Al cumplirse 5 años de los ataques en Iguala, la movilización fue acompañada por contingentes de estudiantes de la UAM, la UACM, el IPN, la Preparatoria Popular Tacuba, CCHs y las decenas de normales rurales de todo el país, sindicatos y organizaciones sociales. Tienen que ser “un poco más duros con las instituciones, con el Ejército, con la Fiscalía, con todos aquellos que no quieren entregar la información”, demanda el papá Mario César González.
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2019. Miles de personas marcharon ayer desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución en conmemoración de los cinco años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, todavía con la demanda de presentación con vida y por el derecho a la verdad y la justicia.
La marcha encabezada por las madres y padres de los normalistas fue acompañada por contingentes de estudiantes de la UAM, la UACM, el IPN, la Preparatoria Popular Tacuba, CCHs y las decenas de normales rurales de todo el país. La UNAM, por su parte, convocó a un paro de labores en varias de sus facultades y planteles en memoria de los estudiantes desaparecidos. También estuvieron el Sindicato de Telefonistas de México, Amnistía Internacional, el Sindicato Mexicano de Electricistas, Atenco, la CNTE, la CETEG y decenas de otras organizaciones de todo el país.
Un lustro ha pasado desde la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos Ayotzinapa. Desde entonces, el día 26 de cada mes los padres viajan a la Ciudad de México a realizar la misma marcha para exigir castigo a los responsables de los ataques del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, y conocer el paradero de sus hijos.
Tras el cambio de administración, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera hacer todo lo posible para resolver el caso, creando incluso la Comisión Especial para el Acceso a la Verdad y la Justicia, hoy encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, los padres siguen sin ver avances concretos en la investigación.
“No nada más con buenas palabras vamos a llegar a la verdad, tenemos que ser un poco más contundentes, un poco más duros con las instituciones, con el Ejército, con la Fiscalía, con todos aquellos que no quieren entregar la información”, dijo al micrófono Mario César González, padre de uno de los jóvenes desaparecidos.
Ayotzinapa y otras promesas de campaña
Para la doctora Tanalís Padilla, investigadora del Massachusetts Institute of Technology y especialista en las normales rurales, el nuevo gobierno implicó un cambio de formas en el tema de cómo abordar el problema de Ayotzinapa y de las normales rurales en general, pero no existe un cambio profundo que modifique los contenidos de las políticas públicas al respecto.
“Existe por lo menos una cierta apertura al diálogo: López Obrador reconoce que Ayotzinapa fue una injusticia y que el Estado estuvo involucrado. Con la derogación de la Reforma Educativa reconoce además las demandas de los maestros”, explica Padilla.
“Pero no es por buena voluntad sino porque existió durante todo el sexenio anterior una movilización masiva. Se vio obligado a convertir ambos temas en una promesa de campaña”, agrega.
En la mañana el presidente López Obrador en su conferencia matutina y acompañado de Alejandro Encinas y del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, reafirmó que esclarecer los hechos es un tema fundamental para su gobierno, encontrar a los jóvenes desaparecidos y hacer justicia.
Por su parte, Alejandro Encinas informó que el próximo martes y miércoles el exgobernador Ángel Aguirre y el exprocurador Iñaki Blanco acudirán a declarar ante la Fiscalía General de la República. Insistió además en que el acuerdo con la FGR es retomar todas las líneas de investigación señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además, Encinas aseveró que después de revisar millones de llamadas telefónicas realizadas durante ese tiempo, en ningún momento se encontró que haya existido contacto alguno de los estudiantes con algún grupo delictivo.
Pero el caso Ayotzinapa es sólo la punta de lanza de una injusticia mayor: la marginación y exclusión de las clases campesinas del desarrollo económico de México y, dentro de ese espectro, de los maestros rurales, una de las pocas soluciones que existe al rezago educativo de buena parte del territorio nacional.
“Pobres, campesinos, indígenas: durante la revolución se le prometió a estos tres sectores de la población, se les prometió tierra, educación, voz y autodeterminación —explica la doctora Padilla—, no se cumplió, de ahí surge la demanda ideológica de justicia de las normales rurales”.
