Las investigaciones concluyeron que miembros de la delincuencia organizada coludidos con autoridades municipales planearon desaparecerlo, lo torturaron, asesinaron y lo enterraron a 3 metros de profundidad para que nadie lo hallara, dice Tlachinollan
Tlapa, Guerrero, 12 de octubre de 2020. Integrantes del Frente Popular de la Montaña (FPM) marcharon al cumplirse un año de la desaparición y asesinato de su integrante y defensor de derechos humanos, Arnulfo Cerón Soriano y su cuerpo encontrado 40 días después enterrado en una fosa clandestina en las afueras de Tlapa, reiteraron su exigencia de castigo a los autores materiales e intelectuales.
Los integrantes del Frente, en su mayoría campesinos de comunidades de Tlapa y Copanatoyac, estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, El Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos en Guerrero (MOLPPEG), maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y familiares exigieron castigo a los culpables materiales e intelectuales del asesinato y que no quede impune, durante la marcha que partió del Arco de la entrada al Ayuntamiento.
A su llegada al Ayuntamiento un integrante del Frente que llevaba el micrófono dijo que harían el mitin frente al lugar de donde “salieron las órdenes para desaparecer a nuestro compañero, no lo olvidemos” y reprochó a la 4T de que no hay cambios porque en su gobierno están matando a luchadores sociales.
Y que no se olvidara que desde ese lugar muchas veces Arnulfo exigió atención y transparencia a las autoridades municipales y el cumplimiento de sus compromisos con los campesinos de las localidades.
En un acto que duró una hora y media, los participantes coincidieron en la exigencia de justicia y castigo a los responsables del homicidio del activista quien era gestor ante la falta de atención de las autoridades municipales y estatales.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, quien fungió como moderador detalló que en las investigaciones del caso hay elementos de prueba que indican que Arnulfo fue sacado por una persona de su domicilio para que el grupo criminal que operaba en Tlapa cumpliera las órdenes de las autoridades del municipio que derivó en su tortura, asesinato y fuera enterrado en una fosa clandestina.
Dijo que el homicidio de Arnulfo es una muestra de que en la región de la Montaña la delincuencia convive y está al servicio de las autoridades, por eso asesinaban y desaparecían con tanta impunidad con una ola de secuestros, de levantones, asesinatos y desapariciones forzadas en esta región.
Sostuvo que el caso de Arnulfo evidenció que hay cientos de desaparecidos de manera impune en Tlapa por lo que varias familias se sumaron a la búsqueda y como Tlachinollan tienen documentados más de 60 casos de desaparición forzada, y que la prueba es que donde encontraron a Arnulfo, estaban otras tres fosas con restos humanos y en otros puntos de búsqueda a una familia completa: la mamá, el papá, el hijo y al nieto y a la nieta por lo que seguirán luchando para que sean castigados los responsables, sin importar quiénes sean.
El comisario de Zacualpan pidió justicia y agradeció la gestión de Arnulfo porque a un año de su muerte, finalmente el gobierno les está dando obras, como la pavimentación de su camino que por años les negaron, a pesar de ser una comunidad productora de barro.
El director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que esta organización abraza la causa del Frente desde el Palacio Municipal donde Arnulfo Cerón protegió y defendió los derechos humanos y denunció las tropelías de las autoridades municipales y estatales.
Arnulfo emprendió una lucha sin cuartel para proteger a los campesinos y comerciantes, para obtener obras y su destino fue una fosa a 3 metros de profundidad para no encontrarlo y callar su voz por pedir justicia.
Dijo que Arnulfo se calló las amenazas recibidas y finalmente las hizo públicas porque pensó que se podía respetar la vida de los defensores y llegar a acuerdos con las autoridades y tener una relación de respeto ante la criminalización, pero pasó lo contrario se polarizaron las posturas al arreciar las amenazas y las campañas de desprestigio al decir que era un vividor social y que públicamente no era una persona grata para las autoridades.
Lo señalaron de estar en la nómina para desacreditarlo, pero ahora no se dice nada y se sabe que hay gente que cobra sin trabajar y está al servicio de la delincuencia.
Agregó que Arnulfo pensó que era una acción asilada o coraje inmediato por sus exigencias, pero que no fue así porque autoridades y grupos criminales premeditaron silenciar su la lucha.
Lamentó que en la misma barandilla se anuncie que se suicidó un joven en situaciones desconocidas, que se detenga o se criminalice a cualquier persona por su lucha y se tiene que exigir a la autoridad el respeto a los derechos humanos y que está para servir no para criminalizar ni mandar mensajes funestos como lo de Arnulfo.
