue de los reubicados de la zona en donde ahora Media Luna explota la mina, a la nueva localidad que se asentó a unos 4 kilómetros, rechazó que la empresa de capital canadiense apoye a las comunidades de la zona, como aseguró en un desplegado este martes.

Dijo que, por el contrario, Media Luna incumplió no sólo la indemnización y el pago de derechos comprometidos con los ejidatarios para que dejaran sus tierras, sino que no cumplió al 100 por ciento con la introducción de los servicios públicos en el asentamiento donde fueron reubicadas las familias.

Este martes, pobladores de algunas de las comunidades cercanas apoyaron el plantón de los trabajadores afuera del acceso 3 de las instalaciones de la mina. Sin embargo, se rehusaron a hablar, presuntamente porque se encuentran amenazados por la empresa.

Sin embargo, Artega Medina, vecino de La Fundición, declaró que apoya el movimiento, “porque quiero que mis hijos tengan cosas buenas, que les paguen bien y que no los corran”, y denunció que la empresa “lo trató mal”, pues cuando los reubicaron (en 2010 y 2011), le dijeron que tendrían muchos beneficios, “pero fue sólo para que nos fuéramos al nuevo lugar”, se quejó.

Dijo que “ha sido al revés… a mí no me dieron ni casa y el terreno que yo tenía era grandísimo, como de 3 mil 500 metros y me lo cambiaron (por uno) como de 120 metros, sólo para construir una casa”.

Dijo que, como a él no le dieron vivienda compró una esperando que se la pagara la minera, pero que tampoco se la reconocen, y le dijeron que esa no entraba en la indemnización.

También contó que, con sus padres sembró unos árboles de ilamas en su antiguo terreno pero que la minera en vez de pagárselos a él, se los pagó a otra señora que no le dio nada, “y eso yo también lo vi mal”.

También se quejó de que la tierra que le renta a la minera como ejidatario, se le paga colectivamente a todos los ejidatarios, y los directivos le pagan lo que quieren. Dijo que ha pedido que le paguen esa renta de manera individual, pero que no han querido.

Consultado con respecto a los apoyos que, según la minera Media Luna ha entregado a las comunidades que la rodean, el ejidatario aseguró que no ha cumplido con todo. Dijo que, por ejemplo, se comprometió a que en La Fundición el drenaje llevaría las aguas negras lejos de la población, pero que quedó a la salida de la localidad y representa un foco de contaminación.

Añadió que también se comprometió a que a los jóvenes que fueran formando sus matrimonios les iban a entregar sus casas, pero que en su localidad no ha cumplido, y aseguró que hay unas 40 parejas jóvenes que no han recibido sus casas.

Reconoció que sí han construido casas, escuelas y centros de salud, por ejemplo en La Fundición y Real de Limón, pero que se trata de una compensación, porque dejaron sus tierras a la minera en los lugares donde antes estaban asentadas sus casas.

Sin embargo, recordó que la empresa se niega a pagar la indemnización por la contaminación que provocan los trabajos de la explotación de oro. Dijo que, fuera de los compromisos que hicieron los representantes de la minera, “a todo dicen que no”.

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