El Congreso de la Unión reformó el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para que las averiguaciones previas tengan un carácter de estricta privacidad, con lo cual Medina Mora clasificó como “estrictamente reservada” todas las investigaciones relacionadas con funcionarios públicos y la guerra contra el narco.
Ciudad de México, 7 de noviembre de 2018. Corría el 6 de junio de 2008, el día en que Felipe Calderón-Hinojosa, reunió a 900 funcionarios en Palacio Nacional, en público les pidió terminar con el “influyentismo y el amiguismo”, para construir un gobierno que rindiera cuentas.
Era el tercer año de gobierno de Calderón que ya había lanzado su guerra contra el crimen organizado. Ese día, el 6 de junio, pidió “Actuar con transparencia y ponerse en los zapatos de la gente o al otro lado del mostrador”, mientras decía esto junto a él aplaudía efusivamente Eduardo Medina Mora, en ese momento titular de la Procuraduría General de la República.
Fue en ese mismo año, en que Calderón de la mano de Medina Mora limitaron la transparencia, pues consiguieron que el Congreso de la Unión reformara el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales para que se concediera a las averiguaciones previas un carácter de estricta privacidad, lo cual ayudó a Medina Mora a clasificar como “estrictamente reservada” todas las investigaciones (incluso las concluidas) que estaban relacionadas con funcionarios públicos y la guerra contra el narco, lo que hasta el momento ha hecho imposible conocer datos fundamentales como la implicación del Estado mexicano en la muerte violenta de cerca de 200 mil personas. La desaparición de otras 300 mil y el desplazamiento de muchos miles más.
Esta modificación a la ley también ha ayudado a que se mantenga en reserva el nombre de la empresa que en 2008 vendió a la PGR una flota de helicópteros Blackhawk y Little Birds, con un costo de 200 millones de dólares, cuya compra fue autorizada por el mismo Medina Mora.
También se tiene bajo reserva el expediente que resguarda el registro de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias y múltiples posesiones más que se aseguraron a la banda de Daniel Arizmendi El Mochaorejas.
Medina Mora en la actualidad se desempeña como ministro de la Suprema Corte de Justicia, y bajo sus órdenes también quedó a resguardo la información acerca de la cantidad de chalecos antibalas que se compraron en 2008 para la ahora desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
Todos estos datos se han obtenido de una investigación acerca de las respuestas negadas a los ciudadanos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI, en esos años llamado IFAI), por ser asuntos reservados o confidenciales de la PGR, entre 2006 y 2009, periodo en que la PGR estuvo a cargo de Eduardo Medina Mora.
El INAI ha recurrido en varias ocasiones al Tribunal Fiscal de la Justicia Administrativa para negarse a dar la información.
Casos protegidos por la reserva
Entre los nombres protegidos por la reserva, se encuentra Genaro García Luna, quien fu titular de la Secretaría de Seguridad Pública de 2006 a 2012, y que estuvo a cargo de la estrategia más beligerante contra el crimen y que una vez concluido el sexenio desapareció de México, más tarde reapareció, en 2018, para presentar su libro Seguridad y bienestar.
La reserva también protege el caso de la presunta implicación de la francesa Florence Cassez en el supuesto montaje mediático de la aprehensión de una banda de secuestradores, liderada por su pareja sentimental, Israel Vallarta.
Entre los archivos secretos de la PGR también están las solicitudes de información sobre las investigaciones ministeriales de la organización “Amigos de Fox”, los procesos penales de Elba Esther Gordillo, y las denuncias en contra de la Rosario Robles Berlanga (en la actualidad, Secretaria de Desarrollo Social) y Carlos Ahumada Kurtz (apresado por un fraude millonario a la delegación Gustavo A. Madero y famoso por aparecer en un video entregando un maletín lleno de billetes a René Bejarano Martínez.
Aunque la reserva es estricta, se emplea a discreción, pues hay casos en los que sí se autoriza brindar información, por ejemplo, en la detención de Laura Elena Zúñiga Huízar, ganadora de Nuestra Belleza Sinaloa, que fue aprehendida junto con siete varones que portaban armas de grueso calibre y miles de dólares en efectivo.
La belleza sinaloense, junto con los detenidos, fue puesta a disposición de la Procuraduría General del Estado y luego trasladada a la SIEDO, estuvieron en arraigo durante 40 días, luego de los que ella fue liberada, pues no se hallaron pruebas suficientes en su contra. El caso no fue resguardado con la reserva, pues la PGR enviaba boletines con detalles de la averiguación previa.
Medina Mora favorecido por la reserva
La carrera de Eduardo Medina Mora en la administración pública es larga, y siempre ha estado marcada por secretos.
Ha presentado 19 declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, en el periodo de 2000 a 2015. En ninguna hizo público su patrimonio ni sus conflictos de interés.
De acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de Servidores Públicos, en México, es un acto voluntario de los funcionarios revelar su patrimonio.
Medina Mora es licenciado en Derecho por al Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2000, con Vicente Fox Quesada como primer presidente electo de la oposición, pasó de abogado corporativo del Grupo Desc a Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cargo que ocupó hasta 2005.
Después fue Secretario de Seguridad Pública hasta 2006, año en que Felipe Calderón Hinojosa ganó las elecciones y fue nombrado Procurador General de la República, cargo que ejerció hasta 2009.
De 2009 hasta 2013 fue embajador de México en Reino Unido, y de 2013 a 2015, embajador del gobierno de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos.
En los 18 años que ha trabajado como funcionario público, Medina Mora ha estado en medio de capítulos muy turbios de la historia contemporánea del país, como demuestran las recomendaciones archivadas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tienen carácter de reservadas, también.
Por ejemplo, está la recomendación 38/2006 por la muerte de dos jóvenes, la aprehensión de 207 habitantes y la agresión sexual por parte de policías de 26 mujeres en San Salvador Atenco; también se conoce la recomendación 37/2006 sobre el movimiento obrero de la siderúrgica de Lázaro Cárdenas en el que murieron dos trabajadores, y la 64/2008, acerca de la implicación de varios funcionarios públicos en la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila.
A partir de marzo de 2015, Eduardo Medina Mora es Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que obtuvo por votación del Senado, a pesar de que miles de ciudadanos se manifestaron mediante Change.org para denunciar la crisis de derechos humanos durante su gestión en la PGR.
Ahora su nombre vuelve a cobrar relevancia, pues admitió la impugnación presentada por el Consejo Jurídico del Ejecutivo federal para suspender “toda investigación e imputación penal” en contra del presidente saliente Enrique Peña Nieto por el desvío de 270 millones de pesos del Partido Revolucionario Institucional durante el gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua.
La suspensión tuvo efecto luego de una controversia constitucional presentada el pasado 11 de octubre por el consejero jurídico de la Presidencia, Misha Granados, en contra de órdenes de aprehensión, arraigo, citatorios, averiguaciones o carpetas de investigación de la Fiscalí de ese estado en contra de funcionarios federales, que fue ampliada el 16 de octubre.
La controversia se presenta bajo el argumento de que el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo 7 del Código Penal estatal son inconstitucionales.
Con esta determinación, los gobiernos de los estados sólo están facultados para denunciar delitos del fuero común y no del federal.
Texto: redacción con información de Linaloe Flores, Sin Embargo / Foto: SRE (Flickr)
https://devtest.suracapulco.mx/2018/11/07/suma-chihuahua-3-recursos-contra-amparo-a-pena-nieto/