Informa Tlachinollan del deceso de una niña de 9 años y de un niño de 4, migrantes de Huitzuco y Cochoapa en Cabo Corrientes, Jalisco.
Chilpancingo, Guerrero, 29 de marzo de 2019. La Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas expresó en una misiva a la secretaria de Bienestar, María Luisa González Albores, su preocupación ante la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) en las reglas de operación 2019, porque dejó a los estados expulsores de migrantes fuera de la política pública federal.
El responsable del Centro de Atención a Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Paulino Rodríguez Reyes dijo que ese era el único fondo exclusivo para los jornaleros agrícolas.
Reprochó que las nuevas reglas de la Secretaría del Bienestar generalicen a la población, sin ver las particularidades y necesidades de familias jornaleras, un sector de la población altamente vulnerable por las condiciones en sus comunidades que los obligan a emigrar por empleo, y las situaciones que padecen en los campos agrícolas.
Expuso que el Estado debe garantizar a las familias jornaleras educación, salud, vivienda y garantías laborales, y las consecuencias por esta desatención son muy graves: fallecimientos por enfermedad al estar en contacto con agroquímicos, partos prematuros, mortalidad materna e infantil, “y no se diga de los accidentes que se dan, y ninguna instancia se hace responsable”.
Informó del deceso de una niña de 9 años y de un niño de 4, hijos de familias jornaleras náhua y na’savi, de San Francisco, municipio de Huitzuco, y de Calpanapa en Cochoapa el Grande, que trabajaban en ejidos del municipio Cabo Corrientes, Jalisco.
De este caso se dio cuenta en la edición de ayer debido a la declaración del secretario de Asuntos Indígenas, Javier Rojas Benito.
Rodríguez Reyes precisó los datos. Informó que el sábado 23 de marzo, día de descanso de los jornaleros, las familias fueron a recolectar leña, caminaban a la orilla de la carretera y pidieron un raid al conductor de una camioneta que los subió al vehículo, y en el trayecto se volcó.
Dos niños murieron y siete personas más quedaron heridas, entre éstas los padres de familia. Además indicó que dos menores de edad siguen internados en el Hospital Civil de Guadalajara que se reportan graves, y dos más son atendidos en un hospital de Puerto Vallarta.
Informó que de la Coordinación de Grupos Indigenas de DIF de Puerto Vallarta, Aurora de la Riva le informó que los cuerpos de los niños fallecidos fueron traslados a sus lugares de origen. El martes por la tarde habría llegado a San Francisco la niña de origen náhua, y ayer como a las 7 de la mañana el menor na’savi.
“Ahí encontramos lo mismo en todos los casos. Eso se da porque los agricultores o los patrones, como los llaman los jornaleros a sus empleadores, no les dotan los utensilios ni herramientas para una estancia sin riesgo: gas y estufa para cocina, dormitorios”.
Agregó que las familias rentan espacios reducidos para vivir y recolectan leña para cocinar sus alimentos.
Del PAJA mencionó que operó de 1990 a 2018, y la entonces Secretaría de Desarrollo Social, ahora de Bienestar, operaba directamente algunos apoyos, mientras la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante el Servicio Profesional de Empleo tenía un apoyo para los jornaleros al arribo a los campos.
En cuanto a la educación después de que desapareció un programa de atención en 2014, informó que maestros del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) imparten clases de junio a agosto antes de la nueva temporada fuerte de trabajo en los campos agrícolas.
De Salud afirmó que siempre ha habido un vacío porque el Prospera que incluye a los beneficiarios el Seguro Popular no servía a los usuarios fuera de Guerrero, “si una mamá embarazada iba a un hospital de Sinaloa, Sonora, Chihuahua o Zacatecas, su acreditación en el programa no era válido”.
Agregó que el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero se creó en 2006, y las acciones en los primeros años tuvieron el apoyo del gobierno estatal.
Aclaró que la mayor parte del tiempo trabajan con recursos mínimos, pese a que cada año se integra una comisión intersecretarial de apoyo y atención a jornaleros agrícolas migrantes en Guerrero.
El defensor explicó que los funcionarios estatales asumen compromisos que nunca cumplen como se plantean.
Este año después de las publicaciones de reglas de operación, mediante la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas informó que el 18 de febrero enviaron una carta a la secretaria de Bienestar, “para que nos explique cómo va a quedar el tema de la población jornalera. Aclaró que los turnó con un subsecretario y siguen en espera de una reunión.
Lamentó que en lugar de fortalecer un programa empeore la situación de un sector de la población invisibilizada.
Señaló que en la última temporada de jornaleros, de septiembre a enero, el Consejo registró 7 mil migrantes que se van por tres meses o cuatro a trabajar a los campos del bajío y norte del país, incluyendo niñas y niños.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: El Sur
