Texto: Alejandro Gutiérrez, Apro / Foto: Policía Nacional del Ministerio del Interior, España
Madrid, España, 16 de septiembre de 2018. La mexicana Ana Marilú Reyna Castillo, de 39 años, vive un calvario que califica como la “Inquisición 2.0”, a raíz de la sentencia que la juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, María José Rodríguez Duplá, dictó en su contra el pasado 28 de junio por el delito de “enaltecimiento al terrorismo”, por supuestamente difundir mensajes que ensalzan las acciones del Estado Islámico (EI).
Reyna, originaria de Monterrey, fue sentenciada a un año y medio de cárcel por su presunta difusión del ideario salafista (vertiente islamista ultraconservadora) junto con su esposo, el marroquí, Aziz Zaghnane Khaybat. Él –a quien acusan de encabezar una célula de adoctrinamiento para la Jihad (la Guerra Santa)– fue condenado a seis años de prisión.
En entrevista con este corresponsal, Reyna relata el infierno que ha vivido desde la detención de su esposo, en mayo de 2016, y la propia, en enero de 2017, por agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil y el Grupo de Información de la Comandancia de Madrid, del mismo instituto armado.
Reyna está sin empleo; a un paso de perder el departamento cuya compra gestionaban antes de su captura; y con la amenaza de que le nieguen definitivamente la nacionalidad española y la expulsen de España.
La pesadilla, relata, empezó la madrugada del 3 de mayo de 2016, cuando un grupo operativo de la Guardia Civil irrumpió en su casa, en la localidad madrileña de Pinto: “Entraron tirando la puerta. Eran como cuatro y media o cinco de la mañana.
“Entonces escuché una voz que nos gritó: ‘Guardia Civil, tírese al suelo’. Cuando encendieron las luces vi que había muchos policías armados y perros, volteé a la habitación donde estaban mis niños y vi que (los guardias) entraron apuntando.”
En ese momento, dice, “sentí miedo de que se les fuera a escapar una bala y le fueran a pegar a mis hijos. Cuando hicieron el recorrido por el departamento y vieron que no había nadie más, nos levantaron del suelo a mi marido y a mí. A él lo pusieron en el sofá y a mí me quitaron las esposas y me pidieron que fuera con mis hijos y permaneciera ahí”.
Critica que durante el operativo un agente quiso revisar el coche familiar y “me pidió que me tapara la cabeza”, con el argumento que había “muchos periodistas”. “Yo le dije: ‘¿Por qué me voy a cubrir la cabeza?’ Insistía y le dije que no lo haría, porque nunca me he cubierto la cara y no tengo nada que ocultar. Entonces me dijo que era para protegerme. Revisaron el coche. Cuando se llevaron a mi esposo también le insistieron que se cubriera la cara, supuestamente para preservar su intimidad. Pero lo que he visto en internet y en las noticias es que lo hacen para hacer la foto de la salida del detenido”.
Al mismo tiempo que detenían al esposo de Reyna, la Guardia Civil capturó a los marroquíes Jdey Hicham, acusado de colaboración con organizaciones terroristas, y los hermanos Anas y Mouhssen Balla, acusados de adoctrinamiento salafista.
Ocho meses después, el 23 de enero de 2017, Ana Marilú Reyna fue detenida luego de dejar a sus hijos en la escuela.
“Pensé que era una confusión. Me dijo: ‘A partir de ahora usted depende de nosotros’… y me esposó.
Cuenta a Proceso que desde entonces no se ha vuelto a poner el velo. “Algunas personas dicen que es un símbolo de subordinación, de ser sumisa, de ser una persona que no piensa. Antes de que pasara todo esto recibí insultos en la calle por llevarlo; lamentablemente en España hay cierto odio latente. Pero en la comisaría me di cuenta de que un trozo de tela genera muchos prejuicios y no me lo he vuelto a poner, porque si antes me insultaban, hoy me harían mucho daño. Me han dañado demasiado, simplemente por estar lejos de mis hijos”, que ahora viven en Marruecos con sus abuelos paternos.
En prisión
“Para meterme en prisión me impusieron tres delitos: enaltecimiento al terrorismo, captación y adoctrinamiento; el conjunto de éstos alcanza penas de 10 años, lo cual implicaba que tenía que cumplir prisión provisional”, mientras se desahogaba la instrucción del caso.
No obstante, la fiscalía eliminó dos delitos y sólo la acusó de enaltecimiento, con una pena de un año y seis meses. “Es cuando salgo de prisión”, porque la ley española dispone que una acusación que supone una pena menor de dos años, permite al acusado llevar su proceso en libertad.
Permaneció 11 meses en prisión e incomunicada: del 23 de enero de 2017 al 22 de diciembre del mismo año, aunque aquí salta un error flagrante, porque la sentencia equivocadamente marca que salió el 24 de noviembre de 2017.
La sentencia
Reyna defiende su inocencia de los cargos por los que la sentenciaron; incluso dice reprobar los atentados terroristas cometidos por el EI. “Estoy acusada por un delito de terrorismo, lo cual para mí es algo impensable. Nunca he hecho nada (de eso) ni he cometido ni alardeado con las atrocidades cometidas contra inocentes”.
Sin embargo, recuerda lo mal que se sintió cuando otras presas, movidas por prejuicios, le recriminaron a ella y a otras dos jóvenes musulmanas por los atentados en Barcelona y Cambrils (en agosto de 2017). “Lo pasé muy mal cuando supe del sufrimiento causado por esos atentados; y que aparte me recriminen como si yo hubiera tenido que ver, me dolió”.
El reportero pudo revisar la sentencia de la juez Rodríguez, el escrito de calificación de la fiscal Susana Landeras Martín, de la Audiencia Nacional, y el amplio informe de la Guardia Civil, en el que se detallan los elementos en los que se finca la decisión judicial: entre otras cosas, las imágenes que marcan su cambio de estética por una “rigorista” más cercana “con los preceptos más radicales del Islam”, y una anotación que ella cuestiona por no corresponder en el tiempo o con los elementos que surgieron del estudio pericial en su computadora.
Al ser cuestionada por estas pruebas, la entrevistada señala que su defensa y ella misma consideran que hay muchas “inconsistencias” de los investigadores, como cuando aseguran que se radicalizó “porque yo no tenía vida social” para no mezclarme con “los infieles”.
Otro argumento de la sentencia que ella cuestiona es cuando los investigadores afirman que desde 2010 su “única preocupación –como dicen los documentos antes citados– era encontrar marido”. “Les pregunté: ‘¿Eso es una prueba de radicalización?’ Me pareció algo tan machista, tan sexista. Yo en 2010 vivía en Monterrey, con mis sueños de poner mi consultorio de psicología; quería crecer profesionalmente. Pero si así fuera, ¿eso es una prueba de radicalización?”, apunta indignada.