De ahí surge también Ayotzinapa, una causa que también fue promesa de campaña del actual presidente, junto con mejorar las condiciones de las normales rurales en todo el país.
Tanalís Padilla menciona un ejemplo: la reapertura de la Normal Rural Luis Villarreal de la comunidad de El Mexe, en el estado de Hidalgo, anunciada poco después de la toma de protesta del presidente. Pero existe un problema: la normal se reabre pero sin incluir dentro de sus instalaciones el internado.
“Hay que decir que las normales rurales se han ido cerrando a lo largo de todo el siglo pasado, entonces esto es importante. Pero el internado es un elemento esencial de las normales rurales: que los alumnos pasen 24 horas en sus instalaciones es lo que les ha permitido politizarse y organizarse a ese nivel. Además, el internado da un espacio para vivir y alimentación, toda la infraestructura. Esto permite que las clases más pobres puedan viajar y tener un techo. No es lo mismo que si les dan una beca para que renten un lugar cercano… no, el internado en sí mismo representa muchos problemas para el Estado, porque implica que los estudiantes estén todavía más unidos”.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no podría entenderse sin el contexto a partir del cual surgen las normales rurales, explica la doctora Tanalís, los años posteriores a la Revolución Mexicana, en donde el derecho a la educación era una exigencia popular de justicia. La ideología propia de las normales rurales, sus formas de organización, sus acciones al momento de tomar autobuses, botear o movilizarse en conjunto responde a esta promesa revolucionaria que nunca se cumplió cabalmente.
No pocas veces se ha buscado mermar esa organización, desaparecerla o satanizarla por todos los medios posibles: la Iglesia llegó a calificar a las normales como “escuelas del diablo”, en 2014 los medios no tardaron en ligar a los estudiantes con los cárteles locales de tráfico de drogas.
Actos violentos durante la marcha
El quinto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas pareció tímido: hacía tiempo que la causa de Ayotzinapa no reunía a tantas personas, pero, en comparación con otros años en que la convocatoria era multitudinaria, la plancha del Zócalo se llenó en una tercera parte de su capacidad.
La indignación de otros años durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no estuvo presente, salvo por los disturbios de algunos grupos de encapuchados que rompieron vitrinas sobre la calle Madero y realizaron pintas en Palacio Nacional.
Los padres de los 43 normalistas, en pleno mitin en la plancha de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, al terminar la manifestación conmemorativa por los cinco años de la desaparición forzada de los estudiantes, se deslindaron de los incidentes que se dieron durante la marcha y pidieron calma.
“Compañeros, sabemos que hubo algunos incidentes de violencia en algunos puntos de la marcha”, dijo al micrófono Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes.
“Nosotros nos deslindamos de esos sucesos: esta es una manifestación pacífica. Les pedimos no moverse de sus lugares compañeros”.
Emiliano Navarrete, padre de otro de los estudiantes desaparecidos, aseguró que los padres han estado en movilizaciones duras, enfrentado violencia y que no se asustan fácilmente, pero que este no era el momento para este tipo de actos.
“Les pedimos a quienes están realizando estos actos que se acerquen, que nos escuchen y que entiendan que no es el momento, hay niños, hay madres y padres de familia”.
La marcha dejó una estela de vidrios rotos, citrinas destrozadas de restaurantes, tiendas de ropa y algunos cajeros automáticos. Los encapuchados también incendiaron la vitrina de una librería departamental.
La calle Madero quedó llena de pintas que hacían referencia no sólo a los 43 estudiantes sino a las tragedias que han marcado la historia reciente del país, desde el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, asesinada en Ciudad Universitaria —“¡Justicia para Lesvy!— hasta el asesinato del ambientalista Samir Flores en Morelos —“Samir Vive”— o las recientes violaciones de policías capitalinos a mujeres —“La policía te viola, el ejército desaparece—.
Por su parte, la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum reprobó los actos violentos durante la manifestación, “esta ciudad se ha caracterizado por tener movilizaciones pacíficas, por ello reprobamos los destrozos a comercios y vía publica de un grupo minoritario que no representa al movimiento”.
Texto: Carlos Acuña / Foto: Karina Tejada