Dijo que las fechas deben ser el parte aguas de la historia para la justicia de los defensores y defensoras y que en el mes de octubre se sitúan los crímenes de los luchadores sociales Ranferi Hernández Acevedo y su familia y Rocío Mesino Mesino y ahora el de Arnulfo.
Dijo que estamos ante un cambio de gobierno, de transformación, pero eso no puede traer el asesinato de una persona que sólo exigía transparencia y que las obras se hicieran en las comunidades y se debe ver la manera en que se desmonten las complicidades entre los gobiernos y la delincuencia.
Del Molppeg, Arturo Campos pidió castigo a los responsables y recordó que el Ayuntamiento fue tomado y pintado para exigir la presentación con vida de Arnulfo, en que señalaron al presidente de Tlapa, Dionicio Merced Pichardo García y al jefe de Gabinete, Marco Antonio García Morales, quien fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad y está preso en el penal de Tlapa.
Avances y justicia pendiente en caso Arnulfo: Tlachinollan
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitió un boletín manifestando que a un año del asesinato de Arnulfo Cerón la justicia está pendiente y exigió que su desaparición y posterior asesinato no quede en la impunidad, que los responsables materiales e intelectuales sean sancionados con todo el peso de la ley, se emita sentencia, se repare el daño y se implemente medidas de no repetición y se generen las condiciones para que las defensoras y defensores de derechos humanos tengan garantías para realizar su labor.
Plantea que el reto de las autoridades estatales y federales será desplegar medidas para que estos hechos no se repitan y aprovechen la coyuntura del caso de Arnulfo para generar las condiciones que impidan que el crimen organizado se vuelva a enraizar en la Montaña con su cauda de violencia y muerte.
Y aunque la clase política y los grupos de poder local lo nieguen, el caso de Arnulfo propició condiciones de tranquilidad en Tlapa y la Montaña, pues antes de eso las familias no podían salir por las noches porque había un vacío de poder ocupado por grupos del crimen quienes ejercían la autoridad e imponían su fuerza.
Y que el atentado contra Arnulfo develó la corrupción de las autoridades de seguridad en el municipio y la impunidad con que la delincuencia organizada secuestraba, mataba y desaparecía a las personas; donde políticos, comerciantes y transportistas eran parte del crimen, por lo que el grupo delictivo mataba y desaparecía a la luz del día con la plena seguridad que nada les pasaría.
En el texto describen que el 11 de octubre de 2019 el defensor indígena salió de su casa a una reunión y ya no regresó. Las primeras investigaciones concluyeron que alguien conocido lo citó a la orilla de Tlapa porque el plan fue sacarlo para que miembros de la delincuencia organizada en connivencia con autoridades municipales pudiesen desaparecerlo.
Así, Arnulfo fue llevado a una casa de seguridad, donde lo interrogaron y lo torturaron asfixiándolo hasta la muerte.
Los perpetradores le reclamaban su constante activismo como marchas y bloqueos contra el Ayuntamiento de Tlapa y su renuencia a abandonar el movimiento pese a haber sido advertido de las consecuencias que ello traería y que, según testigos, Arnulfo le pidió al perpetrador que lo interrogaba darle otra oportunidad, pero éste le respondió que ya era tarde, que eso lo hubiese pensado antes.
Y que tras ser asesinado metieron su cuerpo en la cajuela de un coche, el cual pasó por la ciudad con toda impunidad, incluso con el auxilio de policías municipales y tránsito para ser llevado a la orilla de la ciudad donde una máquina retroexcavadora había cavado una fosa de tres metros de profundidad, donde fue tirado con el objetivo de que nunca lo encontraran.
Tlachinollan señaló que la desaparición de Arnulfo concitó consternación en la comunidad de derechos humanos y organizaciones sociales del país que se sumaron a la exigencia de la presentación con vida del luchador social.
Recordó que la Comisión Nacional de Búsqueda con la Fiscalía General del Estado emprendieron varios operativos de búsqueda y el 20 de noviembre, 40 días después, fue localizado en el punto conocido como los tres postes en la carretera Tlapa – Metlatónoc, tramo Igualita, enterrado a 3 metros de profundidad.
Consideró que eso abrió a varias familias la posibilidad de buscar a sus seres queridos cuando se realizaba la búsqueda de Arnulfo venciendo el miedo y se fueron sumando a la búsqueda y a la fecha se tienen registradas más de 50 casos de desaparecidas y desaparecidos y cuerpos recuperados en esas jornadas.
Texto: Carmen González Benicio / Foto: Antonia Ramírez
