El CAT dice que el Estado debe de tomar todas las medidas necesarias para asegurar en la práctica “la inadmisibilidad” de cualquier declaración obtenida mediante esa práctica, sancionar a los jueces que no actúen debidamente ante las denuncias y llevar ante la justicia a los funcionarios que la cometan.
Acapulco, Guerrero, 20 de mayo de 2019. El Comité Contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) informó que el Estado no ha presentado la información solicitada sobre la muerte por tortura de uno de los detenidos por el caso de Ayotzinapa.
Pide la “inadmisibilidad” de cualquier declaración obtenida mediante tortura, llevar ante la justicia a los funcionarios que la practiquen y sancionar a los jueces que no actúen cuando se presenten denuncias por ese crimen.
En la edición del fin de semana pasado se publicó en este periódico que el Comité emitió las Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de México, documento disponible en la página web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en México.
En la primera sesión del examen a México que se desarrolló el 25 y 26 de abril en Ginebra, Suiza, el presidente del CAT, Jens Modvig señaló que las autoridades mexicanas encubrieron a los responsables de los indicios de tortura que documentó la ONU en 34 personas detenidas por el caso de Ayotzinapa.
“Dijeron que habían sido daños autoinfligidos, se habían caído, intoxicación etílica”, el informe detalla diversos tipos de tortura “incluso parece que una persona fue torturada hasta la muerte con asfixia”, expuso, y pidió información al respecto ante la delegación mexicana que estuvo en la sesión.
La subprocuradora de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), Sara Irene Herrerías respondió al día siguiente que se ejercerá “acción penal con relación a quien o quienes hubiesen incurrido en este tipo de actos”.
En las observaciones finales el CAT “hace eco” de la investigación Doble Injusticia de la OACNUDH en México, de 15 de marzo de 2018, en el que se documenta la tortura por los detenidos del caso Ayotzinapa.
Concluye que “el Estado no ha presentado la información solicitada sobre los avances en la investigación de la muerte de Emmanuel Alejandro Blas Patiño, quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por efectivos de la Secretaría de Marina tras su detención el 27 de octubre de 2014”.
El Comité dice que el Estado debe de tomar todas las medidas necesarias para asegurar en la práctica “la inadmisibilidad” de cualquier declaración obtenida mediante tortura, sancionar a los jueces que no actúen debidamente ante las denuncias por este crimen y llevar ante la justicia a los funcionarios que la cometan, entre otras medidas.
De Valentina e Inés
De las sentencias de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega de las que el integrante del CAT, Diego Rodríguez Pinzón pidió información para que “queden en firme”, el documento escuetamente “toma nota” de la información que dio la directora general adjunta en Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosalinda Durán, quien dijo que hay una sentencia condenatoria a dos personas en junio del año pasado con una pena de 19 años del caso de Valentina, y ratificada por tribunales después de la apelación.
Del caso de Inés Fernández informó que uno de los enjuiciados falleció pero hay otro proceso abierto. En la edición del 3 de mayo pasado de este periódico se informó que por cuarta ocasión se suspendió la audiencia de desahogo de pruebas de ese caso en el Segundo Juzgado Federal de Acapulco.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz García explicó que la defensa del militar acusado de violación pide la presencia de Inés Fernández, de su esposo Fortunato Prisciliano y de su hija Nohemí, y al no acudir esta última a la audiencia solicitó que se suspendiera. Las dos primeras audiencias se suspendieron porque no acudió el abogado y a la tercera no llegaron los peritos traductores. Los defensores señalan revictimización al carear al violador con la víctima.
El CAT pide que los casos de violencia de género, tortura sexual y desaparición de mujeres, en particular en los que estén involucradas autoridades del Estado, se investiguen, condene,, y que las víctimas “obtengan reparación, incluida una indemnización adecuada”.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Jesús Guerrero – Archivo
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